CE - 012333000201600420011SENTENCIA20230524001733

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C. dieciocho (18 ) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 20001233300020160042001 (6010 -2018 )

Demandante: Miguel Ángel Bandera Hernández Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la

Protección Socia l1.

Temas: Pensión gracia . Tipo de vinculación. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección A resuelve el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 19 de julio de 2018 , que accedió a las súplicas de la demanda .

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

1.1 Pretensiones

El señor Miguel Ángel Bandera Hernández , por intermedio de apoderado , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, solicitó d eclarar la nulidad de la s Resoluci ones

apoderado , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, solicitó d eclarar la nulidad de la s Resoluci ones RDP 048670 del 23 de noviembre de 2015, RDP 000 0635 del 13

1 En adelante UGPP . 2 Folios 27 a 33. 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo . En adelante CPACA .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 20001233300020160042001 (6010 -2018)

Demandante: Miguel Ángel Bandera Hernández

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 de enero de 2016 y RDP 007147 del 18 de febrero de 2016 , por medio de las cuales la UGPP negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia , y resolv ió los recursos de reposición y apelación , respectivamente, confirmando la decisión inicial.

A título de restablecimiento del derecho, pidió condenar a la entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia liquidada con el 75% del promedio mensual de los salarios devengados en el año anterior al 5 de junio de 2014 , fecha de constitución del estatus pensional ; (ii) reconocer y pagar los reajustes, intereses moratorios y demás beneficios consagrados en las normas que regulan la materia ; y (iii) cumplir la sentencia en los términos señalados por

pensional ; (ii) reconocer y pagar los reajustes, intereses moratorios y demás beneficios consagrados en las normas que regulan la materia ; y (iii) cumplir la sentencia en los términos señalados por los artículos 176, 177, 178 del C ódigo Contencioso Administrativo .

1.2 Hechos que fundamentan la demanda

a) El señor Miguel Ángel Bandera Hernández nació el 14 de enero de 1958 , estuvo vinculado como docente de manera interrumpida desde el 12 de septiembre de 1978 y contin úa para la fecha de presentación de la demanda esto es, el 23 de agosto de 2016 .

b) El 4 de mayo de 2015 el demandante solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia, sin embargo, a través de los actos administrativos censurados le fue negado el derecho por considerar que, de acuerdo con las certificaciones allegadas , aquel fue un docente de carácter nacional.

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación

El actor a rgumentó que los actos adm inistrativos demandados transgred ieron los valores y principios del estado social de derecho , toda vez que los empleados públicos deben recibir el pago de las prestaciones con plena observancia de las normas que regulan laNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 20001233300020160042001 (6010 -2018)

Demandante: Miguel Ángel Bandera Hernández

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700

Demandante: Miguel Ángel Bandera Hernández

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 función pública , en particular, atendiendo las especiales referidas a los docentes oficiales .

En ese orden, la entidad pensional no acató lo dispuesto en la ley sino que realizó una interpretación ajena a la misma y que responden a inferencias de tipo personal.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 4

La UGPP se op uso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda . Aclaró que, de acuerdo con la certificación laboral allegada, el per íodo comprendido entre 1980 y 1981 fue laborado por el actor como docente de carácter nacional por lo que no puede ser tenido en cuenta para otorgarle la pensión gracia reclamada. E n ese orden, los actos administrativos acusados fueron debidamente proferidos al negar la prestación.

Propuso las excepciones denomina das: (i) falta de requisitos pensionales (pensión gracia) o inexistencia de obligación ; y (ii) prescripción .

3. AUDIENCIA INICIAL 5

El Tribunal Administrativo d el Cesar , e n acatamiento al artículo 180 del CPACA, llevó a cabo la audiencia inicial el 27 de julio de 2017, oportunidad en la que fij ó el problema jurídico en los siguientes términos:

«Corresponde a la Sala determinar si en efecto los actos acusados se encuentran viciados de nulidad al desconocer las vinculaciones

oportunidad en la que fij ó el problema jurídico en los siguientes términos:

«Corresponde a la Sala determinar si en efecto los actos acusados se encuentran viciados de nulidad al desconocer las vinculaciones de tipo oficial que presuntamente existieron entre el Municipio de Chiriguaná y el acto r; o si por el contrario, la solicitud de nulidad deprecada resulta improcedente, en caso de que se advierta que los Actos Administrativos ( sic) se amoldan a lo que al respecto se ha previsto en las distintas disposiciones legales y jurisprudenciales que rigen todo lo concerniente a l a concesión de la pensión gracia.

