CE - 012333000201700008021SENTENCIASENTENCIA20230202091647

Consejo de Estado

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Título
CE - 012333000201700008021SENTENCIASENTENCIA20230202091647
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 23001-23-33-000-2017-00008-02

ACCIÓN POPULAR – FALLO

Actor: MANUEL SALVADOR NULE RHENALS

TESIS: LA POSIBLE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE LORICA EN

EL DMI COMPLEJO CENAGOSO DEL BAJO SINÚ IMPLICA UNA

AMENAZA A LOS DERECHOS COLECTIVOS, EN ATENCIÓN A QUE SE

ENCUENTRA PLENAMENTE DEMOSTRADO QUE ESE ECOSISTEMA

ALBERGA GRAN CANTIDAD DE FLORA Y FAUNA, INCLUYEND O

ESPECIES EN VÍA DE EXTINCIÓN, ASÍ COMO NUMEROSAS

FUENTES HÍDRICAS QUE SE VERÍAN ALTAMENTE AFECTADAS CON

LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE GRAN ESCALA COMO EL

PLANTEADO POR LA ANI Y EL CONCESIONARIO CORUMAR S.A.S.

DERECHOS COLECTIVOS: AL GOCE DE UN MEDIO AMBIENTE SANO,

Y LA EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y EL MANEJO Y

APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES

PARA GARANTIZAR SU DESARROLLO SOSTENIBLE, SU

CONSERVACIÓN, RESTAURAC IÓN O SUSTITUCIÓN, LA

CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES ANIMALES Y VEGETAL ES, LA

PARA GARANTIZAR SU DESARROLLO SOSTENIBLE, SU

CONSERVACIÓN, RESTAURAC IÓN O SUSTITUCIÓN, LA

CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES ANIMALES Y VEGETAL ES, LA

PROTECCIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 1 y LA AUTORIDAD NAC IONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 2 contra la sentencia de 12 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba3, que declaró la amenaza de los derechos colectivos invocados.

1 En adelante el Ministerio. 2 En adelante ANLA. 3 En adelante el Tribunal.2

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Actor: MANUEL SALVADOR NULE RHENALS

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I.- ANTECEDENTES

I.1La Demanda

El señor MANUEL SALVADOR NULE RHENALS, actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19984, presentó demanda ante el Tribunal con el fin de obtener la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al goce de un ambiente sano presuntamente vulnerados por la ANLA, la AGENCIA NACIONAL

de 5 de agosto de 19984, presentó demanda ante el Tribunal con el fin de obtener la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al goce de un ambiente sano presuntamente vulnerados por la ANLA, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 5, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLE S DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE 6, el

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA 7 y la CONCESIÓN

RUTA AL MAR –CORUMAR S.A.S.-8.

I.2. Hechos

Indicó que el Complejo Cenagoso del Bajo Sinú , conocido también como Ciénaga Grande de Lorica , está ubicado en el norte del DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 9 como una área protegida que hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP10; además, es patrimonio ambiental y ecológico y la CVS lo declaró

4 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. 5 En adelante ANI. 6 En adelante CVS. 7 En adelante el Municipio. 8 Vinculados por el Tribunal mediante auto de 25 de enero de 2017. 9 En adelante el Departamento. 10 En adelante SINAP.3

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Actor: MANUEL SALVADOR NULE RHENALS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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como Distrito de Manejo Int egrado -DMIo Área de Reserva mediante Acuerdo del Consejo Directivo núm. 076 de 2007, en el que se determinó que el uso principal es de protección y el uso compatible es el transporte , siempre y cuando fuere de baja densidad.

Señaló que el Complejo Cenagoso del Bajo Sinú ha sido objeto de protección por parte de la Corte Constitucional , a través de la sentencia T194 de 1 996, la cual ordenó suspender toda obra de relleno y desecación de pantanos, lagunas, charcas, ciénagas y humedales en el territorio del MUNICIPIO.

Afirmó que la ANI adelantó la construcción de la variante Lorica, dentro del proy ecto vial Antioquia – Bolívar, el cual fue entregado en concesión al contratista CORUMAR, conforme al contrato núm. 016 de 14 de octubre de 2015, que tenía por objeto la construcción de 2.7 kilómetros de terraplén o de relleno sobre el área protegida del Complejo Cenagoso del Bajo Sinú.

Manifestó que para la construcción del proyecto vial la ANI presentó a la ANLA y a la comunidad afectada dos alternativas : la primera, llamada “alternativa oriental ”: compuesta por una longitud de 5.8 km, adentrándose sobre el complejo cenagoso; y la segunda, llamada “alternativa occidental ”: con una longitud de4

primera, llamada “alternativa oriental ”: compuesta por una longitud de 5.8 km, adentrándose sobre el complejo cenagoso; y la segunda, llamada “alternativa occidental ”: con una longitud de4

Número único de radicación: 23001 23 33 000 2017 00008 02

Actor: MANUEL SALVADOR NULE RHENALS

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8.3 km, hac ía afuera del complejo con la construcción de dos puentes sobre el río Sinú.

Precisó que la ANLA dio inicio al trámite administrativo de evaluación de diagnóstico ambiental de alternativas , por medio de l auto núm. 3308 de 31 de julio de 2014, a fin de efectuar el análisis y evaluación de las dos opciones presentadas.

Puso de presente que la CVS, por medio de l concepto técnico ULP núm. 2014-209 de 6 de noviembre de 2014 rendido ante la ANLA, estableció que la alternativa oriental no era viable por afectar y alterar los recursos biológicos, especialmente el íctico, además de los bienes y servicios que posee el ecosistema estratégico del complejo cenagoso.

Expuso que la ANI, por medio de l oficio de 9 de febrero de 2015, dio respuesta a los requerimientos efectuados por la ANLA, en el sentido de afirmar que la alternativa oriental no generaba efectos sobre el complejo cenagoso ; no obstante, la ANLA, mediante el

dio respuesta a los requerimientos efectuados por la ANLA, en el sentido de afirmar que la alternativa oriental no generaba efectos sobre el complejo cenagoso ; no obstante, la ANLA, mediante el auto núm. 1935 de 19 de mayo de 2015 , no aceptó dicha alternativa y optó por la alternativa occidental por ser más viable ambientalmente para la elaboración del estudio de impacto ambiental.5

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Expresó que contra dicho auto la ANI presentó un recurso de reposición extemporáneo, en el que insistió en que la variante Lorica debía construir se adentrándose y penetrando el área del complejo cenagoso, utilizando la misma alternativa que ya había sido rechazada , pero cambiándole el nombre por “ número 3 u oriental optimizada”.

Afirmó que el procedimiento en mención culminó con la expedición del auto núm. 2697 de 10 de julio de 2015 , por medio del cual se seleccionó la denominada alternativa oriental optimizada para la construcción de la variante Lorica, permi tiendo así que se invada y afecte el área protegida del complejo cenagoso.

Arguyó que el citado auto fue motivado falsamente, por cuanto no es cierto que la CVS estuviese de acuerdo con la alternativa escogida, como lo manifestó dicha entidad al solicita r a la ANLA

Arguyó que el citado auto fue motivado falsamente, por cuanto no es cierto que la CVS estuviese de acuerdo con la alternativa escogida, como lo manifestó dicha entidad al solicita r a la ANLA rectificar el numeral 4.2.3.1. de ese proveído, y porque tampoco es acertado asegurar que la comunidad estuvo de acuerdo con la actuación, debido a que los habitantes del MUNICIPIO habían expresado su oposición a la construcción de la variante Lorica por el corredor oriental, p or estar prohibido expresamente en el POT, la normatividad vigente y la sentencia T – 194 de 1999.

I.3. Pretensiones

En virtud de lo anterior, el actor solicitó:6

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“[…] 1.- Que se protejan los derechos colectivos a la mora lidad administrativa y a gozar de un medio ambiente sano sobre el Complejo Cenagoso del Bajo Sinú evitando que la construcción del proyecto vial “Variante Lorica”, ubicado en el departamento de Córdoba, se realice adentrándose sobre este Distrito de Manejo Integrado (DMI) mediante la denominada “alternativa oriental optimizada” adoptada mediante el Auto 2697 de 10 de julio de 2015, expedido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

2.- Que, en consecuencia, se deje sin efectos jurídicos el Auto 2697 de

optimizada” adoptada mediante el Auto 2697 de 10 de julio de 2015, expedido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

2.- Que, en consecuencia, se deje sin efectos jurídicos el Auto 2697 de 10 de julio de 2015 proferido por la Subdirectora de Evaluación y Seguimiento del ANLA, doctora Martha Elena Camacho Belucci, dentro del trámite Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) con radicación NDA 0866 para la construcción de la “Variante Lorica”, que seleccionó el corredor “oriental optimizado” como alternativa para la construcción del proyecto vial.

3.- Que, como consecuencia de lo anterior, se le dé plena vigencia al Auto 1935 de 19 de mayo de 2015 , “Por el cual se define una alternativa y se toman otras determinaciones”, mediante el cual se escogió la alternativa occidental para la construcción del proyecto vial “Variante Lorica” ubicado en el departamento de Córdoba.

4.- Que, en consecuencia, se ordene a la ANLA que disponga la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto vial “Variante Lorica”, de acuerdo con los parámetros establecidos en el auto 1935 del 19 de mayo de 2015.

5.- Que, en consecuencia, se le ordene al contratista – concesionario, Concesión al Mar (Corumar SAS), suspender la construcción de la Variante Lorica a través de la alternativa oriental optimizada.

6.- Que se condene en costas y en agencias de derecho a la entidad demandada […]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- La ANI afirmó, en primer lugar, qu e las pretensiones

6.- Que se condene en costas y en agencias de derecho a la entidad demandada […]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- La ANI afirmó, en primer lugar, qu e las pretensiones estaban dirigidas a la ANLA ; y que, como tercero interviniente, se oponía a la prosperidad de las mismas por cuanto no vulneró los derechos colectivos de la parte acciona nte, amén de que el auto núm. 2697 de 2015 está amparado por la presunción de legalidad.7

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Mencionó que, en efecto, suscribió el contrato de concesión núm. 016 de 2015 con CORUMAR para el proyecto vial Antioquia – Bolívar, pero que aún no se adelantaba la construcción de la vía, como lo afirmó el actor.

Indicó que en el estudio realizado se consideraron dos posibles alternativas para la variante. La primera, localizada hacía el oriente del casco urbano del MUNICIPIO; y la segunda, hacía el costado occidental.

Se refirió al memorando con radicación núm. 2017-605-002100-3 de 8 de febrero de 2017, expedido por su Gerente de Proyectos – Coordinador GIT Ambiental – VPRE, en el que informó el procedimiento que se adelantó en la elección de la opción más

de 8 de febrero de 2017, expedido por su Gerente de Proyectos – Coordinador GIT Ambiental – VPRE, en el que informó el procedimiento que se adelantó en la elección de la opción más viable para la construcción de la vía, ci rcunstancia que, a su juicio, evidencia la observancia de todas las normas ambientales requeridas para ese tipo de proyectos viales.

Argumentó que eligió la alternativa 2 o corredor occidental como la más viable ambientalmente para la elaboración del est udio de impacto ambiental ; no ob stante, esta aceptación por parte de la ANLA no determin ó la viabilidad ambiental del proyecto, pues estaba sujeta a la presentación y aprobación del referido estudio, razón por la que no se descartó de manera definitiva la otra opción.8

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Precisó que la CVS, mediante oficio núm. 201500727-1000 de 29 de enero de 2019, manifestó que ninguno de los proyectos era viable; pero que , pese a ello, se podría presentar una nueva alternativa o ajustar la n úmero 2 , que integrara soluciones de ingeniería distintas a la construcción de terraplenes dentro del complejo cenagoso y que no interfirieran o irrumpieran los cuerpos de agua.

Agregó que con fundam ento en lo manifestado por la CVS, presentó la solicitud de modificación del auto núm.1935 de 2015.

complejo cenagoso y que no interfirieran o irrumpieran los cuerpos de agua.

Agregó que con fundam ento en lo manifestado por la CVS, presentó la solicitud de modificación del auto núm.1935 de 2015.

Propuso las siguientes excepciones:

  • «INEPTA DEMANDA»: Puso de manifiesto que en atención a lo ordenado en el numeral 2 del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso AdministrativoCPACA, cuando se demanda la legalidad de un acto admin istrativo es necesario preci sar las norma s violadas y el concepto de la violación, pues el control de los jueces se encuentra limitado a esos aspectos; no obstante, en el presente asunto, el demandante únicamente enunció la vulneración de derechos colectiv os, por lo que resulta evidente que incumplió con la mencionada carga.
  • «INEXISTENCIA DE LA AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS»: Afirmó que no exist e incumplimiento ni omisión que pudiera pregonarse como causa de afectación o amenaza a los9

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derechos c olectivos, pues aun cuando se enuncian ciertos hechos en la demanda, lo cierto es que ninguno de ellos permit e inferir la vulneración a los mismos, aunado a que el proyecto en cuestión se encuentra en fase de pre factibilidad y no se ha tomado decisión de

en la demanda, lo cierto es que ninguno de ellos permit e inferir la vulneración a los mismos, aunado a que el proyecto en cuestión se encuentra en fase de pre factibilidad y no se ha tomado decisión de fondo por parte de la ANLA.

  • «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA »: Arguyó que cuando se persigue la anulación de un acto administrativo, el legitimado para comparecer al proceso es la entidad que lo expide, que en este caso es la ANLA, de manera que no le asiste legitimación en la causa.
  • «PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS»: Sostuvo que si bien es posible analizar la legalidad de actos administrativos en el marco de la acción popular, es necesario que el acto sea la directa amenaza o vulneración del derecho colectivo presuntamente afectado, presupuesto que en el presente caso no se cumplió.

Señaló que el único facultado para determinar si el acto administrativo se ajusta al ordenamiento jurídico es el juez natural de la causa y no el juez popular, razón por la que la decisión de la Administración debe presumirse legal y ejecutable.

  • «CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA AMBIENTAL»: Indicó que las aseveraciones hechas por el10

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accionante en torno a los presuntos daños ambientales al Complejo

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accionante en torno a los presuntos daños ambientales al Complejo Cenagoso del Bajo Sinú por la construcción de la variante Lorica no cuenta con sustento legal, pues el procedimiento que se ha adelantado para la concesión de la licencia ambiental del proyecto vial ante la ANLA se ha ajustado a las normas vigentes al respecto.

  • «INEXISTENCIA DEL DAÑO AMBIENTAL AL COMPLEJO CENAGOSO DEL BAJO SINÚ »: Argumentó que para la declaratoria de infracción ambiental deprecada es necesario que se cumplan las mismas condiciones que para la configuración de la responsabilidad extracontractual , por lo que cualquier inconformidad con el trámite de concesión debe ser ventilado ante la ANLA.

- «INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO PROCESAL DE ONUS

PROBANDI INCUMBIT ACTORI – AL DEMANDANTE LE INCUMBE EL DEBER DE PROBAR LOS HECHOS EN QUE FUNDA SU ACCIÓN»: Manifestó que el accionante tiene el deber de probar las obligaciones que le atribuye al demandado, como lo establece el artículo 1757 del Código Civil y la jurisprudencia.

  • «EXCEPCIÓN GENÉRICA »: Solicitó declarar probada cual quier excepción que se configure.

I.4.2.- La CVS informó que a través del Acuerdo del Consejo Directivo núm. 076 de 25 de octubre de 2007 se declaró al11

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Directivo núm. 076 de 25 de octubre de 2007 se declaró al11

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Complejo Cenagoso del Bajo Sinú como área protegida, en la categoría de Distrito de Manejo Integrado de los recursos naturales, conforme al Decreto 2372 de 1o. de julio de 201011.

Acotó que mediante oficio de 6 de noviembre de 2014, se pronunció sobre las alternativas del proyecto para la construcción de la variante Lorica dentro del mencionado complejo, e n el sentido de indicar que ninguna de las opciones planteadas por el concesionario era viable, pues se afectaría el curso natural del flujo hídrico de los cuerpos de agua existentes e n la zona , razón por la cual propuso que se presentara una nueva alterna tiva o se ajustara la número dos, de tal manera que no se interfirieran los cuerpos de agua.

Puso de presente que se llevó a cabo una reunión con funcionarios de la ANLA y Construcciones el Cóndor para socializar las alternativas del proyecto, así como una visita de campo los días 25 y 27 de junio de 2015.

Arguyó, con respecto al auto núm. 2697 de 10 de julio de 2015 , a través del cual la ANLA eligió la alternativa denomin ada oriental optimizada, que por medio de Oficio de 5 de noviembre de ese año,

Arguyó, con respecto al auto núm. 2697 de 10 de julio de 2015 , a través del cual la ANLA eligió la alternativa denomin ada oriental optimizada, que por medio de Oficio de 5 de noviembre de ese año, solicitó la aclaración del mismo, en el entendido de que no se expresa concepto de viabilidad posterior al concepto técnico núm. 2014-209 en el que se afirmó que ninguna de las alternativas

11 Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones.12

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presentadas era viable y que la información relacionada con esa tercera opción no había sido allegada, por lo tanto, su posición era la consignada en el referido concepto.

Propuso la excepción de:

  • «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA»: Adujo que teniendo en cuenta lo dicho por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la responsabilidad en la construcción del proyecto de la variante Lorica corresponde al concesionario, en este caso, a CORUMAR, razón por la que estimó que debe ser desvinculada de la presente actuación.

Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la responsabilidad en la construcción del proyecto de la variante Lorica corresponde al concesionario, en este caso, a CORUMAR, razón por la que estimó que debe ser desvinculada de la presente actuación.

I.4.3.- La ANLA manifestó que si bien el Acuerdo núm. 76 de 2007 estableció como uso principal del complejo cenagoso la conservación y el transporte de baja densidad como uso compatible, lo cierto e s que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 201512 prevé una excepción frente a los usos permitidos en la categoría de manejo, por ejemplo, por razones de utilidad pública e interés social, cuando se proyecta desarrollar usos y actividades no permitidas al interior del área protegida, caso en el cual el interesado debe solicitar pre viamente la sustracción del área de interés ante la autoridad que la declaró, siempre y cuando no se trate de actividades prohibidas por las normas que reglamenta ban la materia.

12 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.13

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Afirmó que para el proyecto de construcción de la variante Lorica debían solicitar previamente el trámite de la licencia ambiental y la sustracción del área de intervención del complejo cenagoso ante la CVS, por tratarse de uno de los proyectos contemplados en el

Afirmó que para el proyecto de construcción de la variante Lorica debían solicitar previamente el trámite de la licencia ambiental y la sustracción del área de intervención del complejo cenagoso ante la CVS, por tratarse de uno de los proyectos contemplados en el referido Decreto.

Argumentó que la alternativa oriental optimizada d el mencionado proyecto no preveía las actividades prohibidas en la sentencia T – 194 de 1999, sino que , por el contrario, garantizaba la generación de la meno r cantidad de impactos negativos posibles al medio biótico, abiótico y social.

Precisó que el tr ámite surtido ante la entidad por parte de la ANI corresponde al “diagn óstico ambiental de alternativas” y no al licenciamiento ambiental , de modo que la definición de la alternativa efectuada no autoriza al titular del proyecto la ejecución del mismo, pues solo tiene como propósito el es tablecimiento de la alternativa ambiental más viable, a partir de la cual se debe elaborar el estudio de impacto ambiental correspondiente.

Enfatizó en que el documento presentado por la ANI, el 11 de junio de 2015, no corresponde a un recurso de reposición, pues lo que hizo fue solicitar la modificación del auto núm. 1935 de 2015 en el sentido de presentar la alternativa oriental optimizada , por estimar que era la opción más factible para el proyecto de construcción de14

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la variante Lorica, opción que fue acogida en el auto núm. 2697 de 10 de julio de 2015.

Puso de presente que el proyecto de construcción de la variante Lorica correspond e a un proyecto del ámbito nacional y no local, por lo que es la ANI la encargada del diseño e implementación del proyecto de cuarta generación - concesiones viales.

Aseveró que la alternativa oriental mejorada es la más viable desde el punto de vista ambiental y que el factor económico no fue el determinante en la escogencia de la misma, p ues no hace parte de sus funciones defender intereses económicos, sino la protección y preservación de los recursos naturales.

Aclaró que la definición de la alternativa tuvo p or finalidad establecer la opción más factible para el desarrollo del proyecto , pero con el fin de efectuar el estudio de impacto ambiental respectivo y no de autorizar la ejecución del proyecto.

Arguyó que lo pretendido por el demandante es cuestionar la legalidad del auto núm. 2697 de 10 de julio de 2015, asunto para el cual no está prevista la acción popular , aunado a que no probó la alegada vulneración de derechos e intereses colectivos.

Propuso las siguientes excepciones:15

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alegada vulneración de derechos e intereses colectivos.

