CE - 012333000201602077011SENTENCIA20230512093526

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001-23-33-000-2016-02077-01 (0090-2022)

Demandante: Francisco Arnoldo Urrea Hernández y otros Demandado: Superintendencia Nacional de Notariado y Registro, SNR Temas: Notificaciones en el proceso administrativo sancionatorio disciplinario / Derecho al debido proceso / Error intrascendente en el trámite de la actuación administrativa sancionatoria no genera nulidades

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia d el 28 de septiembre de 2021, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.2. Las pretensiones

En ejercicio d el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1 Francisco Arnoldo Urrea Hernánde z, su esposa G loria Elena Minota Restrepo y sus hijas Erica Urrea Minota, Diana Marcela Urrea Minota y Viviana Urrea Minota, solicitaron la nulidad de los actos administrativos disciplinarios del 21 de octubre de 2015 -contenido en acta de diligencia verbaly de 1º de febrero de 2016 -contenido en la Resolución 783 de esa fecha -, expedidos por el jefe de la Oficina de Control

de 2015 -contenido en acta de diligencia verbaly de 1º de febrero de 2016 -contenido en la Resolución 783 de esa fecha -, expedidos por el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Superintendencia de Notariado y Registro y por el superintendente de esa entidad , respectivamente, por medio de los cuales Francisco Arnoldo Urrea Hernández fue sancionado con destitución del cargo de registrador seccional de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Berrío, Antioquia, e inhabilitado por 12 años. Asimismo, la Resolución 2096 del 2 de marzo de 2016, por la cual se dispuso ejecutar la sanción.

Como consecuencia solicit aron, a título de restablecimiento del derecho , que se ordene a la entidad demandada a: (i) el reintegro de Francisco Arnoldo Urrea Hernández al empleo que venía desempeñando ; (ii) el pago de los salarios y demás prestaciones dejad as de percibir , desde la fecha de su retiro hasta el momento de su reintegro , en forma indexada; (iii) el reconocimiento de perjuicios materiales o daño emergente, equivalente a $1.522.708, y, por concepto de daños morales al disciplinado y a cada uno de los integrantes de su núcleo familiar, es decir, su esposa y 3 hijas , el equivalente a 500 sm lmv; (iii) la eliminación de la sanción de destitución e inhabilidad general, de la hoja de vida del señor Urrea Hernández y de las bases de datos de la Procuraduría General de la Nación ; y (iv) el pago de las costas y agencias en derecho.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Hernández y de las bases de datos de la Procuraduría General de la Nación ; y (iv) el pago de las costas y agencias en derecho.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Los hechos relevantes expuestos en la demanda son los siguientes:

1 Regulado en el art. 138 de l Código de Proced imiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

CPACA.2

Demandante: FRANCISCO ARNOLDO URREA Radicado: 05001-23-33-000-2016-02077-01 (0090-2022)

Francisco Arnoldo Urrea Hernández se desempeñ ó como registrador seccional de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Berr ío, entre el 16 de junio de 2005 y e l 2 de marzo de 2016, fecha en que se produjo su retiro como consecuencia de la sanción de destitución que le fue impuesta.

El 9 de febrero de 2011, a través del «turno de radicación de documentos» 126, Urrea Hernández calificó y ordenó inscri bir en el re gistro catastral la Resolución 38 del 22 de diciembre de 2010, por medio de la cual el Fondo de Vivienda de Interés Social y de Reforma Urbana de Puerto Berrío -Fovisru-, adjudicó a favor de su hija Diana Marcela Urrea Minota, el bien identificado con la m atrícula inmobiliaria 0199097. También registró dos medidas de limitación del dominio, a saber: una constitución de condición resolutoria y una constitución de patrimonio de familia . Luego, el 12 de abril de 2013, mediante el «turno de radicación de documentos» 464, calificó y ordenó la inscripción de documentos que contenían la solicitud de

constitución de condición resolutoria y una constitución de patrimonio de familia . Luego, el 12 de abril de 2013, mediante el «turno de radicación de documentos» 464, calificó y ordenó la inscripción de documentos que contenían la solicitud de cancelación de las condiciones resolutorias que recaían sobre el inmueble referido.

