CE - 012333000201600280011SENTENCIA20230330122117

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés (202 3)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001 -2333 -000 -20 16-00 28-001 (0375 -20 18)

Demandante: MARÍA LIRIA MARTÍNEZ ROJAS

Demandado: NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN -FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIO .

Tema: Prestaciones sociales de los docentes / Reconocimiento y pago de sanción moratoria por el pago extemporáne o del auxilio de cesantías definitiv o / Prescripción de la sanción moratoria . Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 26 de octubre de 20 17, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas , que accedió parcialmente a las pr etensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

demandada contra la sentencia del 26 de octubre de 20 17, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas , que accedió parcialmente a las pr etensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones 1.

La señora María Liria Martínez Rojas , actuando por intermedio de apoderado judicial, y, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 2, solicitó declarar la nulidad del oficio SE FPSM 0749 SAC 9431 de 20 de octubre de 201 5, expedido por la Coordinación de Prestaciones Sociales de la Secretaría de Educación del municipio de Manizales , por medio del cual se negó el

1 Fo lio 2 d el cu ade rn o p ri nci pa l del e xpe di ent e. 2 Có dig o de Pr oc edi mi ent o Adm in is tra ti vo y de lo C ont enc io so , e n ade la nt e C PA CA .Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 17001 -23 -33 -000 -2016 -0080 -01 (0375 -2018)

Dem andante: María Liria Martínez Rojas

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reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías definitivas .

Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del

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reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías definitivas .

Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho, reclamó condenar a la entidad pública demandada a: i) reconocer la sanción moratoria consistente en un día de salario por cada día de retardo en el pago de la prestación social , ii) actualizar los valores adeudados de acuerdo al índice de precios al consumidor , iii) cancelar intereses moratorios, iv ) cumplir la sentencia en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y v) sufragar las costas procesales .

1.2. Hechos relevantes 3.

El apoderado de l a demandante señaló como fundamentos fácticos de la demanda, los siguientes:

1. La señora María Liria Martínez Rojas prestó sus servicios como docente en la Institución Educativa San Jorge del municipio de

Manizales .

2. El 7 de febrero de 201 0, a través de petición radicada ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , solicitó el reconocimiento y pago de cesantías definitivas .

3. La entidad demandada mediante la Resolución 0 -469 de 25 de julio de 201 2 reconoció la prestación social, realizando el respectivo pago el día 3 de octubre de 201 2.

4. El 2 de octubre de 201 5, requirió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, desde el momento en que se debió pagar

respectivo pago el día 3 de octubre de 201 2.

4. El 2 de octubre de 201 5, requirió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, desde el momento en que se debió pagar la prestación solicitada, 19 de mayo de 201 0, hasta el día anterior al pago efectivo, 2 de octubre de 201 2, consistente en un día de salario por día de mora .

5. La enunciada solicitud se negó mediante el oficio SE FPSM 0749 SAC 9431 del 20 de octubre de 201 5.

3 Fo lio 3 d el cu ade rn o p ri nci pa l del e xpe di ent e .Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 17001 -23 -33 -000 -2016 -0080 -01 (0375 -2018)

Dem andante: María Liria Martínez Rojas

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1.3. Disposiciones violadas y concepto de violación 4.

Se invocó en la demanda la violación de disposiciones de orden constitucional y legal, a saber: artículos 1°, 2°, 4°, 6°, 13, 23, 25, 29, 53, 58, 90, 95, 209, 230 y 305 de la Constitución Política de 1991; artículos 138 y 192 de la Ley 1437 de 2011; Ley 6ª de 1945,

29, 53, 58, 90, 95, 209, 230 y 305 de la Constitución Política de 1991; artículos 138 y 192 de la Ley 1437 de 2011; Ley 6ª de 1945, 65 de 1946, 244 de 1995 y 1071 de 2006.

En el concepto de violación, realizó un análisis normativo del derecho que le asiste a reclamar la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas, toda vez que estas no fueron cance ladas dentro de los término s establecido s por las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, adicionalmente, citó algunas ideas defendidas en la sentencia dictada el 27 de marzo de 2007 por el Consejo de Estado con ponencia del magistrado Jesús María Lemus Bustamante , expediente 76001 -23 -31 -000 -2000 -02513 -01 (27772004).

