CE - 012333000201600912011SENTENCIASENTENCIA20231123170750

Radicación: 17001233300020160091201 (4562-2021)

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00912-01 (4562-2021)

Demandante: Juan José Loaiza Osorio

Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

Tema: Relación laboral encubierta . Contratos de prestación de servicios-Instructor.

REVOCA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, contra la sentencia proferida el catorce (14) de febrero de dos mil veinte (2.020) por el Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Juan José Loaiza Osorio instauró demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en contra del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con el fin de que se acceda a las siguientes:

control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en contra del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad Oficio 2-2016-002127 del 6 de julio de 2016 , por medio del cual el SENA negó la existencia de la relación laboral y el pago de las prestaciones laborales adeudadas.

A título de restablecimiento del derecho, que se reconozcan las prestaciones dejadas de pagar por la demandada, entre esas, las vacaciones, primas de servicio, navidad y vacaciones, cesantías e intereses de aquellas . Asimismo, cancelar la sanción por el no pago de las cesantías y reintegrar los valores descontados por retención en la fuente y aportes de salud, pensión y riesgos laborales, por el tiempo en que estuvo vinculado, esto es, desde el 23 de septiembre de 2008 hasta el 12 de diciembre de 2014.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:Radicación: 17001233300020160091201 (4562-2021)

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Que laboró en el SENA entre el 23 de septiembre de 2008 y el 12 de diciembre de 2014, a través de diferentes órdenes y contratos de prestación de servicios.

Que existió una verdadera relación laboral , pues atendió las labores en las

Que laboró en el SENA entre el 23 de septiembre de 2008 y el 12 de diciembre de 2014, a través de diferentes órdenes y contratos de prestación de servicios.

Que existió una verdadera relación laboral , pues atendió las labores en las instalaciones de la entidad, con elementos de su propiedad, percibió una remuneración y estuvo sometido a estrictos y obligatorios horarios de trabajo y a la supervisión directa de los coordinadores y supervisores del área pecuaria del Centro para la Formación Cafetera del SENA, en Manizales y otros municipios del Caldas.

Que cumplió funciones inherentes a la actividad misional del SENA y propias del ejercicio profesional docente , con absoluta dependencia . Que, además, asistió a reuniones de manera periódica, participó en actividades de diseño y desarrollo curricular y atendió los lineamientos de formación y los procedimientos definidos para las capacitaciones.

Que, por esa razón, el 20 de junio de 2016 solicitó se declarara la existencia de la relación laboral y, por consiguiente, el pago de las prestaciones sociales.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del primero (1) de marzo de dos mil diecisiete (2.017) y notificada a la entidad demandada , quien expresó que los hechos expuestos en la demanda no eran ciertos, porque no existió una relación laboral, sino un vínculo contractual, que satisfizo los parámetros de la Ley 80 de 1993.

Que los contratos de prestación de servicios fueron temporales y el objeto contractual se limitó a la formación por un número determinado de horas para dictar cursos variables. Que existió una coordinación con el contratista y , si bien se

1993.

Que los contratos de prestación de servicios fueron temporales y el objeto contractual se limitó a la formación por un número determinado de horas para dictar cursos variables. Que existió una coordinación con el contratista y , si bien se supervisó la ejecución contractual, esta situación no implicó el sometimiento a órdenes de ninguna índole; además, la vinculación del señor Loaiza Osorio obedeció a su experiencia, capacitación y formación en el área específica, quien en todo momento contó con autonomía e independencia desde el punto de vista técnico y científico, únicamente, se le suministraron herramientas pedagógicas básicas y el programa modular básico.

Que prestó sus servicios profesionales como instructor por horas de formación, razón por la cual no cumplió con un horario, sino que estuvo obligado a atender los tiempos programados en el respectivo módulo de aprendizaje. Que la vinculación fue imprescindible para garantizar la prestación del servicio y cumplir la misión de la entidad, ante la insuficiencia del personal de planta .

Que las funciones a cargo del contratista no eran las mismas que las de los instructores de planta, pues los segundos , además de la labor de formación , estaban obligados a preparar, orientar, desarrollar y apoya r procesos de aprendizaje en cualquiera de las estrategias de respuesta institucional, a participar en el desarrollo de innovaciones pedagógicas y del área específica a través de proyectos de investigación y a acompañar el proceso de formulación del Plan de Mejoramiento, la actualización de docentes y la formación pedagógica básica.Radicación: 17001233300020160091201 (4562-2021)

proyectos de investigación y a acompañar el proceso de formulación del Plan de Mejoramiento, la actualización de docentes y la formación pedagógica básica.Radicación: 17001233300020160091201 (4562-2021)

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Propuso como excepciones, la prescripción, inexistencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo, inexistencia del vínculo laboral, cobro de lo no debido, compensación y la genérica o innominada.

