CE - 012333000201700283011SENTENCIA20230530150906

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 41001-23-33-000-2017-00283-01 (1036-2021)

Demandantes: Diego Vivas Tafur

Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

Temas: Acto de retiro. Concurso de méritos.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2020 por el Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, Diego Vivas Tafur presentó demanda en orden a que se decida sobre lo siguiente:

• Inaplicar las resoluciones 040 del 20 d e enero de 2015, por medio de la cual se convocó a concurso de méritos para proveer los cargos de pro curadores judiciales

se decida sobre lo siguiente:

• Inaplicar las resoluciones 040 del 20 d e enero de 2015, por medio de la cual se convocó a concurso de méritos para proveer los cargos de pro curadores judiciales I y II, y 348 del 8 de julio de 2016, que publicó la lista de elegibles para el empleo

1 Folios 16 a 57. 2 En adelante CPACA.2

Radicado: 41001-23-33-000-2017-00283-01 (1036-2021) Demandante: Diego Vivas Tafur de procurador judicial II, código 3PJ, grado EG, para asuntos ambientales y agrarios.

• Declarar la n ulidad del Decreto 3213 del 8 de agosto de 2016 que dispuso su desvinculación de la entidad del cargo mencionado.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) su reintegro al cargo de procurador 11 judicial II para asuntos ambientales y agrarios de Neiva; ii) el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el 3 de septiembre de 2016 , fecha de retiro, en forma indexada, hasta la fecha en que se profiera la sentencia, así como los perjuicios de orden moral en su favor y en el de su hijo Diego Tafur Almeida tasados en 100 s.m.m.l.v. para cada uno y ; iii) condenar a la demandad a al pago de las costas y agencias en derecho.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

• Diego Vivas Tafur se desempeñó como procurador 11 judicial II agrario de Neiva.

agencias en derecho.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

• Diego Vivas Tafur se desempeñó como procurador 11 judicial II agrario de Neiva.

• La Procuraduría General de la Nación expidió el 20 de enero de 2015 la Resolución 040 y a través de ella convocó y reglamentó el concurso público de méritos para proveer 744 cargos de procurador judicial I y II.

• El 20 de abril de 2015 se publicó la l ista de admitidos y no admitidos al concurso de méritos. El 13 de septiembre del mismo año se realizó la prueba escrita y comportamental y los resultados se publicaron el 7 de octubre y el 4 de noviembre de 2015.

• En el interregno , entre las pruebas y la p ublicación de los resultados , se presentaron las quejas SIAF394606 -2015, 402757 -2015,413341-2015, 433264-2015 y 433264 -2015, en las que se informó acerca de varias irregularidades del concurso, tales como la violación del protocolo de seguridad y cadena de custodia de los cuadernillos de preguntas en las ciudades de Cali, Pasto y Pereira, su comercialización y anomalías en puntajes de 100 puntos obtenidos por algunos participantes.

• La Procuraduría General de la Nación mediante la Resolución 1440 del 18 de diciembre de 2016 resolvió las quejas presentadas y las desestimó , al considerar que no se probó lo alegado. El 24 de febrero de 2016 p ublicó los resultados de los análisis de antecedentes y el 8 y 11 de julio de 2016 , las3

considerar que no se probó lo alegado. El 24 de febrero de 2016 p ublicó los resultados de los análisis de antecedentes y el 8 y 11 de julio de 2016 , las3

Radicado: 41001-23-33-000-2017-00283-01 (1036-2021) Demandante: Diego Vivas Tafur resoluciones 337 a 349 que conten ían la lista de elegibles para las convocatorias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 y 15 de 2015.

• A través de las resoluciones 358 del 12 de julio, 410 del 31 de agosto, 428 del 6 de septiembre, 453 del 3 de octubre y 711 del 31 de octubre , todas de 2016, modificó la lista de elegibles en cumplimiento de diversas sentencias judiciales derivadas de acciones de tutela interpuestas por los participantes del concurso.

