CE - 012333000201600453021SENTENCIA20230208073249

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Título
CE - 012333000201600453021SENTENCIA20230208073249
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 -65 - Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. - Colombia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., dos (2) de febrero de dos mil veinti trés (202 3)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 66001 -23 -33 -000 -2016 -00453 -02 (3600 -20 22)

Demandante: JORGE ISAAC MARTÍNEZ CIRO

Demandado: NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL -DEPARTAMENTO DE RISARALDASECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL

DEPARTAMENTO DE RISARALDA .

Tema: Intereses moratorios por homologación y nivelación salarial del personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos / Intereses moratorios e indexación. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala de Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 11 de marzo de 202 2, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda , que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones 1.

Tribunal Administrativo de Risaralda , que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones 1.

El señor Jorge Isaac Martínez Ciro , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 2, solicitó la nulidad del oficio 23 737 del 19 de diciembre de 2015 expedido por la secretaria de despacho encargada y el profesional universitario de la Secretaría de Educa ción de Risaralda a través de la cual se negó el

1 Ex pedi ente dig ita l a índ ice 19 d e l as a ctua ci ones r eg i str ada s por el T r ibu nal A dm in ist r at ivo de R isar alda en el S ist em a d e Ge sti ón Judi ci al - S AM A I.

2 Cód igo de Pr oc edim ien to Adm ini str a tiv o y de lo Con te ncio so, en a dela nte C PA C A .Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2016 -00453 -02 (36 00 -2022)

Dem andante: Jorge Isaac Martínez Ciro

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reconocimiento y pago de los intereses moratorios por el pago extemporáneo de la homologación y nivelación salarial de los años 1996 a 200 2.

Bogotá D.C. - Colombia

reconocimiento y pago de los intereses moratorios por el pago extemporáneo de la homologación y nivelación salarial de los años 1996 a 200 2.

Como restablecimiento del derecho reclamó que se condenen a las entidades públicas a lo siguiente: i) reconocer y pagar los intereses moratorios con efectividad a partir del día siguiente a los 30 días posteriores a su causación hasta el momento en que se realice el pago efectivo del retroactivo, es decir, enero de 2013; ii) liquidar los valores pretendidos con base al interés bancario corriente de dicho período, y únicamente sobre el valor del capital, sin incluir las sumas pagadas por concepto de indexación; iii) saldar las sumas adeudadas conforme a lo previsto l os incisos 2° y 3° del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011; y iv) sufragar las costas procesales.

1.2. Hechos relevantes 3.

El apoderado del demandante señaló como fundamentos fácticos de la demanda, los siguientes:

1. El señor Jorge Isaac Martínez Ciro integró la planta de personal administrativo de la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda.

2. El Ministerio de Educación Nacional dando cumplimiento a lo preceptuado por la Ley 60 de 1993 certificó al ente territorial ut supra para la prestación del servicio educativo, dicha decisión quedó contenida en la Resolución 2480 de 12 de julio de 1995.

3. Lo precedente tuvo como consecuencia el traslado del personal administrativo de la Nación a las plantas y cargos existentes

decisión quedó contenida en la Resolución 2480 de 12 de julio de 1995.

3. Lo precedente tuvo como consecuencia el traslado del personal administrativo de la Nación a las plantas y cargos existentes en la Ram a Ejecutiva del nivel departamental y municipal.

4. El Departamento de Risaralda por medio del Decreto 0258 de 2 marzo de 2005 homologó y niveló los cargos administrativos de la Secretaría de Educación y Cultura, los cuales fueron pagados con recursos del Si stema General de Participaciones.

3 Ex pedi ente dig ita l a índ ice 19 d e l as a ctua ci ones r eg i s tr ada s por el T r ibu nal A dm in ist r at ivo de R isar alda en el S ist em a d e Ge sti ón Judi ci al - S AM A I.Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2016 -00453 -02 (36 00 -2022)

Dem andante: Jorge Isaac Martínez Ciro

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5. El acto administrativo ibidem fue modificado por el Decreto 0986 de 31 de agosto de 2010, en virtud de la solicitud realizada por la citada Secretaría de Educación al Ministerio de Educación Nacional, con el objeto de salv aguardar el principio de igualdad de la planta personal.