4 Foli os 114 a 121. 5 Folios 135 a 137. CD allegado a folio 138.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 20001233300020160042001 (6010 -2018)

Demandante: Miguel Ángel Bandera Hernández

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 En caso de que resulten probados los supuestos de hecho alegados por la part e demandante, el tribunal deberá determinar si le asiste el derecho a que se le reconozca la prestación dejada de cancelar; al mismo tiempo que corresponderá el estudio del fenómeno prescriptivo sobre las mesadas causadas y no reclamadas conforme a lo esta tuido en el Decreto 3135 de 1968.

Finalmente, en caso de que prosperen las pretensiones, corresponderá el estudio sobre la condena sobre los intereses legales, costas y agencias en derecho conforme a las pruebas que

a lo esta tuido en el Decreto 3135 de 1968.

Finalmente, en caso de que prosperen las pretensiones, corresponderá el estudio sobre la condena sobre los intereses legales, costas y agencias en derecho conforme a las pruebas que militen en el expediente y a la conducta procesal asumida por las partes en el litigio.»

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6

El Tribunal Administrativo del Cesar en sentencia del 19 de julio de 2018 accedió a las pretensiones de la demanda . En consecuencia, ordenó :

«[…]

SEGUNDO : A título de restablecimiento del derecho, se ordenará a

la UNIDAD A DMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -U.G.P.P., reconocer y pagar al señor MIGUEL ÁNGEL BANDERA HERNÁNDEZ, la pensión g racia, cuyo valor de la mesada será el del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio anterior a la fecha de adquisición del status, esto es la del día 10 de junio de 2014 .

LA UNIDAD AMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -U.G.P.P. deberá cancelar a favor del demandante, y a partir del 14 (sic ) de junio de 2014, […].

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

[…] »

Como fundamento de la decisión, la autoridad judicial en mención

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

[…] »

Como fundamento de la decisión, la autoridad judicial en mención indicó que el demandante acreditó el cumplimiento del requisito de

6 Folios 200 s 207 Vto.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 20001233300020160042001 (6010 -2018)

Demandante: Miguel Ángel Bandera Hernández

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 edad al haber nacido el 14 de enero de 1958, así como el de buena conducta, de acuerdo con la declaración aportada al plenario .

En relación con el tiempo de servicios, sostuvo que, con la certificación allegada por parte de la Alcaldía Municip al de Chiriguaná, se logró probar que el accionan te se vinculó por primera vez como docente antes del 31 de diciembre de 1980.

Encontró que los periodos comprendidos entre 1990 y 2005 , así como de 2009 a 2015 , pueden tenerse en cuenta dado que correspondió a una vinculación del actor en propiedad en el municipio de Curumaní en el Colegio Nacionalizado Camilo Torres Restrepo . Precisó que, si bien posteriormente el accionante fue trasladado , lo cierto es que fue de manera discrecional por el gobernador del departamento del Cesar en el proce so de nacionalización aplicado en las distintas instituciones educativas,

Restrepo . Precisó que, si bien posteriormente el accionante fue trasladado , lo cierto es que fue de manera discrecional por el gobernador del departamento del Cesar en el proce so de nacionalización aplicado en las distintas instituciones educativas, por lo que éste siguió conservando el carácter municipal propio de la vinculación inicial.

Respecto a las licencias no remuneradas y comisiones de servicio que fueron debidamente c ertificadas, indicó que no pueden computarse a efectos de acreditar los tiempos requeridos para la pensión gracia dado que no se desempeñó como docente del sector oficial (21 de julio de 2005 al 3 de agosto de 2009).

Señaló que el actor reingresó el 4 de agosto de 2009 y el carácter de la vinculación fue territorial, por lo que, para el 10 de junio de 2014 acreditó los 20 años de servicio.

Resaltó que las certificaciones no establecen que la vinculación haya sido nacional, ni que fueran ordenadas por el Ministerio de Educación Nacional, por el contrario, se acredit ó que fueron de carácter territorial o municipal.

Por lo anterior, consideró que era procedente acceder a las pretensione s de la demanda, sin que haya lugar a declarar laNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 20001233300020160042001 (6010 -2018)

Demandante: Miguel Ángel Bandera Hernández

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 prescripción de las mesadas en tanto que el derecho se causó el 10 de junio de 2014 y la reclamación se presentó el 4 de mayo de 2015.

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7

La UGPP solicitó revocar la decisión y , en su lugar , negar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, expuso idénticos argumentos a los presentados en el escrito de contestación , en el sentido de que las certificaciones laborales correspondientes a 1980 y 1981 revelan que esos tiempos fueron servidos como docente con vinculación nacional, por lo que insistió en que no pueden ser tenidos en cuenta para otorgarle al demandante la pensión gracia reclamada .

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

6.1 La parte demandante 8 solicitó confirmar la decisión pues se acredit ó que nunca tuvo una vinculación de carácter nacional.

6.2 La entidad demandada 9 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público guardaron silencio según el informe secretarial obrante a folio 276 del expediente .

