CE - 012333000201601312011SENTENCIA20231206110804

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente (E): NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., primero (01) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 08001233300020160131201 (69696)

Actor: SOCIEDAD ESTRADA NAVARRO S.A.S.

Demandado: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUAR IO DE

BARRANQUILLA

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: NO SE REÚNEN LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA – no existió constreñimiento de la entidad estatal para el suministro de alimentos ni situación de riesgo del derecho a la salud de los destinatarios de los víveres que imposibilitara adelantar el respectivo procedimiento de selección.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral – Sección B, el 16 de octubre de 2020, mediante la cual se resolvió (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“Primero. - Declarar que existió un enriquecimiento sin causa, en beneficio del patrimonio del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y en detrimento de la sociedad Estrada Navarro S.A.S., de conformidad a las razones que anteceden.

“Segundo.- En consecuencia, se condena al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla a reconocer y pagar a la sociedad Estrada Navarro

detrimento de la sociedad Estrada Navarro S.A.S., de conformidad a las razones que anteceden.

“Segundo.- En consecuencia, se condena al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla a reconocer y pagar a la sociedad Estrada Navarro S.A.S, la suma de un mil quinientos veintidós millones novecientos veintinueve mil doscientos cincuenta pesos ($1.522’929.250.oo), a título de compensación por el servicio de suministro de alimentación a los internos e internas de los centros de rehabilitación del Distrito de Barranquilla (Masculino El Bosque y Femenino el Buen Pastor), durante los meses de di ciembre de 2015; enero, febrero y marzo ( entre el 1° y 8) de 2016, suma de dinero que deberá indexarse.

“Tercero. - Denegar las restantes súplicas de la demanda.

“Cuarto. - Sin condena en costas (numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso”.Expediente: 08001233300020160131201 (69696)

Actor: Sociedad Estrada Navarro S.A.S

Demandado Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Referencia: Reparación Directa

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I. A N T E C E D E N T E S

1. Síntesis del caso

La presente controversia gira en torn o al supuesto enriquecimiento sin causa que se habría presentado en favor del patrimonio del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y en desmedro del de la sociedad Estrada Navarro S.A.S., tras haber suministrado alimentos para los internos de los centros penitenciarios de

se habría presentado en favor del patrimonio del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y en desmedro del de la sociedad Estrada Navarro S.A.S., tras haber suministrado alimentos para los internos de los centros penitenciarios de Barranquilla, entre diciembre de 2015 y marzo de 2016, sin que se le reconociera el correlativo pago por no mediar contrato escrito como lo exigía el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, para dotar de amparo jurídico el referido desplazamiento patrimonial.

2. La demanda

La demanda con la que se inició este litigio fue presentada el 6 de noviembre de 2016 por la Sociedad Est rada Navarro S.A.S. , en ejercicio de la acción de reparación directa – con invocación del principio del enriquecimiento sin causa-, en contra del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla , con el fin de que se le declarara responsable administrativamente por haber recibido el suministro de alimentos en beneficio suyo, sin haberle reconocido contraprestación alguna ante la ausencia de un contrato solemne.

Como consecuencia, solicitó que se condenara al ente territorial a pagar a la sociedad demandante la suma de $2.422’959.674 , por concepto de la entrega de alimentos a los internos de los centros penitenciarios de Barranquilla, en el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y el 8 de marzo de 2016.

2.1. Los hechos

En el escrito de demanda, en síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos relevantes:

2.1.1. Previo procedimiento de licitación pública, el 23 de junio de 2015 el Distrito

2.1. Los hechos

En el escrito de demanda, en síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos relevantes:

2.1.1. Previo procedimiento de licitación pública, el 23 de junio de 2015 el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la sociedad Estrada Navarro S.A.S. celebraron el contrato de suministro de alimentos No. 012015-003545, cuyo objeto consistió en entregar raciones diarias de desayunos, almuerzos y cenas a losExpediente: 08001233300020160131201 (69696)

Actor: Sociedad Estrada Navarro S.A.S

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reclusos de los centros penitenciarios El Bosque y El Buen Pastor de esa ciudad, por un valor de $1.500’000.000. El plazo se pactó hasta el 31 de diciembre de 2015 o hasta el agotamiento del recurso, lo que ocurriera primero.

El 5 de noviembre de 2015, las partes suscribieron el otrosí 1 de adición al contrato 012015-003545 en el que se aumentó su valor en $750’000.000.

