CE - 012333000201600557011SENTENCIA20230606074703

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., primero (1.°) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 08001-23-33-000-2016-00557-01 (0512-2021)

Demandante: Rita Isabel Navarro González

Demandado: Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de

Barranquilla1, Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde y Dirección Distrital de Liquidaciones

Tema: La bonificación por servicios prestados no es factor salarial para los empleados públicos del orden territorial.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA _________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala los recursos de apelación interpuesto s por la parte demanda nte y demandada contra la sentencia proferida el 17 de enero de 2020 por el Tribunal Administrativo de l Atlántico , S ala de Decisión Oral , S ección B , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes 1.1. La demanda2 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

1. Antecedentes 1.1. La demanda2 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, Rita Isabel Navarro González presentó demanda en orden a que se declare la nulidad del oficio del 14 de octubre de 2015, por medio del cual se le negó el reconocimiento del 35% de la bonificación por servicios prestados como factor salarial, correspondiente a las vigencias de 2009 a 2012.

1 En adelante Damab 2 Folios 53 a 65. 3 En adelante CPACA.2

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00557-01 (0512-2021)

Demandante: Rita Isabel Navarro González

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene : i) emitir un nuevo acto administrativo donde se le reconozca la bonificación por servicios prestados como factor salarial, a efectos de reliquidar las prestaciones sociales y demás emolumentos por el período comprendido entre el 2009 y el 2012; ii) consignar las diferencias que resulten debidamente indexadas y con los intereses moratorios; iii) conceder la indemnización moratoria causada por el pago incompleto de las cesantías, esto es sin la inclusión de dicho emolumento; y iv) condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes4:

• Rita Isabel Navarro González presta sus servicios como profesional especializado, código 222, grado 03 del Damab.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes4:

• Rita Isabel Navarro González presta sus servicios como profesional especializado, código 222, grado 03 del Damab.

• La entidad demandada omitió incluir el 35% de la bonificación como factor salarial durante el 2009 al 2012, razón por la cual, el 24 de agosto de 2015, le solicitó su reconocimiento.

• En el acto acusado negó que como empleador le adeude suma alguna por cualquier concepto a través del oficio expedido el 14 de octubre de 2015 por la directora genera l del D amab, y si se encontraba en desacuerdo frente a la liquidación final de cada anualidad entre el 2009 y el 2012, debió agotar en ese momento los mecanismos de defensa previstos en la norma.

• El Damab incluyó en su presupuesto la bonificación por servicios prestados, lo cual demuestra que dicho concepto se reconoce de manera habitual y permanente.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 53 de la Constitución Política; 45 del Decreto 1042 de 1978; 1 .º del Decreto 1919 de 2002 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo (CST); así como los Decretos 4150 de 2004 y 22 de 2014 y la Resolución 103 de 2013, expedida por el Damab.

En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:

4 Folio 63

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00557-01 (0512-2021)

En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:

4 Folio 63

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00557-01 (0512-2021) Demandante: Rita Isabel Navarro González - El acto acusado fue expedido con infracción del artículo 1º. del Decreto 1919 de 2002, pues a partir de su entrada en vig or, la bonificación por servicios prestados es un factor salarial que se debe tener en cuenta al momento de liquidar la anualidad de un empleado.

• Igualmente desconoció el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo atinente a que entre los factores que constituyen salario , se encuentra la bonificación habitual, por lo que es un deber del empleador incluirla al momento de la liquidación, máxime cuando en el presupuesto general de rentas y gastos de la entidad, en cada una de sus vigencias, se encuentra incluida la bonificación por servicios prestados, por ende, en atención a su carácter permanente en cada anualidad , le asiste el derecho a su reconocimiento como factor salarial en los años pretendidos.

1.2. Contestación de la demanda

El Damab presentó la contestaci ón en forma extemporánea, por lo que no le fue tenida en cuenta esa actuación5.

El Distrito de Barranquilla contestó la demanda, oportunidad en la que manifestó lo siguiente:

• Rita Isabel Navarro González no interpuso recurso de reposición contra el acto administrativo acusado, de manera que ahora pretende revi vir derechos prestacionales que se encuentran caducados y prescritos.

