CE - 012333000201700114011SENTENCIASENTENCIA20231101191359

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C Expediente: 18001-23-33-000-2017-00114-01 (62148)

Demandante: Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., cuatro (04) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: 18001-23-33-000-2017-00114-01 (62148)

Demandante: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional Demandado: Kelvin Darío Villa Zapata Referencia: Medio de control de repetición

Tema: Repetición. Subtema 1: Presupuestos para la prosperidad del medio de control de repetición. Subtema 2: Régimen legal aplicable - Ley 678 de 2001. Subtema 3: Elemento subjetivo - Culpa grave -. Infracción del manual de uso de las armas de dotación oficial .

Relación causal con el hecho origen de la condena no acreditada.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección, de acuerdo con la prelación dispuesta en sesión del 5 de mayo de 20051, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el órgano demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 6 de julio de 2018, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El Ministerio de Defensa, Policía Nacional, fue condenado al pago de perjuicios por el daño derivado de la muerte de una mujer durante un operativo policial de persecución

I. SÍNTESIS DEL CASO

El Ministerio de Defensa, Policía Nacional, fue condenado al pago de perjuicios por el daño derivado de la muerte de una mujer durante un operativo policial de persecución realizado el 12 de noviembre de 2009, en contra de un hombre sospechoso de cometer hurto. El organismo accionante pretende que la suma pagada en cumplimiento de la sentencia condenatoria sea reembolsada por el patrullero de la Policía Nacional Kelvin Darío Zapata Villa, porque, a su juicio, el hecho dañoso que originó la condena fue ocasionado por el uso imprudente de su arma de dotación oficial.

II. ANTECEDENTES

2.1. El 26 de abril de 2017, el apoderado designado por el Comandante de l Departamento de Policía del Caquetá, como representante de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, presentó demanda en ejercicio de la acción de repetición contra Kelvin Darío Zapata Villa, para que se declare su responsabilidad a título de culpa grave por violación manifiesta e inexcusable del manual de uso de armas de fuego de dotación oficial y, como consecuencia, se le condene al pago de ochocientos treinta y siete millones trescientos cuarenta y tres mil novecientos ochenta y seis pesos con cincuenta y cinco centavos ($837.343.986,55) , que el ente territorial debió pagar en cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Florencia , el 30 de septiembre de 2013 , en un proceso de reparación directa2.

2.1.1. Como fundamentos fácticos de las anteriores pretensiones, el organismo

Descongestión de Florencia , el 30 de septiembre de 2013 , en un proceso de reparación directa2.

2.1.1. Como fundamentos fácticos de las anteriores pretensiones, el organismo demandante enunció, en síntesis: (i) que el demandado ingresó a la Policía Nacional

1 Según consta en el acta núm. 15 suscrita en esa fecha por la Sección Tercera de esta Corporación. 2 Folio 476 del c. 2.2

Expediente: 18001-23-33-000-2017-00114-01 (62148)

Demandante: Ministerio de Defensa, Policía Nacional

como patrullero, el 27 de junio de 2008 , y para el 12 de noviembre de 2009, día en que ocurrió el hecho dañoso, se encontraba en servicio activo en la estación de policía de San Vicente del Caguán; (ii) que un informe de la Dirección Criminal de la Policía Nacional dictaminó que la vainilla y el proyectil 9 milímetros enviado a esa dependencia fuer on percutido s con el arma de dotación oficial asignada al hoy demandado; (iii) que la Oficina de Control Interno del Departamento de Policía de l Caquetá impuso sanción disciplinaria a Kelvin Darío Villa, consistente en nueve (9) meses de suspensión en el ejercicio del cargo, “por el actuar inadecuado e imprudente del uniformado quien desconoció las normas para el manejo de armas” ; (iv) que “el juzgado de primera instancia” de la Justicia Penal Militar declaró la responsabilidad penal del accionado por el delito de homicidio culposo y lo condenó a dos (2) años de

juzgado de primera instancia” de la Justicia Penal Militar declaró la responsabilidad penal del accionado por el delito de homicidio culposo y lo condenó a dos (2) años de prisión, multa, privación del derecho a la tenencia y porte de armas e interdicción de derechos y funciones públicas ; (v) que el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Florencia, en sentencia dictada el 30 de septiembre de 2013, declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, y la condenó al pago de los perjuicios causados por la muerte de una mujer durante la ejecución de un operativo policial en contra de un hombre acusado de hurto; y (vi) que la condena impuesta en el proceso de reparación directa fue conciliada en audiencia cele brada el 4 de marzo de 2014 y pagada con base en órdenes presupuestales fechadas el 14 de septiembre de 20163.

2.1.2. A modo de sustento jurídico de la pretensión de reembolso, el órgano accionante hizo referencia al artículo 90 de la Constitución Política, al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y a la Ley 678 de 2001. Manifestó que el demandado actuó con culpa grave porque “no manejó su arma de dotación de manera correcta y según lo estipulado en la norma”4.

2.2. El Tribunal Administrativo del Caquetá admitió la demanda mediante auto de 12 de junio de 2017, el cual fue notificado en debida forma al accionado 5. Kelvin Darío Villa presentó escrito de contestación en el que propuso la excepción de inepta

de junio de 2017, el cual fue notificado en debida forma al accionado 5. Kelvin Darío Villa presentó escrito de contestación en el que propuso la excepción de inepta demanda, por no encontrarse debidamente acreditado el pago de la condena, ya que no se apor tó al expediente documento en el que conste el recibo a satisfacción del beneficiario o paz y salvo en ese sentido . Afirmó que, si bien en el proceso penal se acreditó que una vainilla y un proyectil encontrados en la escena donde ocurrió el infortunio fueron percutidos con el arma de dotación oficial asignada al hoy demandado, no se probó que esos elementos hubieran ocasionado la muerte de la señora Liliana Gómez; tampoco se demostró el desconocimiento de las normas sobre el uso de armas, pues no se desvirtuó el ataque armado que presuntamente realizó el perseguido en contra de los policías. Agregó que las circunstancias en las que ocurrió el hecho impedían a los polic ías tener una visión óptima , pues eran las 9:30 de la noche, la casa de la fallecida se encontraba a una distancia aproximada de ochocientos (800) metros y se ubicaba en un sitio “boscoso y oscuro”, detrás de unos árboles, “en un barranco”. Por último, adujo que “nunca se pudo demostrar que la ojiva encontrada cerca del cadáver de la señora María Liliana Gómez Cutiva fuera efectivamente la que le quitó la vida”6.

2.3. En la audiencia inicial celebrada el 31 de enero de 2018, el tribunal consideró que la excepción alegada configura un argumento de defensa y no un medio

efectivamente la que le quitó la vida”6.

2.3. En la audiencia inicial celebrada el 31 de enero de 2018, el tribunal consideró que la excepción alegada configura un argumento de defensa y no un medio exceptivo, motivo por el que difirió su análisis a la sentencia. Seguidamente, fijó el litigio, incorporó las pruebas allegadas por las partes y decretó, como prueba de oficio, expedir oficio a la Policía Nacional para que allegara los documentos en los que

3 Folio 476 del c. 2. 4 Folio 479 del c. 2. 5 Folios 496 y 501 del c. 2. 6 Folio 557 del c. 2.3

Expediente: 18001-23-33-000-2017-00114-01 (62148)

Demandante: Ministerio de Defensa, Policía Nacional

constara el recibo a satisfacción del pago de la condena . Por auto de 7 de marzo de 2018, el tribunal corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para presentar concepto7.

2.4. En la etapa de alegaciones, el apoderado del demandado reiteró que la culpa grave del demandado no se encuentra acreditada, porque no obra en el expediente prueba demostrativa de que el proyectil percutido con el arma de dotación a él asignada hubiera sido el que causó la muerte de la señora María Liliana Gómez8. El órgano accionante afirmó que el pago de la condena fue acreditado con la resolución que autorizó el desembolso y las órdenes presupuestales que le dieron cumplimiento y, en lo relativo al elemento subjetivo, insistió en que el demandado incurrió en culpa

que autorizó el desembolso y las órdenes presupuestales que le dieron cumplimiento y, en lo relativo al elemento subjetivo, insistió en que el demandado incurrió en culpa grave al accionar su arma de dotación en la persecución policial, por las razones expuestas tanto en el fallo disciplinario como en el fallo de responsabilidad penal que lo condenó por el delito de homicidio culposo9.

2.5. El Tribunal Administrativo del Caquetá, en sentencia del 6 de julio de 2018, negó las pretensiones . En primer t érmino, refirió los cuatro p resupuestos de estimación de las pretensiones de repetición, así: (i) la decisión judicial que condene a una entidad pública a reparar un daño antijurídico; (ii) la acreditación del pago total de la condena; (iii) la condición de servidor o exservidor público del demandado; y (iv) la conducta dolosa o gravemente culposa del agente10.

2.5.1. En cuanto al primer presupuesto , encontró demostrado que el organismo demandante fue condenado en un proceso de reparación directa al pago de los perjuicios causados durante un operativo policial.

2.5.2. Respecto a la acreditación del pago de la condena objeto de conciliación judicial, por el 70% del total, el tribunal consideró que dicho presupuesto se enc uentra suficientemente acreditado con los documentos allegados al expediente, a saber: (i) la Resolución 1085 de 12 de septiembre de 2016, por medio de la cual el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, ordenó el pago de una parte la condena a los beneficiarios ($254.985.333,02) , otra a la empresa cesionaria de los derechos de

de Defensa, Policía Nacional, ordenó el pago de una parte la condena a los beneficiarios ($254.985.333,02) , otra a la empresa cesionaria de los derechos de crédito ($407.651.057,47) y otra a la apoderada por concepto de honorarios ($174.707.596,06); (ii) la certificación expedida por el tesorero general de la Policía Nacional en la que consta que el pago se re alizó conforme a lo dispuesto en la resolución citada; (iii) los reportes de pago del Sistema de Información Financiera (SIIF); y (iv) las constancias de recibo de pago de la suma de condena suscritas por la apoderada de los beneficiarios y por el representante legal de la empresa cesionaria de los derechos de crédito, Cuantum Soluciones Financieras S.A.

2.5.3. Encontró acreditado el tercer elemento con las certificaciones expedidas por el jefe de talento humano de la Policía Nacional , de acuerdo con las cuales el demandado ingresó a la institución el 14 de enero de 2008 y , para la época de ocurrencia del daño que acarreó la condena, se encontraba en servicio activo.

2.5.4. En cuanto a la conducta del accionado afirmó, que, si bien los fallos disciplinario y penal fueron sustentados en el informe de balística , según el cual el proyectil encontrado en la vivienda de la occisa fue percutido con el arma de dotación asignada al hoy demandado, no es posible su valoración en este proceso, porque el extracto allegado al expediente “no contiene la conclusión del estudio, ni el aparte que se cita en las antes referidas providencias” . Consideró, además, que , en el evento de

7 Folios 587 y 633 del c. 3.

allegado al expediente “no contiene la conclusión del estudio, ni el aparte que se cita en las antes referidas providencias” . Consideró, además, que , en el evento de

7 Folios 587 y 633 del c. 3. 8 Folio 623 del c. 3. 9 Folios 623 y 685 del c. 1. 10 Folio 647 del c. ppal.4

Expediente: 18001-23-33-000-2017-00114-01 (62148)

Demandante: Ministerio de Defensa, Policía Nacional

otorgarle validez al medio de prueba citado, su valoración no llevaría a concluir que el proyectil disparado por el accionado causó la muerte de María Liliana Gómez, porque, “como lo puso de presente la defensa en el proceso penal y como lo recalcó allí mismo el Ministerio Público, la suposición de que el proyectil encontrad o fue el mismo que causó la muerte de María Liliana, no pasa de ser eso: una suposición huérfana de respaldo probatorio”. Así, concluyó que el organismo accionante no demostró que el hecho dañoso que ocasionó la condena hubiera sido causado por el patrulle ro demandado, pues la sola participación en el operativo e, incluso, el disparo que realizó, no acredita el supuesto de hecho de la causal de culpa grave que le atribuye el órgano demandante.

