CE - 012333000201700216011SENTENCIA20230324125728

Radicado: 68001-23-33-000-2017-00216-01 (26994)

Demandante: RUIZSERRA & CÍA SAS

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 68001-23-33-000-2017-00216-01 (26994)

Demandante: RUIZSERRA Y CÍA SAS Demandado: DIAN Temas: Renta 2012. Competencia funcional. B eneficio de progresividad.

Presentación y pago extemporáneo de declaraciones tributarias.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia del 18 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que resolvió1:

«Primero. Declarar la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 042412015000101 del 14 de diciembre de 2015 y de la Resolución No. 009217 del 25 de noviembre de 2016 mediante la cual se decidió el recurso de reconsideración , en la que s e modificó la liquidación privada del Impuesto a Renta del año gravable 2012 determinando un mayor

mediante la cual se decidió el recurso de reconsideración , en la que s e modificó la liquidación privada del Impuesto a Renta del año gravable 2012 determinando un mayor valor por impuesto y se aplicó sanción por inexactitud.

Segundo. Declarar, a título de restablecimiento del derecho, la firmeza de la declaración privada de renta de 2012.

Tercero. Condenar en costas a la parte demandada […]».

ANTECEDENTES

El 12 de abril de 2013, RUIZSERRA & CÍA SAS2, presentó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 201 2, en la que registró la renta líquida gravable en $2.651.537.000, el impuesto a cargo y el saldo a pagar en $0, en aplicación del beneficio de progresividad de la Ley 1429 de 20103.

El 28 de octubre de 2014, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, profirió el Auto de Apertura 042382014001250 por el programa «BENEFICIOS FISCALES» en relación con di cha declaración4. En la misma fecha dictó Auto de Verificación o Cruce 0423820140012315 para que los funcionarios comisionados, dentro de los 30 días hábiles, adelantaran o

1 Fls. 251 vto. y 252 c.p. 2 Tiene como objeto «la compra, administración, comercialización y venta de bienes muebles e inmuebles, participar en sociedades, representar firmas nacionales o extranjeras o ser distribuidor de las mismas, adquirir franquicias, realizar todo tipo de inversiones y desarrollar proyectos». Fl. 3 vto. c.p. 3 Fl. 2 c.a.

representar firmas nacionales o extranjeras o ser distribuidor de las mismas, adquirir franquicias, realizar todo tipo de inversiones y desarrollar proyectos». Fl. 3 vto. c.p. 3 Fl. 2 c.a. 4 Fl. 3 c.a. 5 Fl. 47 c.a.Radicado: 68001-23-33-000-2017-00216-01 (26994)

Demandante: RUIZSERRA & CÍA SAS

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2 practicaran diligencia en el establecimiento de comercio de la contribuyente, visita efectuada el 24 de noviembre de 20146. El 27 de marzo de 2015, la referida división expidió el Requerimiento Especial 042382015000008, que consideró improcedente el beneficio de progresividad por incumplimiento del artículo 9 [inc. 2] del Decreto 4910 de 2011 , con lo cual propuso liquidar sobre la renta líquida gravable de clarada un impuesto de $875.007.000, e imponer sanción por inexactitud de $1.400.011.000, para fijar el sald o a pagar en $2.275.018.0007. La sociedad dio respuesta a este acto8.

El 14 de diciembre de 201 5, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga profirió la Liquidación Oficial de Revisión 042412015000101, en la que confirmó las glosas propuestas en el requerimiento especial9. Contra este acto se interpuso recurso de reconsideración10.

Revisión 042412015000101, en la que confirmó las glosas propuestas en el requerimiento especial9. Contra este acto se interpuso recurso de reconsideración10.

El 25 de noviembre de 201 6, por Resolución 009217, la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, confirmó el acto liquidatorio11.