• El Decreto 1042 de 1978 no estableció la bonificación por servicios prestados para

administrativo acusado, de manera que ahora pretende revi vir derechos prestacionales que se encuentran caducados y prescritos.

• El Decreto 1042 de 1978 no estableció la bonificación por servicios prestados para los empleados del nivel territorial , como lo es la demandante, pues solo fueron reconocidas a los del orden nacional, y no es posible extenderla, e n virtud de lo dispuesto en la Constitución Política, artículo 150, numeral 19, norma que define la competencia para establecer el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

Barranquilla Verde6 se opuso a las pretensiones de la demanda, al exponer los siguientes argumentos:

• Solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no le asiste el deber de responder por las reclamaciones acaecidas en la relación laboral entre la demandante y el Damab, pues si bien está en proceso de

5 Así lo indicó el Tribunal de primera instancia en la audiencia inicial celebrada el 18 de junio de 2019 (fl. 250). 6 Folios 215 a 218.4

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00557-01 (0512-2021) Demandante: Rita Isabel Navarro González liquidación, a la entidad que representa únicamente le atribuyeron las funciones ambientales a nivel distrital y la Dirección Distrital de liquidaciones de Barranquilla es la encargada de manejar los asuntos no resueltos por esa entidad.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico , S ala de Decisión Oral , S ección B , en sentencia del 17 de enero del 2020 7, declaró la nulidad del acto administrativo

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico , S ala de Decisión Oral , S ección B , en sentencia del 17 de enero del 2020 7, declaró la nulidad del acto administrativo acusado y condenó al Damab – Dirección Distrital de Liquidaciones al reconocimiento y pago de la reliquidación de todas las prestaciones sociales que se generaron a favor de Rita Isabel Navarro González, por el período comprendido entre el 24 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de ese mismo año, por configurarse la prescripción de aquellos derechos causados con anterioridad.

Para tal efecto, se pronunció en estos términos:

• En el presente caso no es motivo de discusión si a Rita Isabel Navarro González, en calidad de empleada del Damab , le asiste el derecho a percibir la bonificación por servicios prestados establecida en el Decreto 1042 de 1978 , pues esta se le reconoció a los funcionarios activos e inactivos del ente demandando, en los años 2009 a 2012, a través de la Resolución 0103 del 25 de enero de 2013, la cual goza de la presunción de legalidad.

• De conformidad con el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, la bonificación por servicios prestados constituye factor salarial, de modo que en razón a su reconocimiento en virtud de la aplicación de las normas que crearon la bonificación por servicios prestados y en atención al principio de inescindibilidad de la norm a, se debe incluir como tal en la liquidación de las prestaciones sociales causadas entre el 2009 y el 2012, en el porcentaje reconocido en el anterior acto administrativo.

por servicios prestados y en atención al principio de inescindibilidad de la norm a, se debe incluir como tal en la liquidación de las prestaciones sociales causadas entre el 2009 y el 2012, en el porcentaje reconocido en el anterior acto administrativo.

• En relación con la sanción moratoria pretendida, esta no se genera por la reliquidación de las cesantías con base en ese factor , pues al momento de la consignación del auxilio de cesantías aún no había sido reconocida.

• Encontró probada la excepción de prescripción , la cual declaró de oficio con fundamento en el artículo 151 del Códi go de Procedimiento Laboral, comoquiera que la demandante presentó la reclamación correspondiente el 24 de agosto de 2015, de modo que los derechos anteriores al 24 de agosto de 2012 se

7 Folios 334 a 348.5

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00557-01 (0512-2021) Demandante: Rita Isabel Navarro González extinguieron, por lo que solo hay lugar al reconocimiento del período comprendido entre el 24 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de ese mismo año.

• El Damab es la entidad encargada de asumir el reconocimiento de la condena impuesta, de acuerdo con las resoluciones 238 del 29 de diciembre de 20178 y 001 del 2 de enero de 20189.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Rita Isabel Navarro González interpuso recurso de apelación 10 frente a la negativa de la sanción moratoria y la prescripción, así:

• La sanción moratoria fue denegada por el a quo porque, para la fecha de pago

1.4.1. Rita Isabel Navarro González interpuso recurso de apelación 10 frente a la negativa de la sanción moratoria y la prescripción, así:

• La sanción moratoria fue denegada por el a quo porque, para la fecha de pago del auxilio de cesantías del 2009 al 2012, no había sido reconocida la bonificación por servicios prestados como factor salarial, por la secretaria general de la gestión de tale nto humano de Barranquilla; sin embargo, a raíz de la expedición de la Resolución 0103 del 23 de enero de 2013, se reconoció el 35% de la bonificación por servicios prestados como factor salarial computable para la reliquidación de las prestaciones sociales

• No se configuró la prescripción decretada de oficio, puesto que el nacimiento del derecho ocurrió el 25 de enero de 2013, debido a la expedición de la Resolución 0103 que reconoció el señalado emolumento, de tal manera que no pudo configurarse la extinción del derecho.

1.4.2. La Direcci ón Distrital de Liquidaciones apeló la decisión de primera instancia y expuso como argumentos, para la revocatoria de la sentencia, 11 los siguientes:

• La condena impuesta a su cargo por el tribunal «[...] no es objetiva », ya que la calidad de liquidador del Damab finalizó con la extinción de la entidad el 29 de diciembre de 2017, en virtud de lo dispuesto en la Resolución 238 de esa fecha, razón por la cual, frente a la condena no puede atribuirse competencias que no le corresponden, máxime cuando es una persona jurídica distinta de aquella, sin que pueda asumir ningún tipo de responsabilidad frente a las obligaciones adquiridas

razón por la cual, frente a la condena no puede atribuirse competencias que no le corresponden, máxime cuando es una persona jurídica distinta de aquella, sin que pueda asumir ningún tipo de responsabilidad frente a las obligaciones adquiridas

8 Por medio de la cual se declara la terminación del Damab, en la cual se estableció que la Dirección Distrital de Liquidaciones asumirá las situaciones jurídicas no definidas del Damab en liquidación. 9 «Por medio de la cual se acoge la administración de las situaciones jurídicas no definidas del extinto Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla», en el que dispuso que las actividades post -liquidatorias serían asumidas por la Dirección Distrital de Liquidaciones. 10 Folios 361 a 364. 11 Folios 368 a 374.6

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00557-01 (0512-2021) Demandante: Rita Isabel Navarro González por la entidad intervenida.

• En todo caso, el Damab realizó la liquidación final de cada anualidad con la inclusión de todos los factores salariales a que había lugar, entre ellos, las del 2009 al 2012 , por medio d e los correspondientes actos administrativos que le fueron notificados a la demandante.

• Por ende, si consideraba que existió una omisión por parte de la entidad empleadora al no incluir en s u liquidación el 35% del salario por concepto de bonificación por año de servicios prestados, debió efectuar las respectivas reclamaciones ante la administración, una vez le fueran notificadas.

• En tal virtud, se configuró la ca ducidad de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentado, en tanto debió demandar los actos

reclamaciones ante la administración, una vez le fueran notificadas.

• En tal virtud, se configuró la ca ducidad de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentado, en tanto debió demandar los actos administrativos de liquidación anual de las prestaciones sociales dentro del término de 4 meses siguien tes a su notificación, lo cual no efectuó , ya que en el presente asunto solo es objeto de control la decisión que le negó la petición de inclusión del señalado emolumento.

• Se encuentra de acuerdo con la declaratoria del medio exceptivo de la prescripción, toda vez que la reclamación por el lapso del 2009 a 2012, se elevó hasta el 2016, y en caso de acogerse la tesis de la demandante sobre «la suspensión de la bonificación por año de servicios desde el 2009 al 2012, en virtud de la Circular 0034 de noviembre 14 de 2008», no solo se prueba el principio de la buena fe para la exoneración de la sanción moratoria solicitada, sino que operó la prescripción.