2.6. El ente accionante interpuso recurso de apelación en e l que expuso su inconformidad frente a la valoración de la conducta del patrullero, pues, a su juicio, los fallos penal y disciplinario son suficientes para acreditar el comportamiento gravemente culposo que se le atribuye, pues los dos procesos “fueron unísonos al

fallos penal y disciplinario son suficientes para acreditar el comportamiento gravemente culposo que se le atribuye, pues los dos procesos “fueron unísonos al expresar que el demandado patrullero Villa causó la muerte de María Liliana Gómez Cutiva” en el operativo policial de persecución en el que participó , por manipulación imprudente de su arma de dotación oficial, ya que “no actuó con el c uidado necesario”11.

2.7. La apelación fue concedida por el tribunal 12 y admitida por esta Corporación mediante auto de 28 de septiembre de 201813. En auto posterior se corri ó traslado para alegaciones de las partes y al Ministerio Público para que rindiera concepto 14. La oportunidad fue aprovechada por el apoderado del demandado, qu ien solicitó confirmar la sentencia apelada al no encontrarse acreditado que el proyectil percutido con el arma de dotación oficial asignada al demandado hubiera sido el que causó el daño origen de la condena 15. El organismo accionante y el procurador delegado guardaron silencio16.

III. PROBLEMA JURÍDICO

3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (CGP) —aplicable en esta instancia conforme a la jurisprudencia unificada17— el "recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión". En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juez de segundo grado, consiste en "pronunciarse solamente sobre los argumentos

con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión". En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juez de segundo grado, consiste en "pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley" como lo establece el artículo 328 del CGP.

Esclarecido lo anterior, se debe rememorar, como bien lo planteó el a quo18, que la estimación de las pretensiones de repetición pende de la constatación de la concurrencia de cuatro (4) presupuestos, a saber: (i) la condición de servidor o exservidor público de la persona contra la que se repite; (ii) la obligación reparatoria a cargo del Estado; (iii) el pago efectivo de la obligación reparatoria; y (iv) la conducta

11 Folio 656 del c. ppal. 12 Folio 671 del c. ppal. 13 Folio 676 del c. ppal. 14 Folio 678 del c. ppal. 15 Folio 680 del c. ppal. 16 Folio 684 del c. ppal. 17 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, auto del 25 de junio de 2014, exp. 49299. 18 Apartado 2.5.5

Expediente: 18001-23-33-000-2017-00114-01 (62148)

Demandante: Ministerio de Defensa, Policía Nacional

dolosa o gravemente culposa del servidor o exservid or público. Siendo los primeros tres elementos de carácter objetivo y el último de carácter subjetivo19.

Siguiendo el anterior lineamiento, se verifica que en la sentencia recurrida el juzgador

dolosa o gravemente culposa del servidor o exservid or público. Siendo los primeros tres elementos de carácter objetivo y el último de carácter subjetivo19.

Siguiendo el anterior lineamiento, se verifica que en la sentencia recurrida el juzgador de primera instancia encontró acreditad a la condición de agente del estado del demandado como patrullero de la Policía Nacional , la obligación reparatoria a cargo de esa institución en virtud de una sentencia judicial y el pago de la condena por el Ministerio de Defensa.

3.2. Al haber quedado za njada la litis sobre tres presupuestos requeridos para la prosperidad de la pretensión de repetición, la Subsección procederá a determinar si se encuentra acreditado el elemento subjetivo , concerniente a la culpabilidad del demandado. Así las cosas, la Sala, en función del cargo de alzada referido y de la competencia que le asiste, procede a resolver el siguiente problema jurídico:

3.2.1. ¿El accionado, en condición de patrullero de la Policía Nacional, incurrió en una conducta gravemente culposa por desconocimiento del manual de uso de las armas, al accionar la pistola de dotación oficial durante un operativo policial en que se causó la muerte de una mujer que se encontraba en la zona donde ocurrió la persecución?

IV. CONSIDERACIONES

4.1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1º) de la Ley 678 de 2001 20. En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, conforme lo establecido por el artículo 150 del Código de

consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, conforme lo establecido por el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)21, así como el mencionado artículo 7 (inciso 3º) de la Ley 678 de 200122.

4.2. El plazo para el ejercicio oportuno de la presente acción comenzó a correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 2001 23 y el CPACA24, pues la providencia por medio de la cual el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Florencia condenó al Ministerio de Defensa, Policía Nacional, al pago de perjuicios fue expedida el treinta (30) de septiembre de dos mil trece (2013).

19 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2006, exp. 22056; Sección Tercera, sentencia del 27 de diciembre de 2006, exp. 22099; Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, exp. 24844; Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 21109, exp. 30329; Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2009, exp. 25694; Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2011, exp. 33407; Sección Tercera, Subsección C, sentencia de del 19 de julio de 2017, exp. 55025; Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18

de junio del 2018, exp. 54692; Sección Tercera, Subsección C; sentencia del 9 de julio de 2018, exp. 58789; Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de enero de 2020, exp. 42037. 20 LEY 678 DE 2001. “Artículo 7. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición […]”. 21 CPACA. “Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales administrativos […]”. 22 LEY 678 DE 2001. “Artículo 7. Jurisdicción y competencia. Cuando la reparación patrimonial a cargo del Estado se haya originado en una conciliación o cualquier otra forma permitida p or la ley para solucionar un conflicto con el Estado, será competente el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto” . En el presente asunto, se observa que la primera instancia del presente asunto fue resuelta por el mismo Tribunal que emitió la sentencia condenatoria de la cual surgió la obligación de pago del ente estatal y que ahora pretende le sea reembolsada. 23 Según el artículo 31 de la Ley 678 de 2001, "La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias", y ésta fue publicada en el Diario Oficial No. 44.509 de 4 de agosto de 2001. 24 Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

24 Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.6

Expediente: 18001-23-33-000-2017-00114-01 (62148)

Demandante: Ministerio de Defensa, Policía Nacional

De acuerdo con el literal l) del artículo 164 del CPACA, la acción de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años contados a partir del día siguiente a aquel en el que el organismo hubiera pagado la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de las condenas. En este caso, ese plazo corresponde al previsto en el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (CCA)25, esto es, dieciocho (18) meses, pues el proceso de reparación directa que culminó con la sentencia condenatoria fue tramitado bajo esa norma procesal26.

En este caso se encuentra acreditado que, en virtud de la conciliación judicial celebrada el seis (6) de marzo de dos mil catorce (2014) 27, en la que las partes del proceso de reparación directa acordaron el pago del 70% de la suma de condena, el Director Administrativo y Financiero dictó la Resolución No. 1085 de 12 de septiembre de 2016,

reparación directa acordaron el pago del 70% de la suma de condena, el Director Administrativo y Financiero dictó la Resolución No. 1085 de 12 de septiembre de 2016, por medio de la cual ordenó dar cumplimiento al acuerdo conciliatorio. De acuerdo con la certificación expedida por el tesorero general de la Policía Nacional, el pago de la suma conciliada se realizó el dieciséis (16) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), por medio de dos (2) transferencias realizadas a la cuenta bancaria de la apoderada de los beneficiarios por ciento setenta y cuatro millones setecientos siete mil quinientos noventa y seis pesos ($174.707.596,06) y doscientos cincuenta y cuatro millones ochocientos cuatro mil ciento treinta y dos pesos ($254.804.132,02), y transferencia a la cuenta de la empresa Cuantum Soluciones Financieras S.A. por cuatrocientos tres millones setenta y tres mil ciento ocho pesos ($403.073.108,47)28. Además, obran en el expediente las certificaciones expedidas por la apoderada de los beneficiarios de la codena y del representante legal de la empresa Cuantum Soluciones Financieras S.A., allegadas en virtud del decreto oficio de pruebas, en las que consta el recibo del pago a satisfacción29.

