CE - 012333000201700020011SENTENCIA20230322234727

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Asunto: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicado: 66001-23-33-000-2017-00020-01 (5148-2019)

Demandante: María Mónica Villa Zapata

Demandado: Municipio de Pereira – Secretaría de Educación

Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relaci ón laboral subyacente o encubierta

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala los recursos de apelación interpuesto s por ambas partes contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, de 5 de abril de 2019, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 de la Ley 1437 de 2011), la ciudadana María Mónica Villa Zapata , mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declarara la nulidad del oficio 24515 de 23 de junio de 2016, a través del cual la entidad demandada le negó el reconocimiento de la existencia de

formuló demanda en orden a que se declarara la nulidad del oficio 24515 de 23 de junio de 2016, a través del cual la entidad demandada le negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral, así como el pago de las respectivas acreencias laborales derivadas de esta.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) declarar la existencia de una relación laboral entre ella y el municipio de Pereira, desde el 15 de junio de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2015; ii) condenar al municipio de Pereira a liquidar y pagar las prestaciones de ley (cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas de servicio y vacacional, auxilios de transporte y alimentación, dotación, horas extras, bonificación por recreación, etc.) ; iii) condenar a la demandada al pago de los porcentajes de cotización correspondientes a pensión y salud, y de los valores que debieron aportarse a las cajas de compensación familiar; iv) ordenar el pago de la indemnización de que trata el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945 modificado por el artículo 1 del Decreto2

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00020-01 (5148-2019)

Demandante: María Mónica Villa Zapata

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ley 797 de 1949; y, v) computar el tiempo laborado mediante contratos de pr estación de servicios para efectos pensionales.

1.1.2. Hechos:

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

servicios para efectos pensionales.

1.1.2. Hechos:

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

1. La señor a María Mónica Villa Zapata se desempeñó como secretaria y auxiliar de servicios administrativos en diferentes establecimientos educativos oficiales de la Secretaría de Educación de Pereira, a través de distintos contratos de prestación de servicios, que se extendieron, de forma consecutiva, desde el 15 de junio de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2015.

1. Durante el per íodo señalado, desarrolló su actividad de manera personal y bajo la continua subordinación de los rectores de las instituciones educativas, lo cual demuestra que la s labores por ella desplegadas no tuvieron carácter transitorio o esporádico , sino permanente y/o prolongado en el tiempo.

1. Mientras duró su vinculación, debió cumplir con un horario de trabajo impuesto, y ejercer sus labores en las mismas condiciones que los demás auxiliares administrativos de planta; sin embargo, su remuneración fue inferior.

1. El demandado nunca le reconoció ni pagó alguna prestación social , como tampoco los aportes al sistema de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos profesionales; mucho menos la afilió a una caja de compensación familiar.

1. El 9 de junio de 2016, la señora María Mónica presentó solicitud ante el municipio de Pereira para el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las respectivas prestaciones sociales.

1. El 23 de junio de 2016, a través del oficio 24515, el ente territorial negó las peticiones.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

prestaciones sociales.

1. El 23 de junio de 2016, a través del oficio 24515, el ente territorial negó las peticiones.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Se citan como normas violadas los artículos 2, 4, 6, 13, 25, 28, 53, 90, 209, 229 y 300 de la Constitución; 23 del Código Sustantivo del Trabajo; 1, 5, 6, y 8 del Decreto 3135 de 1968; el Decreto 1295 de 1994; y las leyes 100 de 1993 y 21 de 1982. Al desarrollar el concepto de la violación, el apoderado de la parte demandante sostuvo lo siguiente:

1. La demandante fue vinculada bajo la modalidad de contrato s de prestación de servicios para disimular el verdadero carácter laboral de la relación, por cuanto en su ejecución se presentaron los tres elementos constitutivos de un contrato de trabajo.

1. En ese sentido, el acto administrativo demandado adolece de falsa motivación, pues confundió el contrato laboral con el de prestación de servicios. De manera que al existir en el ente territorial personal de planta que desempeñaba las mismas funciones que la actora, se le vulneraron sus derechos a la igualdad y al trabajo.3

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Demandante: María Mónica Villa Zapata

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iii) En el caso concreto debe aplicarse la jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha sido

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iii) En el caso concreto debe aplicarse la jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha sido reiterativa en el sentido de rechazar la modalidad del contrato de prestación de servicios cuando se configuran los tres elementos de una verdadera relación laboral.

1. Por todo lo anterior, aunque entre la señora María Mónica Villa y la entidad demandada se hayan pactado contratos de prestación de servicios, la realidad que subyace es la de una auténtica relación laboral, la cual se extendió por un periodo continuo de más de cinco años; razones suficientes para que se acceda a las pretensiones de la demanda.

1.2. Contestación de la demanda1

El municipio de Pereira, por conducto de su apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que a continuación se resumen:

1. Entre la demandante y el ente territorial se celebraron unos contratos de prestación de servicios para ejecutar labores de servicios administrativos con el municipio, en los cuales no hubo subordinación ni continuidad.

1. A la señora María Mónica Vill a no se le pagó un salario, sino los honorarios correspondientes al contrato; tampoco tuvo jefes inmediatos, por lo que solo hubo intervenciones y coordinaciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. En el mismo sentido, no es cierto que hubiese estado sujeta a un horario, pues «era autónoma e independiente, solo debía cumplir con el objeto del contrato».

1. La vinculación contractual de la demandante, para suplir funciones administrativas, tuvo

contraídas. En el mismo sentido, no es cierto que hubiese estado sujeta a un horario, pues «era autónoma e independiente, solo debía cumplir con el objeto del contrato».

1. La vinculación contractual de la demandante, para suplir funciones administrativas, tuvo justificación en la ausencia de personal de planta suficiente para la prestación del servicio, cuyo sustento legal se haya en la figura del contrato estatal que prevé el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

1. La prestación del servicio no fue continua, puesto que cada contrato fue terminado y liquidado, con lo cual se finiquitó cualquier tipo de relación jurídica entre las partes; además, entre estos, hubo interrupción de varios días e incluso de meses.

1. En ese orden de ideas, propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación demandada, prescripción, compensación, y la innominada de oficio.

1.3. La sentencia apelada2

El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia proferida el 5 de abril de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en los siguientes términos:

1. Analizado el marco jurídico y jurisprudencial de l contrato realidad (relaciones laborales subyacentes), sus elementos jurídicos, así como el acervo probatorio y , específicamente, los contratos de prestación de servicios, es posible colegir que la accionante llevó a cabo actividades de apoyo operativo y asistencial en diferentes establecimientos educativos del

1 Folios 103 al 107. 2 Folios 169 a 1904

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Demandante: María Mónica Villa Zapata

1 Folios 103 al 107. 2 Folios 169 a 1904

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00020-01 (5148-2019)

Demandante: María Mónica Villa Zapata

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co municipio de Pereira, entre el 8 de julio de 2009 y el 18 de diciembre de 2015, con algunas interrupciones.

1. De acuerdo con los testimonios recibidos, l a demandante debía desempeñar sus funciones en un horario determinado, solicitar permisos y someterse a las directrices de los rectores en los planteles educativos donde laboró.

1. Además, «no podría predicarse de un contratista dedicado a prestar servicios de secretaría y/o auxiliar administrativa en una institución educativa, que le asiste algún grado de autonomía en el desempeño de su función, puesto que de la naturaleza propia de la misma se desprende que esta debe ser realizada de forma permanente (…)».

1. Así las cosas, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, entre las partes existió una verdadera relación laboral durante el tiempo de vigencia de los contratos, pues se probó la concurrencia de sus elementos esenciales, a saber, la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración.

1. No obstante lo anterior, se presentaron numerosas interrupciones en tre los contratos celebrados por las partes, y solo hay constancia de la efectiva prestación del servicio en los siguientes períodos: i) del 8 de julio al 18 de diciembre de 2009; del 1 de agosto al 15 de

celebrados por las partes, y solo hay constancia de la efectiva prestación del servicio en los siguientes períodos: i) del 8 de julio al 18 de diciembre de 2009; del 1 de agosto al 15 de diciembre de 2011; del 16 de enero al 15 de marzo de 2012; del 3 de abril al 2 de agosto de 2012; del 3 de agosto al 17 de septi embre de 2012; del 18 de septiembre al 1 de noviembre de 2012; del 2 de noviembre al 1 de diciembre de 2012; del 14 de enero al 21 de junio de 2013; del 17 de julio al 30 de diciembre de 2013; y del 19 de enero al 18 de diciembre de 2015.

1. En esa lógi ca, se configuró el fenómeno de la prescripción parcial respecto de los períodos comprendidos entre el 28 de julio y el 18 de diciembre de 2009 y del 1 de agosto de 2011 al 1 de diciembre de 2012; por lo tanto, el reconocimiento del derecho procede sobre las siguientes fechas: desde el 14 de enero al 30 de diciembre de 2013, y del 19 de enero al 18 de diciembre de 2015.

1. Bajo esas circunstancias, le asiste razón a la demandante frente al derecho al pago de los porcentajes de cotización a pensión y salud que debió trasladar a los fondos respectivos durante el periodo acreditado en que prestó sus servicios y sobre los cuales no operó el fenómeno jurídico de la prescripción.

