CE - 012333000201600322021SENTENCIASENTENCIA20231101192121

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C Expediente: 54001-23-33-000-2016-00322-02 (63928)

Demandante: Municipio de San Cayetano

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., cuatro (04) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: 54001-23-33-000-2016-00322-02 (63928)

Demandante: Municipio de San Cayetano.

Demandado: Gonzalo Niño Fajardo Referencia: Medio de control de repetición

Tema: Repetición. Subtema 1: Presupuestos para la prosperidad del medio de control de repetición. Subtema 2: Régimen legal aplicable - Ley 678 de 2001. Subtema 3: Elemento subjetivo - Culpa grave-. Omisión inexcusable de las funciones de control y vigilancia de la actividad contractual no acreditada.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección, de acuerdo con la prelación dispuesta en sesión del 5 de mayo de 20051, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 21 de febrero de 2019, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El municipio de San Cayetano, Norte de Santander, fue condenado al pago de los perjuicios derivados de la muerte d e un menor, causada por atropellamiento con maquinaria amarilla, propiedad del ente territorial, durante la ejecución de una orden

El municipio de San Cayetano, Norte de Santander, fue condenado al pago de los perjuicios derivados de la muerte d e un menor, causada por atropellamiento con maquinaria amarilla, propiedad del ente territorial, durante la ejecución de una orden de prestación de servicios que tenía por objeto el mantenimiento de una vía veredal. El personero municipal, como representante del Ministerio Público, pretende que la suma pagada en cumpli miento de la sentencia condenatoria sea reembolsada por Gonzalo Niño Fajardo, en condición de exalcalde municipal, porque, a su juicio, el hecho dañoso que originó la condena devino del comportamiento gravemente culposo en que incurrió el agente por la inexcusable omisión de las funciones de vigilancia y control de la actividad contractual, específicamente, la concerniente a la señalización de la vía afectada con la obra.

II. ANTECEDENTES 2.1. El 1 9 de julio de 2016, el personero municipal de San Cayetano presentó demanda, en ejercicio de la acción de repetición, en contra de Gonzalo Niño Fajardo, para que se declare su responsabilidad a título de culpa grave por omisión inexcusable del ejercicio de su función de “control y vigilancia de la obra” de mantenimiento de una vía veredal y, como consecuencia, se le condene al pago de cuatrocientos noventa y nueve millones novecientos cuarenta y ocho mil novecientos ochenta y dos pesos con setenta y dos centavos ($499.948.982,72), que el ente territorial debió paga r en cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Cúcuta , el 6 de septiembre de 2013, en un proceso de reparación directa2.

que el ente territorial debió paga r en cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Cúcuta , el 6 de septiembre de 2013, en un proceso de reparación directa2.

1 Según consta en el acta núm. 15 suscrita en esa fecha por la Sección Tercera de esta Corporación. 2 Folio 16 del c. 1.2

Expediente: 54001-23-33-000-2016-00322-02 (63928)

Demandante: Municipio de San Cayetano

2.1.1. Como fundamento fáctico de las anteriores pretensiones, el personero municipal enunció, en síntesis: (i) que el accionado, en condición de representante legal del municipio de San Cayetano, suscribió orden de prestación de servicios en el año 2005, para el mantenimiento de la vía rural que comunica ese municipio con la vereda Tabiro; (ii) que el 4 de julio de 2005, en la etapa de ejecución del contrato, el operador de la máquina motoniveladora propiedad del ente territorial atropelló al menor Luis Raúl Delgado, causándol e la muerte ; (iii) que para la época en que ocurrió el hecho dañoso el accionado, Gonzalo Niño Fajardo , ejercía el cargo de alcalde municipal para el que fue elegido por el periodo 2004 -2007; (vi) que el Juzgado Segundo Administrativo de descongestión del Circuito de Cúcuta , por medio de sentencia dictada el 6 de septiembre de 2013, conden ó al municipio de San Cayetano al pago de los perjuicios causados con la muerte del menor , al

Juzgado Segundo Administrativo de descongestión del Circuito de Cúcuta , por medio de sentencia dictada el 6 de septiembre de 2013, conden ó al municipio de San Cayetano al pago de los perjuicios causados con la muerte del menor , al considerar que el hecho dañoso ocurrió por la ausencia de señalización de la vía afectada con la obra de mantenimiento; y (v) que, durante el trámite del proceso de reparación directa, el representante del municipio no ejerció defensa técnica, pues no presentó alegatos de conclusión ni interpuso recurso de apelación contra la sentencia condenatoria3.

2.1.2. A modo de sustento jurídico de la pretensión de reembolso, el personero municipal hizo referencia al artículo 90 de la Constitución Política , a la Ley 678 de 2001 y a los artículos 142 y 16 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativ o (en adelante CPACA ) tras lo cual manifestó que el demandado actuó con culpa grave, al omitir de manera inexcusable el cumplimiento de una de las funciones a su cargo, como era el control y seguridad básicos de la obra contratada por él, en condición de r epresentante del municipio de San Cayetano4.

2.2. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió la demanda mediante auto de 20 de septiembre de 2016, el cual fue notificado en debida forma al accionado 5. El apoderado de Gonzalo Niño Fajardo presentó escrito de contestación de la demanda en el que propuso las siguientes excepciones: (i) inepta demanda , por ausencia del concepto del comité de conciliación o del representante legal del ente territorial , para el ejercicio de la acción de repetici ón;

contestación de la demanda en el que propuso las siguientes excepciones: (i) inepta demanda , por ausencia del concepto del comité de conciliación o del representante legal del ente territorial , para el ejercicio de la acción de repetici ón; (ii) ausencia del presupuesto subjetivo para la prosperidad de la pretensión de reembolso, pues no se demostró que el entonces alcalde municipal de San Cayetano hubiera incurrido en un comportamiento gravemente culposo durante la ejecución del contrato , debido a que “no obra en el plenario prueba diferente a la sentencia proferida por el juzgado (…) donde no se analizó la conducta” del demandado, providencia esta que solo se ocupó de estudiar la atribución de responsabilidad al municipio conforme al régimen de responsabilidad objetivo, al considerar que la muerte del menor fue causad a por atropellamiento con motoniveladora, que la máquina era propiedad del municipio y que era operada por un contratista del ente territorial; y (iii) que no se encuentra demostrado el pago de la condena impuesta en contra del ente territorial, pues no obra en el expediente documento en el que conste el recibo a satisfacción del beneficiario6.

2.3. En la audiencia inicial celebrada el 31 de octubre de 2018, el tribunal declaró no probada la excepción de inepta demanda, al considerar que el concepto del comité de conciliación no está dispuesto en la ley como un presupuesto de procedibilidad de la acción de repetición . Frente a la excepción denominada como “improcedencia de la acción”, aclaró que, al no estar enlistada en el artículo 180 del

3 Folio 2 del c. 1. 4 Folios 2-6 del c. 1. 5 Folios 53 y 64 del c. 1. 6 Folio 74.3

3 Folio 2 del c. 1. 4 Folios 2-6 del c. 1. 5 Folios 53 y 64 del c. 1. 6 Folio 74.3

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CPACA como excepción previa , su decisión se difería a la sentencia. Seguidamente, fijó el litigio y decretó las pruebas pedidas por la parte demandada, con “la constancia de que el apoderado de la parte actora no solicitó la práctica de ningún medio probatorio” . En la audiencia de pruebas , el a quo incorporó los documentos allegados, y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que presentara concepto7.