Se afirma que, si bien a finales de noviembre de 2015 se agotaron los recursos dispuestos para la ejecución del contrato de suministro , la entidad territorial elevó peticiones a la sociedad actora para que continuara suministrando alimentos en las condiciones originalmente pactadas, circunstancia que la condujo a desarrollar esa misma labor entre el 1 de diciembre de esa calenda y el 8 de marzo del año siguiente, sin que la entidad reconociera r etribución alguna por esas prestaciones cumplidas.

misma labor entre el 1 de diciembre de esa calenda y el 8 de marzo del año siguiente, sin que la entidad reconociera r etribución alguna por esas prestaciones cumplidas.

2.2. Fundamento de derecho

Luego de referirse a varios pronunciamientos del Consejo de Estado en torno a la configuración del enriquecimiento sin causa, entre ellos, la sentencia de unificación preferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación el 19 de noviembre de 2012 , sostuvo que en el caso bajo estudio se evidenciaban los elementos para dispensar el tratamiento de ese principio.

3. Contestación de la demanda – Distrito Especial, Industrial y Portuario de

Barranquilla

La entidad contestó la demanda dentro del término legal . En esa oportunidad se opuso a las pretensiones aduciendo que el medio de control impetrado era de estirpe compensatori o, que no indemnizatori o, por lo que no procedía el reconocimiento de los perjuicios deprecados.

Argumentó que no reposaba en el expediente prueba demostrativa de que el ente territorial hubiera impuesto o constreñido a la accionante para continuar con el suministro de los alimentos tras finalizar el vínculo contractual ni de haber puesto en riesgo el derecho a la salud, de suerte que no se reunieron los supuestos exigidos por la jurisprudencia de esta Corporación para la prosperidad de la declaratoria de enriquecimiento sin causa.Expediente: 08001233300020160131201 (69696)

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Referencia: Reparación Directa

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4. La sentencia de primera instancia

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Referencia: Reparación Directa

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4. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Atlántico resolvió el litigio en la forma transcrita al inicio de esta providencia.

Partió de referirse a la línea jurisprudencial que imperaba acerca de la figura de la actio de rem verso , a propósito de lo cual aludió a las tres hipótesis que para su prosperidad estableció la sentencia de unificación dictada el 19 de noviembre de 2012, por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Siguiendo ese derrotero y , una vez examinados los supuestos fácticos en que se edificó la demanda como el acervo probatorio en que se apoy ó, el a quo consideró que debía descartarse la presencia de la tercera hipótesis, habida cuenta de que no se evidenciaba la existencia de una situación de urgencia manifiesta que avalara la solicitud del suministro de bienes sin haber previamente perfeccionado el acu erdo de voluntades.

El Tribunal de origen halló demostrado que la contratista suministró las raciones de alimentos durante el per íodo objeto de reclamación, las cuales fueron recibidas a satisfacción por el ente estatal, circunstancias que se produjeron a pesar de haberse agotado los recursos apropiados para el contrato y los adicionados mediante otrosí 1 del 5 de noviembre de 2015.

Concluyó el operador judicial que tal dinámica obedeció, no solo a la necesidad de tutelar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad , como al

1 del 5 de noviembre de 2015.

Concluyó el operador judicial que tal dinámica obedeció, no solo a la necesidad de tutelar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad , como al direccionamiento que desplegó el Distrito en ejercicio de su poder de imperio, para que la contratista obrara en esa vía, sin que en desarrollo de esa gestión la sociedad hubiera actuado motu proprio con desconocimiento de las reglas que gobiernan la selección de contr atistas y el perfeccionamiento de los contratos de la Administración Pública.

Con base en lo anotado, el tribunal de primer grado concluyó:

“El íter precontractual, en este caso es indicativo de que el particular no participó activa y deliberadamente en la elusión normativa de las reglas que disciplinar el contrato estatal, pues como se acotó actuó bajo la creencia de que debía continuar el suministro de alimentos preparados, en tanto ninguna objeción le fue planteada sobre el particular, razón po r la cual cabe afirmar que las inequívocas ordenaciones de la entidad territorial frente a los requerimientos deExpediente: 08001233300020160131201 (69696)

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los servicios necesitados, tuvieron la capacidad de comprometer la voluntad de quien aspiraba a continuar como contratista, al punto que se dispuso a cumplir el servicio que le fue solicitado.

El fallador de primer a instancia estimó que el enriquecimiento sin causa se acompañaba de la regla en cuy a virtud el reconocimiento pretendido no podía

el servicio que le fue solicitado.

El fallador de primer a instancia estimó que el enriquecimiento sin causa se acompañaba de la regla en cuy a virtud el reconocimiento pretendido no podía exceder su naturaleza compensatoria, lo que conducía a que el pago que se habría de ordenar en el sublite correspondiera a la suma de $1’522.929.250, equivalente al valor de los alimentos suministrados durante el per íodo desprovisto de fuente obligacional.

