CE - 012333000201600326021SENTENCIA20231017112327

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2016-00326-02 (4176-2021)

Demandante: María Ofir Hidalgo Londoño

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Temas: Pensión de vejez anticipada por hijo con diversidad funcional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA _________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por María Ofir Hidalgo Londoño contra la sentencia del 6 de noviembre de 20 20, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

María Ofir Hidalgo Londoño presentó demanda, en ejercicio del medi o de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, en orden a que se declarara la nulidad de las siguientes resoluciones: i) RDP 013299 del 7 de abril de 2015 y ii) RDP 028116 del 10 de julio de 2015 por medio de las cuales la UGPP le negó la reliquidación de la pensión de vejez.

abril de 2015 y ii) RDP 028116 del 10 de julio de 2015 por medio de las cuales la UGPP le negó la reliquidación de la pensión de vejez.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó que i) se reliquidara la pensión en cuantía del 75% de los salarios devengados en el último año de servicios, tales como la asignación básica, las primas de navidad, vacaciones, servicios y la bonificación por servicios, efectiva

1 En lo que sigue UGPP 2 En adelante CPACA.Radicado: 17001-23-33-000-2016-00326-02 (4176-2021) Demandante: María Ofir Hidalgo Londoño desde el 11 de julio de 20 06; ii) se le reconociera la dife rencia entre lo efectivamente recibido por pensión anticipada por hijo con diversidad funcional y lo que realmente corresponde a reliquidarse la pensión de jubilación conforme con lo establecido por la Ley 33 de 1985 ; iii) se pagar a el reajuste anual según el índice de precios al consumidor ; iv) se le reconociera la indexación monetaria de los valores correspondientes a las diferencias de las mesadas pensionales; y v) se condenara en costas y agencias en derecho.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

• María Ofir Hidalgo Londoño nació el 26 de junio de 19 51 y trabajó como empleada pública en la gobernación de Caldas , Fondo Educativo Regional FER desde el 1° de agosto de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2002 y en el municipio

empleada pública en la gobernación de Caldas , Fondo Educativo Regional FER desde el 1° de agosto de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2002 y en el municipio de Manizales desde el 1 ° de enero de 2003 hasta el 11 de julio de 2006 . Adquirió el estatus pensional el 11 de julio de 2006 cuando tenía 55 años de edad y 29 de servicios.

• La demandante tiene una hija en situación de diversidad funcional, por lo que el 1° de febrero de 2005 solicitó ante la Caja Nacional de Previsión Social EICE , CAJANAL3 el reconocimiento y pago de una pensión de vejez en calidad de «madre de hijo inv álido», la cual le fue reconocida por medio de la Resolución IHC 25116 del 11 de agosto de 20054, en virtud de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, por un valor de $602.167, efectiva a partir del 24 de junio de 2004, condicionada a demostrar el retiro definitivo del servicio. La Secretaría de Educación del municipio de Manizale s acept ó la renuncia de María Ofir Hidalgo Londoño al cargo, a partir del 11 de julio de 2006, mediante la Resolución 711 del 29 de junio del 20065.

• El 30 de julio de 20 08, María Ofir Hidalgo Londoño solicitó ante CAJANAL la reliquidación de su pensión especial de vejez anticipada «por hijo inválido», con el fin de que se tuviera en cuenta la pensión de jubilación a la que tiene derecho, con base en la Ley 33 de 1985, la cual le fue negada mediante la Resolución 35596 del 30 de julio de 2008.

fin de que se tuviera en cuenta la pensión de jubilación a la que tiene derecho, con base en la Ley 33 de 1985, la cual le fue negada mediante la Resolución 35596 del 30 de julio de 2008.