• Lo anterior, porque si el derecho reclamado se hizo exigible con la expedición de la Resolución 103 del 25 de enero del 2013, la petición debía presentarse antes del 25 de enero del 2016, pero se reitera, solo se realizó después del vencimiento de ese plazo y la demanda se pre sentó el 9 de junio de 2016. Aunado a ello, debió demandarse el acto administrativo citado en precedencia, por cuanto fue por medio de este que se reconoció el emolumento pretendido.

1.5. Alegatos de segunda instancia

1.5.1. Parte demandante

demandarse el acto administrativo citado en precedencia, por cuanto fue por medio de este que se reconoció el emolumento pretendido.

1.5. Alegatos de segunda instancia

1.5.1. Parte demandante

Se reafirmó en lo expuesto en el recurso de apelación12 y agregó que conforme al artículo 9 del Decreto 4150 del 10 de diciembre de 2004, la bonificación por servicios prestados, de la que son destinatarios los empleados públicos del orden

12 Índice 13 de SAMAI.7

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00557-01 (0512-2021) Demandante: Rita Isabel Navarro González nacional, también le es aplicable a los del orden territorial, por virtud del señalado artículo 1 del Decreto 1919 del 2002.

1.5.2. Parte demandada – Distrito de Barranquilla

Indicó que , en caso de una eventual condena, se debe imponer a la Dirección Distrital de Liquidaciones, tal como lo determinó el a quo, ya que l a intención de Rita Isabel Navarro González fue la de demandar solo al Damab, pues en la conciliación prejudicial no se convocó a la entidad que representa13.

1.6. El Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal14.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:

• ¿La proposición jurídica planteada por la demandante permit e emitir un pronunciamiento de fondo? y en tal virtud, ¿se configuró la caducidad respecto del acto o los actos definitivos que deban ser controvertidos?

• ¿La proposición jurídica planteada por la demandante permit e emitir un pronunciamiento de fondo? y en tal virtud, ¿se configuró la caducidad respecto del acto o los actos definitivos que deban ser controvertidos?

• ¿Rita Isabel Navarro González, en calidad de empleada pública de la Rama Ejecutiva del orden territorial, tiene derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales causadas durante el 2009 y el 2012 con la inclusión de la bonificación por servicios prestados?

En caso afirmativo, se deberá analizar lo siguiente:

• ¿Rita Isabel Navarro González tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria con ocasión del pago incompleto del auxilio de cesantías, porque en su liquidación no se tuvo en cuenta la bonificación por servicios prestados?

• ¿Se configuró la excepción de prescripción de los derechos prestacionales en razón a que solo fueron reclamados hasta el 24 de agosto de 2015?

13 Índice 14 de Samai. 14 Según el informe de la Secretaría de la Sección Segunda del 24 de agosto de 2021, que obra a folio 449 del expediente.8

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00557-01 (0512-2021) Demandante: Rita Isabel Navarro González - ¿La Dirección Distrital de Liquidaciones es la entidad que debe cumplir la condena al pago de lo reclamado?

La Subsección resolverá en primer lugar, el problema jurídico relacionado con la proposición jurídica y la caducidad, toda vez que este último constituye un presupuesto del medio de control, por lo que superado este, procederá a resolver el atinente al derecho reclamado, esto es, si hay lugar al reconocimiento de la

proposición jurídica y la caducidad, toda vez que este último constituye un presupuesto del medio de control, por lo que superado este, procederá a resolver el atinente al derecho reclamado, esto es, si hay lugar al reconocimiento de la bonificación por servicios prestados como factor salarial para la liquidación de sus prestaciones sociales en las vigencias señaladas y el pago de la sanción moratoria.

2.2.1. De los actos administrativos susceptibles de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo

El artículo 104 del CPACA dispone lo siguiente:

«La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos , contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo , en los que estén involucradas las entida des públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.»

De acuerdo con la norma transcrita, dentro del objeto de control de esta jurisdicción se encuentran los actos administrativos definitivos que de conformidad con el artículo 43 ibidem, «[...] decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación».