DEMANDA

RUIZSERRA & CÍA SAS, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, formuló las siguientes pretensiones12:

«1. Declarar nula la Liquidación Oficial de Revisión No. 042412015000101 del 14 de diciembre de 2015, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bucaramanga, por medio de la cual se modificó la liquidación privada del impuesto a la renta del año gravable 2012 determinando un mayor valor por impuesto y se aplicó sanción por inexactitud.

2. Declarar nula. la Resolución No. 009217 del 25 de noviembre de 2016, proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, mediante la cual se decidió el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial mencionada en el numeral anterior, en el sentido de confirmar la primera actuación.

3. Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho se declare que la sociedad RUIZSERRA & CÍA SAS., NIT 900.458.804-6, no debe responder por ninguno de los mayores valores por impuestos y sanciones, por concepto del impuesto

declare que la sociedad RUIZSERRA & CÍA SAS., NIT 900.458.804-6, no debe responder por ninguno de los mayores valores por impuestos y sanciones, por concepto del impuesto sobre la renta del año gravable 2012 determinados por impuestos y sanciones en los actos anulados, y ordenando que se efectúen los ajustes del caso e n la cuenta corriente del contribuyente, con el fin de eliminar de sus registros la deuda a cargo por concepto de dichos mayores valores».

Invocó como disposiciones violadas, las siguientes:

• Artículos 29, 121 y 122 de la Constitución Política • Artículos 560, 647, 688, 703, 707, 711, 730 y 731 del Estatuto Tributario

6 Fls. 50 a 61 c.a. 7 Fls. 194 a 202 c.a. 8 Fls. 226 a 246 c.a. 9 Fls. 58 a 66 c.p. 10 Fls. 286 a 322 c.a. 11 Fls. 73 a 82 c.p. 12 Fl. 54 c.a.Radicado: 68001-23-33-000-2017-00216-01 (26994)

Demandante: RUIZSERRA & CÍA SAS

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3 • Artículos 1,2, 3, 79, 80, 137 y 138 del CPACA • Artículo 168 del Código General del Proceso • Artículo 2 de la Ley 905 de 2004 • Artículos 46 a 50 del Decreto 4048 de 2008 • Resolución 11 del 4 de noviembre de 2008

• Artículo 168 del Código General del Proceso • Artículo 2 de la Ley 905 de 2004 • Artículos 46 a 50 del Decreto 4048 de 2008 • Resolución 11 del 4 de noviembre de 2008 • Artículos 4, 5, 7 y 8 de la Ley 1429 de 2010 • Artículos 6, 9 y 18 del Decreto 4910 de 2011 • Artículo 23 del Decreto 4907 de 2011 • Artículo 56 [parágrafo 4] de la Ley 1739 de 2014 • Memorando 000018 del 29 de enero de 2015 de la DIAN

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

La actuación administrativa se adelantó con violación del debido proceso porque (i) intervinieron funcionarios sin competencia legal para hacerlo, (ii) no se dieron a conocer todos los elementos tenidos en cuenta para iniciar la actuación , (iii) n o se cumplió el principio de congruencia establecido en el artículo 711 del ET, y (iv) se omitió el período probatorio ordenado por el CPACA. Los actos previos que originaron la actuación administrativa acusada –autos de apertura y de verificación o crucese expidieron y adelantaron por funcionarios sin competencia (Leydy María Hernández Solano y Blanca Inés Ramírez Ávila ) pues, como no contaban con autorización previa o comisión del jefe de fiscalización, como lo exige el artículo 688 del ET , se expidieron irregularmente violando el debido proceso e invalidando los actos acusados.

Pese a que la funcionaria comisionada (Blanca Inés Ramírez Ávila ) contaba con 30 días

expidieron irregularmente violando el debido proceso e invalidando los actos acusados.

Pese a que la funcionaria comisionada (Blanca Inés Ramírez Ávila ) contaba con 30 días hábiles para efectuar la verificación, realizó una visita el 24 de noviembre de 2014, y la otra funcionaria comisionada (Leydy María Hernández Solano), no participó en la diligencia.