1.4. Contest ación de la demanda.

El municipio de Manizales 5 se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que carecen de fundamentos fácticos y legales , para tal efecto expresó que una vez radicada la petición por la demandante se expidió un certificado de tiempo de servicios y se elaboró el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, documentos enviados a la Fiduprevisora S.A. que es la entidad a quién le es imputable la aprobación de reconocimiento del auxilio de cesantías definitivas y su consecuente pago.

De igual manera, sostuvo que la negativa a reconocer la sanción moratoria tiene asidero en la prohibición de reconocer en sede administrativa intereses moratorios e indexaciones de prestaciones

de cesantías definitivas y su consecuente pago.

De igual manera, sostuvo que la negativa a reconocer la sanción moratoria tiene asidero en la prohibición de reconocer en sede administrativa intereses moratorios e indexaciones de prestaciones sociales y económicas a cargo del Fon do Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Por último, formuló las siguientes excepciones: i) falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Manizales y su

4 Fo lio s 4-7 d el cu ad ern o pri nc ip al de l e xp edi en te .

5 Fo lio s 36 - 43 , ibi de m .Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 17001 -23 -33 -000 -2016 -0080 -01 (0375 -2018)

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Secretaría de Educación ; ii) inaplicabilidad de la Ley 1071 de 2006 al municipio de Manizales en el trámite de reconocimiento y pago de cesantías a cargo del Fomag y Fiduprevisora y iii) genérica.

La Nación -Ministerio de Educación -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 6 se opuso a las pretensiones del medio de control al determinar que la interesad a pertenece al régimen especial de los docentes instituido mediante la Ley 91 de 1989, lo cual implica la imposibilidad de extender los

pretensiones del medio de control al determinar que la interesad a pertenece al régimen especial de los docentes instituido mediante la Ley 91 de 1989, lo cual implica la imposibilidad de extender los efectos de disposiciones de liquidación de cesantías reguladas en normas de carácter general, por ello, no es procedente r econocer y pagar la sanción moratoria reclamada.

Así mismo , propuso las excepciones que a continuación se verán: i) vinculación como litisconsorte de la Fiduciaria la Previsora S.A. ; ii) caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; iii) prescripción; iv) régimen prestacional especial e inaplicabilidad de la Ley 1071 de 2006 al régimen docente; v) detrimento patrimonial del Estado; vi) cobro de no le debido; vii) buena fe y viii) genérica.

1.5. Trámite proces al .

A través de providencia de 8 de agosto de 201 67, el Tribunal Administrativo de Caldas admitió la demanda de la referencia y ordenó la notificación a la instituci ón públicas demandada .

Por auto de 10 de agosto de 201 78 se fijó como fecha para la audiencia inicial el 14 de septiembre de la misma anualidad .

El magistrado ponente surtió las siguientes etapas: i) declaró saneado el proceso; ii) resolvió desfavorablemente la excepción de falta de vinculación de litisconsorte necesario y de caducidad del medio de control formuladas por la Nación -Ministerio de Educación6 Fo lio s 67 - 73 d el cu ade rn o pri nc ipa l del e xpe di en t e .

medio de control formuladas por la Nación -Ministerio de Educación6 Fo lio s 67 - 73 d el cu ade rn o pri nc ipa l del e xpe di en t e .

7 Fo lio s 25 y 2 6, i bi dem .

8 Se sió n sus pe ndi da mi en tr as el Mi nis te ri o d e E du c aci ón ap ort ab a l a cer ti fic ac ió n d e la p os ic ión ad op ta da en la fa se de co nci li aci ón d e la a udi en cia i nic ia l p or el co mit é de la en ti dad , sie nd o r ea nu dad a el 26 d e o ct ubr e de 20 1 7.Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 17001 -23 -33 -000 -2016 -0080 -01 (0375 -2018)

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Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ; y iii) fijó el litigio 9 en los siguientes términos:

«[…] el Despacho estima que en este proceso se debe dilucidar si la demandante tiene derecho a que con fundamento en el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, se le reconozca y pague la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías. En caso afirmativo, habrá de determinarse no sólo cuál es la entidad u

del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, se le reconozca y pague la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías. En caso afirmativo, habrá de determinarse no sólo cuál es la entidad u órgano competente para asumir la respectiva condena, sino también los extremos temporales de la sanción, el salario sobre el que debe liquidarse, la posibi lidad de ajustar la cantidad de dinero a reconocer, y si se configuró el fenómeno de la prescripción »

[Sic en la cita] .

Los sujetos procesales intervinientes estuvieron de acuerdo con la fijación del litigio.

