CE - 012333000201600444011SENTENCIA20231031094518

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 19001-23-33-000-2016-00444-01 (4979-2018)

Demandante: María Angélica Hoyos Pérez Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos como docente en plazas del orden territorial y nacionalizado e inclusión de contratos de prestación de servicio. Aplicación de sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.

CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el veintidós (22) de junio de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo del Cauca , por medio de la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora MARÍA ANGÉLICA HOYOS PÉREZ instauró demanda en contra de la

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora MARÍA ANGÉLICA HOYOS PÉREZ instauró demanda en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de la Resolución RDP 2224 del 9 de mayo de 2012, por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor de la demandante y, de las Resoluciones RDP 10778 del 4 de octubre y RDP 12220

1 Folio 82 a 83.2

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 19001-23-33-000-2016-00444-01 (4979-2018)

del 19 de octubre, ambas de 2012, también de las RDP 44149 del 26 de octubre y RDP 55884 del 29 de diciembre de 2015 y, la RDP 5585 del 10 de febrero de 2016, mediante las cuales se desataron en forma negativa los recursos interpuestos en contra de la decisión inicial.

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer, liquidar y pagar la mencionada prestación conforme a lo previsto en la Ley 114 de

contra de la decisión inicial.

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer, liquidar y pagar la mencionada prestación conforme a lo previsto en la Ley 114 de 1913 con los correspondientes reajustes anuales , así como el retroactivo debidamente indexado de las mesadas adeudadas por dicho concepto desde el 17 de septiembre de 2008.

Que se dé cumplimiento a la sentencia conforme a las previsi ones de los artículos 192 y 195 del CPACA y se condene en costas a la parte accionada.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta l a demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

Que la demandante nació el 17 de mayo de 1958, por lo que cumplió 50 años el 17 de mayo del 2008 . Que durante su vida laboral se desempeñó como docente municipal a partir del 2 de septiembre de 1980, mediante el Decreto 13 del 2 de septiembre de 1980, laborando con la alcaldía de San Sebastián, por alrededor de 20 años.

Que, la señora María Hoyos radicó ante la UGPP una solicitud tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión gracia. Que la entidad demandada negó lo reclamado a través de las Resoluciones RDP 2224 del 9 de mayo de 2012, decisión confirmada mediante las Resoluciones RDP 10778 del 4 de octubre y RDP 12220 del 19 de octubre, ambas del m ismo año, al resolver los respectivos recursos de reposición y de apelación.

Que, al solicitar de manera posterior el reconocimiento de la prestación, la UGPP nuevamente en la Resolución RDP 44149 del 26 de octubre de 2015, negó lo

reposición y de apelación.

Que, al solicitar de manera posterior el reconocimiento de la prestación, la UGPP nuevamente en la Resolución RDP 44149 del 26 de octubre de 2015, negó lo solicitado, decisión confirmada en las Resoluciones RDP 55884 del 29 de diciembre de 2015 y RDP 5585 del 10 de febrero de 2016, a través de las cuáles, resolvió los recursos de reposición y apelación contra la decisión inicial.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue inadmitida en auto del 21 de marzo de 2017, al considerar que una vez allegada la demanda y los anexos, la parte interesada no solicitó la declaratoria

2 Folios 81 a 82.3

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 19001-23-33-000-2016-00444-01 (4979-2018)

de nulidad de todos los actos allegados, por lo cual, solicitó corregir las pretensiones al respecto.

Una vez resuelto lo anterior, fue admitida mediante auto del 17 de mayo de 20173, y notificada a la UGPP4, quien presentó memorial de contestación 5 en el que se opuso a las pretensiones de la demanda al argumentar que la señora María Angelica Hoyos, no cumplió con los requisitos previstos para el reconocimiento de la pensión gracia, porque la vinculación desempeñada entre el 27 de diciembre de 1994 y el 30 de diciembre de 2011, fue de carácter nacional.

Angelica Hoyos, no cumplió con los requisitos previstos para el reconocimiento de la pensión gracia, porque la vinculación desempeñada entre el 27 de diciembre de 1994 y el 30 de diciembre de 2011, fue de carácter nacional.