Se celebró audiencia inicial el once (11) de marzo de dos mil diecinueve (2.019), en la que se fijó el litigio, se surtió la etapa conciliatoria, se decretaron pruebas y se programó la audiencia para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se dio traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones y se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del término oportuno por la demandada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del catorce (14) de febrero de dos mil veinte (2.020), accedió parcialmente a las pretensiones.

En primer término , realizó un recuento de los elementos que estructuran una relación de trabajo y relacionó los contratos suscritos por las partes, a partir de los cuales concluyó que estaba demostrado que el demandante fue contratado como docente para el desarrollo de los programas de formación de educación no formal que ofrece el SENA y, en ese sentido, operaba una presunción frente a la subordinación y dependencia.

cuales concluyó que estaba demostrado que el demandante fue contratado como docente para el desarrollo de los programas de formación de educación no formal que ofrece el SENA y, en ese sentido, operaba una presunción frente a la subordinación y dependencia.

Que las pruebas allegadas reforzaban esa conclusión, pues los documentos y las declaraciones de los señores Nicolás Gómez Buitrago y Luz María Cardona Gómez eran consistentes respecto a que el demandante era evaluado por el SENA y se le exigía el cumplimiento de un horario académico , el cual era programado por la entidad contratante.

Que, en el asunto, debía analizarse la prescripción frente a cada uno de l os acuerdos negociales, ya que existió solución de continuidad en las contrataciones suscritas entre el 26 de septiembre de 2008 y el 30 de junio de 2011; así como, entre los acuerdos negociales de 5 de julio de 2012 y el 16 de diciembre de 2013. Que, en ese sentido, teniendo en cuenta que la última vinculación finalizó el 12 de diciembre de 2014 y la reclamación administrativa data del 21 de junio de 2016, los derechos laborales causados con anterioridad al 23 de enero de 2013, exceptuando las diferencias relativas a los aportes pensionales, se encontraban prescritos.

Por lo anterior, declaró no probadas las excepciones propuestas y condenó a la entidad a cancelar el equivalente a las prestaciones sociales y laborales ordinarias percibidas por un instructor de planta del SENA , liquidadas con base en los honorarios percibidos de manera mensual, de los períodos correspondientes al 23

entidad a cancelar el equivalente a las prestaciones sociales y laborales ordinarias percibidas por un instructor de planta del SENA , liquidadas con base en los honorarios percibidos de manera mensual, de los períodos correspondientes al 23 de enero y 16 de diciembre de 2013 y del 20 de enero al 12 de diciembre de 2014. Ordenó el reintegro de la diferencia generada entre los valores pagados por aportes a pensión y salud por el co ntratista y lo que debió asumir como empleado y, la devolución de los pagos realizados al Sistema de Riesgos Laborales.

Finalmente, negó el reconocimiento de la sanción moratoria y la devolución de los descuentos realizados por retención en la fuente . No condenó en costas.Radicación: 17001233300020160091201 (4562-2021)

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RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que expresó que el señor Loaiza Osorio fue contratado como instructor , en varias oportunidades, por su experiencia, capacitación y formación profesional específica. Que los contratos tuvieron un carácter temporal y transitorio, para ejecutar determinadas horas de formación en diferentes asignaturas, los objetos contractuales obedecieron a necesidades distintas y a programas de formación diversos, por lo que no existió una vocación de permanencia en el tiempo.

Que, de ninguna de las pruebas se infiere la subordinación o dependencia en el desarrollo de la labor contratada y, menos, que las funciones del contratista fueran

una vocación de permanencia en el tiempo.

Que, de ninguna de las pruebas se infiere la subordinación o dependencia en el desarrollo de la labor contratada y, menos, que las funciones del contratista fueran iguales a las de los empleados de planta. Que los testigos no podían dar cuenta de la relación contractual, pues solo podían transmitir lo que les co nstaba de los procesos de aprendizaje del SENA desde su propia experiencia, pero no con exactitud la configuración de los elementos constitutivos de una relación laboral ; además, las declaraciones fueron generales y, si bien en estas se afirmó que la entidad evaluaba las clases y que el demandante atendía un horario, lo cierto era que no obra ninguna otra prueba que corrobore esos supuestos.