En ese orden, como la demanda que inició este contencioso fue radicada el veintiséis de (26) de abril de dos mil diecisiete (2017) 30, esto es, dentro del término de dos años contados desde el vencimiento del plazo para el pago de la condena objeto de conciliación, que acaeció el catorce (14) de marzo septiembre de dos mil quince (2015)31, la acción de repetición fue incoada oportunamente.

contados desde el vencimiento del plazo para el pago de la condena objeto de conciliación, que acaeció el catorce (14) de marzo septiembre de dos mil quince (2015)31, la acción de repetición fue incoada oportunamente. 4.3. En cuanto a la legitimación en la causa, está acreditado que la acción de repetición fue ejercida por el apoderado judicial designado por el comandante del Departamento de Policía del Caquetá, en virtud de la delegación de funciones prevista en la Resolución No. 3969 de treinta (30) de noviembre de dos mil seis (2006) 32. Así, al ser la Policía Nacional el órgano de la Nación que realizó el pago de la condena, le asiste a esta la legitimación por activa para presentar la pretensión de reembolso33 y está debidamente representada por aquella.

25 CCA. "Articulo 177. [...] Será causal de mala c onducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses despu és de su ejecutoria". 26 Folio 10 del c. 1. 27 Folio 21 del c. 1. 28 Folios 25 y 31. 29 Folios 10 y 11 del c. 6. 30 Folio 8 del c. 1. 31 Folio 24 vto. del c. 1. 32 Folios 1, 2 y 4 del c. 1. 33 Ley 678 de 2001, artículo 8. "Legitimación. En un plazo no superior a los seis (6) meses siguientes al pago total

31 Folio 24 vto. del c. 1. 32 Folios 1, 2 y 4 del c. 1. 33 Ley 678 de 2001, artículo 8. "Legitimación. En un plazo no superior a los seis (6) meses siguientes al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, deberá ejercitar la acción de repetición la persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero como conse cuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida por la Ley. Si no se iniciare la acción de repetición en el término y por la entidad facultada que se menciona anteriormente, podrá ejercitar la acción de rep etición: 1. El Ministerio Público. 2. El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o quien haga sus veces”.7

Expediente: 18001-23-33-000-2017-00114-01 (62148)

Demandante: Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Con respecto al demandado, se encuentra demostrado que, para el 2 de noviembre de 2009, momento en que ocurrió el hecho dañoso que dio lugar a la condena en contra de actora, Kelvin Darío Villa Zapata ejercía el cargo de patrullero de vigilancia en la estación de policía de San Vicente del Caguán, según constancia suscrita por el jefe de Talento Humano de la Policía metropolitana de Cartagena, el veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017)34. En ese orden, el accionado se encuentra legitimado en la causa por pasiva.

Régimen jurídico aplicable al asunto

diecisiete (2017)34. En ese orden, el accionado se encuentra legitimado en la causa por pasiva.

Régimen jurídico aplicable al asunto

4.4. Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos35. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior36, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior, “sin perjuicio de que, dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2° de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)”. Por ende, como en este caso el hecho dañoso origen de la condena ocurrió el 12 de noviembre de 2009, la normativa aplicable a los aspectos sustanciales también lo es la Ley 678 de 2001.

En todo caso, al ente actor le asiste la carga de especificar la presunción concreta a

normativa aplicable a los aspectos sustanciales también lo es la Ley 678 de 2001.

En todo caso, al ente actor le asiste la carga de especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuy e responsabilidad al servidor o ex servidor público demandado. Como lo ha precisado la jurisprudencia administrativa 37, esta carga se impone como garantía del derecho de defensa y contradicción del demandado en repetición, el cual se encuentra en una posición procesal desventajosa, como consecuencia de la i nversión probatoria que envuelven las presunciones de culpa grave y dolo previstas en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 38. Como efecto natural de la omisión de esta carga procesal39, las presunciones de dolo y culpa grave

34 Folio 38 del c. 1. 35 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencia del 8 de mano de 2007, exp. 30330. 36 "Las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, en cuyos eventos es necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y dolo que plantea el Código Civil //Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado ha dicho que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares de