CE - 012333000201700437011SENTENCIAFALLO20231020103530

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 54001-23-33-000-2017-00437-01 (2882-2019)

Demandante: Ruth Cecilia Lobo Jácome Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente en plazas del orden nacionalizado y territorial en virtud de los artículos 105 y 106 de la Ley 115 de 1994. Aplicación de sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022. MODIFICA Y CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander , por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora RUTH CECILIA LOBO JÁCOME instauró demanda en contra de la

Tribunal Administrativo de Norte de Santander , por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora RUTH CECILIA LOBO JÁCOME instauró demanda en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones, (i) RDP 005235 del 10 de febrero de 2015, (ii) RDP 013609 del 9 de abril de 2015, y (iii) RDP 017542 del 6 de mayo de 2015, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago la pensión gracia

1 Folios 4 a 5, C1.2

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a favor de la demandante, y se confirmó tal decisión respectivamente. Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer, liquidar y pagar la mencionada prestación conforme a las previsiones de la Ley 114 de 1913, así como el retroactivo debidamente actualizado de las mesadas adeudadas por dicho concepto desde el 24 de septiembre de 2009 , al igual que la indexac ión de la

la mencionada prestación conforme a las previsiones de la Ley 114 de 1913, así como el retroactivo debidamente actualizado de las mesadas adeudadas por dicho concepto desde el 24 de septiembre de 2009 , al igual que la indexac ión de la primera de ellas.

Que se ordene a la parte pasiva pagar los intereses moratorios a que haya lugar desde el momento de la ejecutoria de la sentencia y hasta que se cumpla la totalidad de la condena, así como las costas por los gastos ocasionados con la presentación de la demanda.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta l a demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

Que la demandante nació el 14 de julio de 1959. Que durante su vida laboral se desempeñó inicialmente como docente de primaria de la Escuela Rural Unitaria “La Arenosa” del municipio de Cúcuta, nombrada por el departamento de Norte de Santander desde el 25 de abril de 1973 hasta el 19 de septiembre de 1978 . Posteriormente, la actora detentó una vinculación como educador a de la mencionada entidad departamental a partir del 17 de julio de 1978 y hasta el 15 de septiembre del mismo año . Por último, la reclamante fue nombrada en calidad de maestra oficial por la misma autoridad, ello del 18 de abril de 1995 hasta el 25 de julio de 2014.

Que el 16 de septiembre de 2014, la señora Lobo Jácome radicó ante la UGPP una solicitud tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión gracia por haber laborado durante más de 20 años al servicio del magisterio. Que la entidad

Que el 16 de septiembre de 2014, la señora Lobo Jácome radicó ante la UGPP una solicitud tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión gracia por haber laborado durante más de 20 años al servicio del magisterio. Que la entidad demandada negó lo reclamado a través de la Resolución RDP 005235 del 10 de febrero de 2015, aduciendo que la docente tuvo una relación legal y reglamentaria del orden nacional no computable para acceder a la prestación pretendida, por lo que la primera interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación que fueron resueltos negativamente a través de la s Resoluciones RDP 013609 del 9 de abril de 2015 y RDP 0177542 del 6 de mayo del mismo año , ello en el sentido de confirmar la decisión inicial.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 13 de octubre de 2017,3 y notificada a

2 Folios 5 a 7, C1. 3 Folio 71, C1.3

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la UGPP4, quien presentó memorial de contestación5 en el cual manifestó que una vez verificadas las pruebas en la actuación , se observa que no es procedente el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la accionante, toda vez que no demostró el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley, puntualmente la

vez verificadas las pruebas en la actuación , se observa que no es procedente el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la accionante, toda vez que no demostró el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley, puntualmente la acreditación de los 20 años de servicio en la docencia del or den departamental, distrital o municipal, pues los tiempos nacionales no pueden ser tenidos en cuenta, y lo que se aprecia es que aquella detentó una vinculación de dicha naturaleza desde el 18 de abril de 1995 hasta el 25 de julio de 2014 , tal como se ind ica en el certificado de historia laboral emitido por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Propuso las excepciones que denominó, (i) ineptitud sustancial de la demanda por falta de requisitos formales, (ii) prescripción de las mesadas pensionales y factores salariales, e (iii) inexistencia de la obligación.

En la audiencia inicial 6 se resolvió el medio exceptivo denominado ineptitud sustancial de la demanda fundamentada en que la parte activa solicitó el reconocimiento y liquidación de la pensión gracia con base en los factores salariales del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y nunca precisó los hechos que sustentan ese pedimento.

Al respecto, el fallador de primera instancia lo declaró no probado al precisar que el planteamiento de la entidad accionada no cuenta con suficientes razones de apoyo, pues basta con la lectura integral de la demanda para inferir que la reclamante sustenta las pretensiones en comento en circunstancias fácticas que antecedieron a la presentación del medio de control , tales como la prestación del servicio en la

pues basta con la lectura integral de la demanda para inferir que la reclamante sustenta las pretensiones en comento en circunstancias fácticas que antecedieron a la presentación del medio de control , tales como la prestación del servicio en la docencia oficial, su petición de reconocimiento pensional por esa misma causa y la negación de lo propio por parte de la UGPP.

Seguidamente, en esta diligencia se determinó que las demás excepciones propuestas eran de mérito y por lo tanto serían resueltas en la sentencia. Por otro lado, se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló que no existía ánimo conciliatorio y se efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011.

En la audiencia de pruebas7 se recaudaron los medios de convicción decretados y se corrió traslado para alegar de conclusión en orden de dictar sentencia escrita con posterioridad.

4 Folio 73, C1. 5 Folios 81 a 83, C1. 6 Folios 121 a 125, C1. 7 Folios 134 a 135 y 161 a 162, C1.4

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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander dictó sentencia escrita el 17 de

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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander dictó sentencia escrita el 17 de enero de 2019, a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda en el sentido de declarar la nulidad de los actos reprochados y ordenar el pago de la prestación solicitada desde el 15 de julio de 2009, pero con efectos fiscales desde el 16 de septiembre de 2011 por prescripción trienal de mesadas.

Sobre el caso particular a seguró que en el proceso está acreditado que la señora Ruth Cecilia Lobo Jácome nació el día 14 de julio de 1959, circunstancia que permite determinar que al momento de reclamar el reconocimiento de la pensión de gracia, (16 de septiembre de 2014 ), contaba con más de 50 años de edad, cumpliendo a cabalidad con uno de los requisitos legales para acceder a la prestación solicitada. De igual forma , se encuentra probado que la docent e ha desempeñado su cargo con honradez, idoneidad, consagración y buena conducta de conformidad con la declaración bajo gravedad de juramento allegada al procedimiento administrativo adelantada ante la UGPP , lo que permite inferir que también colmó esta ot ra exigencia para estructurar la prerrogativa solicitada.

Que de las pruebas obrantes en el expediente, se evidencia que los nombramientos de la actora contenidos en los Decretos 268 del 11 de abril de 1973 (antes del 31 de diciembre de 1980) y 269 del 07 de abril de 1995 en el departamento de Norte

de la actora contenidos en los Decretos 268 del 11 de abril de 1973 (antes del 31 de diciembre de 1980) y 269 del 07 de abril de 1995 en el departamento de Norte de Santander y en el m unicipio de San José de Cúcuta , fueron como docente nacionalizada, tal y como consta en los certificados del 12 de julio de 2018, suscrito por el responsable del área administrativa y financiera de la primera autoridad en comento y en el de historia laboral 125818 del 14 de junio de 2018 expedido por la Secretaría de Educación Municipal de la segunda entidad referida.

Que adicionalmente, conforme a esa misma documentación se advierte qu e los períodos laborados se desarrollaron bajo una vinculación de carácter nacionalizada, en cargo de una plaza municipal y con fuente de recursos del SGP. De hecho, se observa que el Decreto de nombramiento 269 del 7 de abril de 1995 tiene como fundamento legal el Decreto 2277 de 1979, Ley 29 de 1989, Ley 115 (General de la Educación), artículos 105 a 106, y el Acuerdo 019 del 13 de abril de 1995 del Concejo del Municipio de San José de Cúcuta ; normativa que señala que para el efecto fueron creadas 520 plazas de docentes municipales.

Que de acuerdo con los artículos 105 y 106 de la Ley 115 de 1994, la vinculación de personal docente al servicio público educativo estatal solo pod rá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la pl anta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial. Además, los actos administrativos de nombramientos, traslados, permutas y demás novedades del personal docente se

8 Folios 255 a 261, C2.5

aprobada por la respectiva entidad territorial. Además, los actos administrativos de nombramientos, traslados, permutas y demás novedades del personal docente se

8 Folios 255 a 261, C2.5

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harán por los gobernadores y por los alcaldes de los distritos o municipios que estén administrando la educación conforme a lo establecido en la Ley 60 de 1993, y los alcaldes municipales pueden nombrar educadores con cargo a los recursos propios del municipio, cumpliendo los requisitos exigidos por la ley.

Que bajo dicho contexto , sumado a la aplicación de las reglas de unificación adoptadas en providencia del 21 de junio de 2018 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la parte actora al momento de solicitar el reconocimiento de la pensión gracia sí cumplía con el requisito e xigido por la Ley 114 de 1913 para acceder al goce de dicha prestación, toda vez que ya había cumplido 20 años laborados como docente del orden nacionalizado, inicialmente del 25 de abril de 1973 al 19 de septiembre de 1978 vinculado al departamento y desde el 18 de abril de 1995 hasta el 25 de julio de 2014 al Municipio de San José de Cúcuta.

EL RECURSO DE APELACIÓN9

La parte demanda da en su escrito de apelación solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia por considerar que una vez analizadas las pruebas

EL RECURSO DE APELACIÓN9

La parte demanda da en su escrito de apelación solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia por considerar que una vez analizadas las pruebas en la actuación, se observa que no es procedente el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la accionante, toda vez que no demostró el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley, puntualmente la acreditación de los 20 años de servicio en la docencia del orden departamental, distrital o municipal, pues los tiempos nacionales no pueden ser tenidos en cuenta, y lo que se aprecia es que aquella detentó una vinculación de dicha naturaleza desde el 18 de abril de 1995 hasta el 25 de julio de 2014, tal como se indica en el certificado de historia laboral emitido por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandada presentó alegaciones finales con la s que reiteró los argumentos expuestos en su contestación y en el recurso de apelación para solicitar que se revoque el fallo apelado.10

La parte demandante y el Ministerio Público se abstuvieron de intervenir en esta etapa procesal.11

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter

9 Folio 263, C2 10 Folios 302 a 304, C2. 11 Según constancia secretarial obrante a folio 305 del cuaderno 2.6

9 Folio 263, C2 10 Folios 302 a 304, C2. 11 Según constancia secretarial obrante a folio 305 del cuaderno 2.6

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territorial o nacionalizado durante todo el tiempo de servicio, y en particular una con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó », mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó », mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispues to en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en

6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de7

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los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»12. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se

base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos.

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y

de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos d e ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año eq uivalente a una mesada pensional.»

Sobre el punto , la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,

12 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.8

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sino que en virtud de sus condiciones, esta solo está pre vista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199713 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan

reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199713 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a ten er derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 14 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones.

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se in corporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que

nacional, una vez se in corporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes d el sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las ent idades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 14 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 14 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.9

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dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de

de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.10

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Radicado: 54001-23-33-000-2017-00437-01 (2882-2019)

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022 ,15 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 d e diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que l as anteriore