2.4. En la etapa de alegaciones, el apoderado del personero municipal reiteró que la sentencia condenatoria dictada en el proceso de reparación directa es suficiente para demostrar la actuación gravemente culposa en que incurrió el demandado, porque la falla del servicio que sustentó la atribución de responsabilidad devino por “no tener las precauciones y las reglas de seguridad básicas para el funcionamiento de este tipo de maquinarias” 8. El apoderado del demandado insistió en que ni el pago de la condena ni la conducta atribuida a título de culpa grave se encuentra n probados, pues la investigación penal iniciada en contra de l operario de la maquinaria precluyó debido a que “los hechos tuvieron ocurrencia por la falta de previsión y cuidado del menor y más concretamente de sus padres (…), permitiéndole desplazarse y jugar detrás de la motoniveladora” , aun cuando el

maquinaria precluyó debido a que “los hechos tuvieron ocurrencia por la falta de previsión y cuidado del menor y más concretamente de sus padres (…), permitiéndole desplazarse y jugar detrás de la motoniveladora” , aun cuando el conductor de la máquina , junto con el ayudante Antonio Manriq ue, en dos oportunidades, “retiró al menor de la máquina que operaba” 9.

2.5. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en sentencia del 21 de febrero de 201 9, accedió a las pretensiones al encontrar demostrado que el demandado actuó “a título de dolo”. En primer t érmino, refirió los cuatro presupuestos de estimación de las pretensiones de repetición, así: (i) la decisión judicial que condene a una entidad pública a reparar un daño antijurídico; (ii) la acreditación del pago total de la condena; (iii) la condición de servidor o exservidor público del demandado ; y (iv) la conducta dolosa o gravemente culposa del agente10.

2.5.1. En cuanto al primer presupuesto , el tribunal encontró demostrado que el municipio de San Cayetano fue condenado en un proceso de reparación directa al pago de los perjuicios causados por la muerte de un menor que fue atropellado con una motoniveladora propiedad del ente territorial, durante la ejecución de la obra de mantenimiento de una vía veredal.

2.5.2. Respecto a la condición de exservidor público de l demandado, afirmó que para la época en que ocurrió el hecho luctuoso, el señor Niño Fajardo ejercía el cargo de alcalde en propiedad del municipio de San Cayetano.

para la época en que ocurrió el hecho luctuoso, el señor Niño Fajardo ejercía el cargo de alcalde en propiedad del municipio de San Cayetano.

2.5.3. Con respecto al tercer e lemento, hizo referencia a la certificación expedida por el tesorero municipal en la que “se establecen tres pagos según acción de reparación directa”, efectuados el 31 de julio de 2014 y el 8 de abril de 2015 (sic).

2.5.4. En cuanto a la conducta del accionado, afirmó que la sentencia condenatoria dictada en el proceso de reparación directa se cimentó en la falla del servicio consistente en la “evidente omisión de la Alcaldía municipal en ese entonces, de exigir en la orden de prestación de servicios (…), el cumplimiento de todos los requisitos de seguridad establecidos para la construcción, mantenimiento o conservación de obras públicas” . Así, concluyó que el hoy demandado omitió en forma inexcusable el ejercicio de sus funciones e incurrió en la violación manifiesta

7 Folio 116 del c. 1. 8 Folio 121 del c. 1. 9 Folio 126 del c. 1. 10 Folio 136 del c. ppal.4

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de normas de derecho, porque una vez analizada la orden de prestación de servicios (“OPS”) “claramente se puede evidenciar que la obligación impuesta a las entidades estatales por el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, d e exigir al contratista que la obra contratada se ejecute de manera idónea y oportuna fue omitida, ya que la misma brilla por su ausencia en dicho documento”.

entidades estatales por el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, d e exigir al contratista que la obra contratada se ejecute de manera idónea y oportuna fue omitida, ya que la misma brilla por su ausencia en dicho documento”.

Agregó que no se preocupó el entonces alcalde de corroborar que el operario de la maquina cumpliera los requisitos mínimos para conducir el vehículo ; tampoco se encontró demostrado que la zona afectada por la obra estuviera señalizada ni que hubiera realizado revisiones periódicas o seguimiento mediante contrato de interventoría. Concluyó que la con ducta omisiva de Niño Fajardo “se ajusta a una conducta grave por parte de un agente estatal, ya que tal y como se advirtió con antelación, en ningún momento se estipuló como exigencia al contratista las medidas de seguridad que debía cumplir dentro de la ejecución la obra (…) y dicha situación conllevó o desencadenó en la ocurrencia de la desafortunada y trágica muerte del menor”.