Que no se incluyó un análisis de las pruebas o evidencias que en el caso concreto daban cuenta de la configuración de la relación de trabajo, por el contrario, la decisión de primera instancia se limitó a presentar unas conclusiones sustentadas en sentenci as con efectos inter partes y sobre las cuales estaría presuntamente aplicando una reiteración de jurisprudencia.

Que no hizo uso del poder disciplinario ni impuso prohibiciones o interfirió en la manera de ejecutar las labores contratadas, tampoco impartió órdenes o instrucciones ajenas al objeto del contrato ni fijó una jornada para prestar el servicio. Que el hecho de que la entidad diera orientaciones o instrucciones básicas sobre la manera y la oportunidad en que debían cumplirse algunas tareas, no implica el ejercicio de una labor subordinada o la carencia de autonomía.

Por lo anterior, solicitó revocar la decisión.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

manera y la oportunidad en que debían cumplirse algunas tareas, no implica el ejercicio de una labor subordinada o la carencia de autonomía.

Por lo anterior, solicitó revocar la decisión.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Por auto del siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2.021) se admitió el recurso de apelación, se ordenó la presentación de los alegatos por escrito en el término de 10 días y, vencido este término se fijaron 10 días para el agente del Ministerio Público.

Alegatos de conclusión

La parte demandada reiteró lo manifestado en el recurso de apelación en relación con la falta de pruebas de la existencia de la relación laboral . Insistió en que los testimonios fueron generales y no permitían determinar, de manera fehaciente, que el demandante recibiera órdenes o instrucciones por parte del SENA o cumpliera con un horario, menos que el incumplimiento de alguno de aquellos conllevara consecuencias de tipo sancionatorio.Radicación: 17001233300020160091201 (4562-2021)

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La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala deberá determinar si bajo la apariencia de contratos de prestación de servicios existió un vínculo laboral entre las partes y como consecuencia de ello, si la parte demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión de esa relación.

servicios existió un vínculo laboral entre las partes y como consecuencia de ello, si la parte demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión de esa relación.

Marco normativo y jurisprudencial

Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la Ley 80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».

En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la relación contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad si entre el actor y la entidad demandada existía un verdadero contrato de prestación de servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la que procede a analizarse.

La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el elemento de la remuneración.

Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación laboral ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la sentencia

de la remuneración.

Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación laboral ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la sentencia C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa claramente las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios, dice al respecto: «Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.Radicación: 17001233300020160091201 (4562-2021)

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Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajose obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos. En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta

por la naturaleza y objeto de los mismos. En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente. Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas para resaltar).

De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Constitución.

servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Constitución.

Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), en el proce so radicado No. 05001 -23-33-000-2013-0114301(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos: «2.3.3.2. Subordinación continuada

102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organiz ación y someterlo a su poder disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación del servicio.2Radicación: 17001233300020160091201 (4562-2021)

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103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolidaha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes: 104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de planta. 105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido. 106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de

función del objeto contractual convenido. 106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,3 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organiz ativo y disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de subordinación. 107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del

indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de la entidad.Radicación: 17001233300020160091201 (4562-2021)

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108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de actividades

o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en este caso la de abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación laboral, pues, en la práctica, tales actividades s on requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del contrato de prestación de servicios sí exige que las funciones del contratista sean desarrolladas con un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la necesidad de coordinación con la entidad contratante que, en ningún caso, puede servir de justificación para ejercer comportamientos propios de la subordinación laboral. (…)

un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la necesidad de coordinación con la entidad contratante que, en ningún caso, puede servir de justificación para ejercer comportamientos propios de la subordinación laboral. (…) 3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados, es esencialmente temporal; por lo tanto, este tipo de contratos, cuando se suscriben con personas naturales, no pueden concatenarse indefinidamente en el tiempo.

132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto al principio de planeación, que encuent ra su manifestación práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de servicios».

133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución de los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones imprevistas que

justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de servicios».

133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución de los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones imprevistas que exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo estimado, ab initio, como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede resultar insuficiente. En cualquier caso, las mismas razones que en su momento justificaron la planeación del contrato inicial y la suscripción de los contratos modificatorios del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en los mencionados estudios previos.

134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).Radicación: 17001233300020160091201 (4562-2021)

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Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en la ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación laboral como son: una actividad personal, un salario y la subordinación. Así lo ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado en varias oportunidades:

ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación laboral como son: una actividad personal, un salario y la subordinación. Así lo ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado en varias oportunidades: “41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador, caso distint o ocurre, cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que intenten