Durante los primeros meses de 2014, Francisco Arnoldo Urrea Hernández estuvo en li cencia no remunerada, por lo que en su reemplazo fue encargado César Augusto Bermúdez Álvarez , según Resolución 3353 del 25 de marzo de 2014 de la SNR, quien, a través de oficio radicado con el número SNR2014ER023842 del 14 de mayo de 2014, informó a la SNR, entre otras supuestas «anomalías», que el demandante al parecer habría incurrido en conflicto de intereses y desconocido el régimen de impedimentos, porque en el folio de matrícula inmobiliaria 019-9097, realizó las inscripciones descritas, a favor de su hija.

Mediante auto del 20 de mayo de 2014, l a Oficina de Control Disciplinario Interno de la SNR ordenó: (i) la apertura de indagación preliminar contra el actor, con base en el informe presentado, (ii) la realización de una visita especial a la Oficin a de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Berr ío, (iii) escucharlo en versión libre, (iv) incorporar al proceso disciplinario el informe de anomalías y (v) citar a declarar a César Augusto Bermúdez Álvarez.

El demandante fue citado para el 29 de mayo de 2014, en las instalaciones de la

libre, (iv) incorporar al proceso disciplinario el informe de anomalías y (v) citar a declarar a César Augusto Bermúdez Álvarez.

El demandante fue citado para el 29 de mayo de 2014, en las instalaciones de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Berrio , para la diligencia de versión libre, pero el disciplinado manifestó que guardaría silencio.

Mediante auto del 4 de junio de 2015, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la SNR resolvió abrir una investigación disciplinaria en contra del demandante, y luego, a través de auto del 10 de agosto de 2015, dispuso adelantar la actuación por el juicio verbal, formular cargos y citar a audiencia pública para el 31 de agosto de 2015, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barrancabermeja.

En el referido auto de l 10 de agosto de 2015, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la SNR formuló al accionante un único cargo disciplinari o, atinente a que los días 9 de febrero de 2011 y 12 de abril de 2013 «calificó e inscribió los turnos de documentos Nos. 126 y 464, respectivamente, en el folio de matrícula inmobiliaria, sin declararse impedido, debiendo hacerlo, por ser contentivos de actos que interesaban directamente a su hija» , con lo cual incurrió, a título de dolo, en la falta gravísima señalada en el artículo 48.46 de la Ley 734 de 2002, consistente en «no declararse impedido oportunamente, cuando exista la obligación de hacerlo…».

Mediante oficio del 18 de agosto de 2015 , el investigado solicitó al operador

impedido oportunamente, cuando exista la obligación de hacerlo…».

Mediante oficio del 18 de agosto de 2015 , el investigado solicitó al operador administrativo el traslado de la citación de audiencia para la ciudad de Medellín . El día de la audiencia -31 de agosto de 2015 -, el actor presentó una incapacidad3

Demandante: FRANCISCO ARNOLDO URREA Radicado: 05001-23-33-000-2016-02077-01 (0090-2022) médica, por lo que s e tuvo que aplazar, fijándose nueva fecha para el 1 º de septiembre de 2015, decisión que le fue comunicada al interesado por el mismo medio en que presentó la incapacidad, esto es, vía correo electrónico, pese a no haberlo autorizado.

La jefe de la Oficin a de Control Disciplinario Interno de la SNR, el mismo 1º de septiembre de 2015 , resolvió trasladarse hasta el municipio de Puerto Berr ío, entrevistándose con el actor para corroborar el estado de salud del investigado, y se le hizo entrega personal de las actas del 31 de agosto y 1 º de septiembre de 2015, informándosele que no se pudo adelantar la audiencia por razones de su incapacidad e inasistencia, y le solicitó que se presentara el 3 de septiembre siguiente en la ciudad de Barrancabermeja para continuar con la diligencia.

El 2 de septiembre de 2015, el actor envió una nueva incapacidad por el término de 3 días, a través del correo electrónico.