Posteriormente, se decretaron como pruebas las documentales aportadas por las partes, además a causa de que no existían medios probatorios por practicar, se prescindió de la audiencia de pruebas y se constituyó la Sala de Decisión para llevar a cabo la audiencia de alegaciones y juzgamiento, fase en la que los interesados reiteraron las ideas expuestas en sus escritos de intervención precedentes.

1.6. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Caldas , mediante sentencia oral dictada el 26 de octubre de 2017 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda , por lo que declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el municipio de Manizales ; en sentido cont rario, declaró no probadas las excepciones formuladas por la Nación -Ministerio de Educación -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y en consecuencia nulitó el acto administrativo contenido en el oficio SE FPSM 0749 SAC 9431 del 20 de octub re

Educación -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y en consecuencia nulitó el acto administrativo contenido en el oficio SE FPSM 0749 SAC 9431 del 20 de octub re de 201 5; a título de restablecimiento del derecho condenó al Fomag a reconocer y pagar a favor de la señora María Liria Martínez Rojas la sanción por mora desde el 13 de mayo de 20 10 y hasta el 2 de octubre de 201 2; negó las demás pretensiones y condenó en costas y agencias en derecho a la Nación -Ministerio de Educación -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio .

9 Ac ta de a udi en cia v isi bl e e n lo s f ol ios 1 09 a 11 6, ib ide m .Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 17001 -23 -33 -000 -2016 -0080 -01 (0375 -2018)

Dem andante: María Liria Martínez Rojas

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Después de hacer un recuento normativo y jurisprudencial manifestó que el reconocimiento de las prestaciones sociales del magisterio le corresponde n únicamente al Fomag, por lo tanto, las entidades territoriales por medio de sus Secretarías de Educación solamente son tramitadoras de las solicitudes.

En efecto, señaló que sin importar cuantas entidades deben concurrir para el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas,

entidades territoriales por medio de sus Secretarías de Educación solamente son tramitadoras de las solicitudes.

En efecto, señaló que sin importar cuantas entidades deben concurrir para el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, los términos perentorios descritos en la Ley 244 de 1995 y 1071 de 2006 tendrán que ser acatados so pena de la sanción moratoria de un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago.

Ahora bien, resp ecto a la causación de la penalidad por el pago tardío de las cesantías definitivas previsto en las precitadas disposiciones legales, en atención al acervo probatorio se encontró probado el retardo de la administración, comoquiera que la solicitud de recon ocimiento de la prestación fue radicada el 7 de febrero de 2010, y el pago fue efectuado el 3 de octubre de 2012, siendo el 12 de mayo de 2010 su fecha límite para su cancelación. Por ende, declaró la nulidad del acto acusado y en consecuencia reconoció la sanción desde el 13 de mayo de 2010 al 2 de octubre de 2012.

Posteriormente, explicó la improcedencia de ajustar la condena con base en el índice de precios al consumidor, sobre el particular indicó que el reajuste o indexación equivaldría a una sanción adicional para la parte demandada que no ha sido prevista en la Ley.

En relación con la excepción de prescripción, no l a encontró probada, comoquiera que a juicio del a quo su derecho se hizo exigible desde el 13 de mayo de 2010 y hasta el 2 de octubre de

Ley.

En relación con la excepción de prescripción, no l a encontró probada, comoquiera que a juicio del a quo su derecho se hizo exigible desde el 13 de mayo de 2010 y hasta el 2 de octubre de 2012 , siendo formulada la petición el 2 de octubre de 2015.

1.7. El recurso de apelación .

El mandatario de la Nación -Ministerio de Educación -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio presentó recurso deNulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 17001 -23 -33 -000 -2016 -0080 -01 (0375 -2018)

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apelación 10 en contra de la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas , argumentó que las reclamaciones de las cesantías de los docentes están som etidas a lo preceptuado en la Ley 91 de 1989 y el Decreto 2831 de 2005, de modo que no se podía extender la aplicación de una indemnización sin estar prevista en la normatividad que regía la materia, pues en efecto su pago estaba sujeto a la condición de d isponibilidad presupuestal.

En ese orden, expuso que las Secretarías de Educación de los entes territoriales eran las encargadas del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes, por cuanto son las que expedían dichos actos administrativos, y por otro lado la

En ese orden, expuso que las Secretarías de Educación de los entes territoriales eran las encargadas del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes, por cuanto son las que expedían dichos actos administrativos, y por otro lado la sociedad fiduciaria La Previsora se ocupaba de la administración de los recursos del fondo, de ahí que no se le podía endilgar negligencia alguna, pues no se encontraba legitimada.