Ahora, un acto administrativo subjetivo o acto definitivo particular, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado15 es aquel en el cual confluye, de manera general, los siguientes elementos: la manifestación unilateral de la voluntad, en ejercicio de función administrativa, que modifica, crea o extingue una situación jurídica, es decir, que produce efectos jurídicos, los cuales se identifican como los elementos esenciales para la existencia del acto administrativo.

ejercicio de función administrativa, que modifica, crea o extingue una situación jurídica, es decir, que produce efectos jurídicos, los cuales se identifican como los elementos esenciales para la existencia del acto administrativo.

De acuerdo con lo anterior, son susceptibles de control de legalidad por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los actos de la administración producto

15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 22 de enero de 1988, radicación: 0549. Sección Cuarta, providencia del 4 de abril de 1986, radicación 0001. Sección Tercera, sentencia del 10 de febrero de 2000, expediente AC-9407 y sentencia del 4 de julio de 2002, radicado 73001-23-31-000-1999-933301 (19333). Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2020, radicación: 25000 -2342-000-2017-06031-01(5554-18).9

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00557-01 (0512-2021) Demandante: Rita Isabel Navarro González de la conclusión de un procedimiento administrativo o que ha gan imposible la continuación de esa actuación.

2.2.2. De la caducidad del medio de control

Se configura cuando el término establecido en la ley para ejercer el correspondiente medio de control ha vencido. En la jurisdicción de lo contencioso adminis trativo, el CAPACA previó en el artículo 164, literal d), que «[c]uando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro

CAPACA previó en el artículo 164, literal d), que «[c]uando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales».

Este término es susceptible de suspensión, en virtud de la Ley 640 de 2001 –vigente hasta el 30 de diciembre de 2022-16, por «[l]a presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador», hasta que ocurra el primero de los siguientes eventos:

1. se logre el acuerdo conciliatorio; ii) el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley; iii) se expidan las constancias señaladas en el artículo 2 de la citada ley; o iv) se venza el término de tres meses previsto en el artículo 20 ibidem, dentro del cual debe surtirse la conciliación, contados a partir de la presentación de la solicitud.

2.2.3 Resolución del primer problema jurídico

En el presente caso, la entidad apelante manifiesta que los actos administrativos que debió demandar Rita Isabel Navarro González son aquellos por medio de los cuales el Damab efectuó la liquidación anual de las prestaciones sociales en 2009 a 2012, dentro del término de 4 meses siguientes a su notificación, por lo que, en razón a su vencimiento, se configuró la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Al respecto, la Sala de Subsección observa que, si bien se menciona la existencia

razón a su vencimiento, se configuró la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Al respecto, la Sala de Subsección observa que, si bien se menciona la existencia de dichos actos de liquidación anual de las prestaciones sociales en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación, lo cierto es que no se aportaron ni se acreditó en modo alguno su existencia dentro del proceso.

16 Cuando fue derogada por la Ley 2220 de 2022, «por medio de la cual se expide el estatuto de conciliación y se dictan otras disposiciones», publicada en el Diario Oficial 52.081 de 30 de junio de

2022. Rige a partir del 30 de diciembre de 2022.10

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00557-01 (0512-2021) Demandante: Rita Isabel Navarro González Ahora bien, en el expediente se encuentra demostrado que fue en virtud de la Resolución 0103 del 25 de enero de 2013, que se reconoció el pago por concep to de bonificación por servicios prestados a los funcionarios del Damab y, en

consecuencia, se efectuó el pago así:

Vigencia Fecha de pago Comprobante Valor 2009 24 de enero de 2013 TRF-07-035 $1.007.848.00 2010 7 de febrero de 2013 TRF-07-085 $1.043.123.00 2011 18 de febrero de 2014 02-1423 $1.084.847.00 2012 16 de septiembre de 2013 02-839 $1.682.167.00

A partir del acto administrativo citado en precedencia fue que la deman dante

2011 18 de febrero de 2014 02-1423 $1.084.847.00 2012 16 de septiembre de 2013 02-839 $1.682.167.00

A partir del acto administrativo citado en precedencia fue que la deman dante consideró que debía tenerse en cuenta como factor salarial a efectos de la liquidación de todas sus prestaciones sociales y en ese sentido elevó la reclamación al Damab el 24 de agosto del 201517.