6. A través del Decreto 1062 expedido el 29 de septiembre de

realizada por la citada Secretaría de Educación al Ministerio de Educación Nacional, con el objeto de salv aguardar el principio de igualdad de la planta personal.

6. A través del Decreto 1062 expedido el 29 de septiembre de 2010, modificado por el Decreto 0990 de 31 de octubre de 2011 se asignó la correspondiente denominación de código, grado y asignación mensua l «determinado en la planta de cargos homologados al personal administrativo del sector educativo», y en consecuencia la Cartera Ministerial del sector educativo mediante Oficio 2011EE187 de 3 de enero de 2011, aprobó la liquidación de la deuda correspondi ente al retroactivo producto del mencionado ajuste.

7. El día 31 de diciembre de 2012 el Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución 1858 modificada por la Resolución 1384 de 5 de septiembre de 2013 reconoció y ordenó pagar a favor del señor Jorge Isaac Martínez Ciro el retroactivo por concepto de la homologación y nivelación salarial del interregno comprendido entre los años 1996 a 2022, sin embargo, los valores adeudados fueron sufragados hasta enero de 2013, es decir, después de los 30 días que la ley otorga para ello, de tal forma que se causaron intereses moratorios.

8. Inconforme con lo anterior, el 6 de octubre de 201 5 radicó ante la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda petición de reconocimiento y pago de los intereses moratorios por la no cancelación oportuna del retroactivo de homologación y nivelación salarial.

9. La enunciada solicitud se negó por medio del oficio 23 737 de

petición de reconocimiento y pago de los intereses moratorios por la no cancelación oportuna del retroactivo de homologación y nivelación salarial.

9. La enunciada solicitud se negó por medio del oficio 23 737 de 19 de diciembre de 2015.

1.3. Disposiciones violadas y concepto de violación 4.

Se invocó en la demanda la violación de las siguientes

4 Ex pedi ente dig ita l a índ ice 19 d e l as a ctua ci ones r eg i str ada s por el T r ibu nal A dm in ist r at ivo de R isar alda en el S ist em a d e Ge sti ón Judi ci al - S AM A I.Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2016 -00453 -02 (36 00 -2022)

Dem andante: Jorge Isaac Martínez Ciro

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disposiciones constitucionales y legales: artículos 1°, 2°, 13, 25, 53, 58, 93, 123, 209 y 350 de la Constitución Política de 1991; 1649, 1617, numerales 1° y 2° del artículo 1608 del Código Civil y el artículo 177 del Decreto 01 de 1984.

Como concepto de violación el apoderado del demandante argumentó que a pesar de que el acto acusado fundame nta la

artículo 177 del Decreto 01 de 1984.

Como concepto de violación el apoderado del demandante argumentó que a pesar de que el acto acusado fundame nta la determinación desfavorable en que la indexación y los intereses moratorios son incompatibles por cuanto obedecen a una misma causa, lo cierto es que la indexación se dirige a actualizar una deuda con base al índice de precios al consumidor, en cambi o, los intereses moratorios tienen como finalidad resarcir y sancionar el retardo en el pago de una obligación dineraria, por tal razón, no se configura la incompatibilidad entre éstos.

Por otra parte, aseguró que el proceso de homologación de los emple ados de las plantas de personal de la Nación a las entidades territoriales, configuraba un deber en cabeza de la administración consagrado en el artículo 148 de la Ley 1450 de 2011 5, consistente en pagar las deudas que fueran producto del reconocimiento d e los costos del servicio educativo conforme a la Constitución Política y la ley dejados de pagar o reconocer por el Sistema General de Participaciones, en tal sentido, el Ministerio de Educación Nacional no puede exonerarse de responsabilidad, en consider ación a que se trató de un procedimiento administrativo en el cual tuvo participación.

1.4. Contestación de la demanda.

El Ministerio de Educación Nacional guardó silencio .

Finalmente , e l Departamento de Risaralda 6 luego de explicar en qué consiste la homologación de cargos 7 y nivelación salarial 8 afirmó que esos trámites se efectuaron a través de actos administrativos expedidos conforme a los lineamientos, directrices

qué consiste la homologación de cargos 7 y nivelación salarial 8 afirmó que esos trámites se efectuaron a través de actos administrativos expedidos conforme a los lineamientos, directrices

5 «Por la cu al se e xp ide e l P lan Nac iona l d e D esar r o l lo, 2010 -2 014»

6 Ex pedi ente dig ita l a índ ice 19 d e l as a ctua ci ones r eg i str ada s por el T r ibu nal A dm in ist r at ivo de R isar alda en el S ist em a d e Ge sti ón Judi ci al - S AM A I.