• La Secretaría de Educación del departamento de Caldas mediante la Resolución 1831-6 del 22 de marzo de 2013 6, reconoció y ordenó un pago por homologación y nivelación salarial del personal administrativo de la Secretaría de Educación del departamento de Caldas. A María Ofir Hidalgo Londoño se le reliquidó y reconoció dicho pago entre el periodo comprendido entre el 10 de febrero de 1997 y el 31 de

3 En adelante CAJANAL 4 Samai, índice 2, archivo 5, folio 46 al 49 5 Samai, índice 2, archivo 5, folio 88 al 90 6 Samai, índice 2, archivo 5, folio 80 al 83Radicado: 17001-23-33-000-2016-00326-02 (4176-2021) Demandante: María Ofir Hidalgo Londoño diciembre de 2009, y la Resolución 4544-6 del 4 de julio de 2013 7, aclaró la resolución 1831-6 ajustando el índice inic ial con el cual se calculó el pago por los aludidos conceptos , en el cual se estableció que este correspondería desde el mes de enero de 1997.

• El municipio de Manizales a través de la Resolución 632 de 11 de abril de 2014 8 efectuó la homologación del c argo y nivelación de salarios de María Ofir Hidalgo Londoño a partir del 1 de enero de 2003.

efectuó la homologación del c argo y nivelación de salarios de María Ofir Hidalgo Londoño a partir del 1 de enero de 2003.

• El 9 de diciembre de 2014, María Ofir Hidalgo Londoño solicitó ante la UGPP nuevamente la reliquidación de la pensión de jubilación, conforme con los presupuestos de la Ley 33 de 1985 , sobre la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios, esto es, entre el 12 de julio de 2005 y el 11 de julio de 2006.

• La UGPP por medio de la Resolución RDP 013299 del 7 de abril de 2015 9, negó la solicitud de reliquidación pensional y contra esta se interpuso el recurso de apelación10, el cual fue resuelto mediante Resolución RDP 028116 del 10 de junio de 201511, que confirmó la decisión anterior.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señal aron los artículos 53 de la Constitución Política; 45 del Decreto 1045 de 1978, 1 de la Ley 33 de 1985, 127 del Código Sustantivo de Trabajo y 10 de la Ley 1437 de 2011.

En cuanto al concepto de violación, expuso 12 que los actos demanda dos infringieron de manera directa las normas de rango constitucional y legal , debido a que la demandante era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por tal motivo le resultaba aplicable el régimen anterior al que se encontraba afiliada, en cuanto a los requisitos de edad, tiempo

a que la demandante era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por tal motivo le resultaba aplicable el régimen anterior al que se encontraba afiliada, en cuanto a los requisitos de edad, tiempo de servicios y la cuantía que por regla general debe aplicarse en el marco de los principios de legalidad y de inescindibilidad de la ley. En este sentido y en virtud del principio de favorabilidad, la normatividad aplicable era la Ley 33 de 1985, por cuanto con ella se tienen en cuenta todos los salarios devengados en el último año de servicio.

1.2. Contestación de la demanda

7 Samai, índice 2, archivo 5, folio 77 al 79 8 Samai, índice 2, archivo 5, folio 84 al 86 9 Samai, índice 2, archivo 5, folio 66 al 69 10 Samai, índice 2, archivo 5, folio 50 al 65 11 Samai, índice 2, archivo 5, folio 71 al 75 12 Samai, índice 2, archivo 5, folio 101 al 106Radicado: 17001-23-33-000-2016-00326-02 (4176-2021) Demandante: María Ofir Hidalgo Londoño La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda con f undamento en que la demandante desconoce que al liquidarse la pensión de jubilación de la que es beneficiaria, por favorabilidad se le aplicaron los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 199313.

Propuso como excepciones las siguientes: i) inexistencia de la o bligación y cobro de lo no debido, ii) irretroactividad, iii) prescripción y iv) genérica.

de 199313.