Propuso las excepciones que denominó; inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido , ausencia de vicios en los actos administrativos demandados y prescripción.

En la audiencia inicial6 el tribunal señaló que las excepciones propuestas no podían ser consideradas como previas, por tanto , serían resueltas en la sentencia. Tampoco encontró probada alguna excepción previa que debiera ser resuelta de oficio. En esta diligencia se fijó el litigio en el sentido de determinar si la actora cumplía con los requisitos para ser acreedora de la pensión gracia.

Seguidamente, señaló que no existía ánimo conciliatorio, se efectuó el decreto de pruebas en el que ordenó la incorporación de las mismas; corrió traslado para alegar, mismos que fueron expuestos por las partes y la procuradora 40 Judicial II delegada de asuntos administrativos y; en virtud del artículo 179 del CPACA, profirió sentencia en audiencia.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7

El Tribunal Administrativo del Cauca dictó sentencia en audiencia del 22 de junio de 2018, a través de la cual concedió las pretensiones de la demanda , para lo cual, declaró la nulidad de los actos acusados. A título de restablecimiento ordenó a la UGPP reconocer y pagar a la UGPP la pensión a partir del 17 de mayo de 2018, en una cuantía del 75% de lo devengado en el año anterior de la causación del derecho;

UGPP reconocer y pagar a la UGPP la pensión a partir del 17 de mayo de 2018, en una cuantía del 75% de lo devengado en el año anterior de la causación del derecho; también declaró prescritas las mesadas anteriores al 11 de mayo de 2012. De otra parte, condenó en costas a la entidad demandada.

Como sustento de lo anterior y de confor midad con la normativa y jurisprudencia vigente, concluyó que le asistía derecho a la demandante, toda vez que del material probatorio allegado al plenario quedó demostrado que mediante el Decreto 13 de

3 Folios 120 a 121. 4 Folio 127. 5 Folios 136 a 143. 6 Folios 196 a 200 y CD visible a folio 201. 7 Folios 190 a 200 y CD que obra a folio 201.4

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 19001-23-33-000-2016-00444-01 (4979-2018)

1980 fue vinculada como docente municipal de la Escuela Rural Mixta del Trilladero en San Sebastián (Cauca) y, posteriormente, en Decreto 4 de 1981 fue nombrada directora de la escuela el Tunal del mismo municipio.

Que en atención al acuerdo conciliatorio que se efectuare con el municipio de San Sebastián con ocasión al proceso adelantado en el Juzgado Cuarto Administrativo de Popayán de declaratoria de existencia de relación laboral, el municipio reconoció tal condición a través de la cual, fue vinculada mediante contratos de prestación de

Sebastián con ocasión al proceso adelantado en el Juzgado Cuarto Administrativo de Popayán de declaratoria de existencia de relación laboral, el municipio reconoció tal condición a través de la cual, fue vinculada mediante contratos de prestación de servicios entre el 12 de enero de 1982 y el 30 de diciembre de 1994 ; tiempos que deben ser computados a efectos de la pensión gracia, tal y como lo desarrolló el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia8.

También quedó demostrado que fue nombrada mediante el Decreto 056 de 1994 en el cargo de docente municipal de San Sebastián, donde fue cofinanciado con recursos del «FIS» y del municipio, donde se desempeñó hasta el 20 de mayo de 2022 y, que mediante el Decreto 608 del 2002 fue trasladada como docente con cargo al Sistema General de Participaciones.

Concluyó que una vez demostrada la vinculación territorial por más de 20 años, cumplida la edad exigida y demostrada la buena conducta en el ejercicio de su labor como docente, conforme a lo regulado en la Ley 114 de 191 3, procedió al reconocimiento de la pensión gracia.

EL RECURSO DE APELACIÓN9

La UGPP en su escrito solicitó revocar la sentencia y en su lugar, negar la s pretensiones al sustentar que la señora María Angélica Hoyos no cumplió los requisitos de tiempo exigidos en la Ley 114 de 1913, pues si bien es cierto quedó demostrado que la docente se desempeñó previo a 1980, también lo es que de manera posterior, seg ún certificado de tiempo de servicio de historia laboral

requisitos de tiempo exigidos en la Ley 114 de 1913, pues si bien es cierto quedó demostrado que la docente se desempeñó previo a 1980, también lo es que de manera posterior, seg ún certificado de tiempo de servicio de historia laboral expedido el 16 de abril de 2007, relacionó que entre el 27 de diciembre de 1994 y el 2 de febrero de 2012, tuvo una vinculación de carácter nacional.

También advirtió que del certificado de tiempo de servicios que emitió la secretaría de educación del departamento del Cauca el 7 de mayo de 2015, mencionó que prestó sus servicios a través de contratos de prestación de servicios, esto es, entre el 1/01/1982 y el 1/01/1988; 1/001/1991 y 30/06/1991 y del 20/09/1993 al 30/12/1994, mismos que no pueden ser tenidos en cuenta para el c ómputo del reconocimiento del derecho, en atención a lo regulado en la Ley 115 de 1994 y a la sentencia proferida el 26 de agosto de 1997 por el Consejo de Estado, en la que

8 Sentencias del 3 de marzo de 2017. Radicado:19001 -23-33-003-2015-00438-00; del 7 de marzo de 2017.

Radicado: 19001-23-33-004-2015-00377-00 y del 19 de enero de 2017. Radicado:54001 -23-33-000-201200180-01(1706-2015). 9 Folios 215 a 221.5

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 Folios 215 a 221.5

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 19001-23-33-000-2016-00444-01 (4979-2018)

señaló que el docente con calidad nacional no podía percibir dicha prestación ni quiénes recibieran retribución alguna de la nación por los servicios que prestaré.

También alegó sobre la condena en costas en atención a que el fallo concedió parcialmente las pretensiones de la demanda y declaró probada la excepción de prescripción propuesta por la UGPP, por lo cual no procedía la condena en los términos del numeral 5. ° del artículo 365 de CGP.

Advirtió que, en caso de no revocar totalmente la decisión de la condena en primera instancia, se ordene la reducción de la sanción toda vez que las pretensiones de la demanda prosperaron parcialmente. También resalta que se tengan en cuenta los aspectos relacionados con el proceso, en tanto fue realizado con cele ridad dado que se aportaron las pruebas requeridas de manera oportuna y pertinente en las etapas procesales. Además, que la UGPP es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que por lo tanto las condenas impuestas a éste afectan al erario público y a sus contribuyentes.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes demandante y demandada presentaron alegaciones finales con las que reiteraron sus argumentos expuestos en la demanda, su contestación y en el recurso de apelación.10

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes demandante y demandada presentaron alegaciones finales con las que reiteraron sus argumentos expuestos en la demanda, su contestación y en el recurso de apelación.10

El señor procurador segundo delegado ante esta Corporación, guardó silencio11.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una vi nculación con carácter de territorial o nacionalizado durante todo el tiempo de servicio.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

10 Folios 281 a 284 y 285 a 289. 11 Según constancia visible a folio 2966

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 19001-23-33-000-2016-00444-01 (4979-2018)

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter depart amental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter depart amental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»12. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

12 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.7

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 19001-23-33-000-2016-00444-01 (4979-2018)

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos.

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de

será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la tot alidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Sobre el punto , la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado , es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199713 señaló que,

territorial y nacionalizado , es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199713 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requ isitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.8

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 19001-23-33-000-2016-00444-01 (4979-2018)

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 14 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales

materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones.

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988). iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educ adores

los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educ adores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes loc ales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación d e la autoridad nominadora que dé cuenta de manera

14 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.9

14 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.9

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 19001-23-33-000-2016-00444-01 (4979-2018)

inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y ba jo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo prop io ocurre en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022 ,15 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que l as anteriores providencias de unificación jurisprudencial

nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que l as anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

15 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez Lozano contra la UGPP.10

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 19001-23-33-000-2016-00444-01 (4979-2018)

En tal sentido , conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe cumplir con los siguientes requisitos.

1. Que acredite 50 años de edad.

1. Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo , pero de ninguna manera acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias

posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo , pero de ninguna manera acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las