7 «Eq uip ar ar car go s co n c ódig o y gr ado »

8 «Re cono cim ient o de lo s r et r oac ti vos sa lar ia le s»Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2016 -00453 -02 (36 00 -2022)

Dem andante: Jorge Isaac Martínez Ciro

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y circulares del Ministerio de Educación Naci onal, así mismo, señaló que dichos actos están en firme, se presumen legales y tienen fuerza ejecutoria, en tal medida si la demandante estaba inconforme con la decisión debió manifestar su desacuerdo en término.

Por último, propuso las siguientes excepciones: i) inepta demanda;

tienen fuerza ejecutoria, en tal medida si la demandante estaba inconforme con la decisión debió manifestar su desacuerdo en término.

Por último, propuso las siguientes excepciones: i) inepta demanda; ii) falta de competencia de la entidad territorial para decidir sobre la homologación y nivelación salarial; iii) inexistencia de valores adeudados; iv) prescripción y v) genérica.

1.5. Trámite procesal .

A través de providencia de 2 8 de octubre de 2016 9, el Tribunal Administrativo de Risaralda admitió la demanda de la referencia y ordenó la notificación a las instituciones públicas demandadas .

Por auto de 17 de octubre de 201 7 se fijó como fecha para la audiencia inicial el 28 de noviembre de 201 710, la cual se realizó de manera conjunta y simultánea con otros procesos que tienen similitud fáctica y jurídica.

El magistrad o ponente surtió las siguientes etapas: i) declaró saneado el proceso; ii) resolvió las excepciones precias y de oficio estimó qu e estaba probada la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación 11, así mismo, fijó el litigio 12 en los siguientes términos:

«determinar la legalidad de los actos demandados, conforme a las causales y argumentos de nulidad planteados en la demanda, a efectos de establecer si le asiste el derecho a los demandantes al reconocimiento y pago de los intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo de la homologación y nivelación salarial del personal administrativo de la Secretaría de Educación

efectos de establecer si le asiste el derecho a los demandantes al reconocimiento y pago de los intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo de la homologación y nivelación salarial del personal administrativo de la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda ».

Los sujetos procesales intervinientes estuvieron de acuerdo con la fijación del litigio.

9 Ex pedi ente dig ita l a índ ice 18 d e l as a ctua ci ones r eg i str ada s por el T r ibu nal A dm in ist r at ivo de R isar alda en el S ist em a d e Ge sti ón Judi ci al - S AM A I.

10 S es ión su spend ida m ientr as se s ur tí a la ape lac ión en contr a de la dec is ión de e xcep ci ones pr evi as, si endo r eanu dada el 8 de m ar z o de 202 2 .

11 De ci sió n conf ir m ad a por el C onse jo de Est ado el 12 d e ag osto de 2 021, e xped ient e 0 772201 8.

12 A cta de aud ien cia v is ibl e e n e l índ ice 1 9 de la s act uaci ones r eg is tr ada s p or e l T r ibu nal Adm ini str at iv o de R isar a lda en e l S istem a de Ge sti ón J udic ia l -S AM AI.Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2016 -00453 -02 (36 00 -2022)

Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2016 -00453 -02 (36 00 -2022)

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Posteriormente, se decretaron como pruebas las documentales aportadas por las partes, además a causa de q ue no existían medios probatorios por practicar, se prescindió de la audiencia de pruebas y se constituyó la Sala de Decisión para llevar a cabo la audiencia de alegaciones y juzgamiento, fase en la que los interesados reiteraron las ideas expuestas en sus escritos de intervención precedentes.

Por último, se enunció el sentido de la decisión de fondo.