Propuso como excepciones las siguientes: i) inexistencia de la o bligación y cobro de lo no debido, ii) irretroactividad, iii) prescripción y iv) genérica.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión, en sentencia del 6 de noviembre de 2020 14, declaró no probadas las excepci ones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, irretroactividad y prescripción propuestas por la UGPP y declaró la nulidad de las resoluciones i) RDP 013299 del 7 de abril de 2015 y ii) RDP 028116 del 10 de julio de 2015 expedidas por la UGPP.

Para tal efecto, se pronunció así:

• En los términos de la solicitud presentada por la demandante, es procedente reliquidar la pensión teniendo en cuenta el incremento que se produjo por la homologación y nivelación salarial, esto es, incluidos todos los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994.

• Sin embargo, no adquiere el derecho a que la prestación sea objeto de la reliquidación en virtud de lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 -con el promedio de todos los emolumentos percibidos du rante el último año de servicios -. Lo anterior, teniendo en cuenta que en cuanto a l IBL, la norma vigente es el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, respecto del cual se debe tener en cuenta que para la liquidación de la pensión, solamente se pueden incluir los factores sobre los cuales se hubieran realizado las cotizaciones respectivas.

• Como consecuencia de lo anterior, no se accederá a estas pretensiones de la

para la liquidación de la pensión, solamente se pueden incluir los factores sobre los cuales se hubieran realizado las cotizaciones respectivas.

• Como consecuencia de lo anterior, no se accederá a estas pretensiones de la demanda, toda vez que los factores salariales susceptibles de incluirse en el IBL son la asignación básica mensual, la bonificación por servicios prestados, los cuales se encuentran enunciados en el Decreto 1158 de 1994.

1.4. El recurso de apelación

La UGPP interpuso recurso de apelación15 y expuso los siguientes argumentos:

• Los ac tos administrativos demandados no son violatorios de ninguna norma constitucional o legal y por el contrario se ajustan al régimen jurídico que le era

13 Samai, índice 2, archivo 5, folio 221 al 243 14 Samai, índice 2, archivo 4, folio 76 al 90 15 Samai, índice 2, archivo 4, folio 94 al 97Radicado: 17001-23-33-000-2016-00326-02 (4176-2021) Demandante: María Ofir Hidalgo Londoño aplicable a la accionante, conforme con las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

• Debe tenerse en cuenta lo decidido por el Consejo de Estado , Sala Plena de lo contencioso-administrativo a través de la sentencia de unificación de l 28 de agosto de 201816, sobre la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En los actos demandados se beneficia a María Ofir Hidalgo Londoño en virtud del principio de la favorabilidad, pues se le aplica una tasa de reemplazo del 85%

los actos demandados se beneficia a María Ofir Hidalgo Londoño en virtud del principio de la favorabilidad, pues se le aplica una tasa de reemplazo del 85% sobre un ingreso base de liquidación conformado por el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado o aportado la interesada entre el 1° de abril de 1994 y el 23 de junio de 2004.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

Comoquiera que durante el periodo para solicitar pruebas no se recibió petición alguna, la Secretaría de la Sección S egunda remitió el expediente para proferir el fallo de segunda instancia, sin que se hubiera emitido pronunciamiento de las partes o el Ministerio Público17.

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿María Ofir Hidalgo Londoño tiene derecho a la reliquidación de la pensión anticipada de vejez por tener un hijo con diversidad funcional, con efectividad a partir del 24 de junio de 2004, con la inclusión de los nuevos valores producto de la homologación y nivelación salarial de la que se benefició el personal administrativo de la Secretaría de Educación del departamento de Caldas?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Pensión especial de vejez anticipada por hijo con diversidad funcional

Por medio de la Ley 10 0 de 1993 18, el legislador creó el sistema de seguridad social, del cual hace parte el sistema general de pensiones . Dentro del régimen creado en este sistema se destaca la pensión especial de vejez anticipada por hijo con diversidad funcional , la cual se estableció en el inciso 2 del parágrafo 4

social, del cual hace parte el sistema general de pensiones . Dentro del régimen creado en este sistema se destaca la pensión especial de vejez anticipada por hijo con diversidad funcional , la cual se estableció en el inciso 2 del parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 797 de 200319, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de

1993. Esto señaló la norma:

16 Expediente 52001-23-33-000-2012-00143-0. 17 Conforme con el informe de paso al despacho suscrito por la secretaria de la Sección Segunda, visible a índice 18 en Samai. 18 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones 19 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.Radicado: 17001-23-33-000-2016-00326-02 (4176-2021)

Demandante: María Ofir Hidalgo Londoño

«Artículo 9°. El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.