Precisó que la suma en referencia debía actualiza rse tomando como índice final la fecha de la sentencia y como inicial aquel en que se hizo exigib le la obligación. No obstante, omitió indicar la fecha en que ello tuvo ocurrencia y tampoco procedió a aplicar la fórmula de indexación.

5. El recurso de apelación

La entidad demandada apeló la decisión de primera instancia para que, en su lugar, se revocara y se negaran las pretensiones de la demanda.

Como sustento de su inconformidad esgrimió, en primer lugar , que en el caso no emergieron las dos hipótesis a las que apuntó el Tribunal de primera instancia y con cuyo mérito tuvo por acreditado el enriquecimiento sin causa alegado.

Advirtió que no reposaba en el plenario prueba alguna que sirviera de sustento para sostener que se configuró el supuesto jurisprudencial asociado a la protección del derecho a la salud, en los términos que exigía la sentencia de unificación en relación con esta causal exceptiva de aplicación de la actio in rem verso.

A la par con lo dicho, el recurrente manifestó que no existía elemento de convicción que llevara a colegir que la Administración constriñ ó al contratista a continuar con

con esta causal exceptiva de aplicación de la actio in rem verso.

A la par con lo dicho, el recurrente manifestó que no existía elemento de convicción que llevara a colegir que la Administración constriñ ó al contratista a continuar con el suministro de alimentos sin mediar soporte contractual. En ese sentido, expresó que el oficio signado por el Director de Centro de Rehabilitación Penitenciario Femenino “Cárcel El Buen Pastor”, al que hizo mención el a quo, no constituía un fundamento válido para considerar que en apoyo de su contenido la demandante se sintiera obligada a proseguir con el suministro de los bienes , en tanto dicho documento, al no provenir del representante de la entidad legal, ordenador del gastoExpediente: 08001233300020160131201 (69696)

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o su delegado , carecía de la potencialidad de vincular la voluntad de la Administración contratante.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia. Adicionalmente, la Sala evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales: competencia, caducidad y legitimación en la causa.

1.- El alcance de la apelación y el esquema que se propone para decidirla

Como se observa, el sustrato argumentativo del recurso de apelación se dirige a enervar la configuración de dos de las hipótesis en que se estructura la teoría del

Como se observa, el sustrato argumentativo del recurso de apelación se dirige a enervar la configuración de dos de las hipótesis en que se estructura la teoría del enriquecimiento sin causa, de conformidad con lo establecido por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de unificación que sobre el tópico dictó en noviembre de 2012.

Por contera, el esquema que se propone la Sala para resolver la alzada partirá de referirse a la postura jurisprudencial actualmente regente en materia de prosperidad de la actio in rem verso en aplicación el principio del enriquecimiento sin causa, seguidamente se aludirá a los hechos probados que, de manera genérica, interesan para resolver los puntos del debate, al cabo de lo cual se abordará el análisis encaminado a establecer si, a la luz de los cargos de la apelación , se reúnen los supuestos considerados por el Tribunal para despachar favorablemente las pretensiones de la demanda, consistentes en evidenciar: i) una situación de riesgo del derecho a la salud de los destinatarios de los alimentos en los términos exigidos por la providencia de unificación y ii) el ejercicio del poder imperio de la Administración que direccionó el suministro de lo s bienes sin existir soporte contractual.

1.1. De la configuración del enriquecimiento sin causa a la luz de las hipótesis contenidas en la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado

En sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación perfiló su posición en torno a la procedenciaExpediente: 08001233300020160131201 (69696)

Actor: Sociedad Estrada Navarro S.A.S

Sección Tercera de esta Corporación perfiló su posición en torno a la procedenciaExpediente: 08001233300020160131201 (69696)

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de la acción de reparación directa como el medio adecuado para formular pretensiones relativas al enriquecimiento sin justa causa, la cual se supeditó a la ocurrencia de alguno de estas tres hipótesis:

“a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del pa rticular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo.

“b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proces o de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral

celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancia s que la llevaron a tomar tal determinación.

“c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993.

“(…)”1.

Tanto del contenido de la demanda, de la sentencia de primera instancia, como del recurso de apelación, la Sala precisa que el caso concreto estaría llamado a resolverse desde la óptica de la s dos primeras hipótesis de procedencia del enriquecimiento sin causa, relativ as a la necesidad de suministrar bienes para contener un evento que amenace el derecho a la salud y al ejercicio de actos de

1 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, Exp. 24897, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.Expediente: 08001233300020160131201 (69696)

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constreñimiento encaminados al cumplimiento de prestaciones sin vínculo contractual.

1.2. Hechos probados

Está acreditado que el 23 de junio de 2015, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la sociedad Estrada Navarro S.A.S. celebraron el contrato de suministro de alimentos No. 012015003 2452, cuyo objeto consistió en entregar raciones diarias de desayunos, almuerzos y cenas a los reclusos de los centros penitenciarios El Bosque y El Buen Pastor de esa ciudad. El valor del acuerdo se pactó en $1’500.000.000 y se convino que su plazo de ejecución empezaría al día siguiente, 24 de junio de 2015, período que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2015 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que aconteciera primero.

Las evidencias probatorias revelan que fue el segundo de los supuestosagotamiento de los recursosel que tuvo ocurrencia primigeniamente.

En efecto, en oficio del 3 de noviembre de 2015, la Secretaría de Gobierno Distrital ante la inminencia del cercano agotamiento de recursos del contrato de suministro, solicitó a la Secretaría Jurídica del Distrito de Barranquilla que elaborara un otrosí de adición por valor de $750’0 00.000, circunstancia que condujo a que el 5 de noviembre siguiente los extremos negociales suscribieran el documento de otrosí 1, en el que se amplió el valor por el monto señalado y se mantuvo la regla que dictaba

noviembre siguiente los extremos negociales suscribieran el documento de otrosí 1, en el que se amplió el valor por el monto señalado y se mantuvo la regla que dictaba que su vigencia se extendería hasta el 31 de diciembre de 2015 o hasta que se acabara las partidas dinerarias, a prevención de que sería lo que sucediera primero.

Según informe de interventoría No. 5 del 1 de diciembre de 2015, a esa fecha quedaba un saldo pendiente de ejecución de $29’772. 0003. El 29 de febrero de 2016, la sociedad Estrada Navarro S.A.S. radicó ante la contratante la factura 3916, por valor de $29’772.000 , correspondiente a los alimentos entregados en el lapso comprendido entre el 1 y 4 de diciembre de 2015 4. De este hecho da cuenta igualmente el informe de interventoría No. 7 suscrito el 10 de marzo de 20165.

2 Folios 59 a 65 del cuaderno principal. Anexos. 3 Folios 201 y 202 de la actuación 28 del expediente digitalizado visible en el aplicativo SAMAI. 4 Folio 5 de la actuación 29 del expediente digitalizado visible en el aplicativo SAMAI. 5 Folios 6 y 7 de la actuación 29 del expediente digitalizado visible en el aplicativo SAMAI.Expediente: 08001233300020160131201 (69696)

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El contexto fáctico descrito revela que el 4 de diciembre de 2015 emergió el supuesto estipulado por las partes por cuya virtud se entendía finalizado el plazo de

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El contexto fáctico descrito revela que el 4 de diciembre de 2015 emergió el supuesto estipulado por las partes por cuya virtud se entendía finalizado el plazo de ejecución.

Al lado de lo anterior, se encuentra demostrado que , no obstante haber terminado el contrato el 4 de diciembre de 2015 por agotamiento de los recursos, el contratista continuó suministrando raciones de desayunos, almuerzo y cenas a los internos de los centros de reclusión el Buen Pastor y El Bosque, situación que se prolongó desde el 5 de diciembre de 2015 al 8 de marzo de 2016, de acuerdo con lo certificado por el directores de ambos centros pen itenciarios, el que discriminó la cantidad de raciones entregadas por día y el valor 6, en cotejo con los informes de los componentes nutricionales que acompañaban las entregadas periódicas.

Así pues, el escenario probatorio valorado permite afirmar que entre el 5 de diciembre de 2015 y el 8 de marzo de 2016 la sociedad Estrada Navarro S.A.S suministró alimentos a los recluso s de las cárceles masculina y femenina de esa ciudad, sin que tal actividad estuviera amparada por la existencia de un vínculo obligacional vigente, hallazgo que abre paso al examen de los cargos de la apelación encaminados a determinar si en el caso convergieron o no los supuestos previstos para la declaratoria del alegado enriquecimiento sin causa.

1.3. Una situación de riesgo del derecho a la salud de los destinarios de los alimentos

El Tribunal de primera instancia estimó que, de haberse interrumpido la entrega de

previstos para la declaratoria del alegado enriquecimiento sin causa.

1.3. Una situación de riesgo del derecho a la salud de los destinarios de los alimentos

El Tribunal de primera instancia estimó que, de haberse interrumpido la entrega de los alimentos a los internos de los reclusorios , se habría generado un detrimento mayor, arriesgándose la salud y la vida de las personas privadas de la libertad.