1. Por lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se condena al municipio de Pereira a pagar, a favor de la demandante, las prestaciones laborales de orden legal a las

fenómeno jurídico de la prescripción.

1. Por lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se condena al municipio de Pereira a pagar, a favor de la demandante, las prestaciones laborales de orden legal a las cuales tiene derecho, incluyendo vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, dotación y primas legales a que haya lugar, tomando como base los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios correspondientes a los periodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral . No obstante, negó la pretensión relacionada con el trabajo suplementario por ausencia probatoria.

1. Asimismo, condenó a la demandada a pagar en favor de la demandante los porcentajes de cotización correspondientes a pensión , que debió trasladar a los fondos respectivos, durante el periodo acreditado en que prestó sus servicios y conforme la prescripción5

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00020-01 (5148-2019)

Demandante: María Mónica Villa Zapata

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co extintiva declarada parcialmente. Además, el tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios se debe computar para efectos pensionales.

1. Por último, condenó a la entidad demandada al pago compensatorio en dinero de las dotaciones de vestido y calzado de labor para los períodos antes reconocidos, según lo establecido por la Ley 70 de 1988 y el Decreto Reglamentario 1978 de 1989.

1. Respecto de las demás pretensiones, concluyó negarlas.

1.4. Los recursos de apelación

establecido por la Ley 70 de 1988 y el Decreto Reglamentario 1978 de 1989.

1. Respecto de las demás pretensiones, concluyó negarlas.

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. La parte demandante,3 mediante apoderado, formuló la alzada en orden a discutir la aplicación de la prescripción y la negación del reconocimiento del tiempo suplementario, con base en las siguientes razones:

1. Si bien es cierto que no existe prueba documental de la cantidad de horas extras, también lo es que, «como se dijo en la demanda y fue ratificado por los testigos, la jornada laboral diaria [de la actora] era de lunes a sábado de 7 de la mañana a 5 de la tarde, [es decir] diez (10) horas al día, con lo que se tiene que cada día laboraba 2 horas extras diurnas (…)».

1. La aplicación del fenómeno prescriptivo, para los períodos comprendidos entre el 2009 y el 2011 no operaría, pues, en dicho intervalo de tiempo , la señora Villa Zapata también prestó sus servicios al municipio de Pereira , pero a través de la empresa «Servitemporales», como lo señalaron los testigos en la audiencia de pruebas.

1. Asimismo, la prestación del servicio para el año 2014, aunque no tuvo soporte en el respectivo contrato de prestación de servicios, puede verificarse a partir de «los documentos que anexo», consistentes en: a) un «Acta de suspensión» 4 de fecha 23 de mayo de 2014, del contrato 11100646 de 2014; y b) una «Autorización de pago» 5 emitida por la Secretaría de Educación de Pereira, donde se certifica que el contrato 11100646 fue

mayo de 2014, del contrato 11100646 de 2014; y b) una «Autorización de pago» 5 emitida por la Secretaría de Educación de Pereira, donde se certifica que el contrato 11100646 fue reanudado el 28 d e agosto de 2014 y prorrogado hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

1. En aplicación del artículo 212 de CPACA, el despacho sustanciador, mediante auto de 25 de noviembre de 2021, negó la anterior prueba documental.6

1.4.2. El municipio de Pereira,7 a través de su apoderado judicial, se opuso a la decisión del a quo y, en consecuencia, solicitó la revocatoria total de la sentencia. Lo anterior, sobre la base de los siguientes argumentos:

1. La prueba recaudada en el proceso es precaria y no ofrece convicción ni contundencia respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que, supuestamente, la demandante prestó sus servicios bajo subordinación.

3 Folios 169 al 171. 4 Folio 170. 5 Folio 171. 6 Folios 225 al 227. 7 Folios 165 al 167.6

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00020-01 (5148-2019)

Demandante: María Mónica Villa Zapata

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ii) No se allegaron las pruebas correspondientes que permit an dar cuenta de que efectivamente la señora Villa Zapata laboró en forma continua y subordinada para el ente territorial, ni que se configuraron los elementos de la relación laboral.

www.consejodeestado.gov.co ii) No se allegaron las pruebas correspondientes que permit an dar cuenta de que efectivamente la señora Villa Zapata laboró en forma continua y subordinada para el ente territorial, ni que se configuraron los elementos de la relación laboral.

1. Si bien es cierto que la actora desarrolló sus actividades bajo la orientación de un coordinador o interventor, no por ello se configura tal relación, ya que aunque se trate del servicio prestado por la contratista, este personal debe actuar y desarrollar su labor dentro de los marcos y objetivos que tenga trazados la entidad contratante.

1. En ese sentido, cabe insistir en los argumentos de la contestación de la demanda sobre la posibilidad de que, entre contratante y contratista, surja una relación de coordinación en sus actividades, «de manera que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad para la cual fue contratado».8

1. Por todo lo anterior debe revocarse la sentencia apelada y, en su lugar, declararse que entre el municipio de Pereira y la demandante no existió una relación laboral, disponiéndose su exoneración de los hechos que motivaron la demanda.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. De la demandante.9 La señora María Mónica Villa, mediante apoderado, reiteró los argumentos expuestos con el recurso de apelación . Además, pidió tener en cuenta la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de agosto de 2016, la cual, según su propia interpretación, estableció que «la prescripción de los derechos prestacionales en materia del denominado contrato realidad sólo tiene lugar con posterioridad a la declaración de la existencia de la relación laboral, puesto que dicha declaración no se enc uentra

su propia interpretación, estableció que «la prescripción de los derechos prestacionales en materia del denominado contrato realidad sólo tiene lugar con posterioridad a la declaración de la existencia de la relación laboral, puesto que dicha declaración no se enc uentra inmersa dentro del fenómeno prescriptivo [sic]».

1.5.2. Del demandado. El municipio de Pereira, a través de su apoderad a judicial, insistió en las razones expuestas con el recurso de apelación y solicitó la revocatoria d e la sentencia para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.10

1.6. El ministerio público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio, según constancia de la Secretaría de la Sección Segunda visible en el folio 230.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Conforme al artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia. Por su parte, en atención al contenido del artículo 328 del CGP, el juez de alzada únicamente debe pronunciarse respecto de los argumentos expuestos en el respectivo recurso de apelación , salvo que ambas partes , como en este caso, hayan recurrido, ya que podrá decidir sin limitaciones.

8 Al respecto cita la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sala Plena, de 18 de noviembre de 2003; radicado IJ -0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 9 Índice 13 del aplicativo Samai. 10 Índices 34 y 35 del aplicativo Samai.7

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00020-01 (5148-2019)

Demandante: María Mónica Villa Zapata

10 Índices 34 y 35 del aplicativo Samai.7

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00020-01 (5148-2019)

Demandante: María Mónica Villa Zapata

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2.2. Problema jurídico

Como ambas partes interpusieron el recurso de apelación, corresponde a la Sala resolver las siguientes cuestiones:

1. Si entre la señora María Mónica Villa Zapata y el municipio de Pereira existió una relación laboral encubierta o subyacente, derivada de la celebración de contratos de prestación de servicios para el lapso comprendido entre el 15 de junio de 2009 y el 31 de diciembre de

2015. De ser así, si tiene derecho al reconocimiento y pago de todas las prestaciones sociales y laborales que reclama.

1. Si debe declararse la prescripción extintiva frente a alguno o todos los periodos de vinculación de la demandante , de acuerdo con los lineamientos de la sentencia SUJ-025CE-S2-2021 y;

1. Si le asiste a la actora el derecho a la devolución de las sumas pagadas por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud y pensiones.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales encubiertas o subyacentes es el siguiente:

de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales encubiertas o subyacentes es el siguiente:

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, obje tivos y principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su v ez, los artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la igualdad y el trabajo digno:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, l engua, religión, opinión política o filosófica.

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilida d a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e

estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilida d a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formale s de derecho; y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.8

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00020-01 (5148-2019)

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Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-11 a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el cual fue desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización12, en cuya virtud «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto».

Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos é́ de Costa Rica), Colombia ratific ó el «Protocolo de San Salvador:

y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto».

Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos é́ de Costa Rica), Colombia ratific ó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el derecho al trabajo como «(...) l a oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar, como mínimo, «(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos 1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno, para efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo. En consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdo s o los convenios laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores en Colombia.

Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar que «no habrá empleo público que no tenga fu nciones detalladas en ley o reglamento, y para

dignidad humana o los derechos de los trabajadores en Colombia.

Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar que «no habrá empleo público que no tenga fu nciones detalladas en ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las relacione s laborales de naturaleza legal y reglamentaria y constituye fundamento constitucional para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de las entidades estatales.

A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependenc ia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación

11 Aprobada el 11 de abril de 1919. 12 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.9

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Demandante: María Mónica Villa Zapata

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de servicios, pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que

www.consejodeestado.gov.co de servicios, pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el Estado.

2.3.1. El contrato estatal de prestación de servicios

El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado, es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto general de contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues está definido en el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente:

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.

Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios 855 de 1994, 1737,

1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de 2008, 2025 de 2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas, subrogadas, derogadas e incluso compiladas en el Decreto 1082 de 2015,13 cuyo Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disposiciones reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

Así