CE - 012333000201601908011SENTENCIA20230206090753

1 Radicado: 76001-23-33-000-2016-01908-01 (2127-2022) Demandante: María Emma Ruiz Rodríguez

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Bogotá D.C., dos (02) de febrero de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 76001-23-33-000-2016-01908-01 (2127-2022) Demandante: MARÍA EMMA RUIZ RODRÍGUEZ Demandadas: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EJÉRCITO NACIONAL Temas: Pensión de sobreviviente soldado regular fallecido en combate. Régimen aplicable contenido en el Decreto 1211 de 1990. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA Ley 1437 de 2011 O-09-2023 ASUNTO La Subsección decide el recurso de apelación formulado por la entidad demandada contra la sentencia del 24 de marzo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca que accedió a las pretensiones de la demanda. ANTECEDENTES La señora María Emma Ruiz Rodríguez en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes: Pretensiones2 1. Declarar la nulidad de las Resoluciones 5588 del 22 de diciembre de 2015 y 3021 del 25 de julio de 2016, en cuanto negaron el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a favor de la demandante. 2. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional reconocer a la señora María Emma Ruíz Rodríguez una pensión de sobrevivientes en su calidad de madre del soldado regular Olimpo

a favor de la demandante. 2. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional reconocer a la señora María Emma Ruíz Rodríguez una pensión de sobrevivientes en su calidad de madre del soldado regular Olimpo Sánchez Ruiz, quien falleció en combate el 3 de marzo de 1991. 3. Ordenar que las sumas que surjan a favor de la libelista sean indexadas desde el momento de la causación del derecho y hasta que se realice el reconocimiento de la pensión como cabo segundo póstumo. 1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», o CPACA. Se destaca que el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali por medio de providencia del 25 de agosto de 2014, declaró la falta de competencia en razón de la cuantía y remitió el trámite del proceso al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (folios 50 a 51). 2 Folios 4 a 5.2 Radicado: 76001-23-33-000-2016-01908-01 (2127-2022) Demandante: María Emma Ruiz Rodríguez

Supuestos fácticos relevantes3 1. El señor Olimpo Sánchez Ruiz se incorporó al Ejército Nacional en calidad de soldado regular, el 4 de diciembre de 1989. Posteriormente, fue ascendido a cabo segundo póstumo, el 3 de marzo de 1991. Prestó sus servicios hasta el día de su deceso. 2. El uniformado fue ascendido de forma póstuma mediante Resolución 01273 del 11 de marzo de 1992. Era soltero y no tenía hijos. Sus padres eran los señores María Emma Ruiz Rodríguez y José Cristóbal Sánchez Cataño. 3. La muerte del militar ocurrió en combate, tal como lo calificó el Ejército Nacional. 4. La señora Ruiz Rodríguez mediante escrito del 24 de noviembre de 2015, solicitó ante la demandada el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes. En consecuencia, fue expedida la Resolución 5588 del 22 de diciembre de 2015 que desató de manera negativa el requerimiento. 5. Contra la anterior decisión fue presentado recurso de reposición, el 16 de mayo de 2016. 6. Con ocasión de ello, se profirió la Resolución 3021 del 25 de julio de 2016 que resolvió confirmar en todas sus partes el acto administrativo recurrido. DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»4, porque es guía y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que garantiza el debido proceso, razón por la cual

el juez al proferir la sentencia debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones, las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia. Fecha de la audiencia inicial: 29 de mayo de 2019. Resumen de las principales decisiones Excepciones previas (art. 180-6 CPACA) La parte demandada no presentó excepciones previas. El a quo manifestó que el fenómeno jurídico de la prescripción sería estudiado de oficio en caso de prosperar las pretensiones de la demanda. (Folio 189 y CD obrante a folio 197) Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA) El litigio se fijó en los siguientes términos: «[…] el litigio se contrae a determinar si hay lugar o no a la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 5588 del 22 de diciembre de 2015, y la No. 3021 del 25 de 3 Folios 3 a 4. 4 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).3 Radicado: 76001-23-33-000-2016-01908-01 (2127-2022) Demandante: María Emma Ruiz Rodríguez

julio de 2016, a través de las cuales la entidad demandada, niega el reconocimiento de pensión de sobrevivientes a la demandante por infracción de las normas en que debía fundarse; en caso afirmativo si es jurídicamente procedente a título de restablecimiento del derecho ordenar a la entidad demandada, reconocer y pagar una pensión de sobrevivientes a favor de la señora María Emma Ruiz Rodríguez, desde el día 3 de marzo de 1991, y a que la misma sea indexada desde la fecha de su causación hasta que se realice el reconocimiento como cabo segundo póstumo de su fallecido hijo.». (Folio 189 y CD que reposa a folio 197). Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos. SENTENCIA APELADA5 El a quo profirió sentencia escrita el 24 de marzo de 2021, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demandante con fundamento en las siguientes consideraciones: El tribunal de primera instancia inicialmente indicó que el Decreto 2728 de 1968 no distingue entre los soldados regulares y voluntarios, motivo por el cual, si no hay una regulación específica para este primer grupo de servidores, se puede acudir a la misma norma a fin de resolver este tipo de situaciones jurídicas. Acto seguido, manifestó que el Decreto 1211 de 1990 consagró a favor de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares muertos en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, el derecho a ser ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, y a reconocer a favor de sus beneficiarios las siguientes prestaciones: i) compensación equivalente a 4 años de haberes correspondientes al grado conferido al causante; ii) pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el finado, y; iii) pensión de sobrevivientes, cuyo valor dependerá del tiempo de servicios acreditado. A partir de los medios de prueba documentales aportados a la

años de haberes correspondientes al grado conferido al causante; ii) pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el finado, y; iii) pensión de sobrevivientes, cuyo valor dependerá del tiempo de servicios acreditado. A partir de los medios de prueba documentales aportados a la actuación, el a quo sostuvo si bien la autoridad demandada reconoció una cesantía doble y compensación por muerte a favor de la libelista con ocasión del fallecimiento del soldado regular Sánchez Ruiz, ello en aplicación del Decreto 2728 de 1968, lo cierto es que este se dio de forma incompleta, por cuanto en virtud de lo previsto por el Decreto 1211 de 1990, los beneficiarios del uniformado también tienen derecho al otorgamiento de una pensión de sobrevivientes. En este punto agregó que la prestación debe liquidarse teniendo en cuenta el ascenso póstumo a cabo segundo. Citó apartes de decisiones judiciales proferidas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en casos similares al de marras, para exponer que la pensión de sobrevivientes tiene por objeto principal el proteger a la familia y los derechos fundamentales de quienes compartían de manera más cercana con el causante, quienes entran a soportar cargas económicas con ocasión de la muerte de quien dependía su sustento. En ese sentido, puntualizó que los artículos 185 y 189 del Decreto 1211 de 1990 únicamente exigen para el otorgamiento de la pensión, la demostración de calidad del parentesco con el causante. Situación que quedó comprobada en el plenario, quien acreditó a través del registro civil de nacimiento que era la madre del señor Sánchez Ruiz. Por consiguiente, estimó que la pensión de sobrevivientes debía reconocerse en una cuantía del 50 % de lo dispuesto en el literal d) del artículo 189 ejusdem, teniendo en cuenta que el uniformado laboró durante 14 meses y 29 días. El 5 Folios 224 a

Por consiguiente, estimó que la pensión de sobrevivientes debía reconocerse en una cuantía del 50 % de lo dispuesto en el literal d) del artículo 189 ejusdem, teniendo en cuenta que el uniformado laboró durante 14 meses y 29 días. El 5 Folios 224 a 232.4 Radicado: 76001-23-33-000-2016-01908-01 (2127-2022) Demandante: María Emma Ruiz Rodríguez

derecho económico surtirá efectos fiscales desde el 25 de noviembre de 2012, al haberse configurado el fenómeno prescriptivo de mesadas pensionales, dado que la reclamación en sede administrativa se surtió hasta el 25 de noviembre de 2015 y el deceso ocurrió el 3 de marzo de 1991. Finalmente, concluyó que deben ser descontadas las sumas que por concepto de compensación por muerte fueron abonadas previamente a la señora Ruiz Rodríguez, equivalente a 48 meses de los haberes percibidos por el finado, en los términos ordenados en la Resolución 03522 del 19 de mayo de 1992. Fundamentó su postura en la sentencia de unificación SUJ-009-S2 del Consejo de Estado. Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió sentencia que en su parte resolutiva se resume así: i) declaró probada la excepción de prescripción trienal de mesadas pensionales causadas con anterioridad al 25 de noviembre de 2012; ii) declaró la nulidad de las Resoluciones 5588 del 22 de diciembre de 2015 y 3021 del 25 de julio de 2016, que negaron el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a favor de la demandante; iii) a título de restablecimiento del derecho condenó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional a reconocer, liquidar y pagar pensión de sobrevivientes a favor de la señora María Emma Ruiz Rodríguez, en cuantía equivalente al 50 % de las partidas computables de que trata el artículo 158 del Decreto 1211 de 1990, ello a partir del 25 de noviembre de 2012; iv) ordenó la indexación de las mesadas adeudadas de conformidad con el índice de precios al consumidor; v) la autoridad demandada deberá efectuar el descuento de la compensación por muerte reconocida a la libelista mediante Resolución 03522 del 19 de mayo

de 2012; iv) ordenó la indexación de las mesadas adeudadas de conformidad con el índice de precios al consumidor; v) la autoridad demandada deberá efectuar el descuento de la compensación por muerte reconocida a la libelista mediante Resolución 03522 del 19 de mayo de 1992; vi) condenó en costas y agencias en derecho a la parte pasiva del litigio. RECURSO DE APELACIÓN6 La entidad demandada formuló recurso de apelación contra la decisión reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada para denegar las pretensiones de la demanda. Para ello, manifestó en primera medida que el Ejército Nacional ascendió de forma póstuma a cabo segundo al soldado fallecido en combate, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 8.° del Decreto 2728 de 1968, pero ello no implica que el uniformado al momento del deceso tuviera la calidad de suboficial. Añadió que este ascenso se realiza con el fin de favorecer a los beneficiarios del servidor fallecido con el reconocimiento de prestaciones sociales e indemnización por muerte, las cuales se liquidarían con el sueldo de un grado superior al que este ostentaba. Continuó su razonamiento al esbozar que mediante Resolución 3522 del 19 de mayo de 1992, fue ordenado el pago de unas cesantías definitivas dobles y compensación por muerte; únicas prestaciones a que había lugar a reconocer, según las normativas aplicables. Precisó que, en todo caso, la demandante debía impugnar dicho acto administrativo si consideraba que tenía un derecho económico distinto. Por último, solicitó que en el evento de que se resuelva confirmar la

sentencia impugnada, se ordene descontar los valores que recibió la señora Ruiz Rodríguez por concepto de compensación por muerte. Indicó que ambas prestaciones resultaban incompatibles, tal como se desarrolló en la sentencia del 30 de octubre de 2008 de la Sección Segunda del Consejo de Estado. 6 Índice 38 del registro de SAMAI del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.5 Radicado: 76001-23-33-000-2016-01908-01 (2127-2022) Demandante: María Emma Ruiz Rodríguez

SOBRE LA ETAPA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA   Una vez presentado el recurso de apelación por la parte demandada, al estar dentro del término procesal correspondiente, el Despacho ponente mediante auto del 16 de mayo de 2022, admitió el recurso de alzada y, en concordancia con el artículo 212 del CPACA y el ordinal 5.° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 a través del cual se modificó el artículo 247 del CPACA, dispuso que por Secretaría, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de mencionada providencia, pasara el expediente al Despacho para dictar sentencia, salvo que las partes presenten solicitud probatoria.     En cumplimiento de lo anterior y en atención a la constancia del 24 de junio de 2022, proferida por la Secretaría, visible a índice 8 del registro de SAMAI, en la cual se indicó que no hubo solicitud de pruebas, se procede a decidir de fondo el asunto. CONSIDERACIONES Competencia De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los planteamientos expuestos en el recurso de apelación, el cual en el presente caso solo la presentó la entidad demandada. Problema jurídico En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se resume en la siguiente pregunta: ¿La señora María Emma Ruiz Rodríguez

en su calidad de madre del soldado regular Olimpo Sánchez Ruiz, ascendido de forma póstuma al grado de cabo segundo y quién falleció en combate el 3 de marzo de 1991, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, prevista en el Decreto 1211 de 1990? Como tesis frente a este cuestionamiento, la Subsección sostendrá la siguiente: la demandante sí tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con base en el artículo 189, literal d), del Decreto 1211 de 1990, con ocasión de la muerte en combate del soldado regular Olimpo Sánchez Ruiz, con base en las razones que se exponen a continuación: Ø La pensión de sobrevivientes El artículo 48 de la Constitución Política dispuso que la seguridad social es un derecho irrenunciable y un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos en que lo establezca la ley. En ese orden y bajo esos principios, la Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto de obligaciones del Estado y la sociedad, instituciones y recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, y las demás que se incorporen normativamente en el futuro, con el objeto de6 Radicado: 76001-23-33-000-2016-01908-01 (2127-2022) Demandante: María Emma Ruiz Rodríguez

garantizar esos derechos irrenunciables de las personas, en condiciones que les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, a través de la protección de las contingencias que las puedan afectar7. Así pues, con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte, el legislador previó la denominada pensión de sobrevivientes, como una prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-1094 de 2003, manifestó: «[…] Por su parte, el legislador ha dispuesto que el sistema general de pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones. La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean

alterada la situación social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades. […]» (Se subraya). Bajo dicho entendido, la pensión de sobreviviente se enmarca dentro del derecho a la seguridad social y tiene como finalidad primordial la de satisfacer la necesidad de subsistencia financiera que persiste para quien sustituye a la persona que disfrutaba de una pensión o tenía derecho a su reconocimiento, una vez producido el fallecimiento de ésta, en razón a la desprotección que se genera por esa misma causa. Ø El servicio militar obligatorio El artículo 216 de la Constitución Política textualmente preceptúa: «[…] Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones pública. La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo. […]» Para la Corte Constitucional, «[…] prestar el servicio militar es una obligación de naturaleza constitucional que corresponde a exigencias mínimas derivadas del deber genérico impuesto a los nacionales respecto del sostenimiento y defensa de la soberanía, la guarda del orden institucional y el mantenimiento del orden público […]»8. 7 Artículo 1 de la Ley 100 de 1993. 8 Sentencia C-511 de 19947 Radicado: 76001-23-33-000-2016-01908-01 (2127-2022) Demandante: María Emma Ruiz Rodríguez

En este punto, es pertinente señalar que las normas que se citarán a continuación son las aplicables al causante de la prestación reclamada, toda vez que eran las vigentes al momento de su deceso. Ello por cuanto mediante Ley 1861 del 4 de agosto de 2017 se modificó la prestación del servicio militar obligatorio. La obligatoriedad del servicio militar se plasmó inicialmente en la Ley 48 de 1993 «Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización», que para tal efecto, señaló: «[…] ARTICULO 10. Obligación de definir la situación militar. Todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título de bachiller. La obligación militar de los colombianos termina el día en que cumplan los cincuenta (50) años de edad. […]» Por su parte, el artículo 13 ibidem distinguió las modalidades de prestación del servicio militar obligatorio y los tiempos de duración de cada uno de ellos, así: «[…] ARTICULO 13. Modalidades prestación servicio militar obligatorio. El Gobierno podrá establecer diferentes modalidades para atender la obligación de la prestación del servicio militar obligatorio. Continuarán rigiendo las modalidades actuales sobre la prestación de] servicio militar: a) Como soldado regular, de 18 a 24 meses; b) Como soldado bachiller durante 12 meses; c) Como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses; d) Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses. […]» Igualmente, se previó en el parágrafo 1.° del

referido artículo que los soldados, en especial los bachilleres, además de su formación militar, y demás obligaciones inherentes a su calidad de soldado, deberán ser instruidos y dedicados a la realización de actividades de bienestar social a la comunidad y en especial a tareas para la preservación del medio ambiente y conservación ecológica. Dentro de los derechos que se distinguen para aquellas personas que hubieren cumplido con la obligación constitucional, se encuentra que el tiempo de servicio les será computado para efectos de cesantía y pensión (artículo 40), es decir, que ese tiempo tiene incidencia en la consolidación del derecho pensional en las entidades del Estado de cualquier orden9. De acuerdo con la normativa en cita, se observa que tanto la ley como la Constitución otorgaron derechos a los ciudadanos, también lo es, que se les impuso el desempeño de algunas obligaciones y deberes, como ocurre en relación con la prestación del servicio militar obligatorio, que en tratándose de los conscriptos10 el vínculo surge como cumplimiento del deber constitucional de prestar el servicio militar para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. 9 Sobre los efectos en materia de pensión, cesantías y prima de antigüedad del tiempo de servicio militar se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto con radicación 1144 del 16 de septiembre de 1998. Así mismo, concepto con radicación 11001-03-06-000-2001-01397-00(1397) del 24 de julio de 2002. 10 En sentencia de unificación SUJ-009-S2, del 1.° de marzo de 2018, radicado Rad.: 68001-23-33-000-2015-00965-01

(3760-16), Conejero ponente: William Hernández Gómez, esta Sección precisó que una modalidad de prestación del servicio militar obligatorio de acuerdo con la Ley 48 de 1993 es la de soldado regular. Para mayor ilustración se transcribe lo pertinente: «[…]se encuentran los soldados regulares, bachilleres y campesinos, que son modalidades de prestación del servicio militar obligatorio de conformidad con la Ley 48 de 1993, los cuales han sido denominados de manera genérica como conscriptos. Al respecto, el artículo 13 ejusdem distinguió las modalidades de prestación del servicio militar obligatorio y los tiempos de duración de cada uno de ellos, así: […]» (Negrillas del texto, subrayas de la Subsección).8 Radicado: 76001-23-33-000-2016-01908-01 (2127-2022) Demandante: María Emma Ruiz Rodríguez