En discrepancia, el recurrente fundó su disenso en que el a quo no ciñó sus consideraciones a algún elemento de convicción que les sirviera de sustento, de manera que no podía aseverarse que se hubiera reunid o el supuesto previsto jurisprudencialmente para la prosperidad de la actio in rem verso , en punto a la segunda causal en los términos que exige la sentencia de unificación.

Para resolver este cargo de la impugnación , la Sala inicia por precisar que , en efecto, como lo sostiene la entidad demandada, el fallador de origen, más allá de

6 Las referidas certificaciones reposan en los folios 93 a 98 del cuaderno principal. Anexos.Expediente: 08001233300020160131201 (69696)

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apoyar su razonamiento en la sana cr ítica que orienta que ante la ausencia de alimentos podría verse comprometida gravemente la salud de los destinatarios de su ingesta , no aludió a elemento probatorio alguno que revistiera de vigor sus reflexiones.

A ese respecto, sin perjuicio de que el objeto del contrato no contuviera obligaciones

alimentos podría verse comprometida gravemente la salud de los destinatarios de su ingesta , no aludió a elemento probatorio alguno que revistiera de vigor sus reflexiones.

A ese respecto, sin perjuicio de que el objeto del contrato no contuviera obligaciones propiamente relacionadas con la prestación directa d el servicio de salud, no pone en duda la Sala que aun cuando la falta de continuidad del suministro de alimentos podría poner en riesgo ese bien jurídico tutelable en conexidad con el derecho a la vida de los internos, de cara a la ausencia del sustento básico nutricional, lo cierto es que tal premisa por sí sola no basta para hacer extensivo a este caso la configuración de la segunda hipótesis del enriquecimiento sin causa asociada a ese tópico, según pasa a explicarse:

La lectura de la segunda hipótesis creada por la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado ofrece dos enunciados que se encuentran ligados por una relación de conexidad directa, lo que de suyo descart a que la presencia de solo uno de ellos, y apreciado de manera aislada, resulte suficiente para agotar el contenido de su configuración.

Admitir lo opuesto, desdibujaría la utilidad y esencia de la causal en estudio, al paso que, valga recordar, se desatendería el “carácter excepcional y por consiguiente de interpretación y aplicación restrictiva, y de ninguna manera con la pretensión de encuadrar dentro de estos casos excepcionales, o al amparo de ellos, eventos que necesariamente quedan comprendidos dentro de la re gla general que antes se mencionó [la de la improcedencia de alegar el enriquecimiento sin causa en cualquier caso]7.”

necesariamente quedan comprendidos dentro de la re gla general que antes se mencionó [la de la improcedencia de alegar el enriquecimiento sin causa en cualquier caso]7.”

Dicho de otro modo, indefectiblemente deben confluir las circunstancias previstas en los dos apartados que integran la segunda hipótesis a efectos de dotar de fundamento el surgimiento y aplicación de la referida causal, siendo indispensable añadir que su concurrencia debe seguir un estricto orden de causa y efecto:

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, Exp. 24897, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.Expediente: 08001233300020160131201 (69696)

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Así, la regla inicial plantea que la segunda causal tendrá cabida en aquellos supuestos:

“En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal”.

La segunda premisa entraña un efecto consecuencial sobre la base de la ocurrencia de la primera, al establecer que la:

“urgencia y necesidad [de adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras] que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un

“urgencia y necesidad [de adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras] que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo”.

En síntesis, la posibilidad de suministrar bienes, entre otras actividades, sin contrato perfeccionado a la luz del Estatuto de Contratación de la Administración Pública , para evitar una lesión al derecho a la salud se justificará en la medida en que la necesidad de su prestación sea de tal urgencia que hubiera tornado imposible para la entidad planear y adelantar un procedimiento de selección dirigido a satisfacer ese cometido.

Es por ello que no basta con que la ausencia del contrato solemne, cuya exigencia halla génesis en normas de orden público, se pretenda excusar en la relevancia de asegurar, tutelar y proteger el derecho a la salud. Inesquivable es para ese propósito que la situación de urgencia en su salvaguarda surja como resultado de la imposibilidad de materializar el principio de planeación en la etapa previa a aquella en la que se originó la necesidad satisfacer esa finalidad pública y, con ello , de celebrar el respectivo contrato.

Precisado este panorama , la Sala advierte que ese no fue el supuesto que tuvo cabida en el sub lite.

No hay ninguna evidencia demostrativa de que la Administración estuvier