CE - 012333000201600919011SENTENCIA20231011120054

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C. , treinta y uno (31 ) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 0500 1 23 33 000 201 6 00919 01 ( 2770 –201 7)

Demandante: María Alicia Montes Osorio .

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la

Protección Social .

Temas: Pensión gracia . Tiempo de servicio . Naturaleza de la vinculación docente. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de l 28 de abril de 2017 , proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia , que negó las súplicas de la demanda de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda .1

María Alicia Montes Osorio , por intermedio de apoderad o judicial, solicitó declarar la nulidad de la s Resoluci ones RDP 04 8572 de 20

1.1. Pretensiones de la demanda .1

María Alicia Montes Osorio , por intermedio de apoderad o judicial, solicitó declarar la nulidad de la s Resoluci ones RDP 04 8572 de 20 de noviembre de 2015 y RDP 004963 de 8 de febrero de 2016, por medio de las cuales l a Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia .

1 Folios 2 a 8 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001 23 33 000 2016 00919 01

Demandante: María Alicia Montes Osorio

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 Como restablecimiento del derecho , reclamó el reconocimiento, liquidación y pago de la pensión gracia, teniendo en cuenta los factores salariales devengados en el año anterior a adquirir el estatus pensional, esto es , el 5 de marzo de 2010 ; así mismo, solicitó que la condena sea actualizada y se reconozcan los intereses moratorios de no l legarse a efectuar el pago de manera oportuna.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda .

María Alicia Montes Osorio r elató que el 5 de marzo de 2010 cumplió 50 años de edad y prestó servicio docente de la siguiente manera :

• Nombrada a través del Decreto 224 de 22 de abril de 1980 por

María Alicia Montes Osorio r elató que el 5 de marzo de 2010 cumplió 50 años de edad y prestó servicio docente de la siguiente manera :

• Nombrada a través del Decreto 224 de 22 de abril de 1980 por el gobernador de Caldas . - Sus cribió contrato de prestación de servicios con el municipio de Itagüí, Antioquia, el 4 de febrero de 1991 y permaneció allí hasta el 2 de diciembre de 1994. - A partir del 6 de febrero de 1995 en adelante como docente en el municipio de Caldas, Antioquia.

Señaló que el 31 de julio de 2015 presentó reclamación ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia . Petición que fue resuelta de manera negativa con las Resoluciones RDP 048572 de 20 de noviembre de 2015 y RDP 004963 de 8 de febrero de 2016 .

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración .

Argument ó que la entidad demandada desconoció la s Ley es 114 de 19 13 , 91 de 1989 y 909 de 2004, así como el Decreto Ley 2400 deNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001 23 33 000 2016 00919 01

Demandante: María Alicia Montes Osorio

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 1968 . Al respecto, indicó que la docente cumple con todos los requisitos para ser beneficiara de la pensión gracia, principalmente el haber estado vinculada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y tener más de 20 años de servicio , todo ello con vinculación de naturaleza territorial .

1.4. Contestación de la demanda .

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP 2, por intermedio de apoderad a, se op uso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Sostuvo que la demandante no se encontraba vincula da como docente municipal, departamental, distrital o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, razón por la cual no es posible acceder al reconocimiento de la prestación solicitada. Propuso como excepciones “la ausencia de vicios en los actos administrativos demandados”, “la inexistencia de la obligación” y “la prescripción” .

1.5. Decisión de primera instancia objeto de apelación .3

En sentencia de 28 de abril de 2017 el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda .

Para el efecto , indicó que, si bien se encuentra n acreditado el cumplimiento de los requisitos de edad, buena conducta y vinculación docente del orden territorial o nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, no se cumplió con el

Para el efecto , indicó que, si bien se encuentra n acreditado el cumplimiento de los requisitos de edad, buena conducta y vinculación docente del orden territorial o nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, no se cumplió con el req uisito de tiempo mínimo de servicio de la misma naturaleza por 20 años, toda vez que el periodo transcurrido entre 1995 y 2015 fue de carácter nacional, el cual no resulta valido para efectos de reconocer la pensión gracia .

2 Folios 39 a 42 del expediente. 3 Folios 70 a 78 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001 23 33 000 2016 00919 01

Demandante: María Alicia Montes Osorio

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 1.6. Recurso de apelación .4

El apoderad o de María Alicia Montes Osorio allegó escrito en el que manifestó que la vinculación ocurrida por medio del Decreto 477 de 23 de diciembre de 1994 es del orden territorial y no nacional como lo sostuvo el tribunal, por l o cual solicitó tener en cuenta el periodo de labor docente causado a partir de dicho acto administrativo y así acceder a la prestación solicitada.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia .

El apoderado de la demandante 5 presentó escrito con el que reiteró lo argumentado en el escrito de apelación, solicitando que se

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia .

El apoderado de la demandante 5 presentó escrito con el que reiteró lo argumentado en el escrito de apelación, solicitando que se revoque la sentencia y se acceda a las pretensiones de la demanda.

La Unidad Adminis trativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP 6 insistió en lo expuesto e n la contestación de la demanda y pidió confirmar la sentencia de primera instancia.

La Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.

1. 8. Pruebas en segunda instancia.

A través de auto para mejor proveer de 20 de abril de 2023 , esta Subsección requirió a los municipios de Marmato (Caldas), Itagüí y Caldas (Antioquia) y a los departamentos de Caldas y Antioquia para que se certificara y allegara la documentación correspo ndiente a la vinculación laboral de la señora María Alicia Montes Osorio . En resp uesta, la s entidad es territorial es aportar on lo deprecado , lo

4 Folios 80 a 82 del expediente. 5 Folios 128 a 130 del expediente. 6 Folios 155 a 158 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001 23 33 000 2016 00919 01

Demandante: María Alicia Montes Osorio

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700

Demandante: María Alicia Montes Osorio

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 cual, se encuentra en el expediente digital visible en SAMAI.

Sobre los documentos allegados, el apoderado de la UGPP allegó escrito en el que solicitó que sean desestimadas las certificaciones que no cumplan con el Decreto 726 de 2018, así mismo, que se confirme la decisión de negar las pretensiones , pues es claro q ue la demandante no cumple con los requisitos para acceder a la pensión gracia .

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 7, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 8, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente una de las partes presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitad o a los argumentos del mencionado recurso.

2.2. Del problema jurídico .

Considera esta Sala de Subsección que el estudio y posterior decisión debe centrarse en establecer lo siguiente:

¿María Alicia Montes Osorio , en su calidad de docente oficial , tiene derecho al reconocimiento y pago de la

Considera esta Sala de Subsección que el estudio y posterior decisión debe centrarse en establecer lo siguiente:

¿María Alicia Montes Osorio , en su calidad de docente oficial , tiene derecho al reconocimiento y pago de la

7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001 23 33 000 2016 00919 01

Demandante: María Alicia Montes Osorio

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 pensión gracia ?

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto .

2.3.1. La pensión gracia .

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la

oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cump lir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñ anza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933 , el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001 23 33 000 2016 00919 01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 , en cuyo artículo 1, distinguió entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional . Personal nacionalizado. Son los docentes vincula dos por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad

Personal nacionalizado. Son los docentes vincula dos por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territori al , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para lo s docentes al establecer:

«Artículo 15 . A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión

de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos . Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter terr itorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentesNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001 23 33 000 2016 00919 01

Demandante: María Alicia Montes Osorio

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado

Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no queda n incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requ isitos”. […].» 9

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de junio de 2018 10 previó las sig uientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la

cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas . ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991. iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo depe ndía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (ar tículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988). iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes

1988). iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes

9 Consejo de Estado, Sa la Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997. 10 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23 -42 -000 -201304683 -01 (3805 -2014).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001 23 33 000 2016 00919 01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 nacionales y nacionalizados 12 , resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal — como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas . v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales

presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas . v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Naciona l como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13 ; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. vi) Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo

de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exóge nas — situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ -030 -CE -S22022 del 11 de agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretaciónNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001 23 33 000 2016 00919 01

Demandante: María Alicia Montes Osorio

adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretaciónNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001 23 33 000 2016 00919 01

Demandante: María Alicia Montes Osorio

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 del ar tículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento». 11

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al recon ocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos

para acceder al recon ocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente nacion alizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 191 3.

2.4. Actuación admini strativa. 12

El 3 1 de julio de 2015 la señora María Alicia Montes Osorio solicitó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia. En respuesta, la entidad expidió la Resolución RDP 048 572 de 20 de noviembre de

11 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23 -33 -000 -201600278 -01 (3018 -2017). 12 Folios 10 a 22 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001 23 33 000 2016 00919 01

Demandante: María Alicia Montes Osorio

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Radicado : 05001 23 33 000 2016 00919 01

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«De acuerdo con lo anterior y conforme a los tiempos de servicio aportados se puede observar que estos fueron prestados con nombramiento del orden nacional, en consecuencia no hay lugar al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación solicitada, por cuanto su vinculación a la docencia fue de car ácter NACIONAL. Ahora bien, respecto a los tiempos de servicios prestados por la interesada como contratista en el Municipio de Itagüí, los mismos deben ser desestimados para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación gracia solicitada, en cons ideración a lo siguiente: […] Así las cosas el tiempo de servicio prestado por la solicitante como docente vinculada mediante contrato de prestación de servicios en el Municipio de Itagüí, se debe desestimar en razón a que no hubo vinculación al Servicio P úblico Educativo .»

En contra de la decisión anterior, la docente interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto negativamente por la UGPP por medio de la Resolución RDP 004 963 de 8 de febrero de 2016 .

2.5. Análisis probatorio .

Revisado el expediente, y con el objeto de resolver el problema

medio de la Resolución RDP 004 963 de 8 de febrero de 2016 .