Propuso las siguientes excepciones:15

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  • «IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN »: Precisó que la natural eza de la acción popular es preventiva y que busca proteger la amenaza o vulneración de los derechos colectivos, para evitar, en lo posible , la generación del daño o , en su defecto , remediarlo, motivo por el cual, y teniendo en cuenta lo pretendido por la parte actora, resulta forzoso concluir que s i se accede a lo pedido se estaría encausando el proceso como si se tratara de una acción de nulidad y restablecimiento de derecho, desconociendo que la presente acción fue concebida para la protección y defensa de los derechos e intereses colectivos.
  • «INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN, DAÑO O AMENAZA ACTUAL CONTRA LOS DERECHOS COLECTIVOS »: Dijo que no existen elementos materiales probatorios que permitan inferir la presunta vulneración de los derechos colectivos in vocados, pues no participó en ninguna actuación en relación con las determinaciones de permisos y licencias que se señalaron como causa eficiente de la afectación.
  • «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA »: Aseveró que no es la llamada a responder por los hechos alegados en la demanda, debido a que no participó en ninguna acción u

afectación.

  • «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA »: Aseveró que no es la llamada a responder por los hechos alegados en la demanda, debido a que no participó en ninguna acción u omisión que causara la presunta vulneración de los derechos colectivos invocados.16

Número único de radicación: 23001 23 33 000 2017 00008 02

Actor: MANUEL SALVADOR NULE RHENALS

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  • «INSUFICIENCIA PROBATORIA – CARGA PROBATORIA EN CABEZA DEL ACCIONANTE »: Estimó que la simple manifestación o relación de hechos no e s soporte probatorio que determin e objetivamente la responsabilidad del Estado, por lo que corresponde al actor demostrar la vulneración de intereses y derechos colectivos alegada.
  • «LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS»: Puntualizó que en el presente caso se cumplieron todos los elementos esenciales que le dan validez a los actos administrativos expedidos por la Administración, motivo por el que no están llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda.
  • «ACTUACIÓN CONFORME A LA LEY »: Afirmó que ha actuado de acuerdo con los objetivos, funciones y competencias señalad as en la Ley 99 y el Decreto 3573 de 2011, de tal manera que en el marco de las mismas expidió los respectivos actos administrativos , teniendo en cuenta las necesidades que presenta el trámite ambiental y la protección del medio ambiente y los recursos

marco de las mismas expidió los respectivos actos administrativos , teniendo en cuenta las necesidades que presenta el trámite ambiental y la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

  • «EXCEPCIÓN GENÉRICA »: Solicitó que se declare de oficio cualquiera excepción que resulte probada en el proceso.

I.4.4.- CORUMAR S.A. mencionó que no es cierto que el proyecto de la variante Lorica esté en construcción , pues apenas se17

Número único de radicación: 23001 23 33 000 2017 00008 02

Actor: MANUEL SALVADOR NULE RHENALS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

encuentra en la etapa pre constructiva, elaboración de los diseños y trámite del procedimiento administrativ o tendiente a obtener l as licencias y permisos necesarios para iniciar la ejecución de la obra.

Indicó, respecto a la alternativa 1 presentada, que no es cierto que esté ubicada por fuera del complejo cenagoso, pues adicional a su intervención comprend e dos puentes sobre el Rí o Sinú , lo que significan tres intervenciones sobre el caudal del río , sumado a la grave problemática de erosión que se presenta en las orillas.

Aseveró, respecto de la participación ciudadana , que las dos primeras alternativas presentadas fueron sociali zadas con la población y las respectivas entidades, no así la tercera, en tanto que en ésta se acogieron las observaciones señaladas por los participantes.

primeras alternativas presentadas fueron sociali zadas con la población y las respectivas entidades, no así la tercera, en tanto que en ésta se acogieron las observaciones señaladas por los participantes.

Afirmó, frente al acto administrativo núm. 2697 expedido por la ANLA, que el ordenamiento jurídico autoriza a las autoridades para que modifiquen sus decisiones, de modo que la autoridad ambiental tenía plena competencia para variar su contenido , más aún si se tenía en cuenta que el destinatario del mismo solicitó la reforma.

Señaló que la ANI no pre sentó ningún recurso administrativo en contra del auto núm. 1935, lo que evidenc ia que el actor confund e18

Número único de radicación: 23001 23 33 000 20

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