La Oficina de Control Disciplinario Interno de la SNR mediante auto de l 3 de

El 2 de septiembre de 2015, el actor envió una nueva incapacidad por el término de 3 días, a través del correo electrónico.

La Oficina de Control Disciplinario Interno de la SNR mediante auto de l 3 de septiembre de 2015, decretó de oficio la nulidad de la providencia del 10 de agosto del mismo año y las actuaciones subsiguientes, decisión que fue notificada de manera personal al actor el 9 de septiembre de 2015 , mediante comisión al funcionario ingeniero Andrés Felipe Silva.

La jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la SNR mediante auto de l 21 de septiembre de 2015, dispuso rehacer la actuación y por ende ordenó adoptar el procedimiento verbal y citar a audiencia pública al demandante , al encontrarse demostrado objetivamente la conducta tipificada en el numeral 46 del artículo 48 del CDU , por no haberse declarado impedido, teniendo el deber de hacerlo, en un trámite de registro de un documento donde se materializaba el conflicto de intereses descrito en el artículo 40 ibidem, endilgándole el siguiente cargo único, «en su condición de Registrador Seccional de la ORIP de Puerto Berrio, Antioquia, el día 9 de febrero de 2011, y el 12 de abril de 2013, calificó e inscribió los turnos de documentos Nº126 y 464, respectivamen te, en el folio de matrícula inmobiliaria Nº 019-9097, sin declararse impedido debiendo hacerlo, por ser contentivos de actos que interesaban de manera directa a su hija Diana Marcela Urrea Minota », falta calificada como gravísima a título de dolo ; además, se fijó que la audiencia pública se

interesaban de manera directa a su hija Diana Marcela Urrea Minota », falta calificada como gravísima a título de dolo ; además, se fijó que la audiencia pública se realizaría el 29 de septiembre en Medellín, Antioquia, en la Dirección Regional Andina de la SNR, y se le advirtió al investigado que si no comparecía en el término de 2 días contados a partir del envío de la citación s e le notificaría por edicto y se le designaría defensor de oficio , con quien se continuaría el procedimiento -providencia que fue notificada al actor el día 22 del mes en cita mediante comisión que se hiciera al ingeniero Andrés Felipe Silva-.

La autoridad disciplinaria instaló la audiencia el 29 de septiembre de 2015, en la Dirección Regional Andina de la SNR en Medellín, sin embargo, no fue posible adelantarla debido a que el investigado presentó una nueva incapacidad médica , vía correo electrónico, por lo que se reprogramó para el 2 de octubre del mismo año en la ciudad de Bogotá . Así mismo, la jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la SNR dispuso dejar copia visible del acta en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Norte y en la sede de la Dirección Regional Andina, también ordenó enviar copia del acta al notario único de Puerto Berr ío a fin de que notificara al disciplinado, y enviar copia de esta al correo institucional del demandante.

El disciplinado comenzó periodo de vacaciones desde el 1º hasta el 22 de octubre de 2015, en virtud de la Resolución 10310 del 15 de septiembre de 2015, expedida por el secretario general de la SNR.4

El disciplinado comenzó periodo de vacaciones desde el 1º hasta el 22 de octubre de 2015, en virtud de la Resolución 10310 del 15 de septiembre de 2015, expedida por el secretario general de la SNR.4

Demandante: FRANCISCO ARNOLDO URREA Radicado: 05001-23-33-000-2016-02077-01 (0090-2022)

La autoridad disciplinaria adelantó la audiencia pública el 2 de octubre de 2015 y, en vista de que el investigado no compareció, resolvió dar aplicación a los artículos 181 y 186 d e la Ley 734 de 2002, y de nuevo ordenó citarlo para la audiencia de formulación de cargos para el 13 de octubre de 2015, en las instalaciones de la Ofici na de Control Disciplinario Interno de la SNR en Bogotá . De igual modo, dispuso la notificación personal al actor y la remisión de la citación de la reprogramación al correo electrónico desde el cual remitió consecutivamente las incapacidades médicas para no asistir al proceso. En ese sentido, se le remitió el oficio 1655 SNR2015EE, citándolo para la diligencia, y se comisionó a un funcionario para que viajara al municipio de Puerto Berrio con el fin de notificar al encartado de la nueva fecha, sin embargo, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos le indicaron que este se encontraba de vacaciones, y en la casa de habitación, su esposa manifestó que el actor no se encontraba en la ciudad, y se negó a suministrar datos de contacto y recibir la citaci ón para la audiencia.

La jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la SNR realizó la

ciudad, y se negó a suministrar datos de contacto y recibir la citaci ón para la audiencia.

La jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la SNR realizó la notificación de la nueva fecha de audiencia por edicto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 181 y 186 de la Ley 734 de 2002 , en vista de la imposibilidad de hacerlo de manera personal, por lo que se fijó el edicto durante los días 8 y 9 de octubre de 2015.

La autoridad disciplinaria instaló de nuevo la audiencia pública el 13 de octubre de 2015 sin que el actor asistiera . En la audiencia se hizo un recuento de las notificaciones realizadas al disciplinado, de las oportunidades que se le brindó para que asistiera a la audiencia en la ciudad de Barrancabermeja, e , incluso, en Medellín, en atención a una solicitud que presentó, pero no concurrió , por lo que se resolvió realizar la audiencia en la ciudad de Bogotá el 2 de octubre de 2015, decisión que le fue comunicada pero tampoco asistió, por lo cual se fijó la diligencia para ese día 13 de octubre de 2015. En consecuencia, ante la inasistencia reite rada del investigado se nombró como defensor de oficio al estudiante de Consultorio Jurídico de la Universidad Católica de Colombia Cristian Camilo Aldana Salazar, con el fin de continuar con el trámite de la audiencia.

La jefe de la Oficina de Control Di sciplinario Interno de la SNR reanudó la audiencia el 15 de octubre de 2015, pero el defensor de oficio solicitó tiempo para consolidar sus descargos, solicitud que fue aceptada , por lo que se aplazó para el

audiencia el 15 de octubre de 2015, pero el defensor de oficio solicitó tiempo para consolidar sus descargos, solicitud que fue aceptada , por lo que se aplazó para el día 19 del mismo mes.

La autoridad disciplinari a reanudó la audiencia el 19 de octubre de 2015 y le concedió el uso de la palabra al defensor de oficio para que presentara sus descargos y ejerciera el derecho de defensa del investigado . La audiencia fue suspendida nuevamente con el fin de que se allegaran unos elementos de prueba, por lo que se reanudó el día siguiente -20 de octubre-, en la cual se corrió traslado de la prueba esperada, esto es, la respuesta que entregó la Superintendencia Delegada para el Registro, en la que señaló que en esa dependen cia no exist ió ninguna resolución proyectada para nombrar registrador ad hoc en la ORIP de Puerto Berr ío en los años 2011 y 2013, en igual sentido lo señaló la ORIP de Medellín Zona Norte, que en su dependencia tampoco había registro de solicitud de regist rador ad hoc para la ORIP de Puerto Berrio , en los años referidos . A renglón seguido, se concedió la oportunidad al abogado de oficio para que presentara sus alegatos de conclusión.

La Oficina de Control Disciplinario Interno de la SNR profirió fallo de p rimera instancia el 21 de octubre de 2015, mediante el cual declaró responsable al5

Demandante: FRANCISCO ARNOLDO URREA Radicado: 05001-23-33-000-2016-02077-01 (0090-2022) investigado de incurrir, a título de dolo, en la falta gravísima prevista en el numeral

Demandante: FRANCISCO ARNOLDO URREA Radicado: 05001-23-33-000-2016-02077-01 (0090-2022) investigado de incurrir, a título de dolo, en la falta gravísima prevista en el numeral 46 del artículo 48 del CDU , en concordancia con el artículo 40 ibidem ; 61 del Decreto 1250 de 1970, 198, numeral 15, y 156 del Decreto 960 de 1970 y 95 de la Ley 1579 de 2012 , e impuso sanción de destitución del cargo de registrador seccional de la ORIP de Puerto Berr ío, Antioquia, Código 0192, Grado 10 de la planta global de la Superintendencia en cita e inhabilidad general por el término de 12 años , decisión que fue apelada por el abogado de oficio designado para defender los intereses del investigado.

