CE - 012333000201700048011SENTENCIA20230410124054

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 7000 123 33 000201 700048 01 ( 5322 -2018 )

Demandante: Enith Barros Pedrozo Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

Protección Social

Tema: Reconocimiento pensión gracia. Prueba de la vinculación territorial y/o nacionalizada . Ley 1437 de 2011 .

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado , conoce el recurso de apelación interpuesto por la demanda da contra la sentencia proferida el 23 de marzo de 201 8 por el Tribunal Administrativo de Sucre , mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 1

La señor a Enith Barros Pedrozo , por intermedio de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 1

La señor a Enith Barros Pedrozo , por intermedio de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 2, formuló en síntesis las siguientes:

1 Folios 27 a 33 . 2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo . En adelante CPACA .Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación: 700012333000201 70004801 (5322 -201 8)

Dem andante: Enith Barros Pedrozo

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2 1.1. Pretensiones

Declarar l a nulidad de la s Resoluci ones (i) RDP 027472 del 27 de julio de 20 16 , por medio de la cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP 3 negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia de la ac cionante ; y (ii) RDP 0 40907 del 2 7 de octubre de 2016, que resolvió el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes el primer acto administrativo .

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la

octubre de 2016, que resolvió el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes el primer acto administrativo .

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia , en cuantía del 75% del salario con la totalidad de los factores salariales devengados en el año anterior al cumplimiento del estatus ; (ii) realizar los re aju stes de ley ; (iii) indexar las sumas reconocidas; (iv) cumplir la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA ; (v) cancelar los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 ; y (v i) pagar las costas del proceso .

1.2. Fundamentos fácticos

La señor a Enith Barros Pedrozo , a través de apoderado, expuso:

a). Nació el 28 de julio de 19 53 , es decir, cumplió 50 años de edad el mismo día y mes del año 2003 .

b). Prestó sus servicios al magisterio de la siguiente manera:

3 En adelante UGPP. Fecha inicial Fecha final Total días laborados 25/05/72 23/02/73 269Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación: 700012333000201 70004801 (5322 -201 8)

Dem andante: Enith Barros Pedrozo

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3

c). Fue nombrada en propiedad en el magisterio (i) en el departamento del Cesar , por medio del Decreto 183 del 19 de mayo de 1972, a partir del 25 de mayo de 1972 al 23 de febrero de 1973 ; y (ii) en el departamento de Sucre, a través del Decreto 363 del 17 de noviembre de 1995, a partir del 27 de noviembre de 1995 hasta la actualidad.

d). Los nombramientos fueron efectuados por entidades del orden departamental y municipal, a saber, el gobernador del Cesar y el alcalde de Tolú .

e). Cumplió 50 años de edad y los 20 años de servicio en el magisterio como docente nacionalizada. Además, ha prestado sus servicios con honradez, idoneidad y buena conducta.

f). El 12 de febrero de 201 6 solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de una pensión gracia. Petición que fue negada por medio de la Resolución RDP 027472 del 27 de julio de 20 16 .

g). La actor a interpuso apelación en contra de la negativa de la entidad de reconocer la pensión gracia. No obstante, la UGPP a través de la Resolución RDP 040907 del 27 de octubre de 2016 desató el recurso y confirmó la decisión inicial.

entidad de reconocer la pensión gracia. No obstante, la UGPP a través de la Resolución RDP 040907 del 27 de octubre de 2016 desató el recurso y confirmó la decisión inicial.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

La accionante invocó como disposiciones vulneradas :

Constitucionales: artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46 , 48, 53, 58, 27/11/95 03/12/15 7207

Total 7476Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación: 700012333000201 70004801 (5322 -201 8)

Dem andante: Enith Barros Pedrozo

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4 228 y 336 .

Legales: artículos 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 3 y 6 de la Ley 116 de 1928; Decreto 081 de 1976; 3 del Decreto 2277 de 1979; y 15 de la Ley 91 de 1989 .

La demandante a l desarrollar el concepto de violación expuso que conforme a las normas que regulan la pensión gracia, cumple con todos los requisitos , por tanto, la UGPP debe reconocerle esa prestación.

Agregó que la UGPP al emitir los actos administrativos censurados

conforme a las normas que regulan la pensión gracia, cumple con todos los requisitos , por tanto, la UGPP debe reconocerle esa prestación.

Agregó que la UGPP al emitir los actos administrativos censurados le vulneró sus derechos , toda vez que desconoció que siempre fue vinculada por una autoridad territorial y su nombramiento ha tenido carácter de nacionalizado.

Expuso que no es de recibo el argumento de la accionada respecto a que l os documentos aportados para acceder a la pensión gracia care cen de valor probatorio, dado que los mismos se aportaron en original o en copia aut éntica , además, la entidad debió dar aplicación al procedimiento contemplado en el artículo 17 del CPACA, modificado por la Ley 1755 de 2015 y requerir los documentos que consideraba necesarios.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 4

La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, al considerar que las p ruebas aportadas para acreditar el tiempo de servicio desde el 27 de noviembre de 1995 al 30 de diciembre de 2015 carecen de valor probatorio comoquiera que obran copia s simple s.

4 Folios 85 a 87.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación: 700012333000201 70004801 (5322 -201 8)

Dem andante: Enith Barros Pedrozo

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5 Propuso como excepciones de mérito (i) falta de material probatorio que acredite derecho a lo pretendido ; y (i i) prescripción trienal . Al respecto, expuso que corresponde a la parte que alega el derecho probar el supuesto de hecho de las norma s y, en el evento, en el que se acceda al reconocimiento de la pensión gracia reclamada por la señora Enith Barros Pedrozo deprecó que se tenga en cuenta que las mesadas causadas con anterioridad a tres años desde la reclamación se encuentran prescritas.

3. AUDIENCIA INICIAL 5

El 14 de noviembre de 201 7 se llevó a cabo la audiencia inicial por parte del Tribunal Administrativo de Sucre , oportunidad en la que determinó (i) que no exist ía ninguna irregularidad que generara la nulidad del trámite ; (ii) advirtió que no existían excepci ones previas y, por tanto, las que fueron formuladas por la accionada se resolverían en la sentencia y, (iii) fij ó el litigio en los siguientes términos:

«¿si a la actora le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación gracia? »

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6

El Tribunal Administrativo de Sucre en sentencia del 23 de marzo de 2018 accedi ó a las pretensiones de la demanda , fundamentándose en que la actora demostró todos los requisitos. Específicamente, resaltó:

El Tribunal Administrativo de Sucre en sentencia del 23 de marzo de 2018 accedi ó a las pretensiones de la demanda , fundamentándose en que la actora demostró todos los requisitos. Específicamente, resaltó:

1. Cumplió 50 años de edad, el 28 de julio de 2003.

2. La prestación del servicio como docente de la señora Enith Barros Pedrozo fue continu a en los siguientes períodos: (i) desde 1972 a

5 Folios 102 a 104. CD a folio 105. 6 Folios 163 a 173.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación: 700012333000201 70004801 (5322 -201 8)

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6 1973 -1.06 años; (ii) 199 5 a 2015 – 22.02 años. Todos estos en calidad de docente municipal y prestando sus servicios en instituciones educativas del mismo talante, superando 20 años de servicio como docente territorial – nacionalizada.

3. No tiene antecedentes disciplinarios o an otaciones negativas en su hoja de vida.

La autoridad judicial en mención resaltó que en esos términos la actora acreditó el estatus de pensionada el 25 de octubre de 2014, fecha en la que completó los 20 años de servicio y contaba con 61 años de edad.

La autoridad judicial en mención resaltó que en esos términos la actora acreditó el estatus de pensionada el 25 de octubre de 2014, fecha en la que completó los 20 años de servicio y contaba con 61 años de edad.

Como consecuencia del cumplimiento de todos los requisitos legales , reconoció en favor de la demandante la pensión gracia reclamada y condenó en costa s a la accionada.

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7

La parte demanda da solicitó revocar la decisión y, en su lugar , negar las pretensiones de la demanda . Para el efecto , insistió en que la señora Barros Pedrozo no acreditó con suficiencia y de manera idónea el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para conceder le la pensión gracia .

Destacó que, dada la naturaleza especial de la pensión reclamada, no puede accederse al reconocimiento sin plena certeza del cumplimiento de los requisitos , pues ello contrar ía los principios de legalidad y sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Puntualizó que los documentos que fueron sustento de la negativa del derecho, en sede administrativa, se aportaron en copia simple , y, en su criterio , existe una inconsistencia entre el acto de

7 Folios 176 a 182.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación: 700012333000201 70004801 (5322 -201 8)

Dem andante: Enith Barros Pedrozo

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Radicación: 700012333000201 70004801 (5322 -201 8)

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7 nombramiento , esto es, el Decreto 0183 del 19 de mayo de 1972, y el acta de posesión del 25 de mayo de la misma anualidad , puesto que en copia simple dicho documento reposa en 3 folios y en copia autenticada en 6 folios.

Adicionalmente, manifestó que el certificado de información laboral del 27 de junio de 2015 fue expedido por una autoridad que carece de competencia, esto es, el señor Farlín Daza Fernández, en calidad de técnico operativo, cuando dicha constancia corresponde emitirla al secretario de educación del departamento del Cesar.

Por su parte, en lo que corresponde a la condena en costas, sostuvo que el a quo únicamente tuvo en cuenta que fue la parte vencida en primera instancia, es decir , no observó la conducta, además de la existencia de razones jurídicas, por ende, peticionó revocar dicha condena.

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

6.1 La demanda nte 8 destacó que obran en el plenario los decretos de nombramiento que dan cuenta de su vinculación como nacionalizada , comoquiera que el gobernador del departamento del Cesar y el municipio de Tolú, efectúan la nominación , evento que

de nombramiento que dan cuenta de su vinculación como nacionalizada , comoquiera que el gobernador del departamento del Cesar y el municipio de Tolú, efectúan la nominación , evento que se enmarca en lo previsto en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989.

Expuso que los documentos aportados no fueron tachados por l a accionada, con los cuales tiene debidamente acreditado el total del tiempo exigido para acceder a la pensión gracia.

Adujo que la accionada atendiendo la carga de la prueba que le asiste, estaba en la obligación de demostrar que la vinculación correspo nde al carácter de nacional. En ese orden, la accionada no

8 Folios 220 y 221 .Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación: 700012333000201 70004801 (5322 -201 8)

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8 tiene argumento válido para negar el reconocimiento de la pensión gracia .

6. 2 La demanda da 9 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

El Ministerio Público guard ó silencio , según el informe secretarial de 04 de ju nio de 201 9 que obra a folio 258 del expediente .

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento

de 04 de ju nio de 201 9 que obra a folio 258 del expediente .

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 10, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

Asimismo , conforme a lo dispuesto en el artículo 328 11 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia

9 Folios 245 y 257 . 10«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de ap elación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]» 11«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deb erá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hub iere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación de l apelante único, salvo

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación de l apelante único, salvo que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegars e durante la audiencia.»Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación: 700012333000201 70004801 (5322 -201 8)

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9 está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante único .

2.2. Problema jurídico

Considera esta Sala de Subsección, que el estudio y posterior decisión debe centrarse en establecer lo siguiente:

¿La señor a Enith Barros Pedrozo , en su calidad de docente oficial, acreditó en debida forma que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia ?

¿Le asistió razón al a quo al condenar en costas de primera instancia a la entidad demandada?

Para resolver el asunto, se desarrollará el siguiente orden metodológico: (i) régimen de la pensión gracia ; (ii) condena en costas en primera instancia ; y (iii) análisis del caso concreto .

primera instancia a la entidad demandada?

Para resolver el asunto, se desarrollará el siguiente orden metodológico: (i) régimen de la pensión gracia ; (ii) condena en costas en primera instancia ; y (iii) análisis del caso concreto .

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2. 3.1 Régimen de la p ensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionan tes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 , en el artículo 4, determinó:

«Artículo 4.º Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1º Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación: 700012333000201 70004801 (5322 -201 8)

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10 2º Que carece de medios de subsistencia en armonía con su posición social y costumbres. 12

3º Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o

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10 2º Que carece de medios de subsistencia en armonía con su posición social y costumbres. 12

3º Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación y por un Departamento.

4º Que observa buena conducta.

5º Que si es mujer, está soltera o viuda. 13

6º Que ha cumplido cincuen ta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa , de ganar lo necesario para su sostenimiento. » (Negrilla de la Sala)

Por su parte, se resalta que la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

En es os términos , resulta pertinente destacar que la pensión gracia es una dádiva que no requiere de cotizaciones al sistema y tal como lo indicó esta corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 14 «se considera una prestación de carácter especial» que opera por ministerio de la ley , por lo que los beneficiarios de esta prestación deben acreditar los requisitos señalados en la Ley 114 de 1913 y la Ley 91 de 1989 .

El beneficio de la pensión gracia por medio d el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en

El beneficio de la pensión gracia por medio d el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la

12 Derogado por la Ley 45 de 1913 . 13 Derogado art ículo 8 Ley 45 de 1913 . 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018, ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter, proceso radicado 25000 23 42 000 2013 04683 01 (3805 -2014) CE -SUJ -SII -11 -2018.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación: 700012333000201 70004801 (5322 -201 8)

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11 normalista y la i nspección con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señ alado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió

hubieren completado el tiempo de servicios señ alado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional .

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artícul o 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

El numeral 2 del artículo 15 de dicha ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer lo siguiente:

«[…] A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos . Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y

reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos . Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación: 700012333000201 70004801 (5322 -201 8)

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12 De las diferentes normas enunciadas, la jurisprudencia de esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S -699 del 26 de agosto de 1997 15 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derech o a la pensión de gracia (…) siempre y

los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derech o a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reco nocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […].»

Ahora bien, con el fin de determinar el carác ter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de junio de 2018 16 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los re cursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas .

15Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administr ativo, Sentenci a núm. S -699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.

15Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administr ativo, Sentenci a núm. S -699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 16 Proceso identificado con radicación 25000 -23 -42 -000 -2013 -04683 -01 (38052014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación: 700012333000201 70004801 (5322 -201 8)

Dem andante: Enith Barros Pedrozo

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Cal le 12 No . 7 –6 5 – Tel : (60 1) 35 0670 0 Bog ot á D .C . – C olo mb ia

13 ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, incis o 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales

y 60, incis o 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12 , resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía c on algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal — como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas .

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro d e la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13 ; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la

Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta

además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensiónNulidad y r establecimiento del der echo Radicación: 700012333000201 70004801 (5322 -201 8)

Dem andante: Enith Barros Pedrozo

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Cal le 12 No . 7 –6 5 – Tel : (60 1) 35 0670 0 Bog ot á D .C . – C olo mb ia

14 gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada , pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fi scal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de part icipaciones .» (Resaltado del texto original)

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ -030 -CE -S2nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de part icipaciones .» (Resaltado del texto original)

Por último, en reciente sentencia de un