Esta petición fue denegada por medio del oficio del 14 de octubre de 2015 expedido por la directora general del Damab, en el que indicó que no le adeuda suma de dinero alguna por ningún concepto, en la medida en que le fu eron pagados en su totalidad dichas prestaciones con la inclusión de todos los factores salariales a que había lugar y tampoco se generó la sanción moratoria pretendida. En este acto administrativo no se indicó la procedencia de recurso alguno y dado que fue proferido por la autoridad de mayor jerarquía se tiene que solo procedía el de reposición que en los términos del artículo 74 del CPACA no era obligatorio.

Así las cosas, se establece que el oficio del 14 de octubre del 2015 fue la decisión que le negó la inclusión del factor salarial de la bonificación por servicios prestados, en tanto decidió directamente el asunto e hizo imposible continuar el procedimiento administrativo, de modo que es el acto definitivo susceptible de s er controvertido ante esta jurisdicción, el cual fue demandado por la titular al considerarse lesionada en un derecho subjetivo amparado por las normas descritas en el concepto de violación.

Por lo anterior, el análisis de la caducidad debe realizarse frente al oficio del 14 de

en un derecho subjetivo amparado por las normas descritas en el concepto de violación.

Por lo anterior, el análisis de la caducidad debe realizarse frente al oficio del 14 de octubre de 2015 . Dicho acto fue notificado personalmente a Rita Isabel Navarro González el 19 de noviembre de 201518, por ende, en principio tenía hasta el 28 de

17 Folios 10 y 11. 18 Según se observa a folio 13.11

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00557-01 (0512-2021) Demandante: Rita Isabel Navarro González marzo del 201619, para presentar la demanda; sin embargo, presentó la solicitud de conciliación extrajudicial el viernes 18 de marzo de 2016 , por lo que se suspendió el término -cuando le faltaban 4 días hábiles -, hasta el 8 de junio del mismo año, cuando el procurador 117 judicial II para asuntos administrativos de Barranquilla expidió la constancia en la que se declaró fallida la diligencia20.

Al día siguiente reinició el término de caducidad y la demanda se presentó al día siguiente, esto es el 9 de junio de 201621, esto es dentro de la oportunidad legal, de modo que este cargo formulado por la Dirección Distrital de Liquidaciones no prospera.

2.3 La bonificación por servicios prestados

El Decreto Ley 1042 de 197822 creó la bonificación por servicios para los empleados públicos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, así:

«Artículo 45. A partir de la expedición de este decreto créase una bonificación por

públicos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, así:

«Artículo 45. A partir de la expedición de este decreto créase una bonificación por servicios prestados para los funcionarios a que se refiere el artículo 1º.

Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año continuo de labor en una misma entidad oficial. Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de los enumerados en el artículo 1.º de este decreto, el tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación, siempre que no haya solución de continuidad en el servicio. Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles.

La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación básica y no será acumulativa.»

«Artículo 46. De la cuantía de la bonificación por servicios prestados. La bonificación por servicios prestados a que tienen derecho los empleados que trabajan en las entidades a que se refiere el artículo 1.º de este decreto, será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la asignación básica, los incrementos por antigüedad y los gastos de representación que correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, siempre que no devengue una remuneración

19 Debido a que el 20 de marzo de 2016 era día no hábil y el día hábil siguiente (por Semana Santa) fue el 28 de ese mes. 20 Que obra a folio 17 del expediente.

19 Debido a que el 20 de marzo de 2016 era día no hábil y el día hábil siguiente (por Semana Santa) fue el 28 de ese mes. 20 Que obra a folio 17 del expediente. 21 Según el acta de reparto de esa fecha, que obra a folio 136 del expediente. 22 «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones».12

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00557-01 (0512-2021) Demandante: Rita Isabel Navarro González mensual por c