A partir del 1° de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.

años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.

A partir del 1° de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

(…)

Parágrafo 4°. Se exceptúan de los requisitos establecidos en los numerales 1 y 2 del presente artículo, las personas que padezcan una deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o más, que cumplan 55 años de edad y que hayan cotizado en forma continua o discontinua 1000 o más semanas al régimen de seguridad social establecido en la Ley 100 de 1993.

La madre trabajadora cuyo hijo menor de 18 años padezca invalidez física o mental, debidamente calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez. Este benefic io se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral. Si la madre ha fallecido y el padre tiene la patria potestad del menor inválido, podrá pensionarse con los requisitos y en las condiciones establecidas en este artículo»20.

En este orden de ideas, el interesado en esta pensión especial puede reclamar la prestación una vez haya: i) acreditado un determinado número de semanas de

inválido, podrá pensionarse con los requisitos y en las condiciones establecidas en este artículo»20.

En este orden de ideas, el interesado en esta pensión especial puede reclamar la prestación una vez haya: i) acreditado un determinado número de semanas de cotización, independientemente de la edad que tenga el titular del derecho , ii) probado que el hijo o hija sufra una invalidez física o mental, debidamente calificada y iii) demostrado que la persona con diversidad funcional sea dependientemente económicamente de la madre o del padre (cual fuere el caso).

Cabe resaltar que esta pensión, no es una prestación nueva ni mucho menos un régimen pensional diferente, sino, una pensión especial que fija unos requisitos más flexibles que los requeridos en la pensión de vejez, tal y como lo exp uso la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL1037-202121, así:

20 Texto subrayado decl arado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C227 de 2004 y el restante texto del artículo se declaró EXEQUIBLE en la misma sentencia. La expresión «madre» del inciso 2° del parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la presente, fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-989 de 2006, en el entendido, que el beneficio pensional previsto en dicho artículo se hará extensivo al padre cabeza de familia de hijos discapaci tados y que dependan económicamente de él. 21 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, sentencia del 17 de marzo de 2021, radicado 80919,

artículo se hará extensivo al padre cabeza de familia de hijos discapaci tados y que dependan económicamente de él. 21 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, sentencia del 17 de marzo de 2021, radicado 80919, M.P. Luis Benedicto Herrera DíazRadicado: 17001-23-33-000-2016-00326-02 (4176-2021) Demandante: María Ofir Hidalgo Londoño «[…] cabe obs ervar que el Sistema General de Pensiones contempla una serie de prestaciones de vejez con requisitos especiales que atienden la situación de salud del afiliado o sus familiares o las actividades laborales que se desarrollan. Entre este grupo se encuentran comprendidas las pensiones especiales de vejez para discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales; las pensiones especiales para madres o padres con hijos inválidos; las pensiones especiales de vejez por actividades de alto riesgo y las pensiones especiales para periodistas.

Como se ha mencionado, todas ellas se deben a consideraciones particulares, razón por la cual los requisitos que se establecen son más flexibles que aquellos fijados para la pensión común de vejez».

