CE - 012333000201600591011SENTENCIA20231201124701

Radicado: 05001233300020160059101(0645-2021)

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 05001233300020160059101 (0645-2021)

Demandante: Natalia Guirales Pulgarín

Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial

Tema: Remuneración abogado asesor de Tribunal Judicial . Aplicación de la Sentencia de Unificación de 2 de noviembre de 2023.

MODIFICA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

La Sala decide los recursos de apelación interpuesto s por ambas partes contra la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Natalia Guirales Pulgarín instauró demanda en contra de la NaciónRama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se i naplique el acuerdo de creación de las medidas de descongestión del consejo Superior de la Judicatura en lo que se refiere a la creación del cargo denominado abogado asesor, grado 23 en los despachos de descongestión y permanentes del Tribunal administrati vo de Antioquia, así como el acuerdo que lo creó permanentemente.

Que se declare la nulidad de la Resolución DESAJMR14-4937 del 7 de octubre de 2014, y el acto administrativo ficto que resolvió el recurso de apelación , mediante2

Radicado: 05001233300020160059101(0645-2021) los cuales se negó la solicitud de cancelar las diferencias salariales entre el empleo que el Consejo Superior denominó “abogado asesor , grado 23 ” y el de abogado asesor, sin grado.

A título de restablecimiento del derecho , se reconozca que la demandante ha ejercido el cargo de abogado asesor sin grado desde su posesión.

Que la Dirección Seccional proceda a cancelar la diferencia salarial y prestacional entre lo que ha percibido la demandante de acuerdo al salario fijado para el cargo de “abogado asesor, grado 23” con respecto a lo que debió haber percibido, según el salario establecido para el cargo de abogado asesor, sin grado ; desde que la actora ha ejercido el cargo hasta la fecha de la sentencia.

Que, desde la sentencia que ponga fin al proceso y en adelante, se ordene al

el salario establecido para el cargo de abogado asesor, sin grado ; desde que la actora ha ejercido el cargo hasta la fecha de la sentencia.

Que, desde la sentencia que ponga fin al proceso y en adelante, se ordene al Consejo Superior de la Judicatura que expida el acuerdo en el que se indique que el cargo de abogado asesor adscrito a la planta de cargos permanente del Tribunal Administrativo no tiene asignación de grado alguno; con las implicaciones salariales y prestacionales que ello tiene.

Que se condene en costas y agencias en derecho a la demandada.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que, la actora ocupa el cargo de abogado asesor, grado 23 desde el 17 de diciembre de 2011 hasta la fecha de presentación de la demanda; cargo creado por descongestión mediante acuerdo PSAA11-8419 del 1 de agosto de 2011 y luego, como permanente por el acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015.

Que, el cargo de abogado asesor ya se encontraba contemplado en el artículo 3 del Decreto 57 de 1993 por lo que el Consejo Superior al momento de crearlos carecía de la facultad para determinarle un grado y así establecer un salario diferente, pues la determinación del grado (que es lo ilegal) implica fijar diferentes escalas de salario para lo cual no era competente, pues eso corresponde es al presidente de la República.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 11 de abril de 2016 y notificada a la entidad accionada, quien solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda,

República.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 11 de abril de 2016 y notificada a la entidad accionada, quien solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, expresando que con base en las facultades otorgadas en el artículo 53 de la Ley 270 de 1996, av aladas por la Corte Constitucional, la Sala Administrativa del3

Radicado: 05001233300020160059101(0645-2021) Consejo Superior de la Judicatura, ha creado cargos de descongestión que son de carácter transitorio y ha determinado sus funciones y los requisitos para su desempeño, medida adoptada en desarrollo del plan nacional de descongestión.

Que, las condiciones del cargo estaban dadas desde un comienzo y la actora las aceptó al momento de su posesión ; y, no se atenta contra el principio de igualdad porque es facultativo del Consejo Superior conforme a la demanda de justicia.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia proferida el once (11) de diciembre de dos mil diecinueve ( 2019), accedió a las pretensiones de la demanda, expresando que , en virtud de la creación del Consejo Superior de la Judicatura mediante la Constitución, fue expedida la Ley 270 de 1996 a través de la cual le implementaron otras funciones al Consejo.

Que, sin embargo, de conformidad con el artículo 150 de la Constitución numeral 19 literal e y la Ley 4 de 1992, es al Gobierno Nacional a quien le corresponde fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico.

el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico.

Que, el Gobierno tanto en el Decreto 1039 de 2011 como en los Decreto 784 de 2012 y 1024 de 2013, estableció en el artículo 4 numeral 2 la remuneración mensual para el cargo de abogado asesor estando entonces el mismo nominado y no siéndole aplicable, por tanto, la remuneración subsidiaria por grados que estableció el artículo 6 de todos esos decretos.

Que, el Consejo Superior de la Judicatura excedió las facultades dadas tanto en la Constitución como en la Ley estatutaria pues el único competente par a fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial es el Gobierno Nacional, el cual a través de todos los decretos emitidos año a año reguló de forma clara la remuneración mensual que tendrían las personas que ocuparon el cargo de abogado asesor sin grado y por tanto, no debió la demandada darle un grado a tal cargo cuando por el Gobierno no fue otorgado y en ese orden de ideas modificar arbitrariamente la asignación mensual que corresponde.

Que, si bien es el Consejo Superior a quien le corresponde crear cargos, determinar la planta de personal de la Rama Judicial y su estructura, no le corresponde fijar la escala salarial de ningún servidor público.

Que, es procedente la inaplicación por inconstitucionalidad de los Acuerdos PSAA11-8419 del 1 de agosto de 2011 y el PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, por lo que se concluye4

PSAA11-8419 del 1 de agosto de 2011 y el PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, por lo que se concluye4

Radicado: 05001233300020160059101(0645-2021) que los actos administrativos que se expidieron con sustento en él, carecen de soporte jurídico, por lo que, declaró su nulidad.

A título de restablecimiento del derecho, condenó a la entidad demandada a reconocer, liquidar y pagar a la actora el valor correspondiente a las diferencias salariales existentes entre lo que fue cancelado como abogada asesora de Tribunal Judicial grado 23 y el salario fijado a los abogados ases ores de Tribunal, de conformidad con los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, a partir del 19 de diciembre de 2011 hasta la fecha de la sentencia.

Que, en materia pensional deberán hacerse los aportes por todo el tiempo en que se reconocerán las diferencias salariales y prestacionales; que respecto a la salud, se deberá realizar el descuento sobre las diferencias que se ordene reconocer y pagar en favor de la demandante y en adelante. Además, deberán realizarse todos los descuentos de ley.

Que, frente a la pretensión de ordenarle al Consejo Superior que expida un acuerdo en el que se indique en forma expresa que el cargo de abogado asesor adscrito a la planta de cargos del Tribunal Administrativo no tiene asignación de grado alguno, consideró que no fue solicitado dentro de la petición que dio origen a los actos administrativos demandados, por lo que no emitió pronunciamiento alguno.

EL RECURSO DE APELACIÓN

Inconformes con las decisiones tomadas, las partes interpusieron recurso de

administrativos demandados, por lo que no emitió pronunciamiento alguno.

EL RECURSO DE APELACIÓN

Inconformes con las decisiones tomadas, las partes interpusieron recurso de apelación.

Parte demandante.

Manifiesta que pese a estar completamente de acuerdo con los argumentos de la sentencia, presenta inconformidad con el numeral 3 de la parte resolutiva de la misma porque el Despacho limitó el reconocimiento, liquidación y pago hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, desconociendo lo solicitado en la pretensión sexta de la demanda.

Que, la petición fue radicada el 3 de octubre de 2014, fecha para la cual no se había expedido el acuerdo N° PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 por el cual se creó como permanente el cargo. Que fue con base en el Acuerdo PSAA15 -10402 que el 7 de marzo de 2016 presentó la demanda modificando incluso las pretensiones respecto de las presentadas en la conciliación.

Que al fin lo que se ha pretendido, aun con diferentes redacciones por la expedición del nuevo acuerdo, es que , una vez expedida la sentencia, en adelante se5

Radicado: 05001233300020160059101(0645-2021) reconozca el salario y las prestaciones propias del cargo de abogado asesor nominado pues no tendría sentido que la judicatura declare la falta de competencia de la entidad para asignarle un grado a un cargo previamente nominado que surta efectos hasta la sentencia y que luego se le siga reconociendo el salario y prestaciones propios del cargo de abogado asesor grado 23.

La parte demandada.

de la entidad para asignarle un grado a un cargo previamente nominado que surta efectos hasta la sentencia y que luego se le siga reconociendo el salario y prestaciones propios del cargo de abogado asesor grado 23.

La parte demandada.

Solicita que se revoque la sentencia pues en el presente asunto no se observan razones de fondo que evidencien que el acto demandado viole la Constitución y la Ley para que el mismo fuese inaplicado.

Que, la única limitante que se ha impuesto a la entidad para la creación de cargos en descongestión es que no podrá establecer a cargo del tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales, en consecuencia , no es posible acceder a la nivela ción solicitada por cuanto las condiciones del cargo fueron dadas desde el principio y la demandante aceptó al momento de su posesión.

Que, no se afecta el principio de igualdad toda vez que es facultativo del Consejo Superior en cada distrito crear y estructurar cargos dentro de los despachos judiciales.

Que, por consiguiente, los actos demandados conservan la presunción de legalidad, pues no logra desvirtuarse que los que le sirvieron de fund amento en la creación del cargo sean contradictorios con la Constitución y la Ley, de allí que la entidad no estuviera obligada a aplicar la excepción de inconstitucionalidad.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Por auto del veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021), se admitieron los recursos de apelación y a través del auto del seis (6) de julio del mismo año se

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Por auto del veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021), se admitieron los recursos de apelación y a través del auto del seis (6) de julio del mismo año se ordenó la presentación de los alegatos por escrito en el término de 10 días y, vencido este término se fijaron 10 días para el agente del Ministerio Público.

La parte demandante guardó silencio en esta etapa procesal.

La parte demandada reiteró los argumentos dados durante todo el proceso en el sentido de considerar que no se logró demostrar que los actos demandados carecen de l egalidad, máxime cuando la accionante venía desempeñando un cargo en descongestión que fue creado como una medida de carácter transitorio para atender los problemas de congestión por la Sala Administrativa dentro de sus facultades legales, quien dentro de sus competencias tiene la de crear, suprimir , fusionar y6

Radicado: 05001233300020160059101(0645-2021) trasladar cargos en la administración de justicia.

Que esa competencia otorgada en forma directa por el constituyente fue reiterada y desarrollada por el legislador en la Ley 270 de 1996 y la única limitación para la creación de cargos de descongestión es que no podrá establecer a cargo del tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El señor Agente del Ministerio Público no presentó concepto dentro del presente proceso.

CONSIDERACIONES

La Subsección deberá resolver si el Consejo Superior de la Judicatura desbordó sus

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El señor Agente del Ministerio Público no presentó concepto dentro del presente proceso.

CONSIDERACIONES

La Subsección deberá resolver si el Consejo Superior de la Judicatura desbordó sus facultades legales, al fijarle el grado 23 al cargo de “abogado asesor” de Tribunal y asignarle una remuneración salarial y prestacional diferente a la establecida por el Gobierno Nacional, para el cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial.

Además, deberá determinarse si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales por concepto de la aplicación de la escala salarial señalada para el cargo de “abogado asesor” de Tribunal Judicial en los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018, así como los que lo modifiquen o sustituyan; y si a partir del 1.º de julio de 2022 debe continuar su remuneración como abogado asesor de tribunal.

Marco normativo y jurisprudencial

Para la resolución de los aspectos en controversia del caso, se dará aplicación a la Sentencia de Unificación SUJ-033-CE-S2-2023, del 2 de noviembre de 20231, en la cual la Sección Segunda del Consejo de Estado, fijó las pautas que en adelante se deben considerar en torno a los casos que por aspectos fácticos y jurídicos se enmarquen en iguales o similares circunstancias a las descritas en ese asunto.

deben considerar en torno a los casos que por aspectos fácticos y jurídicos se enmarquen en iguales o similares circunstancias a las descritas en ese asunto.

Debe resaltarse que en dicha sentencia se precisó que “las consideraciones expuestas en esta providencia en relación con el tema objeto de unificación constituye precedente vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión, tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son retrospectivos”.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 2 de noviembre de 2023. Expediente 08001 -23-33-000-2018-00529-01 (3071 -2019). Demandante: Orlando José Jiménez Cerra. Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.7

Radicado: 05001233300020160059101(0645-2021) La siguiente fue la regla de unificación fijada en la referida sentencia:

«UNIFICAR la jurisprudencia en el sentido de señalar que “El Consejo Superior de la Judicatura carece de competencia para asignar a los cargos nominados2, grados, códigos y remuneración diferentes a los previstos en el Decreto 57 de 1993 y demás decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional en los que se regule el régimen salarial y prestacional de los empleados de la rama judicial. Esta potestad corresponde al presidente de la República en desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de

empleados de la rama judicial. Esta potestad corresponde al presidente de la República en desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de los Tribunales Administrativos, es la fijada para el «abogado asesor» en los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional sobre la materia”».

La providencia en cita destacó que corresponde al Gobierno Nacional fijar anualmente el régimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial y, al Consejo Superior de la Judicatura le atañe crear los cargos y realizar las incorporaciones a las plantas de personal, en ejercicio de las competencias que le otorga tanto la Constitución Política como la Ley 270 de 1996.