Así las cosas, rogó revocar la sentencia de primera instancia y en consecuencia negar las súplicas de la demanda.

1.8. Trámite en segunda instancia .

Mediante autos calendados el 2 8 de febrero de 201 811 y el 6 de julio de la misma anualidad 12, el ponente admitió el recurso de apelación, y corrió traslado para que las partes alegaran de conclusión, respectivamente.

La parte demandante y entidades demandadas, así como el procurador segundo delegado ante el Consejo de Estado, guardaron silencio en esta eta pa procesal y se abstuvieron de allegar escrito de alegatos y concepto, respectivamente 13.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes ,

10 Fo lio s 11 0-1 17 de l cua de rn o p ri nci pa l d el ex pe di ent e.

11 Fo lio 1 72, i bi dem .

12 Fo lio 1 80, i bi dem .

13 As í l o ind ic a el in for me se cr eta ri al vi sto a f oli o 1 86, ib id em .Nulidad y r establecim iento del derecho

12 Fo lio 1 80, i bi dem .

13 As í l o ind ic a el in for me se cr eta ri al vi sto a f oli o 1 86, ib id em .Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 17001 -23 -33 -000 -2016 -0080 -01 (0375 -2018)

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto y según lo dispuesto en el artículo 328 del Código General d el Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

Por lo tanto, como quiera que en el presente proceso tan solo apeló la parte demandante, la Sala de Subsección únicamente se pronunciará sobre los motivos expresados por ella, que se circunscriben al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pag o extemporáneo del auxilio de cesantías definitivas .

2. Problema s jurídico s.

Acorde con los planteamientos del recurso de apelación presentado por la parte demandada , le corresponde a la Sala resolver lo

el pag o extemporáneo del auxilio de cesantías definitivas .

2. Problema s jurídico s.

Acorde con los planteamientos del recurso de apelación presentado por la parte demandada , le corresponde a la Sala resolver lo siguiente:

✓ ¿A la señora María Liria Martínez Rojas le asiste o no el derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006 modificatoria de la Ley 244 de 1995 ?

En ese mismo sentido, ¿operó el fenómeno jurídico de la prescripción extintiva del derecho y por tanto deben ser negadas las pretensiones de la demanda?

Par a resolver lo anterior, la Sala desarrollará el siguiente orden metodológico: i) el auxilio de cesantías en la labor docente ; ii) sentencia de unificación 336 de 2017; iii) sentencia de unificación por importancia jurídica 012 -S2; iv) análisis de la Sala; v) decisión en segunda instancia y vi) condena en costas .Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 17001 -23 -33 -000 -2016 -0080 -01 (0375 -2018)

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3. El auxilio de cesantías en la labor docente .

A través de la Ley 6ª de 1945, el Gobierno Nacional dictó, entre otras, disposiciones referentes a la jurisdicción especial de trabajo,

3. El auxilio de cesantías en la labor docente .

A través de la Ley 6ª de 1945, el Gobierno Nacional dictó, entre otras, disposiciones referentes a la jurisdicción especial de trabajo, y en sus artículos 12 14 y 17 15 dispuso que los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarían, entre otras prestaciones, de un auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, para lo cual solamente se tendría en cu enta el tiempo de servicio prestado con posterioridad al 1º de enero de 1942.

La liquidación de dicha prestación social fue reglamentada a través del artículo 6º del Decreto 1160 de 1947, que indicó que «para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan d erecho los asalariados nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y particulares, se tomará como base el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en c uyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce (12) meses o en todo el tiempo de servicio, si éste fuere menor de doce (12) meses.»

Hasta este momento las prestaciones sociales de los empleados públicos habían sido exp edidas de manera genérica, y sin hacer una referencia expresa al personal docente; no obstante, en 1989 con la expedición de la Ley 91 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y con él se determinó que esta entidad se encargaría de l pago de prestaciones sociales reconocidas a favor de los docentes.

con la expedición de la Ley 91 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y con él se determinó que esta entidad se encargaría de l pago de prestaciones sociales reconocidas a favor de los docentes.