Ø El régimen de prestaciones por muerte para quienes prestan el servicio militar obligatorio en las Fuerzas Militares Por medio de la Ley 65 de 1967 se revistió al presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar la remuneración y régimen de prestaciones de las Fuerzas Militares, entre otros aspectos, en lo relativo al régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de Policía, soldados, grumetes, agentes y personal civil al servicio del ramo de la Defensa Nacional.11 En virtud de lo anterior, se expidió el Decreto 2728 del 2 de noviembre de 1968, «por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares», el cual en su artículo 8 consagró las prestaciones a las que habría lugar en caso de fallecimiento de un soldado o grumete muerto en combate, así: «Artículo 8. El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía. […]». (Subrayas de la Subsección). De esta forma, se determinaron los beneficios a percibir con ocasión del soldado regular cuyo deceso ocurra en combate, así: i) ascenso en forma póstuma al grado de cabo segundo o marinero; ii) reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondientes a dicho grado y; iii) pago doble de la cesantía. Conforme a lo expuesto, se observa que el artículo 8 del Decreto 2728

en forma póstuma al grado de cabo segundo o marinero; ii) reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondientes a dicho grado y; iii) pago doble de la cesantía. Conforme a lo expuesto, se observa que el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968 no contempló una pensión de sobrevivientes para los beneficiarios de los soldados regulares12 muertos en combate, pues solo determinó una compensación por muerte en caso de que el soldado hubiese fallecido en combate, misión o por diferentes causas. Posteriormente, la Ley 447 del 21 de julio de 1998, «Por la cual se establece pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras disposiciones», confirió en su artículo 1.° a los beneficiarios de los fallecidos en combate una prestación en los siguientes términos: «ARTICULO 1. MUERTE EN COMBATE. A partir de la vigencia de la presente ley, a la muerte de la persona vinculada a las F.F.M.M. y de Policía por razón constitucional y legal de la prestación del servicio militar obligatorio, ocurrida en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en el orden establecido en esta ley, o los beneficiarios que designe la persona prestataria del servicio militar al incorporarse, tendrán derecho a una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio (11/2) mínimo mensuales y vigentes.». Así definitiva, la citada normativa previó una pensión de sobreviviente a los beneficiarios del soldado regular muerto en combate, así: pensión vitalicia equivalente a un salario y medio (11/2) mínimo mensual y vigente a favor de sus beneficiarios. Más adelante, el artículo 34 del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004 «por 11

a los beneficiarios del soldado regular muerto en combate, así: pensión vitalicia equivalente a un salario y medio (11/2) mínimo mensual y vigente a favor de sus beneficiarios. Más adelante, el artículo 34 del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004 «por 11 Artículo 1 literal c). 12 Tal y como se explicó en precedencia, es una modalidad de prestación de servicio militar obligatorio.9 Radicado: 76001-23-33-000-2016-01908-01 (2127-2022) Demandante: María Emma Ruiz Rodríguez

medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública», reiteró que el fallecimiento de una persona vinculada por razón de la prestación del servicio militar obligatorio, ocurrido en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público, daría lugar al reconocimiento y pago de una pensión vitalicia a sus beneficiarios, equivalente a un salario y medio mínimo legal mensual vigente, en los términos de la Ley 447 de 1998. La citada relación normativa evidencia que solo hasta la entrada en vigencia de la Ley 447 de 1998 se previó una pensión a favor de los beneficiarios del conscripto fallecido, toda vez que como se indicó en precedencia, el Decreto 2728 de 1968 no la contemplaba. Posteriormente, dicha prestación fue regulada en el Decreto 4433 de 2004. Ahora bien, toda vez que el soldado regular ascendido de forma póstuma a cabo segundo13 Olimpo Sánchez Ruiz falleció el 3 de marzo de 199114, no le es aplicable ni la Ley 447 de 1998 ni el Decreto 4433 de 2004, pues como lo ha sostenido en diferentes oportunidades el Consejo de Estado15, la normativa que gobierna la pensión de sobreviviente son las disposiciones vigentes al momento del fallecimiento del causante. Bajo dicho entendido, tampoco se podría dar aplicación al principio de favorabilidad, dado que conforme lo ha entendido la Corte Constitucional «[…] este se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto concreto. La existencia de este conflicto se da cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al momento de causarse el derecho que se reclama, son aplicables para su solución. […]» 16 Al respecto, esta Sección en reciente sentencia de unificación,17 en la cual se

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