2.5. Análisis probatorio .

Revisado el expediente, y con el objeto de resolver el problema jurídico planteado, la Sala encuentra probado que María Alicia Montes Osorio nació el 5 de marzo de 1960 13, razón por la cual el 5 de marzo de 2010 cumplió 50 años de edad. De igual manera, n o existen reproches sobre la conducta en el desempeño del servicio docente por el tiempo de certificado en los documentos antes reseñados.

En cuanto al período laborado como educadora, se encuentra:

• De 7 de mayo de 1980 al 21 de ju lio de 1982 .

13 Copia de la cédula de ciudadanía disponible en Cd a folio 1A del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001 23 33 000 2016 00919 01

Demandante: María Alicia Montes Osorio

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 En primer lugar, se observa que la Gobernación de Caldas expidió el Decreto 0224 de 22 de abril de 1980 , con el cual se determinó lo siguiente :

«DECRETO NUMERO 0224 (22 ABR 1980 ) Por medio del cual se hacen unos nombramientos , traslados y se dictan otras disposiciones en el Ramo de Educación. LA GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS en uso de sus atribuciones legales,

DECRETA:

Por medio del cual se hacen unos nombramientos , traslados y se dictan otras disposiciones en el Ramo de Educación. LA GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS en uso de sus atribuciones legales, DECRETA: ARTICULO 1o. Hácense los siguientes nombramientos y traslados en el Ramo de Educación Primaria. […] PACORA MARIA ALICIA MONTES OSORIO, seccional rural en la Escuela Maracas. PLAZA NUEVA. […] COMUNIQUESE Y CUMPLASE ; Dado en Manizales a los 22 ABR 1980 . Gobernadora Secretario de Educación »

En cumplimiento de lo anterior, la docente María Alicia Montes Osorio tomó posesión ante el gobernador del departamento de Caldas el 7 de mayo de 1980.

Sobre el particular, se observa certificación expedida el 5 de junio de 2023, por medio de la cual la Secretaría de Educación de Caldas indicó que la demandante laboró desde el 7 de mayo de 1980 hasta el 20 de junio de 1982 como docente adscrita a la entidad territorial. Así mismo, certificó lo siguiente:

«[…] fue nombrada en propiedad en la Escuela rural Maracas el 7 de mavo de 1980 hasta el 20 de julio de 1982 y que fue en propiedad por Decreto Departamental en PRIMARIA, certificada y pagada desde el 07/05/1980 a través del FER con recursos de la Nación Situado Fiscal, en razón a la nacionalización de la educación según la Ley 43/75, y los aportes se giraron a CAJANAL hasta el 20/07/1982. Durante

recursos de la Nación Situado Fiscal, en razón a la nacionalización de la educación según la Ley 43/75, y los aportes se giraron a CAJANAL hasta el 20/07/1982. Durante todo el tiempo laborado ostentó el carácter de DOCENTE NACIONALIZADA. »Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001 23 33 000 2016 00919 01

Demandante: María Alicia Montes Osorio

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 13

Al respe cto, se observa certificación expedida por la Secretar ía de Educación de Caldas, donde identificó el tiempo de servicios , así :

Respecto a este per íodo, de acuerdo con el Decreto 0 224 de 22 de abril de 1980 y con la s certificaci ones expedida s por la Secretaría de Educación Departamental de Caldas , se encuentra probado que la señora María Alicia Montes Osorio fue nombrada docente, tomando posesión del cargo el 7 de mayo de 1980 en la Escuela Rural Maracas del municipio de Pacora, Caldas, y perm aneció allí por 2 años , 1 mes y 2 5 días , hasta el 2 de ju lio de 1982 , fecha en la cual le fue aceptada la renuncia.

Así mismo, se resalta que le fue concedida una licencia ordinaria por 40 días, entre el 10 de mayo de 1982 y el 4 de junio del mismo año . Vale la pena aclarar que el tiempo en que la docente

Así mismo, se resalta que le fue concedida una licencia ordinaria por 40 días, entre el 10 de mayo de 1982 y el 4 de junio del mismo año . Vale la pena aclarar que el tiempo en que la docente permaneció en licencia ordinaria no es posible tenerlo en cuenta para efectos de tiempo de servicio, pues se trata de una licencia no remunerada otorgada en vigencia del Decreto 2277 de 1979, en el que, además, se especificó que, sólo puede ser computado el tiempo en el que efectivamente se desarrolló la labor docente.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001 23 33 000 2016 00919 01

Demandante: María Alicia Montes Osorio

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 14 Del mencionado tiempo de servicios se observa que ocurrió antes del 31 de diciembre de 1980 por autoridad territorial (gobernadora de Caldas ), quien actuó como nominadora de los do centes allí mencionados. Además, en el acto administrativo no se observa la intervención u orden de la Nación – Ministerio de Educación Nacional, y si bien fue con posterioridad a la expedición de la Ley 43 de 1975 por medio de la cual se nacionalizó la educación en Colombia, no se observa que la plaza a ocupar corresponda a una que se haya si do objeto de ese proceso de nacionalización.

Resulta relevante destacar que la Corte Constitucional, en sentencia C – 084 de 1999, al analizar la constitucionalidad del

que se haya si do objeto de