Aunque se solicitó copia de los actos administrativos que soportaban la autorización o la delegación a las referidas funcionarias, solo se remitió la Resolución 11 de 4 de noviembre de 2088, por la cual se creó el GIT de Auditoría Tributaria de la Dirección Seccional de Bucaramanga, acto de carácter general insuficiente para validar la competencia de las funcionarias.

Se omitió informar sobre la existencia del Acta 45 de 15 de octubre de 2014, por la cual se hizo la asignación del expediente que, de haberse conocido, le hubiera permitido a la actora formular en la respuesta al requerimiento especial las objeciones sobre la competencia de las funcionarias que intervinieron en la actuación administrativa.

No se cumplió el principio de congruencia de que trata el artículo 711 del ET, en cuanto en la liquidación de revisión se incluyó un antecedente fáctico (referencia al acta 45 del 15 de octubre de 2014), no contemplado en el requerimiento especial.

Cuando se resolvió el recurso de reconsideración no se respetó la etapa probatoria conforme a lo previsto en los artículos 79 y 80 del CPACA, pues no se allegaron las certificaciones solicitadas por la sociedad , y no se hizo un pronunciamiento sobre las mismas como lo ordena el artículo 168 del CGP.

conforme a lo previsto en los artículos 79 y 80 del CPACA, pues no se allegaron las certificaciones solicitadas por la sociedad , y no se hizo un pronunciamiento sobre las mismas como lo ordena el artículo 168 del CGP.

El acto administrativo impugnado se emitió con fundamento en la interpretación errónea del artículo 56 [parágrafo 4] de la Ley 1739 de 2014, para concluir que se incumplió uno los requisitos para hacer viable por el año gravable 2012, el beneficio de la progresividad de la Ley 1429 de 2010. La actora cumplió los requisitos para acceder a los beneficios de la Ley 1429 de 2010 , en cuanto la omisión en la presentación y pago de las declaraciones de retención en la fuente delRadicado: 68001-23-33-000-2017-00216-01 (26994)

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4 año 2012, se subsanó cuando la socie dad se acogió a lo dispuesto en el artículo 56 [parágrafo 4] de la Ley 1739 de 2014 ; en virtud de lo dispuesto en dicha norma, quedaron eliminadas para la sociedad todas las sanciones, entre ellas, la de la improcedencia del beneficio de progresividad en el impuesto sobre la renta.

El efecto práctico de lo previsto en el citado artículo se traduce en la ampliación del plazo para declarar que inicialmente había previsto el respectivo decreto para las declaraciones de retención en la fuente del año 2012, lo cual desvirtúa el rechazo de

El efecto práctico de lo previsto en el citado artículo se traduce en la ampliación del plazo para declarar que inicialmente había previsto el respectivo decreto para las declaraciones de retención en la fuente del año 2012, lo cual desvirtúa el rechazo de la progresividad del impuesto de renta de dicho año, por cuanto las declaraciones se presentaron dentro de la oportunidad legal.

Los actos acusados fueron expedidos con f alsa motivación en cuanto se señalaron como fundamento de los mismos hechos y actuaciones que no se adelantaron o que no fueron ciertos . Aunque en el párrafo 3 de la página 2 de l acto liquidatorio se indicó que la visita a la contribuyente se realizó el 24 de enero de 2015, la misma se efectuó el 24 de noviembre de 2014, como consta en el acta respectiva; lo afirmado en el párrafo 4 de la misma página no tiene relación con la actora y no tiene soporte en los antecedentes administrativos de la l iquidación de revisión en cuanto se aludió a otr a contribuyente, y el oficio mencionado en el párrafo 5 (sobre los beneficios del artículo 56 [parágrafo 4] de la Ley 1739 de 2014), no fue enviado a la actora.