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de

7 Folios 208 a 211.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de

7 Folios 208 a 211. 8 Folios 231 y Vto. 9 Folios 267 a 271.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 20001233300020160042001 (6010 -2018)

Demandante: Miguel Ángel Bandera Hernández

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 10,.

De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 11, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante .

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala , d e acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la entidad demanda da , determinar lo siguiente:

¿El señor Miguel Ángel Bandera Hernández , en su calidad de docente oficial, tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación?

Para resolver el asunto , se desarrol lará el siguiente orden metodológico: (i) la pensión gracia ; y (ii) el análisis del caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencia aplicable al asunto.

metodológico: (i) la pensión gracia ; y (ii) el análisis del caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencia aplicable al asunto.

2.3.1. La pensión gracia .

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 11 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que de ba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 20001233300020160042001 (6010 -2018)

Demandante: Miguel Ángel Bandera Hernández

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran

8 En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el be neficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933 , el beneficio gratuito de la

requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933 , el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el ti empo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 , en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional . Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10

Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 20001233300020160042001 (6010 -2018)

Demandante: Miguel Ángel Bandera Hernández

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la pensión grac ia para los docentes al establecer:

«Artículo 15 . A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen

por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos . Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jub ilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 12 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requ isitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […].»

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 20001233300020160042001 (6010 -2018)

Demandante: Miguel Ángel Bandera Hernández

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del

Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de junio de 2018 13 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas . ii) Los entes territoriales son los titulares dire ctos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991. iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que

de la Carta Política de 1991. iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988). iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizado s, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal — como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas .

recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas . v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Mi nisterio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad

13 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23 -42 -000 -201304683 -01 (3805 -2014).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 20001233300020160042001 (6010 -2018)

Demandante: Miguel Ángel Bandera Hernández

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. vi) Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de

para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. vi) Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad qu e la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cu al se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores

localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ -030 -CE -S22022 del 11 de agosto de 2022 14 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que :

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente est ablecidos para su reconocimiento».

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como

definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

14 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23 -33 -000 -201600278 -01 (3018 -2017).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 20001233300020160042001 (6010 -2018)

Demandante: Miguel Ángel Bandera Hernández

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4 Actuación administrativa

31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4 Actuación administrativa

1. El 4 de mayo de 2015, e l accionante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

1. La UGPP negó la petición mediante la Resoluci ón RDP 048670 del 23 de noviembre de 2015 15 al argument ar que existían inconsistencias entre la certificación expedida por la Alcaldía de Chiriguaná y el Certificado de Información Laboral del FOMAG, toda vez que este último no registra el per íodo laborado durante el año de 1978 .

1. El accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, los cual es fue ron resuelto s mediante la s Resoluciones RDP 0000635 del 13 de enero de 2016 16 y RDP 007147 del 18 de febrero de 2016 17, respectivamente , que confirm aron la decisión con los mismos argumentos del acto recurrido .

Adicionalmente , la entidad indicó que el Decreto 009 del 25 de mayo de 1990, expedido por la Alcaldía Municipal de Curumaní, refiere que el señor Miguel Ángel Bandera Hernández fue nombrado

15 Folios 5 a 8. 16 Folio s 9 a 12 . 17 Folio s 20 a 25 .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 20001233300020160042001 (6010 -2018)

Demandante: Miguel Ángel Bandera Hernández

16 Folio s 9 a 12 . 17 Folio s 20 a 25 .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 20001233300020160042001 (6010 -2018)

Demandante: Miguel Ángel Bandera Hernández

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 13 docente en el Colegio Nacionaliza do Camilo Torres Restrepo, evidenciándose que la fuente de financiación de los recursos proviene del Ministerio de Educación Nacional , Fondo Educativo Regional –FER –.

2.5 Caso concreto

La Sala procederá a examinar las pruebas obrantes en el expediente a fin de verificar si al demandante le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

2.5.1 Hechos probados y análisis

2.5.1.1 El demandante nació el 14 de enero de 1958 18, por tanto, el mismo día y mes de 200 8, cumplió 50 años de edad.

2.5.1.2 Respecto del tiempo de servicio docente, se observa lo siguiente:

a) . Del 12 de septiembre de 1978 hasta el 28 de septiembre del mismo año :

• Obra Acta del 29 de septiembre de 1978 19, en la cual se desprende que el actor tomó posesión del cargo nombrado mediante Decreto 101 del 29 de septiembre de 1978, con efectos retroactivos desde el 12 de septiembre de 1978, a

saber:

desprende que el actor tomó posesión del cargo nombrado mediante Decreto 101 del 29 de septiembre de 1978, con efectos retroactivos desde el 12 de septiembre de 1978, a saber: