CE - 012333000201600342011SENTENCIAFALLO20231027113318

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 52001-23-33-000-2016-00342-01 (2310-2019)

Demandante: Carlos Augusto Burbano Guerrero Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculaciones como docente alfabetizador y nacionalizado. Condena en costas. CONFIRMA

SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda da contra la sentencia proferida el diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor CARLOS AUGUSTO BURBANO GUERRERO instauró demanda en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado

contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones, (i) RDP 002162 del 25 de enero de 2016; y (ii) RDP 016586 del 22 de abril de 2016, por medio de las cuales se negó el reconocimiento de la pensión gracia y se desató desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto contra el primer acto administrativo enunciado.

1 Folios 1 a 2.2

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Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer y pagar al accionante la mencionada prestación en cuantía equivalente al 75% del promedio salarial mensual devengado en el año anterior a la consolidación del estatus pensional ocurrida el 16 de abril de 2011 y con efectividad desde esa misma fecha. Que las sumas adeudadas por este concepto sean debidamente indexadas.

Que la autoridad demanda da sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA.

fecha. Que las sumas adeudadas por este concepto sean debidamente indexadas.

Que la autoridad demanda da sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

Que el señor Carlos Augusto Burbano Guerrero nació el 16 de abril de 1961 . Que en su vida laboral estuvo vinculado al magisterio desde el 1º de marzo de 1979 hasta el 29 de enero de 1980 como docente del programa alfabetizador en el Centro Agualongo del municipio de Pasto. Posteriormente tuvo una vinculación desde el 22 de mayo de 1985 y al menos hasta el 25 de mayo de 2016 cuando se radicó la demanda y aún permanecía activo, ello como educador oficial nombrado en propiedad para ejercer su labor inicialmente en la Escuela Rural “El Olivo” del municipio de Arboleda (Nariño).

Que el 4 de septiembre de 2015, la parte actora solicitó ante Unidad Administrativa Especial de Gestió n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) el reconocimiento y pago de la pensión gracia, a lo cual dicha entidad expidió la Resolución RDP 002162 del 25 de enero de 2016 con la que negó la prestación.

Que el accionante presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, el cual fue resuelto a través de las Resoluci ón RDP 016586 del 22 de abril de 2016 siendo confirmada la decisión inicial.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

administrativo, el cual fue resuelto a través de las Resoluci ón RDP 016586 del 22 de abril de 2016 siendo confirmada la decisión inicial.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 20 de septiembre de 20163 y notificada a la UGPP4, quien presentó memorial de contestación5, el cual se consideró como no presentado al no haber sido suscrito por el apoderado que afirmaba representar

2 Folios 2 a 3. 3 Folios 42 a 47. 4 Folio 51. 5 Folios 246 a 249.3

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a dicha entidad, tal como se estimó en la audiencia inicial en la que tampoco se emitió pronunciamiento sobre las excepciones por esta misma razón.6

En dicha diligencia el tribunal fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló que no existía ánimo conciliatorio entre las partes, se efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011 , e inmediatamente se constituyó en audiencia de pruebas 7 en la que se incorporaron las pruebas documentales aportadas, considerándose que había terminado con el recaudo de todos los medios de convicción, por lo que se dispuso presentar alegatos de

constituyó en audiencia de pruebas 7 en la que se incorporaron las pruebas documentales aportadas, considerándose que había terminado con el recaudo de todos los medios de convicción, por lo que se dispuso presentar alegatos de conclusión de conformidad al artículo 181 del CPACA.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8

El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia del 17 de octubre de 2018 accedió a las pretensiones de la demanda en el sentido de declarar la nulidad de los actos reprochados, y por lo tanto, condenar a la UGPP a reconocer la pensión gracia a favor del reclamante con efectividad desde el 16 de abril de 2011, pero con efectos fiscales d esde el 4 de septiembre de 2012 por prescripción de mesadas. Igualmente, ordenó a la parte pasiva pagar las costas en virtud del criterio objetivo derivado de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP al haberse causado agencias en derecho.

Para lo anterior argumentó que, si bien es cierto la Resolución 044 del 05 de marzo de 1979 fue expedida por el gobernador del departamento de Nariño, se advierte que dicho acto administrativo también fue suscrito por el delegado del Ministerio de Educación, situación que en principio haría que la vinculación del accionante al servicio docente sea de carácter nacional. Sin embargo, debe acogerse el criterio de unificación del Consejo de Estado en sentencia del 21 de junio de 2018, según el cual no e s dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convirtieran en educadores nacionales solo por acreditarse dicha intervención de la mentada cartera gubernamental.

el cual no e s dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convirtieran en educadores nacionales solo por acreditarse dicha intervención de la mentada cartera gubernamental.

Que s iendo así, el tiempo de vinculación del señor Carlos Augusto Burban o Guerrero como docente, en vigencia del acto administrativo de nombramiento para el periodo comprendido entre el 5 de marzo de 1979 y el 29 de enero de 1980, debe ser computado para efectos de reconocimiento de pensión gracia en su favor.

Que con fundamento en la vinculación posterior desde el 22 de mayo de 1985 y por lo menos hasta el 13 de agosto de 2015, la cual también es de carácter nacionalizada, se encuentra probado que el demandante se desempeñó como

6 Folios 292 a 295. 7 Folios 295 vuelto a 296. 8 Folios 331 a 348.4

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docente por un lapso de 31 años, 1 mes y 11 día s, de manera que se logra establecer que aquel cuenta con más de 20 años de servicio, y su primer relación legal y reglamentaria se produjo con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

Que a pesar de que según la certificación expedida por la subsecretario administrativo y financiero de la Secretaría de Educación Municipal de Pasto , se probó en el proceso que los emolumentos laborales del actor se pagaron con

Que a pesar de que según la certificación expedida por la subsecretario administrativo y financiero de la Secretaría de Educación Municipal de Pasto , se probó en el proceso que los emolumentos laborales del actor se pagaron con recursos del presupuesto nacional para el sector educativo a través del Sistema General de Participaciones de la Nación, tal situación no es óbice para desestimar los periodos laborados en virtud de un vínculo nacionalizado, pues el hecho de que los pagos de emolumentos provinieran de la Nación a través de transferencias no conlleva la desnaturalización del nombramiento, tal como se señaló en la referida sentencia de unificación.

Que en tal sentido, se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos enjuiciados, toda vez que se demostró que el demandante fue vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, adquirió su status pensional el 16 de abril de 2011, data en la cual cumplió con la edad mínima requerida de 50 años y, según el historial laboral aportado al litigio, cuenta con más de 20 años de servicio docente de carácter nacionalizado.

EL RECURSO DE APELACIÓN9

La parte demanda da en su escrito de apelación solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, para lo cual sostuvo que, verificado el expediente administrativo del actor, se advierte que su vinculación no es del orden territorial. Que para concluir lo anterior se observa que los actos de nombramiento (Decretos 044 del 5 de marzo de 1979 y 342 del 16 de mayo de 1985) , aun cuando se suscribieron por el secretario de educación pública de Nariño y el delegado del Ministerio de Educación, son provenientes de esta última entidad quien estaba a

044 del 5 de marzo de 1979 y 342 del 16 de mayo de 1985) , aun cuando se suscribieron por el secretario de educación pública de Nariño y el delegado del Ministerio de Educación, son provenientes de esta última entidad quien estaba a cargo para la época del manejo y financiación de los programas de alfabetización y educación para adultos.

Que en tal sentido, se infiere que los tiempos laborados por el reclamante eran de carácter nacional y no territorial ni nacionalizado, razón por la cual los períodos acreditados y la relación legal y reglamentaria que este aduce no pueden ser tenidas en cuenta para considerar cumplidos los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico para ser beneficiario de la pensión gracia , más aún cuando se verifica con certeza que los recursos con los cuales se cancelaron los salarios del accionante, fueron financiados con recursos de transferenc ias de la Nación (del situado fiscal y/o Sistema General de Participaciones).

9 Folios 356 a 358.5

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Que debe revocarse la condena en costas de primera instancia, toda vez que el a quo no aplicó la jurisprudenci a del Consejo de Estado que permite analizar la conducta de las partes para determinar la procedencia de esta carga, esto es, si fue temeraria o abusiva, lo cual no ocurrió respecto de la actitud desplegada por la UGPP.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

conducta de las partes para determinar la procedencia de esta carga, esto es, si fue temeraria o abusiva, lo cual no ocurrió respecto de la actitud desplegada por la UGPP.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes y el Ministerio Público se abstuvieron de intervenir en esta op ortunidad procesal.10

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún período en tal calidad con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. Adicionalmente se deberá verificar si era procedente la condena en c ostas de primera instancia a cargo de la parte demandada.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que , «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta

vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que , «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

10 Según constancia secretarial obrante a folio 395 del expediente.6

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1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»11. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos inicialmente previstos para el efecto.

Por su parte, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liqu idarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo

docente, las pensiones de jubilación se liqu idarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos.

11 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.7

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«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente pa ra los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Por otro lado, la jurisprudencia de esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter

Por otro lado, la jurisprudencia de esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado , es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199712 señaló,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 13 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones.

12Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.

conclusiones.

12Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 13 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.8

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«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondí a a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los

regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondí a a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vincul ación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer

el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva cer tificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educado res territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ve r con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)9

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En atención a lo descrito hasta este punto , se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué competencia se expid e el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una delegación mediante la cual dichas autoridades posesionan a los educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022 14 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o

literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que l as anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos cas os pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial , tal como sucede con el asunto bajo examen en esta oportunidad.

En tal sentido , conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe cumplir con los siguientes requisitos.

1. Que acredite 50 años de edad.

1. Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con

14 Proceso identificado con radicación 15001 -23-33-000-2016-00278-01 (3018 -2017), de Hirma Nubia Jiménez Lozano contra la UGPP.10

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posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo , pero en ningún caso acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del Gobierno Nacional.

1. Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

1. Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez y consagración.

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar el derecho a la pensión gracia.

Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionad