CE - 012333000201600715011SENTENCIA20230424105920

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 13001-23-33-000-2016-00715-01 (3318-2021)

Demandante: Edilsa del Socorro Jiménez Ayala Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1

Tema: Reconocimiento pensión gracia docente oficial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demand ada contra la sentencia proferida el 29 de mayo de 2020 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Fija de Decisión 2, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del der echo, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, Edilsa del Socorro Jiménez Ayala presentó una demanda en orden a que se declare la nulidad de l as siguientes resoluciones i)

1 En lo que sigue UGPP.

Contencioso Administrativo 2, Edilsa del Socorro Jiménez Ayala presentó una demanda en orden a que se declare la nulidad de l as siguientes resoluciones i)

1 En lo que sigue UGPP. 2 En adelante CPACA, «(p)or medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».2

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00715-01 (3318-2021) Demandante: Edilsa del Socorro Jiménez Ayala RDP 7105 del 18 d e febrero de 2016, por medio de la cual la asesora grado 16 con asignación de funciones de subdirector de determinación de derechos pensionales de la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia; y ii) RDP 23531 del 24 de junio de 2016 , suscrita por el director de este ente de previsión, que confirmó el anterior acto administrativo al resolver el recurso de apelación interpuesto en su contra.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) declarar que tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia en cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de la asignación básica y demás factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional ; ii) ordenar el reaju ste y la indexación de las sumas adeudadas, así como el pago de los intereses a que haya lugar ; iii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 de l CPACA ; y iv) condenar en costas al ente de previsión demandado.

1.1.2. Fundamentos fácticos

cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 de l CPACA ; y iv) condenar en costas al ente de previsión demandado.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

• Edilsa del Socorro Jiménez Ayala nació el 20 de marzo de 1958 y laboró como docente en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina entre el 29 de marzo de 1978 y e l 16 de julio d e 1979 y en el distrito de Cartagena desde el 18 de mayo de 1994 al 8 de abril de 2016, esto es, por más de 20 años , periodo en el que se desempeñó con honradez, idoneidad y buena conducta.

• El 30 de noviembre de 2015, solicitó a la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia, la cual le fue negada a través de la Resolución RDP 7105 del 18 de febrero de 201 6, expedida por la asesora grado 16 con asignación de funciones de subdirector de determinación de derechos pensionales, acto administrativo que fue conf irmado por el director de3

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00715-01 (3318-2021) Demandante: Edilsa del Socorro Jiménez Ayala pensiones mediante la Resolución RDP 23531 del 24 de junio de 2016 al resolver el recurso de apelación interpuesto en su contra.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

pensiones mediante la Resolución RDP 23531 del 24 de junio de 2016 al resolver el recurso de apelación interpuesto en su contra.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6 , 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución Política ; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913 ; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 del Decreto 2277 de 1979; y 15 de la Ley 91 de 1989.

En cuanto al concepto de violación, se expusieron los siguientes argumentos3:

Los actos demandados desconocieron que , de acuerdo con las normas que regulan la pensión gracia -Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989 -, le asiste el derecho al reconocimiento de la prestación, toda vez que dem ostró el cumplimiento de los requisitos allí exigidos, pues cuenta con más de 50 años de edad y 20 años de labores como docente oficial con carácter nacionalizado al servicio del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y del Distrito de Cartagena, iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

1.2. Contestación de la demanda

La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación4:

La demandante no tiene derecho a la pensión gracia, pues no demostró 20 años de servicio en la docenc ia oficial con carácter territorial o nacionalizado, pues los tiempos laborados a partir de 1994 fueron servidos bajo la dependencia de autoridad nacional, tiempo que no puede ser

años de servicio en la docenc ia oficial con carácter territorial o nacionalizado, pues los tiempos laborados a partir de 1994 fueron servidos bajo la dependencia de autoridad nacional, tiempo que no puede ser computado para efectos de obtener la prestación.