1.6. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia proferida el 11 de marzo de 20 22 negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para tal efecto, señaló que el retroactivo por homologación y nivelación sala rial de los años 1996 a 2002 se pagó en el mes de enero del año 2013 , en tal sentido a pesar de haberse realizado la cancelación del emolumento en un tiempo posterior no implica la generación de mora, así mismo, sostuvo que los valores reconocidos fueron indexados, reconocimiento incompatible con los intereses moratorios pretendidos, toda vez que la causa de los dos conc eptos tiene asidero en la devaluación del dinero.

generación de mora, así mismo, sostuvo que los valores reconocidos fueron indexados, reconocimiento incompatible con los intereses moratorios pretendidos, toda vez que la causa de los dos conc eptos tiene asidero en la devaluación del dinero.

Igualmente, aseguró que no resulta aplicable a la controversia la sentencia C -367 de 1995, referida en el concepto de violación, ya que, en el análisis de constitucionalidad se abordó la mora en el pago d e pensiones.

Teniendo en cuenta que se negaron las súplicas de la demanda y no se comprobó la causación de costas, el juez colegiado se abstuvo de condenar en costas procesales a la parte demandante.

1.7. El recurso de apelación.

La parte demandante 13 presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia por varios motivos :

13 Índ ice 32 de l as act uac ione s r egi str ad as por el T r ibun al Adm in istr a ti vo de Ri sar a lda en el Si stem a de Ges tión Ju dic ia l -S AM AI .Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2016 -00453 -02 (36 00 -2022)

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  1. Las entidades demandadas desconocieron el deber

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  1. Las entidades demandadas desconocieron el deber constitucional y legal de realizar las gestiones administrativas y presupuestales de forma diligente, por cuanto la homologación y nivelación salarial debió asumirse por la parte demandada desde el momento en que efectuó el traslado de personal del nivel nacional al departamental y no a los 16 años posteriores como sucedió en este asunto, situación que deviene en un retraso imputable a la administración y en la consecuente causación de mora generadora de intereses moratorios.
  1. La indexación y los intereses no se excluyen entre sí, de ahí que no es admisible la interpretación según la cual, se genera doble pago por la misma causa, puesto que la indexación hace alusión a la actualización de las sumas adeudadas, por el contrario, los intereses moratorios son una sanción por la demora en el reconocimiento de una obligación, es decir reparan los perjuicios causados.
  1. Los intereses moratorios deben reconocerse sobre el capital neto, por lo tanto, según el artículo 1617 del Código Civil y demás normas concordantes las instituciones demandadas tendrán que pagar los intereses moratorios a la tasa máxima vigente al momento en que se efectué el pago, valor que equivale a una suma superior a la indexación .
  1. Respecto a la inaplicabilidad de la sentencia 367 de 1995, manifestó que la jurisprudencia en relación al artículo 53 de la Constitución Política de 1991 ha estableci do que como consecuencia del pago tardío de acreencias laborales, el

manifestó que la jurisprudencia en relación al artículo 53 de la Constitución Política de 1991 ha estableci do que como consecuencia del pago tardío de acreencias laborales, el Estado debe reconocer intereses moratorios, ahora bien, a pesar de que el caso no es similar al discutido en la instancia judicial, lo cierto es que el pronunciamiento de la Cort e Constitucional es claro al explicar que ante el incumplimiento en el pago de un emolumento laboral la sanción será reconocer intereses moratorios.Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2016 -00453 -02 (36 00 -2022)

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1.8. Alegatos de conclusión.

Una vez presentado el recurso de apelación por el abogado del recurrente, al estar dentro del término procesal correspondiente, el despacho ponente a través de auto proferido el 14 de septiembre de 2022, admitió el recurso de alzada y, en concordancia con el artículo 212 del CPACA y el ordinal 5° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, dispuso que por Secretaría, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la mencionada providencia, pasara el expediente al despacho para dictar sentencia, salvo que las partes presenten solicitud probatoria.

En cumplimiento de lo anterior y en atención a la constancia

siguientes a la ejecutoria de la mencionada providencia, pasara el expediente al despacho para dictar sentencia, salvo que las partes presenten solicitud probatoria.

En cumplimiento de lo anterior y en atención a la constancia secretarial 14 de 2 de diciembre de 2 02 2, según la cual ejecutoriado el auto admisorio no hubo solicitud de pruebas.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto y según lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior reso lverá sin limitaciones.

Por lo tanto, como quiera que en el presente proceso tan solo apeló la parte demandante, la Sala de Subsección únicamente se pronunciará sobre los motivos expresados por ella, que se circunscriben al reconocimiento y pago de los i ntereses moratorios sobre el pago del retroactivo por el proceso de homologación y nivelación salarial surtido en el departamento de Risaralda .

14 Índi ce 9 de S AM AI.Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2016 -00453 -02 (36 00 -2022)

Dem andante: Jorge Isaac Martínez Ciro

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Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2016 -00453 -02 (36 00 -2022)

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2. Problema jurídico.

Acorde con los planteamientos del recurso de apelación presentado por las partes, le corresponde a la Sala resolver el siguiente interrogante :

✓ ¿El señor Jorge Isaac Martínez Ciro tiene derecho al reconocimiento y pago de intereses moratorios en razón a que el retroactivo indexado por la homologación y nivelación salarial del personal administrativo de la Secretaría de Educación de Risaralda por el periodo de 1996 a 200 2 solo fue c ancelado hasta enero de 2013?

Par a resolver lo anterior, la Sala desarrollará el siguiente orden metodológico: i) el proceso de homologación del personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos; ii) de los intereses ; iii) análisis de la Sala; iv) decisión en segunda instancia y v) condena en costas .

3. El proceso de homologación del personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos 15.

La Ley 43 de 1975 16, nacionalizó el servicio de educación primaria y secundaria, que venían prestando los departamentos, municipios, intendencias, comisarías y distritos. Dicho proceso se llevó a cabo

La Ley 43 de 1975 16, nacionalizó el servicio de educación primaria y secundaria, que venían prestando los departamentos, municipios, intendencias, comisarías y distritos. Dicho proceso se llevó a cabo desde el 1° de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Posteriormente, la Ley 60 de 1993 17 ordenó la descentralización del servicio educativo, desmontando así la nacionalización ordenada por la ley anterior. La norma ut supra dispuso la entrega por parte de la Nación, de los bienes, el personal y los establecimientos educativos a los departamen tos y distritos.

15 Se ap oya la Sal a en e l c once pto de la Sa la de Con s ulta y S er v ic io C iv il d el Con sejo de Est ado. Ra dic ac ión: 1607 . 9 de d ic iem br e de 2014. C .P . F la vio A ugus to Rodr í guez Ar ce.

16«Por la c ual se na cio nal iza la e duca ci ón pr im ar i a y secun da r i a que o fi cia lm en te v iene n pr esta ndo l os de par tam ento s, e l D istr ito Es pec ial de B o gotá, los m u ni cip ios , la s in tende nc ias y com isa r ia s».

17 De r ogad a por el ar tícu lo 11 3 de la Le y 715 de 2 001 . Regl am ent ada par cia lm en te por e l

y com isa r ia s».

17 De r ogad a por el ar tícu lo 11 3 de la Le y 715 de 2 001 . Regl am ent ada par cia lm en te por e l Decr e to 1168 de 1 999 « Por la c ual s e di ctan nor m a s or gáni cas sobr e l a di str i buc ión de com pet enc ias de confor m ida d con l os ar t ícu los 15 1 y 288 de la Co nst itu ció n Po lít ica y se distr ibu yen r e cur s os se gún l os ar t ícu los 356 y 35 7 d e la Co nst itu ció n Po lít ic a y se d ic tan otr as di spos ic ione s».Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2016 -00453 -02 (36 00 -2022)

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De esta forma, quedó claramente establecido que el personal administrativo del sector educativo que venía prestando sus servicios a la Nación por mandato legal debía pagarse al respectivo departamento o distrito, cumplido lo cual, entrab an a formar parte de las plantas de personal de carácter departamental o distrital, respectivamente.

El traspaso o entrega de las plantas de tales servidores, conforme

departamento o distrito, cumplido lo cual, entrab an a formar parte de las plantas de personal de carácter departamental o distrital, respectivamente.

El traspaso o entrega de las plantas de tales servidores, conforme al régimen de administración de personal, debía producirse indefectiblemente mediante u n proceso de incorporación que para su perfeccionamiento requería de la homologación de cargos (comparación de los requisitos, funciones, clasificación, previstos en la planta de la Nación, con los exigidos para desempeñar los de la planta de personal de l os departamentos), procedimiento que en el caso del personal administrativo, revestía características particulares, pues era el producto de la descentralización del servicio educativo hacia un ente territorial.

Luego, la Ley 715 de 2001 18 pretendió munici palizar el servicio educativo que se había departamentalizado previamente. En aquella se preceptúo que los departamentos certificaran a los municipios que cumplieran determinados requisitos, de manera que la asunción de la administración autónoma de los re cursos del Sistema General de Participaciones -artículos 5° y 6° -, aparejaba la obligación de los municipios de recibir el respectivo personal entregado por los departamentos, sujetándose a las plantas de cargos adoptadas de conformidad con la ley.

Como consecuencia del proceso de descentralización del sector educativo, las entidades territoriales debían recibir el personal administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas conforme a la ley, mediante el procedimiento de la incorp oración, previa homologación de los cargos, sin detrimento de la autonomía de las entidades territoriales, para determinar la estructura de sus administraciones, fijar las escalas salariales y los

adoptadas conforme a la ley, mediante el procedimiento de la incorp oración, previa homologación de los cargos, sin detrimento de la autonomía de las entidades territoriales, para determinar la estructura de sus administraciones, fijar las escalas salariales y los emolumentos de sus empleados públicos, dentro del cual las

18 «P or la cua l s e d ict an n or m as or gá ni cas en m ater ia d e r e cur s os y com pe tenc ias de confor m idad con l os ar t ícu los 15 1, 288 , 3 56 y 357 ( Act o Leg isl ati vo 01 de 2 001) de l a Cons tit uc ión Po lít ic a y s e d ict an otr as d ispo si cio nes par a or gan iz ar la pr es tac ión de lo s ser v ici os de ed uca ció n y sa lud, entr e otr os».Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2016 -00453 -02 (36 00 -2022)

Dem andante: Jorge Isaac Martínez Ciro

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entidades pudieran ejercer sus competencia según su situación fiscal.

La incorporación suponía, de un lado, que los departamentos debían reajustar, atendiendo sus necesidades, su estructura orgánica y funcional para cumplir con los fines del servicio

entidades pudieran ejercer sus competencia según su situación fiscal.

La incorporación suponía, de un lado, que los departamentos debían reajustar, atendiendo sus necesidades, su estructura orgánica y funcional para cumplir con los fines del servicio educativo y, de otro, que la inclusión en la nueva planta debía tomar en cuenta no solo el aspecto formal de los empleos, como su nomenclatura y grado, sino de manera primordial su clasificación por la naturaleza de las funciones, el grado de resp onsabilidad y los requisitos para su ejercicio, con sujeción a los manuales específicos respectivos, para de esta manera determinar la remuneración, la cual debió cumplirse dentro del proceso de homologación.

Según se analizó, las condiciones de incorpora ción no estaban sometidas a la discrecionalidad de las autoridades departamentales sino a los resultados de un estudio técnico concertado que permitiera ubicar los servicios en el grado de remuneración que correspondiera a las funciones que debían cumplir, a los requisitos exigidos para el cargo que conforme a las necesidades del servicio debían desempeñar, y a los demás elementos estructurales del empleo, dentro de los límites establecidos por el Gobierno Nacional en desarrollo de los Decretos Reglamentari os de la Ley 4ª de 1992.

El personal administrativo tenía una connotación muy particular, por cuanto sus salarios debían ser cubiertos con el situado fiscal, cuando el salario en la entidad territorial fuera superior al que devengaba en la Nación, para lo cual esa diferencia debía asumirla ésta última, en tal razón se imponía la nivelación en las condiciones ya expuestas; pero los recursos propios se comprometían si la incorporación desconoció los parámetros legales analizados o el

ésta última, en tal razón se imponía la nivelación en las condiciones ya expuestas; pero los recursos propios se comprometían si la incorporación desconoció los parámetros legales analizados o el límite reglamentario de incremento salarial dispuesto por el Gobierno.

En el evento de existir mayores costos con ocasión del proceso de homologación en virtud de lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, si el proceso se cumplió conforme a derecho y existía disponibilidad, debía asum irlos el Sistema General de Participaciones, si no existíaNulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2016 -00453 -02 (36 00 -2022)

Dem andante: Jorge Isaac Martínez Ciro

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disponibilidad, serían de cargo de la Nación. Si el respectivo municipio homologó e incorporó al personal administrativo sin atender lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, respondería con sus r ecursos propios.

De conformidad con lo precedente, se concluye que como consecuencia del p

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