El Superintendente de Notariado y Registro ad hoc resolvió el recurso mediante fallo d e segunda instancia de l 1 de febrero de 2016 , -contenido en la Resolución 0783 de la fecha -, y confirmó en su integridad la decisión impugnada. La sanción fue ejecutada a través de la Resolución 2096 del 2 de marzo de 2016, proferida por el Superintendente de Notariado y Registro.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Los demandantes citaron como violad os los artículos 2, 4, 25 y 29 de la Constitución Política y 138 de la Ley 734 de 2002.

En cuanto al concepto de violación, se expusieron los siguientes argumentos:

La autoridad disciplinaria demandada vulneró el derecho al debido proceso, en

Constitución Política y 138 de la Ley 734 de 2002.

En cuanto al concepto de violación, se expusieron los siguientes argumentos:

La autoridad disciplinaria demandada vulneró el derecho al debido proceso, en atención a que las notificaciones de citación a audiencia fueron ilegales, por no ser competente el funcionario comisionado ni ser legal la comisión, pues si bien la Ley 200 de 1995 permitía la comisión para la notificación de diferentes actuaciones, en el CDU esa posibilidad fue reducida al pliego de cargos, también porque se envió la comunicación a una dirección diferente de la del domicilio del investigado.

Los actos administrativos impugnados se encuentran viciados por falsa motivación, porque se fundamentaron en la presunta inobservancia de las prohibiciones establecidas en los artículos 40 y 48, numeral 46, del CDU, en razón a no haberse declarado impedido en los turnos 126 de 2011 y 464 de 2013, en los términos del artículo 61 del Decreto 1250 de 1970, articulo 198 , numeral 15, del Decreto 960 de 1970 y artículo 95 de la Ley 1579 de 2015.

La autoridad disciplinaria incurrió en falsa motivación pues no contó con suficientes elementos materiales de prueba que llevaran a concluir que el demandante no hubiera tramitado declaración de impedimento, o que no se hubiese presentado solicitud de designación de registrador seccional ad hoc para la ORIP de Puerto B errío, Antioquia, además, quedó demostrado que para la época de los hechos no era claro ante quien se tramitaban los impedimentos, tampoco se pudo establecer a dónde fue a parar el archivo de los impedimentos solicitados para ese tiempo, pues mientras que la delegada para el Registro

época de los hechos no era claro ante quien se tramitaban los impedimentos, tampoco se pudo establecer a dónde fue a parar el archivo de los impedimentos solicitados para ese tiempo, pues mientras que la delegada para el Registro informa que era en Medellín, la encargada en esta ciudad dijo que correspondía a la Coordinación Administrativa, razón por la cual, surge la duda razonable de que los impedimentos presentados se hayan traspapelado y que deba ap licarse el principio del in dubio pro disciplinado, en ese sentido, se limitó a demostrar que hubo una calificación e inscripción en el registro inmobiliario a favor de su hija, pero no se probó que nunca se declarara impedido, ni que no solicitara un registrador ad hoc.

La autoridad disciplinaria incurrió en indebida valoración probatoria, ya que interpretó los elementos materiales allegados al plenario de manera arbitraria y superficial, porque no tuvo en cuenta las respuestas ofrecidas por la delegada para el Registro, ni la de la funcionaria encargada de la seccional Medellín Zona6

Demandante: FRANCISCO ARNOLDO URREA Radicado: 05001-23-33-000-2016-02077-01 (0090-2022) Norte, y además, solo tomó la parte del informe especial que dio origen a la actuación que le convenía para sostener la hipótesis acusatoria, y el cual fue producido de forma mal intencionada, pues se limita a hacer afirmaciones injuriosas sin fundamento probatorio.