• El 8 de agosto de 2016, la Procuraduría General de la Nación expidió el Decreto 3213 mediante el cual adoptó la lista de elegibles publicada en la Resolución 348 de igual anualidad y designó a Jhon Fisher Muñoz Camacho en el empleo ocupado por el demandante y dispuso su desvinculación , pese a que tenía la calidad de prepensionado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 4, 13, 113, 125 inciso 3 , 152, 279 y 280 de la Constitución Política; 194 y 203 del Decreto Ley 262 de 20 00; 20 del Decreto

Como tales, se señalaron los artículos 4, 13, 113, 125 inciso 3 , 152, 279 y 280 de la Constitución Política; 194 y 203 del Decreto Ley 262 de 20 00; 20 del Decreto 263 de 2000; 4 y 7 del Decreto 264 de 2000; 14 del Decreto 2772 de 2005; 229 del Decreto 19 de 2012; la Resolución 253 del 9 de agosto de 2012 y la sentencia C101 de 2013.

En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos3:

• Los procuradores judiciales I y II deben tener las m ismas condiciones y calidades de los jueces y magistrados ante quienes desempeñan sus funciones, según lo dispone el artículo 280 de la Constitución Política. Por tanto, el concurso de méritos para vincularlos debe ser igual al de estos, pues colaboran dir ectamente con la administración de justicia y deben contar con similares capacidades y formación. Si bien l os procuradores judiciales I y II dependen jerárquicamente del Procurador General de la Nación, ello no implica que sus cualidades profesionales deban ser inferiores a las de los jueces.

De igual modo, estos no pueden ser comparados con otros procuradores, en la medida en que son de carrera y cumplen sus funciones en la Rama Judicial , por lo que requieren un régimen particular de carrera administrati va. En tal sentido, no les es aplicable el Decreto ley 262 de 2000 , porque se enfoca en perfiles distintos y no reguló el curso de formaci ón judicial que es obligatorio para los jueces y magistrados y, por ende, debe incluirse en el concurso de

3 Folios 26 a 72.4

perfiles distintos y no reguló el curso de formaci ón judicial que es obligatorio para los jueces y magistrados y, por ende, debe incluirse en el concurso de

3 Folios 26 a 72.4

Radicado: 41001-23-33-000-2017-00283-01 (1036-2021) Demandante: Diego Vivas Tafur tales servi dores púb licos, lo que no se hizo en la Resolución 040 del 20 de enero de 2015.

• La expedición de la r esolución mencionada vulneró el principio de reserva de ley y, por ende, es nula por vulnerar las normas en que debía fundarse. Ello, puesto que l os artículos 125 y 279 de la Constitución Política disponen que la

regulación del régimen de carrera administrativa de la Procuraduría General de la Nación corresponde al legislador. Por tal razón, el procurador general no podía reglamentar sus aspectos esenciales , tales como las homologaciones o equivalencias, la divulgación del concurso de méritos o la elaboración del «Acuerdo de inscripción» y las reglas de evaluación y calificación (citó l a sentencia C-878 de 2008 que se refirió a la reglamentación del concurso de la Fiscalía General de la Nación).

El Decreto Ley 262 de 2000 solo facultó a dicho funcionario a reglar el concurso de méritos de los procuradores con funciones administrativas, pero no el relacionado con los procuradores judiciales I y II, pues este último, una vez que se profirió la sentencia C -101 de 2013, debe ser reglado por la ley y contener iguales exigencias y derechos que el realizado para los jueces y magistrados.

vez que se profirió la sentencia C -101 de 2013, debe ser reglado por la ley y contener iguales exigencias y derechos que el realizado para los jueces y magistrados.

• La entidad, al proferir la Resolución 040 de 2015 , desconoció la reserva de l ey estatutaria y actuó sin competencia. Es así, por cuanto el artículo 152, literales a y b, de la Constitución Política dispuso que lo s temas relacionados con la administración de just icia deben ser reglamentado s a través de ese tipo de leyes por el Congreso de la República. Tal proceder aplicaba en el concurso de los procuradores I y II, al ser estos equivalentes a los cargos de los jueces y desempeñar funciones jurisdiccionales.