Afirmar en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración que: a) el auto de verificación o cruce del 28 de octubre de 2014 , comisionaba a las funcionarias para iniciar una diligencia , contraría que el objetivo señalado en el mismo se refirió a adelantar o practicar la misma; b) las pruebas solicitadas obraban en el expediente y fueron valoradas al producir la decisión, no corresponde a la realidad , pues no todas

iniciar una diligencia , contraría que el objetivo señalado en el mismo se refirió a adelantar o practicar la misma; b) las pruebas solicitadas obraban en el expediente y fueron valoradas al producir la decisión, no corresponde a la realidad , pues no todas las pruebas formaron parte del expediente pese a ser solicitadas , como ocurre con el Acta 45 que no podía ser estimada, c) lo dispuesto en el artículo 56 [parágrafo 4] de la Ley 1739 de 2014 , no aplica a la actora, desconoce que la pérdida del beneficio de progresividad del impuesto de renta señalada en la Ley 1429 de 2010, es en realidad una sanción; e) señalar que la demandante no cumplió el requisito para la progresividad del impuesto de renta de la Ley 1429 de 2010, por la no presentación oportuna de algunas de las declaraciones de retención, omite que, al acogerse a lo dispuesto en el artículo 56 [parágrafo 4] de la Ley 1739 de 2014, los referidos denuncios se entienden excluidos de la sanción, f) indicar como fundamento de la sanción por inexactitud que la contribuyente declaró el impuesto de renta a la tarifa cero, sin tener derecho a ello , desestima que, cuando se demostró que la actora subsanó la irregularidad al cumplir los requisitos del citado artículo 56, procedía el beneficio de progresividad.

La sanción por inexactitud no es procedente por ausencia del hecho sancionable y porque existe una diferencia de criterios en cuanto al derecho aplicable. La sociedad cumplió los requisitos legales para acceder al beneficio de progresividad del impuesto de renta , y no incurrió en

La sanción por inexactitud no es procedente por ausencia del hecho sancionable y porque existe una diferencia de criterios en cuanto al derecho aplicable. La sociedad cumplió los requisitos legales para acceder al beneficio de progresividad del impuesto de renta , y no incurrió en maniobras fraudulentas al presentar su denuncio con dicho beneficio.

No presentar y pagar las declaraciones de retención en la fuente de los periodos aludidos del año 2012, no fue una omisión para defraudar al fisco que pudiera tener el efecto retroactivo de viciar la declaración por inexacta; como la irregularidad desapareció cuando la socieda d cumplió los requisitos exigidos en el artículo 56 [parágrafo 4] de la Ley 1739 de 2014, procedía el beneficio de progresividad y no había motivos para imponer la sanción.Radicado: 68001-23-33-000-2017-00216-01 (26994)

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5 Se presenta diferencia de criterios en la interpretación del derecho aplicable , pues mientras que para la DIAN la improcedencia del beneficio de progresividad es aplicable en el año gravable 2012, porque el artículo 56 [parágrafo 4] de la Ley 1739 de 2014 no amplió el plazo para presentar y pagar las declaraciones de dicho año, la sociedad considera que el cumplimiento de los requisitos exigidos en dicha norma, conlleva la eliminación de las sanciones derivadas de la omisión y pago de las declaraciones de

amplió el plazo para presentar y pagar las declaraciones de dicho año, la sociedad considera que el cumplimiento de los requisitos exigidos en dicha norma, conlleva la eliminación de las sanciones derivadas de la omisión y pago de las declaraciones de retención en la fuente por el periodo 2012, dado que, en la práctica, se amplió el plazo inicialmente fijado, validando la progresividad en dicho año.

De considerarse que se debe mantener la sanción por inexactitud , se debe aplicar el principio de favorabilidad establecido en la Ley 1819 de 2016.

OPOSICIÓN

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en lo siguiente13:

Conforme a la certificación expedida por la coordina ción de historia laborales de la DIAN, está demostrado que mediante la Resolución 003912 de 31 de mayo de 2012, la funcionaria Leydy María Hernández Solano , fue designada como jefe de l GIT de Auditoría tributaria I en la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga; y que Blanca Inés Ramírez Ávila fue ubicada en la misma dependencia mediante la Resolución 01044 del 18 de mayo de 2012 , lo cual indica que estaban facultadas para intervenir en la actuación administrativa que culminó con la expedición de los actos acusados, que quien suscribió los actos previos era competente para hacerlo, y que se observó el debido proceso.