La operadora disciplinaria nunca practicó el testimonio de C ésar Augusto Bermúdez Álvarez -registrador seccional encargado de la ORIP de Puerto Berr ío que presentó el informe especiala pesar de haber sido decretado, el cual se considera

La operadora disciplinaria nunca practicó el testimonio de C ésar Augusto Bermúdez Álvarez -registrador seccional encargado de la ORIP de Puerto Berr ío que presentó el informe especiala pesar de haber sido decretado, el cual se considera fundamental para controvertir dicho informe, y así ejercer su derecho de defensa y contradicción sobre el documento, por lo que esta prueba deviene ilícita y debió excluirse del proceso.

Los actos administrativos acusados están viciados por desviación de poder, dado que el trámite disciplinario tenía como único objetivo la destitución del demandante por una enemistad manifiesta que tenía con el entonces superintendente de notariado y registro -Jorge Enrique Vélez García -, lo cual se corrobora con unas declaraciones extrajuicio rendidas por líderes de esa localidad, en las que ponen de presente haber tenido conocimiento de la persecución política que sufrió el encartado en la entidad y que tuvo su origen en la negativa de este de revocar actuaciones de más de 10 años y por controvertir públicamente sus posiciones.

El actor , con la conducta que se le reprocha , no vulneró su deber funcional, en vista que, aún admitiendo que se hubieren registrado los turnos, no se soslayó o afectó ningún derecho igual o mayor de otro administrado, además, ese es un proceso técnico, que tiene un procedimiento establecido y que es al que debe ceñirse cualquier persona que efectúe un registro, por lo que e l resultado siempre será el mismo En ese sentido, al no ser una decisión en la que se manifieste la voluntad de la administración, sino que se da trámite a un proceso, no habría lugar a endilgársele responsabilidad al disciplinado, ya que, fuese él o cualq uier otro

voluntad de la administración, sino que se da trámite a un proceso, no habría lugar a endilgársele responsabilidad al disciplinado, ya que, fuese él o cualq uier otro funcionario, el resultado sería igual.

La operadora administrativa incurrió en falta de competencia, esto por cuanto no le corresponde al disciplinante valorar los actos expedidos por el registrador de instrumentos públicos, pues es autoridad ad ministrativa autónoma en la toma de decisiones.

Por último , señaló que la autoridad disciplinaria vulneró el principio de proporcionalidad, puesto que la sanción impuesta al demandante resulta exagerada.

1.2. Contestación de la demanda

La SNR contestó l a demanda y se opuso a s us pretensiones, con base en los siguientes argumentos:

El demandante no precis ó en qué consistió la violación al debido proceso y, contrario a lo afirmado por él, las decisiones de primera y segunda instancia se encuentran ajustadas a derecho, pues el operador disciplinario actuó conforme a los lineamientos legales, y , en cuanto a las presuntas irregularidades en las notificaciones, refiere que estas se efectuaron de manera personal al disciplinado y lo que se evidencia es la const ante renuencia de él a comparecer a las audiencias a las que se le citaba.

Los actos administrativos impugnados no adolecen de falsa motivación, dado que los hechos esgrimidos en las providencias fueron ciertos y acordes con la realidad, como se pudo demo strar en el trámite del procedimiento, encontrándose7

Demandante: FRANCISCO ARNOLDO URREA Radicado: 05001-23-33-000-2016-02077-01 (0090-2022)

como se pudo demo strar en el trámite del procedimiento, encontrándose7

Demandante: FRANCISCO ARNOLDO URREA Radicado: 05001-23-33-000-2016-02077-01 (0090-2022) motivados en que el demandante procedió a calificar e inscribir los turnos de documentos 126 de 2011 y 464 de 2013 en el folio de matrícula inmobiliaria 0199097, sin declararse impedido, debiendo hacerl o, por contener actos que interesaban directamente a su hija Dina Marcela Urrea Minota.

No le asiste razón al actor en cuanto a la presunta valoración indebida de las pruebas, comoquiera que lo que dio lugar a la investigación fue una «queja informe especial», suscrita por un empleado de la entidad en ejercicio de sus funciones, por lo que se demostró en el proceso lo dicho en la queja. Aunado a lo anterior, carece de pruebas que puedan demostrar que los actos administrativos impugnados fueron expedidos con vulneración o desconoci miento de normas, como , por ejemplo, con desviación de poder, carga que le correspondía al actor, pero no pudo acreditarlo.