De esta manera, la norma permi te que aquella persona con diversidad funcional, anatómica o cognitiva o que cuente con familiares que tengan algún tipo de discapacidad, pueda acceder a la prestación social cumpliendo con los requisitos mínimos exigidos a los que tiene la prestación ordi naria o común, lo cual otorga vigencia a las disposiciones constitucionales, en especial, la contenida en el artículo 13 sobre la especial protección de los grupos poblacionales que han padecido históricamente la discriminación y la exclusión, como es el c aso por ejemplo de las personas en situación de discapacidad.

artículo 13 sobre la especial protección de los grupos poblacionales que han padecido históricamente la discriminación y la exclusión, como es el c aso por ejemplo de las personas en situación de discapacidad.

Sobre el particular, en reciente sentencia de unificación, la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló que este tipo de pensiones especiales guardan «consonancia con el deber que le asiste a un Estado Social de Derecho de proteger a los sectores de la población más vulnerables y marginados» 22, con el fin de garantizar su mínimo vital en la etapa de su vejez, que en el caso particular, puede verse afectado por su ausencia del mercado laboral m otivada por la necesidad de acompañar a sus hijos en una situación de invalidez, lo que en términos de la Corte Constitucional se logra al «facilitarle a la madre que acompañe a su hijo, para lo cual se la releva del esfuerzo diario por obtener medios para la subsistencia. Y, ciertamente, la garantía de la pensión especial de vejez que confiere la norma le permite a la madre asegurar unos ingresos económicos que le posibilitan dejar su trabajo para poder dedicarse a su hijo, con el objeto de acompañarlo en su proceso de rehabilitación o de suplir sus insuficiencias»23.

2.2.2. En torno al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen previsto en la Ley 33 de 1985

La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 201824, fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:

agosto de 201824, fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ -031-CE-S2-2023 del 28 de septiembr e de 2023, radicado 25000 -23-42-000-2013-00545-01 (1798 -2015), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. 23 Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2004. 24 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.Radicado: 17001-23-33-000-2016-00326-02 (4176-2021)

Demandante: María Ofir Hidalgo Londoño

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma».

En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia d e la Ley

pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma».

En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia d e la Ley 100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional . «Tales elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión» .

Esto señaló la Sala:

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición abarcaría varias décadas.

(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación

inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimi ento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensi ones, indudablemente, le son más favorables. (…)»

Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«(…)

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hicie reRadicado: 17001-23-33-000-2016-00326-02 (4176-2021) Demandante: María Ofir Hidalgo Londoño falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingre so base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años

según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingre so base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

(…)».

La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes argumentos:

«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el régimen g eneral de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 d e 2005 por el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre lo s cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones (…)».

De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el IBL para quienes son beneficiarios de la transición es el previsto en el inciso tercero del

efectuado las cotizaciones (…)».

De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el IBL para quienes son beneficiarios de la transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de « edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, com o instrumento de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.

Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente vinculante y obligatorio25 en la resolución de «(…) todos los casos pendientes de solución

25 La Corte Constitucional en senten cia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuant o órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y

Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuant o órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y jurisdiccional disciplinaria -, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridadesRadicado: 17001-23-33-000-2016-00326-02 (4176-2021) Demandante: María Ofir Hidalgo Londoño tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables » tal y como se dispuso en la decisión.

2.3. Lo probado dentro del proceso

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

• María Ofir Hidalgo Londoño nació el 26 de junio de 195126 y prestó sus servicios en el Fondo Educativo Regional Caldas entre el 1° de agosto de 1977 y el 9 de febrero de 1997;27 en el fondo Educativo Departamental de Caldas desde el 10 de febrero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2002 28; y en el Municipio de Manizales desde el 1 de enero de 2003 hasta el 10 de julio de 200629.

• Mediante la R esolución 25116 de l 11 de agosto de 2005 30, CAJANAL le reconoció una pensión de vejez anticipada «por hijo inv álido», en cuantía de $602.167; con la inclusión de los siguientes factores salariales: asignación básica, bonificación por servicios y horas extras, efectiva a partir del 24 de junio de 2004.

$602.167; con la inclusión de los siguientes factores salariales: asignación básica, bonificación po