3 SAMAI, índice 2, documento ED_ACTUACIONE_01CCPRINCIPAL(.PDF)NroActua2, folios 3 a 8. 4 SAMAI, índice 2, documento ED_ACTUACIONE_01CCPRINCIPAL(.PDF)NroActua2, folios 75 a 84.4

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00715-01 (3318-2021) Demandante: Edilsa del Socorro Jiménez Ayala 1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Fija de Decisión 2 , mediante sentencia proferida el 29 de mayo de 2020 , accedió a las pretensiones de la demanda , para lo cual declaró la nulidad de los actos acusados y, en consecuencia, ordenó a la UGPP recono cer a la demandante la pensión gracia en cuantía del 75% del promedio mensual de todos los conceptos legales devengados en el último año anterior a la adquisición del estatus pensional, a partir del 1 .º de octubre de 2013. Dispuso, asimismo, el ajuste de l as sumas de dinero que resulten de conformidad con el artículo 187 del CPACA y el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 ibidem; y que no operó el fenómeno jurídico de la prescripción y la procedencia de la condena en costas a la parte vencida.

de los artículos 192 y 195 ibidem; y que no operó el fenómeno jurídico de la prescripción y la procedencia de la condena en costas a la parte vencida.

Para tal efecto, se pronunció en estos términos5:

• Luego de analizar la normativa y jurisprudencia aplicable al asunto, así como la situación fáctica expuesta, la demandante cumple con los requisitos exigidos por la norma para el rec onocimiento y pago de la pensión gracia, habida cuenta que demuestra más de 50 años de edad, se vinculó como docente oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, acredita un tiempo superior a 20 años de labores como maestra de carácter nacionalizado y territorial y su desempeño fue con honradez y decoro.

• Lo anterior, en consideración a que nació el 2 0 de marzo de 195 8, de manera que cumplió la edad de 50 años el 20 de marzo de 2008 , y se desempeñó como docente de carácter nacionalizado y territoria l al servicio del departamento de San Andrés y Providencia entre el 29 de marzo de 1978 y el 16 de julio de 1979 y del Distrito de Cartagena del 18 de mayo de 1994 al 23 de abril de 2019, nombramientos que fueron efectuados por el secretario de educación y el alcalde de estos entes territoriales ,

5 SAMAI, índice 2, documento ED_ACTUACIONE_01CCPRINCIPAL(.PDF)NroActua2, folios 192 a 207.5

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00715-01 (3318-2021)

Demandante: Edilsa del Socorro Jiménez Ayala

207.5

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00715-01 (3318-2021) Demandante: Edilsa del Socorro Jiménez Ayala respectivamente. Aunado a ello, no figura dentro del plenario prueba alguna que desvirtué que su desempeño fue con honradez y consagración.

• Entre la fecha de causación del derecho y la reclamación administrativa n o transcurrieron más de 3 años, como tampoco entre la solicitud y la presentación de la demanda . Por lo tanto, no se configuró el fenómeno jurídico de la prescripción, en atención a lo dispuesto en los artículos 41 y 102 de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, respectivamente.

• Hay lugar a la condena en costas al ente de previsión demandado, en la medida de su comprobación, e n consideración a las previsiones de los artículos 188 del CPACA, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 de Código General del Proceso6.

1.4. El recurso de apelación

La UGPP interpuso recurso de apelación7 y lo sustentó así:

• La sentencia proferida por el a quo desconoció que Edilsa del Socorro Jiménez Ayala incumple con los requisitos exigidos por las normas que regulan la prestación para su concesión, dentro de las que se encuentran las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989, dado que no registró experiencia como docente oficial con carácter territorial o nacionalizado por 20 años, pues los tiempos servidos a partir de 1994 fueron de carácter nacional.

• La entidad ha obrado con honorabilidad procesal sin realizar actos dilatorios

como docente oficial con carácter territorial o nacionalizado por 20 años, pues los tiempos servidos a partir de 1994 fueron de carácter nacional.

• La entidad ha obrado con honorabilidad procesal sin realizar actos dilatorios o temerarios y por ello no debió condenarse en costas.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

6 En lo sucesivo CGP, «(p)or medio del cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones». 7 SAMAI, índice 2, documento ED_ACTUACIONE_01CCPRINCIPAL(.PDF)NroActua2, fo lios 219 a 228.6

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00715-01 (3318-2021)

Demandante: Edilsa del Socorro Jiménez Ayala

La UGPP presentó alegatos en los q ue señaló que los tiempos laborados por la actora deben ser desestimados para los efectos del reconocimiento pretendido, comoquiera que, a la luz de la documental, se trata de una docente del orden nacional, en tanto que sus salarios fueron pagados con recursos provenientes del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.

La demandante guardó silencio.

1.6. El Ministerio Público

No se pronunció en la instancia procesal.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

Establecer si ¿la demandante cumple con los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente en lo que tiene que ver con los 20 años de servicios como docente de carácter nacionalizado o territorial?

Asimismo, determinar si ¿es procedente la condena en cos tas impuesta , en

la pensión gracia, especialmente en lo que tiene que ver con los 20 años de servicios como docente de carácter nacionalizado o territorial?

Asimismo, determinar si ¿es procedente la condena en cos tas impuesta , en primera instancia, a la parte vencida?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial de la pensión gracia

La Ley 114 de 1913 8, creó la pensión gracia, como un reconocimiento a la dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20

8 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».7

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00715-01 (3318-2021) Demandante: Edilsa del Socorro Jiménez Ayala años de servicio en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración y que observara buena conducta.

En línea con lo expuesto, la Sección Seg unda de esta Corporación 9, señaló que «(…) el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados dir ectamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto la

asignaciones que recibían los docentes vinculados dir ectamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación».

Posteriormente, las Leyes 116 de 192810 y 37 de 1933 11, en sus artículos 6 y 3, respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria, normalistas e inspectores de instrucción pública.

Al respecto, en sentencia del 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de esta Corporación, fijó algunos lineamientos relevantes sobre la pensión, así12:

«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe “Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional…”. (En este aparte de la providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).

Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos b eneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales».

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11 -S2 del 21 de

ella. Por lo tanto, los únicos b eneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales».

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11 -S2 del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). 10 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927». 11 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados». 12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, s entencia del 29 de agosto de 1997, radicado No. S-699.8

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00715-01 (3318-2021) Demandante: Edilsa del Socorro Jiménez Ayala Sin embargo, con el proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 13 y en línea de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 198914, en la referida providencia de unificación se afirmó que la pensión gracia, debe reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «(…) colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C -489 de 2000 15 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que no podían ser desconocidos por el legislador, las situacio nes jurídicas concretadas antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada

de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que no podían ser desconocidos por el legislador, las situacio nes jurídicas concretadas antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio.

Puntualmente, en cuanto a las vinculacio nes nacionales y la imposibilidad de computar los tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que la jurisprudencia de la Sala16 ha explicado lo siguiente:

«Sobre los tiempos nacionales. (…) La ley 114 de 1913 que creo l a pensión de los docentes, estableció una serie de requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo 4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa nacional. Artículo 4º. - Para g ozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe: (…)

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un

13 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y

13 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones». 14 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio». 15 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.- 16 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.9

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00715-01 (3318-2021) Demandante: Edilsa del Socorro Jiménez Ayala Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.” (Resalta la Sala) El artículo 1º de la Ley 91 de 1989 17 clasificó a los docentes para efectos de las prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.

Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno

Nacional.

2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

3. Personal territorial. Son los docentes vinc ulados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido

de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

3. Personal territorial. Son los docentes vinc ulados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» […] Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año 1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar tiempos de servicio de carácter nacional , pues la finalidad principal de la pensión gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se enco ntraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios al magisterio». (negrillas fuera de texto original).

Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en es te punto, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de 201818, así:

«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la N ación a las entidades territoriales para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o na cionalizado es otorgada por la ley, y no se

atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o na cionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya certificad o la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el

17 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio». 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segun da, Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE -SUJ-SII-11-2018, expediente 2500023420000130468301 (38052014).10

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00715-01 (3318-2021) Demandante: Edilsa del Socorro Jiménez Ayala pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o de las -situado fiscalcuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docen te territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, t ambién se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial».