2.6. El demandado interpuso recurso de apelación en el que expuso las siguientes razones de inconformidad: (i) que el tribunal omitió el análisis de todos los argumentos de defensa expuestos en el escrito de contestación de la demanda sobre la falta de acreditación del pago de la condena , pues “solamente se limitó a relacionar” documentos sin tener en cuenta la usencia del recibo a satisfacción del beneficiario; (ii) en cuanto al juicio de culpabilidad, adujo que el tribunal fundamentó la decisión “de manera exclusiva en el fallo proferido en la acción de reparación directa”, sin hacer ninguna consideración frente a la valoración del comportamiento

beneficiario; (ii) en cuanto al juicio de culpabilidad, adujo que el tribunal fundamentó la decisión “de manera exclusiva en el fallo proferido en la acción de reparación directa”, sin hacer ninguna consideración frente a la valoración del comportamiento del demandado, “el análisis se hace respecto del municipio y no del agente (…), en aplicación “de la responsabilidad objetiva proscrita en nuestro ordenamiento jurídico cuando de sanciones punitivas se trata” ; (iii) que los testimonios que obran en el proceso de reparación directa remitido a este contencioso, “no cumplen el requisito de prueba trasladada” y, en todo caso, ninguno de los deponentes hizo referencia a la conducta del demandado ; (iv) que el tribunal no refirió la norma de contratación presuntamente desconocida por el demandado, ni tuvo en cuenta que el contrato denominado “orden de operación de servicios” no requería interventoría; y (v) que el tribunal, en la parte resolutiva, dispuso “declarar responsable, a título de dolo, al señor Gonzalo Niño Fajardo”, aun cuando el análisis de la conducta se cimentó en el título de culpa grave, que consideró demostrado por omitir el cumplimiento de sus funciones y desconocer los preceptos establecidos en la Ley 80 de 199311.

2.7. La apelación fue concedida por el tribunal 12 y admitida por esta Corporación mediante auto de 8 de julio de 201913. En auto posterior se corri ó traslado para alegaciones de las partes y el concepto del Ministerio Público 14. Esa oportunidad fue aprovechada por el apoderado del demandado, que reiteró lo expuesto en el recurso de apelación15. El accionante y el procurador delegado guardaron silencio16.

fue aprovechada por el apoderado del demandado, que reiteró lo expuesto en el recurso de apelación15. El accionante y el procurador delegado guardaron silencio16.

III. PROBLEMAS JURÍDICOS

3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (COP) — aplicable en esta instancia conforme a la jurisprudencia unificada17— el "recurso de

11 Folio 143. 12 Folio 160. 13 Folio 166. 14 Folio 169. 15 Folio 175. 16 Folio 179. 17 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, auto del 25 de junio de 2014, exp. 49299.5

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apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión" . En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juez de segundo grado, consiste en "pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley" como lo establece el artículo 328 del CGP.

Esclarecido lo anterior, se debe rememorar, como bien lo planteó el a quo18, que la estimación de las pretensiones de repetición pende de la constatación de la concurrencia de cuatro (4) presupuestos, a saber: (i) la condición de servidor o exservidor público de la persona contra la que se repite; (ii) la obligación reparatoria

estimación de las pretensiones de repetición pende de la constatación de la concurrencia de cuatro (4) presupuestos, a saber: (i) la condición de servidor o exservidor público de la persona contra la que se repite; (ii) la obligación reparatoria a cargo del Estado; (iii) el pago efectivo de la obligación reparatoria; y (iv) la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público. Siendo los primeros tres elementos de carácter objetivo y el último de carácter subjetivo19.

Siguiendo el anterior lineamiento, se verifica que en la sentencia recurrida el juzgador de primera instanci a encontró acreditad os todos los presupuestos de procedibilidad de la acción de repetición, pero el demandado , en el recurso de apelación, cuestionó la acreditación del pago de la condena y el juicio de culpabilidad (elemento subjetivo).