Por último, no acreditó la supuesta falta de competencia en la expedición de los actos administrativos san cionatorios, puesto que estos fueron proferidos por los funcionarios competentes, esto es, la jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la SNR, y el superintendente de notariado y registro ad hoc, quienes hicieron uso de la potestad sancionatoria señalada en la Constitución y la ley.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia de l 28 de septiembre de

hicieron uso de la potestad sancionatoria señalada en la Constitución y la ley.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia de l 28 de septiembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

No tiene asidero el argum ento de la parte actora, referido a que los actos administrativos sancionatorios se encuentran viciados de nulidad, en tanto afirmó que el informe especial que dio origen a la actuación fue rendido sin audiencia del demandante, el cual n o se le dio a conoc er para poder ejercer su defensa, por lo que debió ser excluido y no tenerse en cuenta, pues no es de recibo puesto que el funcionario que elaboró el informe no incurrió en irregularidad, en la medida en que era su obligación poner en conocimiento los hech os que pudieran constituir falta disciplinaria. En cuanto al dicho de que no se le dio a conocer el informe, esa afirmación no es cierta, puesto que el actor lo conoció cuando se le notificó la citación a audiencia y se le notificaron los cargos, fue él qu ien se negó a enterarse del proceso que se adelantaba en su contra, pues no quiso rendir descargos alegando su derecho de guardar silencio, pero siempre supo del origen de la investigación y cuáles fueron los cargos que se le reprocharon , así como las pruebas en que se fundamentó la decisión.

Tampoco es de recibo el argumento concerniente a la violación del debido proceso, por no recibirse la declaración de César Augusto Bermúdez Álvarez, porque el disciplinado no ejerció su derecho de defensa, nunca solic itó dicha

Tampoco es de recibo el argumento concerniente a la violación del debido proceso, por no recibirse la declaración de César Augusto Bermúdez Álvarez, porque el disciplinado no ejerció su derecho de defensa, nunca solic itó dicha declaración, y si bien dicho testimonio fue decretado en el proceso, fue desistido por el defensor del actor.

No tiene sustento el argumento del demandante , en cuanto a que la autoridad disciplinaria incurrió en irregularidades en las notificaci ones de apertura de investigación y en la citación a audiencia , por ser realizadas por funcionarios comisionados, los cuales no serían competentes para ello en razón a que , a su juicio, la única notificación que debe realizarse por comisionado es el pliego de cargos -según su interpretación del artículo 104 del CDU -, lo que no comparte el Tribunal, en razón a que la interpretación hecha por el accionante no es acorde con el sentido de la norma, puesto que la comisión es una figura derivada del principio de colaboración armónica establecido en el artículo 113 de la8

Demandante: FRANCISCO ARNOLDO URREA Radicado: 05001-23-33-000-2016-02077-01 (0090-2022) Constitución, y a que en el artículo 104 no se expresa que en materia disciplinaria la comisión solo proceda para notificar el pliego de cargos, pues lo que allí se dice es que si se va a acudir a la comisión para notificar el pliego de cargos, tal comisión debe recaer en «otro funcionario de la Procuraduría o al jefe de la entidad a la que esté vinculado el investigado, o en su defecto, al personero distrital o municipal del

comisión debe recaer en «otro funcionario de la Procuraduría o al jefe de la entidad a la que esté vinculado el investigado, o en su defecto, al personero distrital o municipal del lugar donde se encuentr e el investigado o su apoderado, según el caso », es decir, se puede comisionar para cualquier diligencia, pero si el objeto de la comisión es notificar el pliego de cargos, solo se puede hacer por estos funcionarios.

El expediente da cuenta que las notifi caciones se practicaron en debida forma y lo que el actor cuestiona es que algunas se le hayan hecho por funcionarios comisionados de la entidad ubicados por fuera de la se