• La Resolución 040 de 2015 vulneró el mandato del artículo 20 del Decreto 2 63 de 2000, toda vez que no incluyó las equivalencias de experiencia y títulos de posgrados que aplican para los empleos del nivel profesional. A l ser así, también están viciados de nulidad los demás actos administrativos que de ella se derivaron y, especí ficamente, el que decidió la desvinculación del demandante.

• La resolución aludida y, por ende, los demás actos administrativos a los que les dio origen, transgredieron el contenido de los artículos 14 del Decreto 2772 de 2005 y 229 del D ecreto 19 de 2012, al fijar como requisito que la experiencia profesional que debía computarse era la obte nida después del grado, c uando las normas citadas indican que esta se cuenta desde la terminación y aprobación de todas las materias.5

experiencia profesional que debía computarse era la obte nida después del grado, c uando las normas citadas indican que esta se cuenta desde la terminación y aprobación de todas las materias.5

Radicado: 41001-23-33-000-2017-00283-01 (1036-2021)

Demandante: Diego Vivas Tafur

• La resolución a la que se ha hech o referencia al regular que solo se tendrían como válidos los libros aportados en físico contravino la Ley 527 de 1999 y el artículo 165 del Código General del Proceso, normas que dan plena validez y eficacia probatoria a los mensajes de datos y a los docu mentos electrónicos.

Así las cosas , no existe justificación jurídica para dejar de aceptar los libros presentados en estos formatos.

• El acto de desvinculación vulner ó las normas en que debía fundarse, artículos 13, 42, 43, 44 y 46 de la Constituci ón Política, pues desconoció la condición de prepensionado del demandante a quien, por tal razón, lo protegía una estabilidad laboral reforzada que obligaba su reubicación en un cargo de igual o superior jerarquía.

• El Decreto 3213 de 2016 no fue notificado pers onalmente, pese a que su contenido es particular y concreto. En consecuencia, se infringió lo reglado en los artículos 67, 68 y 69 del CPACA.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Procuraduría General de la Nación

La entidad contestó la demanda 4 y se opuso a las pretensiones con fundamento en las siguientes razones:

• Con la expedición de la Resolución 040 de 2015 se dio cumplimiento a la

La entidad contestó la demanda 4 y se opuso a las pretensiones con fundamento en las siguientes razones:

• Con la expedición de la Resolución 040 de 2015 se dio cumplimiento a la sentencia C -101 de 2013 , en la que la Corte Constitucional ordenó convocar a concurso público de méritos a todos los cargos de procurador judicial. Para ello se expidieron las respectivas convocatorias con la cuales ofertaron 427 cargos de procuradores judiciales II y 317 I.

• El régimen de carrera administrativa de los procuradores judiciales no es igual al de los jueces y magistrados, puesto que es el regula do en el D ecreto Ley 262 de

2000. Así lo definió también la Corte Constitucional en la sentencia citada y en el auto del 6 de noviembre de 2013 , en el que aclaró que la igualdad entre estos servidores se predica solo en lo que se refiere al derecho a ingresar al servicio a través de un concurso público de méritos. Además, la Ley 270 de 1996 r ige específicamente para la Rama Judicial y no puede hacerse extensiva al organismo de control.

4 Folios 84 a 105.6

Radicado: 41001-23-33-000-2017-00283-01 (1036-2021) Demandante: Diego Vivas Tafur - El curso-concurso no está incluido en el Decreto Ley 262 de 2000 como una de las etapas que deba surtirse en el concurso de méritos para acceder al cargo de procurador judicial, en consecuencia, no era aplicable en este caso. La Resolución 040 de 2015 cumplió con lo prescrito en dicha norma al incluir todas las etapas

las etapas que deba surtirse en el concurso de méritos para acceder al cargo de procurador judicial, en consecuencia, no era aplicable en este caso. La Resolución 040 de 2015 cumplió con lo prescrito en dicha norma al incluir todas las etapas que prevé y no podía adelantar el curso al no ser parte del régimen de carrera y, además, porque la orden judic ial solo otorgaba un año para realizar el proceso de selección y la entidad no hace parte de la Rama Judicial.