3.2. Al haber quedado zanjada la litis sobre dos primeros presupuestos requeridos para la prosperidad de la pretensión de repetición, la Subsección procederá a determinar si se encuentra n acreditado el pago de la condena y el elemento subjetivo (culpabilidad). Así las cosas, en función de los cargos de alzada y de la competencia que le asiste , la Sala procede a resolver los siguientes problemas jurídicos:

3.2.1. ¿ La certificación emitida por el tesorero municipal constituye prueba suficiente del pago de la obligación reparatoria, como requisito de prosperidad de las pretensiones de repetición?

Si la respuesta a este interrogante se revela afirmativa, se analizará si:

3.2.2. ¿El accionado incurrió en una conducta dolosa o gravemente culposa, en

las pretensiones de repetición?

Si la respuesta a este interrogante se revela afirmativa, se analizará si:

3.2.2. ¿El accionado incurrió en una conducta dolosa o gravemente culposa, en condición de alcalde del municipio de San Cayetano, en el accidente ocasionado con una máquina motoniveladora propiedad del municipio, durante la ejecución de una orden de prestación de servicios que tenía por objeto el mantenimiento de una vía veredal, por haber omitido estipular la obligación del contratista de cumplir las normas de señalización ni someter la ejecución del contrato a interventoría?

IV. CONSIDERACIONES

18 Apartado 2.5. 19 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2006, exp. 22056; Sección Tercera, sentencia del 27 de diciembre de 2006, exp . 22099; Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, exp. 24844; Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 21109, exp. 30329; Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2009, exp. 25694; Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2011, exp. 33407; Sección Tercera, Subsección C, sentencia de del 19 de julio de 2017, exp. 55025; Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de junio del 2018, exp. 54692; Sección Tercera, Subsección C; sentencia del 9 de julio de

2018, exp. 58789; Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de enero de 2020, exp. 42037.6

Expediente: 54001-23-33-000-2016-00322-02 (63928)

Demandante: Municipio de San Cayetano

4.1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1º) de la Ley 678 de 200120. En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, conforme lo establecido por el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)21, así como el mencionado artículo 7 (inciso 3º) de la Ley 678 de 200122.

4.2. El plazo para el ejercicio oportuno de la presente acción comenzó a correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 200123 y el CPACA24, pues la providencia por medio de la cual el Juzgado Segundo Administrativo de Cúcuta condenó al municipio de San Cayetano al pago de perjuicios morales fue expedida el seis (6) de septiembre de dos mil trece (2013).

De acuerdo con el literal l) del artículo 164 del CPACA, la acción de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años contados a partir del día siguiente a aquel en el que el organismo hubiera pagado la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de las condenas. En este caso, ese plazo corresponde al previsto en el inciso 4° del artículo 177 del

en el que el organismo hubiera pagado la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de las condenas. En este caso, ese plazo corresponde al previsto en el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (CCA)25, esto es, dieciocho (18) meses, pues el proceso de reparación directa que culminó con la sentencia condenatoria fue tramitado bajo esa norma procesal26.

En el caso bajo estudio, se encuentra acreditado que el ente territorial efectuó el pago de la condena27, así: (i) el treinta y uno (31) de julio de dos mil catorce (2014) pagó la suma de doscientos millones (200.000.000) ; y (ii) el ocho (8) de abril de dos mil quince (2015), realizó dos pagos, el primero por la suma de doscientos cincuenta y cuatro millones trescientos mil cuarenta y dos pesos con setenta y dos centavos ($254.300.042.72) y, el segundo, por cuarenta y cinco millones seiscientos cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta pesos ($45.648.940), como consta en la certificación expedida por el tesorero municipal de San Cayetano, conforme a la cual los pagos se hicieron en cumplimiento de la condena impuesta en el proceso de reparación directa “con motivo del fallecimiento del menor Luis Raúl Delgado Cambero”28.

