CE - 012333000201700261011SENTENCIA20230510122231

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicado: 170012333000201700261-01 (2526-2018) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Demandado: José Arcesio López Díaz

Tema: Artículo 20 Ley 797 de 2003, reintegro de aportes al sistema de Seguridad Social en salud, pensión gracia.

SENTENCIA

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Juzgado Segundo Administrativo del circuito de Manizales , de 27 de septiembre de 2010, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

La UGPP, a través de su apoderado judicial, interpuso la acción especial de revisión contra la sentencia señalada en el párrafo precedente, para lo cual invocó la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite la revisión de

contra la sentencia señalada en el párrafo precedente, para lo cual invocó la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite la revisión de providencias judiciales ejecutoriadas «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».1

1.1.1. Las pretensiones

La UGPP pidió revocar (infirmar) la sentencia de segunda instancia y, en su lugar, proferir una nueva decisión en la que se declare «(...) que al señor López Díaz no le asiste el derecho a que los descuentos por salud sean del 6% ni al reintegro en el fallo revisado».2

1 Folio 7 de la acción de revisión. 2 Ibídem.2

Radicado: 17001233300020170026101 (2526-2018)

Demandante: UGPP

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1.1.2. Hechos

Los hechos relevantes que sirven de fundamento a la presente demanda son los siguientes:

1. El 6 de abril de 2000 , a través de la Resolución 05035, la extinta Caja Nacional de Previsión Social (en adelante Cajanal) reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia al señor José Arcesio López Díaz en cuantía de $ 531.679,20, efectiva a partir del 14 de marzo de 1999.3

Previsión Social (en adelante Cajanal) reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia al señor José Arcesio López Díaz en cuantía de $ 531.679,20, efectiva a partir del 14 de marzo de 1999.3

1. El 17 de diciembre de 2002, el señor López solicitó a Cajanal la revisión de su pensión de jubilación gracia, con el fin de que le fueran incluidos todos los factores salariales que había devengado en su último año de servicio.4

1. El 28 de septiembre de 2004 , a través de la Resolución 20006,5 Cajanal reliquidó la pensión gracia del señor López con la inclusión del promedio de lo devengado en el último año inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional ; por lo cual elevó la mesada a la suma de $ 683.022,82, efectiva a partir del 14 de marzo de 1999.6

1. El 30 de julio de 2008, el señor López Díaz, mediante apoderado, presentó derecho de petición ante Cajanal para solicitarle la suspensión del descuento del 12% realizado sobre su pensión po r aportes a salud y el reintegro de los valores ya descontados por este concepto.7

1. El 2 de octubre de 2008, a través del oficio GN48846, Cajanal resolvió negativamente la petición del señor López Díaz.

1. Inconforme con la anterior decisión, el señor López, por conducto de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra Cajanal, con el propósito de obtener la declaratoria de nulidad del oficio GN48846 del 2 de

ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra Cajanal, con el propósito de obtener la declaratoria de nulidad del oficio GN48846 del 2 de octubre de 2008, y, como restablecimiento de su derecho, ordenar a la demandada a reintegrar y dejar de descontar de sus mesadas pensionales el 12% destinado a servicios de salud.8

1. El 27 de septiembre de 2010, el Juzgado Segundo Administrativo del circuito de Manizales dictó sentencia de primera instancia en la que accedió a las pretensiones de la demanda.9

3 Folio 36 y 37. 4 Folio 38. 5 En cumplimiento del fallo de tutela del Juzgado Primero Penal del circuito de Manizales, de 29 de abril de 2004. 6 Folios 106 al 109. 7 Folios 114 y 115. 8 Folios 147 y 148. 9 El contenido de la sentencia se resume en el siguiente punto.3

Radicado: 17001233300020170026101 (2526-2018)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.1.3. La sentencia recurrida en revisión10

Es objeto de revisión la sentencia del Juzgado Segundo Administrativo de circuito de Manizales, de 27 de septiembre de 2010 , que accedió a las pretensiones de la demandada de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor José Arcesio López Díaz contra el oficio GN48846 del 2 de octubre de 2008, por medio del cual

demandada de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor José Arcesio López Díaz contra el oficio GN48846 del 2 de octubre de 2008, por medio del cual Cajanal le negó una solicitud de reintegro y cese del descuento de aportes para salud . Los fundamentos fácticos y jurídicos de la providencia fueron los siguientes:

1. Formalmente no existe una norma expresa que consagre la viabilidad de efectuar descuentos por concepto de salud en aquellas pensiones gracia devengadas por los docentes, pues es un régimen especial que carece de reglamentación en este aspecto en particular. De este modo, la cotizac ión del 12%, que establece el artículo 280 de la Ley 100 de 1993, solo es exigible para los pensionados del régimen contributivo al cual no pertenece el actor.