El plazo establecido en el auto de verificación o cruce era el máximo permitido para que los funcionarios comisionados efectuaran la diligencia y, si en la primera visita se pudo recopilar la información requerida, ello no significa que se tenga que acudir al

El plazo establecido en el auto de verificación o cruce era el máximo permitido para que los funcionarios comisionados efectuaran la diligencia y, si en la primera visita se pudo recopilar la información requerida, ello no significa que se tenga que acudir al establecimiento hasta que se agoten los 30 días concedidos , ya que tal proceder iría en contra de los principios de economía, celeridad y eficacia.

Del folio uno de los antecedentes administrativos se advierte que el acta de asignación del expediente correspond ió al formulario 18071 -000170 del 24 de octubre de 2014 , repartido con base el Acta de Reunión 45 del 15 de octubre de 2014, por lo que se presentó un error de transcripción y el hecho de que esta no se mencionara en los actos previos no invalida la actuación administrativa por tratarse de un trámite interno.

No se vulneró el principio de correspondencia de que trata el artículo 711 del ET , que alude al hecho económic o, y no al indicado por la actora (referencia al acta 45 ), que no sustenta la glosa propuesta por la Administración.

Como la Administración adelantó el procedimiento especial de los artículos 720 y siguientes del ET , sin tener que acudir a las normas generales del CPACA, no se configuró omisión del periodo probatorio, ni vulneración de los artículos 79 y 80 de este último ordenamiento, referentes al trámite de los recursos en materia administrativa.

La sociedad incurrió en una de la s causales para perder el beneficio de progresividad al no haber presentado dentro de la oportunidad legal las declaraciones de retención

13 Fls. 152 a 182 c.p.Radicado: 68001-23-33-000-2017-00216-01 (26994)

al no haber presentado dentro de la oportunidad legal las declaraciones de retención

13 Fls. 152 a 182 c.p.Radicado: 68001-23-33-000-2017-00216-01 (26994)

Demandante: RUIZSERRA & CÍA SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6 en la fuente de los periodos 1, 3, 6, 9, 10, 11 y 12 del año gravable 2012, hecho que se probó y fue aceptado por la actora.

No se comparte que la pérdida del beneficio de progresividad corresponde a una sanción superada con el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 56 [parágrafo 4] de la Ley 1739 de 2014, por presentar y pagar las declaraciones omitidas, pues la misma resultó del incumplimiento de los requisitos vigentes en el tiempo establecido para acceder a dicho beneficio. Las sanciones a las que alude dicha norma solo son las de extemporaneidad y corrección, como lo avaló el Memorando 00018 del 29 de enero de 2015, por lo que no le asistió razón a la actora cuando afirmó que cumplió los requisitos para no perder el beneficio de progresividad.

No se configur ó falsa motivación , ya que la decisión estuvo debidamente fundamentada y probada, sin que los hechos indicados por la actora den lugar a la misma, por ser errores formales (como la fecha de la visita o el número del documento de asignación del expediente ), que no tienen entidad para modificar los hechos que

fundamentada y probada, sin que los hechos indicados por la actora den lugar a la misma, por ser errores formales (como la fecha de la visita o el número del documento de asignación del expediente ), que no tienen entidad para modificar los hechos que sustentaron la actuación discutida ; el oficio que invitó a la actora para acogerse al beneficio del artículo 56 [parágrafo 4] de la Ley 1739 de 2014 , cumplió su cometido , pues la sociedad accedió al mismo y, aunque el auto de verificación o cruce indicó que los funcionarios estaban facultados para iniciar la diligencia , también lo estaban para adelantarla o practicarla.