En la misma línea, esta sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto de 202219, explicó lo siguiente:

«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».20

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los antecedentes legisla tivos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de

momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada. […]

1. La Sentencia C -506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017). 20 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 1100103-15-000-2019-02219-01 (AC).11

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00715-01 (3318-2021)

03-15-000-2019-02219-01 (AC).11

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00715-01 (3318-2021) Demandante: Edilsa del Socorro Jiménez Ayala vi) Mediante la Sentencia SU -014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 « solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley ». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».

En suma, para acceder a la pensión gracia, los docentes deben acreditar: (i) 20 años en el servicio educativo en una plaza territorial -antes del 31 de diciembre de 1980-, o nacionalizada y pueden acumular los tiempos con los laborados con posterioridad y, (ii) no se puede exigir haber completado los requisitos antes del 31 de diciembre de 1989. Asimismo, no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo, toda vez que lo importante es la acreditación de la plaza.

2.4. Caso concreto

En el expediente se encuentra acreditado, respecto de Edilsa del Socorro Jiménez Ayala, lo siguiente:

Nació el 20 de marzo de 195821.

2.4. Caso concreto

En el expediente se encuentra acreditado, respecto de Edilsa del Socorro Jiménez Ayala, lo siguiente:

Nació el 20 de marzo de 195821.

A través del Decreto 56 del 14 de febrero de 1978 22, expedido por e l intendente especial y el secretario de educación de San Andrés y Providencia, junto con el delegado ante el FER, fue nombrada como profesora de categoría de primaria en la Escuela Misión Cristiana a partir del 20 de febrero de 1978 , cargo del que tomó posesión según consta en el acta 171 del 29 marzo de 197823.

El profesional especializado del Grupo de Desarrollo y Control de Talento Humano de la Secretaría de Servicios Administrativos de la Gobernación del departamento

21 Según cédula de ciudadanía visible en el índice 2 de SAMAI, documento ED_ACTUACIONE_02ANEXOS(.PDF) N roActua 2, folio 94. 22 SAMAI, índice 2, documento ED_ACTUACIONE_02ANEXOS(.PDF) NroActua2, folios 17 y 18. 23 Ibidem, folios 23 y 24.12

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00715-01 (3318-2021) Demandante: Edilsa del Socorro Jiménez Ayala Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina expidió el 24 de agosto de 2015 el certificado 25024, en el que hace constar lo siguiente:

«Que, según información en carpeta de historia laboral, el/la señor/a JIMENEZ AYALA EDILSA DEL SOCORRO (…), prestó sus servicios como EMPLEADO PÚBLICO en la

«Que, según información en carpeta de historia laboral, el/la señor/a JIMENEZ AYALA EDILSA DEL SOCORRO (…), prestó sus servicios como EMPLEADO PÚBLICO en la Gobernación del Depart amento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina desde el 20 de FEBRERO de 1978, hasta el 16 de JULIO de 1979, ocupando el cargo de PROFESORA».

De acuerdo con el formato 1 certificado de información laboral expedido el 24 de agosto de 2015 25 por la Gobernación del departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se observa que prestó sus servicios así:

Periodo de vinculación laboral Entidad empleadora Cargo / observaciones Desde Hasta Día Mes Año Día Mes Año 20 2 1978 16 7 1979 Gobernación departamental Profesora

De conformidad con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral expedido el 21 de junio de 2016 26 por la Secretaría de Educación del departamento del Archipiélago de San And rés, Providencia y Santa Catalina, se observa que ostentó vinculación del orden nacionalizado como docente en propiedad del nivel primaria y con los siguientes tiempos de servicios:

Acto Administrativo Novedad Desde Hasta Decreto 56 de 14/02/1978 Nombramiento I.E. Flowers Hill 29/03/1978 16/07/1979 Decreto 231 de 11/07/1979 Renuncia Total tiempo laborado 17 días, 3 meses, 1 año

El intendente especial y el secretario de educación del departamento del Archipiélago de San Andrés , Providencia y Santa Ca talina, junto con el delegado

Total tiempo laborado 17 días, 3 meses, 1 año

El intendente especial y el secretario de educación del departamento del Archipiélago de San Andrés , Providencia y Santa Ca talina, junto con el delegado ante el FER,