Precisamente el numeral 3º del artículo 15 de la norma citada, dispone el reconocimiento de cesantías a favor del personal docente en dos condiciones, a saber:

14 Art íc ulo 12 . M ien tr as se o rg ani za el se gur o s oc i al o bl iga to rio , c or res po nde rá n a l pat ron o las si gu ie nte s i nd em niz ac ion es o pre st aci one s p ar a c on su s t ra baj ad ore s, ya sea n e mpl ea do s u ob rer os : f ) U n m es de sal ari o p or cad a a ño de tr ab ajo , y pro por ci on alm en te por l as fra cc ion es de a ño, en cas o d e des pi do qu e n o s ea ori gin ad o por m ala c ond uc ta o po r i nc ump li mie nt o del co nt ra to.

15 «A rt ícu lo 1 7. L os em pl ead os y o br ero s na cio na le s de c ar áct er p er man en te g oza rá n de la s si gu ien te s pr est ac io nes : a) Aux il io d e ce sa ntí a a ra zó n de u n me s de sue ld o o

jor nal po r ca da añ o de se rvi ci o. P ar a la li qu ida ció n de es te aux il io s ol ame nt e se ten drá e n cu ent a el t iem po d e ser vi cio s pr est ad os co n po ste ri ori da d al 1o . de e ner o de 19 42. [ …]».Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 17001 -23 -33 -000 -2016 -0080 -01 (0375 -2018)

Dem andante: María Liria Martínez Rojas

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«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

[…]

3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vin culados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devenga do, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a

salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año , liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públic os del orden nacional.» [Resaltado de la Sala ]

La condición de los docentes como servidores públicos fue reforzada jurisprudencialmente por la Corte Constitucional en las sentencias C – 741 de 2012 16 y C – 486 de 2016 17, en las que determinó que los docentes oficiales deben ser tenidos en cuenta como tales, no solo por la denominación expresa del estatuto docente (Decreto 2277 de 1979) y por la ley general de educación (Ley 115 de 1994), sino porque hacen parte de la Ram a Ejecutiva al cumplir una misión expresa dentro de las secretarías de educación territoriales.

docente (Decreto 2277 de 1979) y por la ley general de educación (Ley 115 de 1994), sino porque hacen parte de la Ram a Ejecutiva al cumplir una misión expresa dentro de las secretarías de educación territoriales.

16 Co rte C on sti tu cio na l. Se nt enc ia de 2 6 de se pti em bre d e 2 01 2, en l a q ue s e d ec lar ó ine xeq ui bl e el pro ye cto de l ey 114 de 2 00 9 Se na d o -2 96 d e 2 010 Cám ar a, “P or m ed io de l a cua l s e i nt er pre ta po r v ía de au tor id ad le gi sla tiv a e l art íc ulo 15 , num er al 2°, lit era l a) de l a L ey 91 d e 1 98 9”.

17 Cor te Co nst it uci on al . S ent en cia de 7 de sep ti em b re d e 2 01 6, po r me di o d e l a c ua l se dec la ró in exe qu ibl e el art íc ul o 8 9 d e L ey 17 69 de 201 5 “po r l a cua l s e dec re ta el pre sup ue st o d e re nta s y r ec ur sos d e cap it al y Le y de A pro pi aci on es pa ra l a v ig enc ia fis ca l d el 1 ° de en ero a l 3 1 de di ci emb re de 2 01 6” .Nulidad y r establecim iento del derecho

Radicación : 17001 -23 -33 -000 -2016 -0080 -01 (0375 -2018)

Dem andante: María Liria Martínez Rojas

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 -65 - Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. - Colombia

En la jurisprudencia antes reseñada, se hizo un razonamiento específico respecto del reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías a favor de los docente s oficiales, indicando que es un régimen exceptuado de la Ley 100 de 1993 y que por lo tanto les es aplicable el ordenamiento especial; es decir, a través del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se debe tener en cuenta lo establecido en la Ley 244 de 1995 y s u posterior reforma, la Ley 1071 de 2006.

Las ya mencionadas Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 fijaron los términos para el pago oportuno de la prestación y establecieron las sanciones en caso de incumplimiento; allí, desde un comienzo, en sus primeros ar tículos se señalaron unos tiempos perentorios para el reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías a favor de los servidores públicos a saber:

«Artículo 1º. (Subrogado por el artículo 4º. de la Ley 1071 de 2006). Términos: Dentro de los quince (15 ) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad

2006). Términos: Dentro de los quince (15 ) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expe dir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo . En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este art ículo.

Artículo 2º. (Subrogado por el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006). Mora en el pago: La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la l iquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo . En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin

día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.»Nulidad y r establecim iento del derecho Radicac