1. E l modelo de sostenibilidad de la Ley 4ª de 1966 estuvo en vigencia mientras los docentes eran beneficiarios directos de los servicios de salud que les prestaba Cajanal, situación que varió desde la aplicación del modelo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , acorde con la Ley 91 de 1989. Desde entonces, la pensión de gracia no solo corresponde a una liberalidad del legislador, lo que la diferencia en su origen y ratio, sino que siguió a cargo de Cajanal, sin conexión alguna con el grupo de prestaciones sociales asistenciales.

1. No obstante, el aporte al Fondo de Solidaridad y Garantía (subcuenta de solidaridad) sí le es aplicable a los regímenes exceptuados de la Ley 100 de 1993, para este caso, el del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, como lo ordena el artículo 280 ejusdem;

le es aplicable a los regímenes exceptuados de la Ley 100 de 1993, para este caso, el del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, como lo ordena el artículo 280 ejusdem; pero solo en un punto, y no sobr e los siete adicionales a los primeros cinco , que son descontados al amparo del Decreto 3135 de 1968.

1. Por todo lo anterior, Cajanal solo puede y podrá descontar de la pensión gracia del actor el 6% por aportes para salud; razón por la cual procede de clarar la nulidad parcial del acto acusado y, como restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad demandada el reintegro de los valores que superaron este porcentaje, desde el año 2008, de forma indexada.

La sentencia cobró ejecutoria el día 17 de mayo de 2011.11

1.1.4. La causal de revisión invocada

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) considera que la providencia objeto de revisión está incursa en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que permite la revisión de una sentencia judicial ejecutoriada cuando «(…) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convenció n colectiva que le eran legalmente aplicables». Lo anterior, sobre la base de los siguientes argumentos:

10 Folios 147 al 158. 11 Según constancia del Juzgado Segundo Administrativo del circuito de Manizales, folio 160.4

Radicado: 17001233300020170026101 (2526-2018)

Demandante: UGPP

11 Según constancia del Juzgado Segundo Administrativo del circuito de Manizales, folio 160.4

Radicado: 17001233300020170026101 (2526-2018)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co i) Los descuentos con destino al Sistema General de Seguridad Social en Salud tenían fundamento en los artículos 157, 202 y 203 de la Ley 100 de 1993, según los cuales los pensionados deben encontrarse afiliados y, por ende, realizar las cotizaciones, de conformidad con el artículo 160 ejusdem, numeral 3.

1. El aporte al régimen contributivo, establecido por el artículo 204 de la mencionada Ley 100 en un 12%, modificado por la Ley 1122 de 2007 a un 12.5%, y luego por la Ley 1250 de 2008 en un 12%, debe efect uarse a los docentes beneficiarios de la pensión gracia, toda vez que estos no se encuentran dentro de la excepción que prevé el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

1. Como no existe ninguna norma que exima a los docentes de tal obligación, el aporte a salud no puede constituir una carga excesiva para estos; además, todos los pensionados, tanto del Sistema General como de los regímenes de excepción, deben cotizar a salud frente a la totalidad de sus ingresos, pues de lo contrario no solo se desatendería lo establecido en estas normas, sino también se les eximirá del deber de solidaridad establecido en la Constitución.

1. En definitiva, la sentencia objeto de revisión ordenó un reconocimiento que excede lo

establecido en estas normas, sino también se les eximirá del deber de solidaridad establecido en la Constitución.

1. En definitiva, la sentencia objeto de revisión ordenó un reconocimiento que excede lo debido, pues redujo el porcentaje de la cotización a salud de la pensión del demandado al 6%, cuando el valor que legalmente debe aportar es del 12%.

1.2. Contestación a la acción de revisión

1.2.1. Mediante auto del 2 de diciembre de 2021, el despacho, en consideración a que el señor José Arcesio López Díaz había fallecido, ordenó oficiar a la UGPP para que indicara si la pensión que devengaba en vida le fue sustituida a alguno de los beneficiarios previstos por la ley.

1.2.2. A este respecto, la UGPP informó que a través de la Resolución RDP021783 del 24 de julio de 2019 se reconoció y ordenó el pago de la pensión de sobreviviente a la señora María Orfa Giraldo de López.

1.2.3. El 9 de junio de 2022, mediante auto, el despacho comisionó al Juzgado Promiscuo Municipal de Victoria (Caldas) para que efectuara la notificación personal a la señora Giraldo de López.

1.2.4. El 30 de agosto de 2022, la señora María Orfa Giraldo de López fue noti ficada personalmente de la demanda; sin embargo, guardó silencio.12

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La demanda, que en ejercicio de la acción de revisión ocupa la atención de la Sala, se interpuso el 6 de abril de 2017,13 esto es, en vigencia del Código de Procedimiento

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La demanda, que en ejercicio de la acción de revisión ocupa la atención de la Sala, se interpuso el 6 de abril de 2017,13 esto es, en vigencia del Código de Procedimiento

12 Folios 234 y 238. 13 Folio 15 de la acción de revisión.5

Radicado: 17001233300020170026101 (2526-2018)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Administrativo y de lo Contencioso Administrativ o, 14 por lo que esta corporación es competente para conocerla, en virtud de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 249 ejusdem.15 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresp onda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080, de 12 de marzo de 2019.16

De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza (…) a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de

naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza (…) a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».17

2.1.1. Oportunidad

La UGPP invocó como causal de revisión la prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En ese sentido, aunque la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el día 17 de mayo de 2011 18 y la acción especial se interpuso el 6 de abril de 2017, 19 la demanda se encuentra dentro del término de los cinco años establecido por el artículo 251 del CPACA para estos eventos , pues el término de caducidad debe contabilizarse a partir del 12 de junio de 2013 , según lo dispuesto en la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.

2.1.2. Cuestión previa

El primer interrogante que conviene dilucidar es determinar si es procede la acción especial de revisión, por la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra una sentencia de primera instancia que no fue recurrida o cuya apelación se declar ó desierta por incumplimiento de cargas de quien acude por esa vía especial.

En efecto, aunque parece un contrasentido permitir que se sustituya el debate propio de la segunda instancia, a manera de compensación, por la falla procesal de la parte vencida, la ley no condicion ó la acción extraordinaria a que se hayan agotado en debi da forma los recursos ordinarios que procedían contra la sentencia acusada.

segunda instancia, a manera de compensación, por la falla procesal de la parte vencida, la ley no condicion ó la acción extraordinaria a que se hayan agotado en debi da forma los recursos ordinarios que procedían contra la sentencia acusada.

Así se infiere de la lectura de los artículos 20 de la Ley 797 de 2003 y 250 al 252 de la Ley 1437 de 2011, que no permiten vislumbrar que en la hipótesis descrita (fallo de prim era instancia atacado no recurrido) haya lugar a excluir el control judicial en sede de recurso extraordinario de revisión, aunque es pertinente advertir que las causales son restringidas,

14 El CPACA entró en vigencia el 2 de julio de 2012. 15 «Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.» 16 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 17 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU -427 de 2016, también reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003. 18 Según constancia del Juzgado Segundo Administrativo del circuito de Manizales, folio 160. 19 Folio 15 de la acción de revisión.6

Radicado: 17001233300020170026101 (2526-2018)

Demandante: UGPP

19 Folio 15 de la acción de revisión.6

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co es decir, de interpretación estricta, pues no podría abrirse la fro ntera procesal para ventilar todos los desacuerdos que la parte interesada pudo y debió exponer en la alzada.20

No obstante lo anterior, debido a su carácter extraordinario, la revisión no puede ser solicitada con el fin de controvertir posibles errores in iudicando en los que incurra el fallador,21 ni para reabrir el debate probatorio de las instancias, sino que su procedencia está delimitada por las causales taxativas consagradas por el legislador. Al ser una especialísima excepción del principio de la cosa juzgada, la acción extraordinaria inadmite la apertura de un nuevo debate sobre el fondo del asunto, por lo que limita la argumentación y los fundamentos de la demanda al análisis del cumplimiento de la causal o causales invocadas; en este caso, el lit eral b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, sin que haya lugar a interpretaciones extensivas o analógicas (principio de taxatividad), 22 pues, como lo ha reiterado esta corporación en su jurisprudencia, 23 la revisión no constituye una instancia adicional en la que pueda replantearse el litigio ya resuelto.

Siendo así las cosas, resulta procedente la revisión de la sentencia del Juzgado Segundo Administrativo del circuito de Manizales, de 27 de septiembre de 2010.

Siendo así las cosas, resulta procedente la revisión de la sentencia del Juzgado Segundo Administrativo del circuito de Manizales, de 27 de septiembre de 2010.

2.2. Problema jurídico

Consiste en determinar si la sentencia del Juzgado Segundo Administrativo del circuito de Manizales, de 27 de septiembre de 2010 , está incursa en la causal de revisión d el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por haber condenado a Cajanal (hoy UGPP) a reintegrar los valores que descontó de más de la pensión gracia del señor José Arcesio López Días (q.e.p.d.) , por concepto de aportes a salud, y por ordenar dichos descuentos en un tope máximo del 6%.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 24 estableció la posibilidad de revisar las providencias judiciales que hubieran decretado (o decreten) el reconocimiento de sumas periódicas a

20 Sobre el particular, ver Auto interlocutorio O -1241-2019, de 23 de octubre de 2019; C.P. William Hernández Gómez. 21 Ver Corte Constitucional, sentencia C-520 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa. 22 Sobre el particular, la Corte Constitucional, en se ntencia T-125 de 2010, consideró que «[...] la taxatividad de las causales de nulidad significa que solo se pueden considerar vicios invalidadores de una actuación aquellos expresamente señalados por el legislador y, excepcionalmente, por la Constitución , como el caso de la nulidad que se

causales de nulidad significa que solo se pueden considerar vicios invalidadores de una actuación aquellos expresamente señalados por el legislador y, excepcionalmente, por la Constitución , como el caso de la nulidad que se presenta por la práctica de una prueba con violación del debido proceso». 23 En sentencia de la Sección Segunda, Subsección B; de 18 de febrero de 2010; radicado: 2001 -00450-01, (259707); C.P. Víctor Hernando Alvarado A rdila, esta corporación lo precisó de la siguiente manera: «Estas restricciones propias del recurso de revisión, aplicables también en materia civil y penal, apuntan a evitar que el perdedor pueda a su antojo reanudar el debate concluido, so pretexto de vo lver la mirada a la prueba para pretender que se haga un nuevo supuesto mejor juicio respecto de ella, o para reclamar una más aguda interpretación de la ley. En suma, el recurso de revisión es un medio extraordinario de impugnación encaminado a desvirtuar la operatividad del instituto jurídico de la cosa juzgada. Por tal razón, conforme lo han reiterado la jurisprudencia y la doctrina nacional, la aplicabilidad de tal instrumento está sujeta a la estricta, rigurosa y ajustada configuración de las causales que expresamente ha consagrado el legislador como fundamento del mismo, con lo cual se busca, precisamente, evitar que se convierta en una tercera instancia, utilizada para remediar supuestas equivocaciones en que hubiera podido incurrir el Tribunal por obra suya o de una de las partes». 24 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.7

24 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.7

Radicado: 17001233300020170026101 (2526-2018)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cargo d el Tesoro Público o de fondos de naturaleza pública, cuando se dieran las siguientes circunstancias:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . [Apartes tachados INEXEQUIBLES] Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturale za podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien el precepto jurídico transcrito indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, actualmente regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que presenta ciertas particularidades que han sido advertidas y señaladas tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, de la siguiente manera:

1. Son susceptibles del recurso no solo las sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, como los autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como los de transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición: el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación (artículo 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance, la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el

la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance, la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de S eguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.8

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1. Igualmente, se entienden excluidos de su a lcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, por lo que estos mecanismos se

las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, por lo que estos mecanismos se instituyeron como una excepción que solo debe admitirse frente a un fin legítim o, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exeq uibilidad del artículo 249 del CPACA en la Sentencia C -450 de 2015, donde reiteró 25 que el recurso extraordinario de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho, 26 procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecim iento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».

En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.

2.3.2. La causal de revisión invocada

El apoderado de la UGPP invocó como sustento de la acción de revisión la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que a su tenor señala lo siguiente:

Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del t esoro público o de fondos de naturaleza pública.

[…]

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,

Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del t esoro público o de fondos de naturaleza pública.

[…]

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Sobre el particular, cabe recordar que en la exposición de motivos 27 de la Ley 797 de 2003, que introdujo en el ordenamiento la acción de revisión, se precisó que el propósito de las causales de revisión era contrarrestar los graves casos de corrupción que se

25 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 26 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En materia

26 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 5 7 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contenciosoadministrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA. 27 Publicada en la Gaceta del Congreso No. 428 del 11 de oct ubre de 2002 . Véase también el siguiente enlace: https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/xp_exm_l0797003.htm#Art%C3%ADculos%2020%20y%20219

Radicado: 17001233300020170026101 (2526-2018)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estaban presentando en los reconocimientos pensionales en todo e l país, de manera que se evitaran los perjuicios que por esta razón sufriera el erario. Concretamente, se indicó lo siguiente:

Artículos 20 y 21. Re