20 LEY 678 DE 2001. “Artículo 7. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición […]”. 21 CPACA. “Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda

20 LEY 678 DE 2001. “Artículo 7. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición […]”. 21 CPACA. “Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales administrativos […]”. 22 LEY 678 DE 2001. “Artículo 7. Jurisdicc ión y competencia. Cuando la reparación patrimonial a cargo del Estado se haya originado en una conciliación o cualquier otra forma permitida por la ley para solucionar un conflicto con el Estado, será competente el juez o tribunal que haya aprobado el acu erdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto”. En el presente asunto, se observa que la primera instancia del presente asunto fue resuelta por el mismo Tribunal que emitió la sentencia condenatoria de la cual surgió la obligación de pago del ente estatal y que ahora pretende le sea reembolsada. 23 Según el artículo 31 de la Ley 678 de 2001, "La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias" , y ésta fue publicada en el Diario Oficial No. 44.509 de 4 de agosto de 2001. 24 Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia

las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. 25 CCA. "Articulo 177. [...] Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de c ondenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria". 26 Folio 16 del c. 1. 27 Apartados. 4.5 a 4.5.2. 28 Folio 50.7

Expediente: 54001-23-33-000-2016-00322-02 (63928)

Demandante: Municipio de San Cayetano

En ese orden, como la demanda que inició este contencioso fue radicada el diecinueve (19) de julio de dos mil dieciséis (2016)29, esto es, dentro de los dos años siguientes al pago total de la condena, la acción de repetición fue incoada oportunamente.

4.3. En cuanto a la legitimación en la causa , está acreditado que la acción de repetición fue ejercida por el personero municipal del municipio de San Cayetano, en condición de representante del Ministerio Público, como lo prevé el artículo 118 del Constitución Política30. Así entonces, el accionante, como personero municipal del municipio de San Cayetano, según dan cuenta las actas de elección y de posesión expedidas por el concejo municipal31, se encontraba habilitado para ejercer la acción

Constitución Política30. Así entonces, el accionante, como personero municipal del municipio de San Cayetano, según dan cuenta las actas de elección y de posesión expedidas por el concejo municipal31, se encontraba habilitado para ejercer la acción de repetición como representante del Ministerio Público32 en defensa de los intereses del municipio que realizó el pago de la condena, en virtud de los dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 678 de 2001. Por tanto, el accionante se encuentra legitimado por activa para presentar la pretensión de reembolso.

Con respecto al demandado, se encuentra demostrado que para el momento en que ocurrió el hecho dañoso que dio lugar a la condena en contra del municipio -4 de julio de 2005-, Gonzalo Niño Fajardo ejercía el cargo de alcalde municipal de San Cayetano para el que fue elegido por el periodo 2004-2007, según consta en la declaración de la comisión escrutadora de la Registraduría Nacional del Estado Civil y en el acta de posesión suscrita por el demandado el 1 de enero de 2004 33. En ese orden, el accionado se encuentra legitimado en la causa por pasiva.

Régimen jurídico aplicable al asunto

4.4. Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos34. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de

momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos34. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior35, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior, “sin

29 Folio 8 del c. 1. 30 ARTÍCULO 118. “El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas”. 31 Folios 8, 40 y 43 del c. 1. 32 Ley 678 de 2001, artículo 8. "Legitimación. En un plazo no superior a los seis (6) meses siguientes al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, deberá ejercitar la acción de repetición la persona jurídica de derech o público directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero como consecuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida por la Ley. Si no se iniciare la acción de repetición en el término y por la en tidad facultada que se menciona

consecuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida por la Ley. Si no se iniciare la acción de repetición en el término y por la en tidad facultada que se menciona anteriormente, podrá ejercitar la acción de repetición: 1. El Ministerio Público. 2. El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o quien haga sus veces”. 33 Folios 10 y 11 del c. 1. 34 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencia del 8 de mano de 2007, exp. 30330. 35 "Las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, en cuyos eventos