La resolución que resolvió el recurso de reconsideración frente a la pérdida del beneficio de progresividad y a la imposición de la sanc ión por inexactitud estuvo debidamente fundamentada, pues se probó el incumplimiento de requisitos para acceder al mismo, y que la tarifa que se debía liquidar ascendía al 33 %.

La sanción por inexactitud es procedente , porque en la declaración de renta del año gravable 2012 la sociedad reclamó e l beneficio de progresividad sin cumplir los requisitos para ello, pues no present ó, en su oportunidad , las declaraciones de retención en la fuente de los periodos 1, 3, 6, 9, 10 , 11 y 12 del mismo año , y la no aplicación de la tarifa general del impuesto, derivó un menor valor a pagar, sin que se configure diferencia de criterios, sino desconocimiento del derecho.

AUDIENCIA INICIAL

En la audiencia inicial del 22 de octubre de 201814, el a quo precisó que no se presentaron irregularidades procesales o nulidades, no se solicitaron medidas

configure diferencia de criterios, sino desconocimiento del derecho.

AUDIENCIA INICIAL

En la audiencia inicial del 22 de octubre de 201814, el a quo precisó que no se presentaron irregularidades procesales o nulidades, no se solicitaron medidas cautelares, ni se propusieron excepciones previas, se tuvieron como pruebas las allegadas con la demanda y la contestación, se decretaron las pruebas solicitadas por la demandante y la ordenada de oficio15. El litigio se concretó en establecer la legalidad de los actos administrativos acusados.

14 Fls. 193 a 196 c.p. 15 Solicitar a la DIAN certificar si dentro de los cuatro años anteriores al 12 de abril de 2013, fecha de presentación de la declaración de renta del año gravable 2012, la actora incurrió o no en conducta sancionable similar a la de los actos acusados, que haya sido objeto de acto administrativo en firme, y allegar copia de la Resolución 003912 del 31 de mayo de 2012, pruebas incorporadas al proceso en la audiencia de pruebas del 11 de diciembre de 2018, en la cual se dio traslado a las partes para alegar de conclusión. Fl. 204A c.p.Radicado: 68001-23-33-000-2017-00216-01 (26994)

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SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Santander a nuló los actos acusados, a título de

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SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Santander a nuló los actos acusados, a título de restablecimiento del derecho , declaró la firmeza de la liquidación privada del año gravable 2012 y, condenó en costas a la DIAN por ser la parte vencida en el proceso, con fundamento en lo siguiente16:

Se configuró la nulidad de la actuación acusada por falta de competencia funcional de quienes intervinieron en la determinación oficial del impuesto sobre la renta del año 2012, por cuanto, al iniciarse la investigación tributaria , no existía acto administrativo de delegación que los habilitara para expedir los actos de apertura y de verificación o cruce, como lo exigen los artículos 684-1 del ET y 49 del Decreto 4048 de 2008.

Contrario a lo afirmado en el requerimiento especial, los actos de trámite no los profirió el jefe del GIT de Auditoría Tributaria I, quien ostentaba la competencia para ello, sino un gestor. Y el acta 45 de 2014, a la que alude en la liquidación de revisión, y en la que pudiera encontrarse la delegación que le diera sustento a la competencia para expedir los actos previos, no o bra en el expediente administrativo ni en el judicial , lo cual demuestra que, en parte, la actuación administrativa se adelantó por funcionarios sin competencia, lo que afectó la validez de las actuaciones posteriores.

RECURSO DE APELACIÓN

La DIAN interpuso recurso de apelación en el que solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda. Subsidiariamente, en caso de

RECURSO DE APELACIÓN

La DIAN interpuso recurso de apelación en el que solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda. Subsidiariamente, en caso de una decisión desfavorable, pidió revocar la condena en costas17.

La sentencia de primera instancia incurrió en defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas que obran en la actuación administrativa. Si bien es cierto el artículo 688 del ET atribuye al jefe de la División de Fiscalización la facultad de dirigir la investigación tributaria y proferir el requerimiento especial, también lo es que el Decreto 4048 de 2008, amplió dicha potestad a los grupos internos de trabajo, como lo dispone el artículo 63 [7] de la Resolución 0011 del 4 de noviembre de 2008 , normas que establecen que les corresponde a los grupos internos de trabajo de auditoría tributaria proferir los citados autos. Así lo señaló el Consejo de Estado en las sentencias proferidas en los expedientes 23696 y 24144.

En el sub judice la autoridad tributaria cumplió tal exigencia, pues los autos de apertura y de verificación o cruce del 28 de octubre de 2014, fueron expedidos por la funcionaria que, para la época de los hechos, era jefe del GIT de Auditoría Interna Tributaria I de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, designada en Resolución 003912 del 31 de mayo de 1992 , quien actuó con competencia. En los antecedentes administrativos obra copia del oficio del 5 de febrero de 2016, mediante el cual, en atención a un derecho de petición elevado por

actuó con competencia. En los antecedentes administrativos obra copia del oficio del 5 de febrero de 2016, mediante el cual, en atención a un derecho de petición elevado por la actora, se le remitieron varios actos administrativos, entre ellos, la citada resolución.

El requerimiento especial expedido por la misma funcionaria, fue analizado por el a quo sin que observara irregularidad alguna en cuanto consideró que fue expedido por

16 Fls. 246 a 252 c.p. 17 Fls. 259 a 267 c.p.Radicado: 68001-23-33-000-2017-00216-01 (26994)

Demandante: RUIZSERRA & CÍA SAS

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8 funcionario competente, con lo cual causan extrañeza los motivos de la decisión, pues dicho acto conserva igual presentación que los actos reprochados. El hecho de que los autos cuestionados registraran el cargo «Gestor II», -nominal del funcionario competente-, no tiene la entidad para invalidar o anular la eficacia de estos, pues lo relevante es que quien los expidió tenía competencia para ello.

Lo registrado en el requerimiento especial es cierto y la referencia de la liquidación oficial, de que a la funcionaria comisionada se le asignó el caso a través del Acta 45 del 15 de octubre de 2014, corresponde a un error de transcripción pues, como consta en el folio uno de los antecedentes administrativos, el acta de asignación corresponde al número de formulario 18071 -000170 del 24 de octubre de 2014, repartido con

en el folio uno de los antecedentes administrativos, el acta de asignación corresponde al número de formulario 18071 -000170 del 24 de octubre de 2014, repartido con fundamento en el Acta 45, lo que carece de virtualidad para invalidar la actuación.

El Consejo de Estado señaló que la inexistencia del auto de apertura en una investigación administrativa, no tiene la virtualidad de viciar la misma, y menos aún, el hecho de que en dicho acto no se haya señalado que quien firma ba era la jefe del grupo interno de trabajo, pues lo que interesa es que se respete el derecho de defensa con la notificación de los actos.

No hay lugar a la condena en costas porque la actuación de la entidad se ajustó a derecho y no se dan los supuestos del artículo 365 [8] del CGP.

TRÁMITES DE SEGUNDA INSTANCIA

La demandante se opuso al recurso de apelación y solicitó confirmar la sentencia apelada, al considerar, en esencia, lo siguiente18:

No es cierto que la sentencia incurriera en defecto fáctico por indebida valoración probatoria pues, contrario a lo afirmado por la DIAN, no obra prueba en el expediente de las autorizaciones legales para que los funcionarios que intervinieron en la actuación lo hubieran hecho con la debida competencia.

Lo único que demuestra el oficio suscrito por la Coordinación de Historias Laborales de la Subdirección de Gestión de Personal de la DIAN, es que con la Resolución 03912 del 31 de mayo de 2012, se designó como Jefe del GIT de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Bucaramanga a Leydy María Hernández

del 31 de mayo de 2012, se designó como Jefe del GIT de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Bucaramanga a Leydy María Hernández Solano, quien interviene en los actos de apertura y de verificación y cruce, y la existen