En este punto, la Sentencia de Unificación estableció:

“127. Lo dicho conduce a afirmar que el simple hecho de agregar “grado 23” al cargo de “abogado asesor” no hace desaparecer del universo jurídico que la denominación del cargo para su remuneración salarial -entendida como “el nombre indicativo de la función”3 ya había sido contemplada en el artículo 4.° de los Decretos dictados por el Gobierno Nacional 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, el cual, como se vio, establece una escala gradual principal de remuneración para los cargos allí relacionados y por cuanto la dada en el artículo 6.° es supletoria, comoquiera que se aplica a aquellos cargos “no contemplados en los artículos anteriores”4.

128. En este caso en modo alguno se discute la facultad del Consejo Superior de la Judicatura para crear cargos en la Rama Judicial al tenor de las

aquellos cargos “no contemplados en los artículos anteriores”4.

128. En este caso en modo alguno se discute la facultad del Consejo Superior de la Judicatura para crear cargos en la Rama Judicial al tenor de las facultades dadas por la Ley 270 de 1996; sin embargo, es evidente que, con su actuar, la entidad demandada entró en claro desconocimiento de:

(i) Las facultades dadas al presidente de la República en la Ley 4ª de 1992, al agregarle el aparte “grado 23” al cargo denominado “abogado asesor”, toda vez que su consecuencia directa e inmediata fue afectar negativamente la remuneración salarial y prestacional del demandante al ignorar las pautas dadas en los Decretos presidenciales 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, que ya habían señalado cómo debían remunerarse los cargos de “abogado asesor”.

2 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia numérica. 3 Tal como lo señaló el mismo Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA12-9663 de 28 de agosto de 2012. 4 Negrilla y subrayas de la Sala.8

Radicado: 05001233300020160059101(0645-2021)

(ii) El límite competencial del Consejo Su perior de la Judicatura dado en el artículo 2575 de la Ley 270 de 1996. (iii) Los derechos salariales y prestacionales del demandante, al desconocer el salario que le correspondía al tenor de los decretos anuales expedidos por el presidente de la República, el cual, como se vio en los acápites

(iii) Los derechos salariales y prestacionales del demandante, al desconocer el salario que le correspondía al tenor de los decretos anuales expedidos por el presidente de la República, el cual, como se vio en los acápites anteriores, constituye un elemento esencial del derecho al trabajo y a percibir la remuneración que en derecho corresponde por la labor desempeñada.

(…)

130. De acuerdo con las pautas indicadas no puede mantenerse la legalidad de los actos demandados aceptando la interpretación dada por el Consejo Superior de la Judicatura, según la cual, al agregar “grado 23” al cargo de “abogado asesor” creó una categoría especial de empleo no regulada por el artículo 4.° de los decretos salariales anuales, con lo cual, debía remunerar ese empleo con la escala del artículo 6.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, y 194 de 2014.

131. Ese razonamiento desconoció que el cargo ya se encontraba dentro del listado de los nominados6 en los Decretos expedidos por el presidente de la República en uso de las competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, lo que generó que la labor del accionante, fuese remunerada con un salario inferior al que realmente le correspo nde, situación que desconoce los cánones constitucionales y legales que regulan las competencias otorgadas al presidente de la República para determinar el régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial, así como las mismas competencias del Consejo Superior de la Judicatura y, por ende, los derechos salariales y prestacionales del señor

Orlando José Jiménez Cerra.

(…)

de la Rama Judicial, así como las mismas competencias del Consejo Superior de la Judicatura y, por ende, los derechos salariales y prestacionales del señor Orlando José Jiménez Cerra.

(…)

133. En ese orden se concluye que si bien el Consejo Superior de la Judicatura cuenta con la facultad para crear cargos en la Rama Jud icial en atención al artículo 257 7 de la Ley 270 de 1996, no obstante, no puede desconocer las facultades dadas al presidente de la República en la Ley 4ª de 1992 y con ello las pautas dadas en los Decretos presidenciales 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, que ya habían señalado cómo debían remunerarse los cargos de “abogado asesor”.

5 63 “ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones: […]

2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales. […]”. 6 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia numérica. 7 “ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones:

1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.

2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta

1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.

2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obli gaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

[…]”.9

Radicado: 05001233300020160059101(0645-2021)

134. En este entendido, la remuneración de los cargos cuya denominación se encuentre expresamente establecida en los decretos anuales que fijan el régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial, debe atender a las escalas salariales allí señaladas. Frente a los mismos es ilegal, tanto asignarles grados o códigos adicionales, como establecerles otro tipo de remuneración diferente, toda vez que ello va en contra del artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política que autorizó al Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, siempre y cuando se sujetara a los objetivos y criterios establecidos por el legislativo, que en este caso corresponde a la Ley 4 de 19928, a través de la cual se fijaron los criterios a los que debe ceñirse el Gobierno Nacional al determinar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, entre ellos, a los de la Rama Judicial”.

Concluyó que la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de Tribunales Administrativos, se encuentra dentro del listado de los cargos nominados9 en los Decretos expedidos por el presidente de la República en uso de

Concluyó que la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de Tribunales Administrativos, se encuentra dentro del listado de los cargos nominados9 en los Decretos expedidos por el presidente de la República en uso de las competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, por lo que su labor debe remunerarse de acuerdo con el artículo 4.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, sin que sea aceptable que el Consejo Superior de la Judicatura pueda variar la denominación contemplada en el artículo 3.º, numeral 2.° del Decreto 57 de 1993, lo cual resulta ilegal e inconstitucional, pues al agregar el “grado 23” al cargo denominado “abogado asesor”, afectó negativamente la remuneración salarial y prestacional del mismo.

Se refirió también a la modificación de la denominación del cargo de “abogado asesor grado 23” por la de “profesional especializado grado 23”, mencionando que el Consejo Superior de la Judicatura dictó el Acuerdo PCSJA22 – 11968 del 30 de junio de 2022, por el cual modificó la denominación del cargo de “abogado asesor grado 23” por la de “profesional especializado grado 23” y que, toda vez que las órdenes impartidas e n primera instancia comprendió el pago de diferencias salariales y prestacionales que se lleguen a causar mientras que el demandante se desempeñe como abogado asesor de tribunal, debe verificarse los efectos que generó la modificación en cuanto a la determ inación del salario y las prestaciones sociales correspondientes a quienes venían desempeñándose como “abogado asesor” de tribunal.

generó la modificación en cuanto a la determ inación del salario y las prestaciones sociales correspondientes a quienes venían desempeñándose como “abogado asesor” de tribunal.

Para el efecto, consideró que:

8 “[M]ediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”. 9 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia numérica.10

Radicado: 05001233300020160059101(0645-2021) “151. Así las cosas, comoquiera que se mantuvieron los requisitos del cargo, las mismas funciones y responsabilidades, se colige que el objetivo fue meramente económico al tratar de mantener la remuneración del citado cargo con la escala salarial del grado 23 y así sustraerlo de la aplicación del artículo 4.° de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional frente a la remuneración del cargo de abogado asesor nominado10.

152. Tal decisión desconoce los innumerables pronunciamientos que ha emitido la jurisdicción contencioso administrativa frente a casos similares, donde ha establecido que los abogados asesores grado 23 de tribunal administrativo deben remunerarse con el salario del cargo de abogado asesor nominado11 en los términos de los decretos expe didos anualmente por el

Ejecutivo.

donde ha establecido que los abogados asesores grado 23 de tribunal administrativo deben remunerarse con el salario del cargo de abogado asesor nominado11 en los términos de los decretos expe didos anualmente por el Ejecutivo.

153. Además pretende soslayar los principios de “a trabajo igual salario igual” e irrenunciabilidad de los beneficios establecidos -artículos 25 y 53 de la Constitución Política – y el Pacto Internacional de Derechos Econ ómicos Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966,12 en cuanto consagra que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas”.

(…)

159. En efecto, la misma entidad indicó que no existía diferencia entre los cargos de abogado asesor grado 23 y profesional especializado grado 23, toda vez que (i) los requisitos para su ejercicio son los mismos, (ii) no ocurrió algún cambio en cuanto a las funciones que venían desempeñando los abogados asesores grado 23 y (iii) no se les asignó ningún tipo de responsabilidad adicional.

160. Tampoco se evidencia que se hayan establecido criterios de desempeño y evaluación que justifiquen la diferencia con lo que se colige que esta decisión del Co nsejo Superior de la Judicatura entra en clara contradicción con el principio de seguridad jurídica al desconocer los numerosos pronunciamientos de la jurisdicción en los que se ha ordenado, en casos similares, efectuar la remuneración de la labor de los “ abogados asesores grado 23” de Tribunal Administrativo de acuerdo con el cargo de “abogado asesor nominado”, en los términos de la escala salarial principal establecida

similares, efectuar la remuneración de la labor de los “ abogados asesores grado 23” de Tribunal Administrativo de acuerdo con el cargo de “abogado asesor nominado”, en los términos de la escala salar