• De aceptarse que era necesario agotar la etapa del curso -concurso para seleccionar los procuradores judiciales, no debe pasarse por alto que esta no es la única forma de hacer ese proceso, pues el Decreto Ley 262 de 2 000 establece etapas más rigurosas que las aplicables a otros concursos de méritos.

• No es necesario que el régimen de carrera administrativa de los procuradores aludidos se regule en una ley ordinaria o en una ley estatu taria, dado que la Corte Constitucional en la sentencia C -101 de 2013 fue clara en afirmar que el aplicable es el del Decreto Ley 262 de 2000. De igual manera, porque el decreto otorgó facultades al procurador general de la Nación para que fijara las etapas y el proceso de calificación dentro del trámite concursal.

• De conformidad con el artículo 20 del Decreto Ley 263 de 2000, el jefe del Ministerio Público está en la libertad de determinar o no equivalencias en el concurso de méritos y no es una obligación. Por tal razón, en la Resolución 040 de 2015 no se estableció tal posibilidad sin que ello implicara un vicio en su legalidad.

A ello se suma que los requisitos mínimos para ser juez o magistrado , exigibles a

2015 no se estableció tal posibilidad sin que ello implicara un vicio en su legalidad.

A ello se suma que los requisitos mínimos para ser juez o magistrado , exigibles a los procuradores judiciales por mandato de l artículo 280 constitucional, tampoco admiten equivalencias, por lo que quien concurse para ocupar esos cargos debe cumplir l as exigencias establecidas de manera obligatori a sin que pue dan disminuirse o reemplazarse. Este argumento también desvirtúa lo alegado en la demanda, según lo cual , el cómputo de la experienc ia profesional se debe hacer desde la terminación de materia s como lo dispone los Decretos 19 de 2002 y el 2272 de 2005, puesto que la norma constitucional impone el cumplimiento íntegro de los mismos requisitos de experiencia regulados en el artículo 128 de la Ley 270 de 1996 que deben acatar los primeros funcionarios mencionados.

• La Resolución 040 de 2015 no reguló lo relacionado con la calificación de desempeño de los procuradores y solo se limitó a indicar que luego de la etapa de selección existirá un periodo de prueba, lo cual es concordante con lo regulado en el Decreto ley 262 de 2000.7

Radicado: 41001-23-33-000-2017-00283-01 (1036-2021) Demandante: Diego Vivas Tafur - Por disposición del artículo 205 del decreto aludido, el procurador general sí puede definir las políticas para elaborar y calificar las pruebas de selección.

• Aunque el CPACA autoriza los documentos electrónicos, el Decreto Ley 262 de 2000 previó la necesidad de que los libros se presenten en medio físico. Esta

puede definir las políticas para elaborar y calificar las pruebas de selección.

• Aunque el CPACA autoriza los documentos electrónicos, el Decreto Ley 262 de 2000 previó la necesidad de que los libros se presenten en medio físico. Esta norma debe prevalecer, puesto que regula de forma específica el concurso público de méritos.

• El demandante no es prepensionado, puesto que, de acuerdo con lo expuesto en la demanda, su Fondo de Pensiones (Porvenir) le propuso una liquidación pensional en cuantía de $1.390.000 mensuales al cumplir los 62 años. Por tanto, ya tiene la calidad de pensionado y no le asiste derecho a la estabilidad reforzada.

Lo que el demandante pretende es quedarse en el empleo para mejorar su mesada pensional, pero esta situación riñe con el derecho de quienes están en la lista de elegibles.

• La falta de notificación del acto de desvinculación no es una causal de nulidad de acuerdo con lo regulado en el artículo 37 del CPACA.

1.2.2. Jhon Fisher Muñoz Camacho

Jhon Fisher Muñoz Camacho contestó la demanda5 y se opuso a las pretensiones para lo cual manifestó los siguientes argumentos:

• En la demanda no se distingue de manera correcta el acto administrativo demandado, puesto que en las pretensiones se solicita la nulidad del Decreto 3213 de 2016 y en el concepto de violación se menciona el 341. De igual manera, las razon es esbozadas en el concepto de violación solo se dirigen a atacar la legalidad de la Resolución 040 de 2015 y nada se dice sobre los decretos.

• El sistema de carrera administrativa aplicable a los procuradores judiciales I y II

las razon es esbozadas en el concepto de violación solo se dirigen a atacar la legalidad de la Resolución 040 de 2015 y nada se dice sobre los decretos.

• El sistema de carrera administrativa aplicable a los procuradores judiciales I y II es el reglado en el Decre to ley 262 de 2000 y así lo definió la Corte Constitucional en la sentencia C -101 de 2013 y en el Auto del 6 de noviembre de igual año. En ese orden, no es aplicable la Ley 270 de 1996, ya que esta solo rige a los empleados de la Rama Judicial. Además, el decreto regló en su artículo 194 etapas más rigurosas dentro del proceso de selección que las de la ley que fueron acatadas por la Resolución 040 de 2015.

Por lo anterior, tampoco es exigible la realización del curso concurso que prescribió la ley aludida para los funcionarios de la Rama Judicial, pues no es una

5 Folios 123 a 152.8

Radicado: 41001-23-33-000-2017-00283-01 (1036-2021) Demandante: Diego Vivas Tafur fase que ordene al decreto aplicable y en el tiempo que otorgó la sentencia C -101 de 2013 no era factible hacerlo so pena de dilatar el cumplimento de la orden

judicial. Así mismo, para el ingreso definitivo a la carrera adminis trativa de la entidad demandada el Decreto ley 262 de 2000 solo exige superar el periodo de prueba reglado en su artículo 160.

• El procurador general de la Naci ón, por mandato de los artículos 275 de la Constitución Política, 7, numeral 45, 203 y 205 del Decreto ley 262 de 2000 , está

prueba reglado en su artículo 160.

• El procurador general de la Naci ón, por mandato de los artículos 275 de la Constitución Política, 7, numeral 45, 203 y 205 del Decreto ley 262 de 2000 , está facultado para fijar los parámetros de evaluación y calificación de las pruebas dentro del concurso de méritos.

• Por virtud del artículo 20 del decreto mencionado, el procurador general est á facultado para fijar equivalencias dentro del proceso de selección sin que sea obligatorio establecerlas, lo cual debe hacer en consonancia con el manual de funciones de la entidad fijado en la Resolución 413 de 2014 que no las regló. Ello también respeta el mandato del artículo 280 de la Constitución Política que ordena que los procuradores judiciales deben cumplir iguales requisitos que los jueces y magistrados, por lo que no pueden dismin uirse o cambiarse al regu lar el concurso de méritos. Este argumen to también desvirtúa que la experiencia exigida y el modo de computarse pudieran ser diferentes de la de los funcionarios judiciales.

• La entidad demandada no reguló, en la Resolución 040 de 2015 , la calificación de desempeño de los procuradores. En su t exto solo reglamentó el periodo de prueba, de acuerdo con lo regulado en el artículo 224 y siguientes del Decreto ley 262 de 2000.

• La estabilidad laboral reforzada para prepensionados solo aplica para los afiliados al Régimen de Prima Media con Prestaci ón Definida, pues son estos l os que deben cumplir los requisitos de semanas cotizadas y edad para obtener la pensión. Los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en cambio,

afiliados al Régimen de Prima Media con Prestaci ón Definida, pues son estos l os que deben cumplir los requisitos de semanas cotizadas y edad para obtener la pensión. Los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en cambio, no deben cumplir la segunda condición, por lo que al no tenerse una certeza de la edad no puede considerarse en tal categoría, como es el caso del demandante.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Huila en sentencia del 11 de septiembre de 2020 6, denegó las pretensiones de la demanda.

Para tal efecto, se pronunció en estos términos7:

6 Folios 712 a 732. 7 Folios 722 a 732.9

Radicado: 41001-23-33-000-2017-00283-01 (1036-2021)

Demandante: Diego Vivas Tafur

• La Corte Constitucional en la sentencia C -101 de 2013 ordenó adelantar el concurso de méritos para proveer los cargos de procuradores judiciales . Por tal razón, se expidió la Resolución 040 de 2015 que desarrolló las etapas del proceso de selección previstas en el artículo 194 del Decreto 262 de 2000, régimen de

carrera administrativa aplicable a tales servidores públicos. Dentro de las fases aludidas no se reguló el curso concurso, al ser propio de los funcionario s de la Rama Judicial.

• Por mandato de los artículos 279 y 280 de la Constitución Política es la ley la que debe regular el concurso de méritos de la Pro curaduría General de la Nación y, en tal virtud, se expidió el Decreto Ley 262 de 2000 norma que sustentó, junto con la

debe regular el concurso de méritos de la Pro curaduría General de la Nación y, en tal virtud, se expidió el Decreto Ley 262 de 2000 norma que sustentó, junto con la orden dada en la sentencia C -101 de 2013, la expedición de la Resolución 040 de 2015 la cual aún mantiene su presunción de legalidad.

• Los artículos 275 de la Constitución Política y 7, numeral 45, 20 y 205 del Decreto ley 262 de 2000 facultan al procurador general de la Nación para

administrar y direccionar la carrera administrativa de la entidad y, por ende, a fijar los instrumentos y parámetros de puntuación, así como las equivalencias dentro del proceso de selección.

• Los empleados públicos nombrados en provisionalidad gozan de una estabilidad laboral relativa y su desvinculación procede cuando existe una lista de elegibles vigente. En el evento en que el servidor público sea de especial protección, aunque prevalece el mérito de q uien ganó el concurso para ocupar el empleo, la entidad debe procurar mantenerlo vinculado siempre que sea posible.

En el presente caso, se ofertaron 302 empleos y superaron el concurso de méritos 427 personas, por lo que no era posible mantener en el ca rgo al demandante, en razón a que prevalece el derecho de estos últimos a ser nombrados sobre su permanencia en el empleo. Esta actuación de la entidad es permitida, ya que era su obligación designar a quien estuviera en la lista de elegibles.

1.4. El recurso de apelación

Diego Vivas Tafur interpuso recurso de apelación 8 y expuso como argumentos para la revocatoria de la sentencia los siguientes:

1.4. El recurso de apelación

Diego Vivas Tafur interpuso recurso de apelación 8 y expuso como argumentos para la revocatoria de la sentencia los siguientes:

• Cuando se produjo su desvinculación tenía la calidad de prepension ado, por lo

8 SAMAÍ. índice 8. Expediente Hibrido.10

Radicado: 41001-23-33-000-2017-00283-01 (1036-2021) Demandante: Diego Vivas Tafur que no podía ser retirado del servicio por ser sujeto de especial protección constitucional con estabilidad laboral reforzada, al hacerse se vulneró los artículos 13, 42, 43, 44 y 46 Constitucionales y, por tanto, el acto demandado desconoció las normas en que debía fundarse . Ello, puesto que ante la tensión entre los principios constitucionales de mérito y la protección de un grupo social vulnerable se debe proteger al tiempo al ganador del concurso de méritos y al prepensionado y, en esa medida, solo proced ía la desvinculación cuando se h ubiesen provisto otros cargos distintos del suyo.

• La Resolución 040 de 2016 y los actos administrativos que de ella se derivaron , en específico el Decreto 3213 de 2016, se expidieron con vulneración de las normas en que debían fundarse. Es así, porque los artículos 125 y 279 de la Constitución Política ordenaron que era el legislador quien debía definir el régimen

de carrera administrativa de los servidores de la Procuraduría General de la Nación. En esas condiciones , no podía el jefe de la entidad regular aspectos esenciales del concurso de méritos, pues era una materia con reserva de ley.

de carrera administrativa de los servidores de la Procuraduría General de la Nación. En esas condiciones , no podía el jefe de la entidad regular aspectos esenciales del concurso de méritos, pues era una materia con reserva de ley.

• La Procuraduría Ge neral de la Nación no tenía facultades para « mutar la naturaleza de las funciones de cargos que fueron creados por el presidente de la República mediante decreto especial ». Al respecto, c itó jurisprudencia que explica

que la carrera administrativa es un principio constitucional y que la convocatoria es la regla de los concurso s de méritos. Explicó que la procuraduría al ofertar todos los emp leos de los procuradores obvió sus específicas funciones como si cada uno no tuviese independencia.

• El a quo debió pronunciarse sobre la pretensión de inaplicación de la Resolución 040 de 2016 y no desligarse de esta obligación bajo el argumento de que estaba demandada en nulidad en el Consejo de Estado. Lo anterior, porque el artículo 148 del CPACA permite que se solicite la inaplicación de normas con efectos interpartes. Para este análisis , el tribunal debió examinar que el concurso no era igual al que se exige para vincular a jueces y magistrados y, además, que no fue reglado mediante una ley.

• El tribunal no se pronunció sobre el cargo alusivo a que el procurador general de la Nación carecía de competencia para reglamentar el cómputo de la experienc ia profesional, las homologaciones, los puntajes a los doctorados o las reglas de calificación, pues tales asuntos tienen reserva de ley.

• El Decreto 3213 de 2016 produjo resultados jurídicos particulares y concretos y

profesional, las homologaciones, los puntajes a los doctorados o las reglas de calificación, pues tales asuntos tienen reserva de ley.

• El Decreto 3213 de 2016 produjo resultados jurídicos particulares y concretos y no fue notificado en los términos que lo ordenan los artículos 67, 68, 69 y 72 del CPACA. Esta inobservancia afecta su validez y, a la vez, impide que produzca sus efectos, luego le e s inoponible . La entidad se limitó a enviar a su correo11

Radicado: 41001-23-33-000-2017-00283-01 (1036-2021) Demandante: Diego Vivas Tafur electrónico una comunicación en la que le informó s obre la expedición del acto administrativo de retiro; empero, no adjuntó su copia y tampoco la información sobre la procedencia de los recursos. Además, desconoció que no aceptó ser notificado de esta manera, por lo que trasgredió el primer artículo citado.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

1.5.1. Parte demandante

Diego Vivas Tafur reiteró todos los argumentos expuestos en el recurso de apelación sin agregar otros adicionales9.

1.5.2. Parte demandada

Ni la entidad ni Jhon Fisher Muñoz Camacho se pronunciaron10.

1.6. El Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:

• ¿El procurador general de la Nación estaba facultado pa ra expedir la Resolución

El Ministerio Público guardó silencio.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:

• ¿El procurador general de la Nación estaba facultado pa ra expedir la Resolución 040 de 201611 y, en virtud de ello, regular el proceso de selección y fijar las reglas de calificación, homologación y experiencia o dichos aspectos solo los podía reglar la ley y, por tanto, debe ser inaplicada y anulados los actos que de ella se derivaron?

• ¿Diego Vivas Tafur tenía la calidad de prepensionado, gozaba de estabilidad laboral reforzada y, en consecuencia, no podría disponerse su retiro del servicio?

• ¿El Decreto 3213 de 2016 , por medio del cual se nombró en propie dad a Jhon Fisher Muñoz Camacho y se dispuso la desvinculación de Diego Vivas Tafur ,

9 SAMAÍ, índices 34, 35 y 36. 10 Constancia secretarial. SAMAÍ, índice 38. 11 «Por medio de la cual se da apertura y se reglamenta la convocatoria del proceso de selección para proveer los cargos de carrera de procuradores judiciales de la entidad».12

Radicado: 41001-23-33-000-2017-00283-01 (1036-2021) Demandante: Diego Vivas Tafur debió ser notificado de manera personal a este último para ser considerado válido y eficaz?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Régimen de carrera administrati va de la Pr ocuraduría General de la Nación. Facultades del procurador general para convocar y reglamentar los

y eficaz?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Régimen de carrera administrati va de la Pr ocuraduría General de la Nación. Facultades del procurador general para convocar y reglamentar los concursos