CE - 012333000201700540011SENTENCIA20230217204013

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., dieciséis (16 ) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 66001 -23 -33 -000 -2017 -00540 -01 (1817 -2019 )

Demandante: José Hildebrando Mosquera Mosquera

Demandado: Nación -Ministerio de Educación Nacional , Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

Tema: Sanción Moratoria de cesantías definitivas.

Docente. Prescripción del derecho .

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Sala decide el recurso de apelación presentado por el demandante contra la sentencia de l 11 de octubre de 20 18 , por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda declaró probada la excepción de prescripción .

II. ANTECEDENTES

2.1. Pretensiones

2. El señor José Hildebrando Mosquera Mosquera , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ( CPACA ), formuló

2. El señor José Hildebrando Mosquera Mosquera , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ( CPACA ), formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de la Resolución 3917 del 27 de junio de 2017 , que negó el pago de la sanción moratoria causada por la inoportuna consignación de sus cesantías definitivas reconocidas por Resolución 67 del 29 de febrero de 2012 .Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2017 -00540 -01 (1817 -2019 )

Demandante: José Hildebrando Mosquera Mosquera

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3. Como consecuencia de la anterior declaración, pidió que se ordene a la Nación -Ministerio de Educación Nacional , al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al mu nicipio de Pereira a : pagar la sanción por mora en la cancelación de sus cesantías definitivas, conforme lo dispuesto en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 200 6; cumplir la sentencia en los términos de los artículos 187 y 192 del CPACA , y sufragar las costas procesales.

2.1.1. Hechos

4. El demandante relat ó que (i) prestó sus servicios al municipio de

de los artículos 187 y 192 del CPACA , y sufragar las costas procesales.

2.1.1. Hechos

4. El demandante relat ó que (i) prestó sus servicios al municipio de Pereira por espacio de 39 años, 8 meses y 26 días ; (ii) el 22 de agosto de 2011, solicitó del mencionado ente territorial el pago de las cesantías definitivas ; (iii) por Resolución 67 del 9 de febrero de 2012 se le reconoció la aludida prestación en cuantía de $126.254.225.00 ; (iv) del monto atrás referencia do se le descontaron anticipos y varias obligaciones crediticias, entre ellas, $32.091.512 encaminado s al BANCO AV VI LLAS , operación que le dejó un saldo neto de $15. 821.398 ; (v) pese a que, el 26 de junio de 2012, le informó a la FIDUPREVISORA que la obligación que tenía con el BANCO AV VILLAS estaba cancelada, la administración hizo caso omiso y giró el cheque 0045076 , por valor $32.091.512 , a la referid a entidad bancaria; (v i) después de adelantar varios requerimientos, la Secretaría de Educación del municipio de Risaralda expidió la Resoluci ón 028 del 15 de mayo de 2015, que dispuso que le fuera consignado ese dinero en su cuenta de ahorros , situación que se verificó el 1º de junio de 2015 y (v ii) el 1 9 de mayo de 2017, pidió de las demandadas el reconocimiento de la sanción moratoria, solicitud que fue negad a

cuenta de ahorros , situación que se verificó el 1º de junio de 2015 y (v ii) el 1 9 de mayo de 2017, pidió de las demandadas el reconocimiento de la sanción moratoria, solicitud que fue negad a mediante la Resolución enjuiciada 3917 del 27 de junio de la misma anualidad .

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación.

5. El actor cit ó como disposiciones violadas los artículos 1, 13, 25 y 53 de la Constitución Política ; 5º de la Ley 1071 de 2006 ; 15 de la Ley 91 de 1989 ; 115 de la Ley 115 de 1994 ; 81 de la Ley 812 deNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2017 -00540 -01 (1817 -2019 )

Demandante: José Hildebrando Mosquera Mosquera

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 2003; 45, 46, 47, 48, 58, 59 y 60 del Decreto 1042 de 1978 ; y los Decr etos 451 de 1984 y 1919 de 2002 .

6. Sostuvo que «injustificadamente transcurrieron 3 años y 279 días entre la fecha de la solicitud de reconocimiento de las cesantías definitivas y [la data] en que se verificó el pago total (22 de agosto de 2011 – 1º de junio de 2015) , es decir, faltaron 81 días para que

entre la fecha de la solicitud de reconocimiento de las cesantías definitivas y [la data] en que se verificó el pago total (22 de agosto de 2011 – 1º de junio de 2015) , es decir, faltaron 81 días para que se completaran CUATRO (4) AÑOS de este tortuoso trámite, para [él] que solo reclamó el pago de lo que legalmente le correspondía» .

7. Que durante el lapso atrás reseñado «siempre se mantuvo activo, di ligente [e] insistente, mediante peticiones escritas y verbales, [y] acciones de tutela, con el propósito de lograr el pago total de las cesantías a las que tenía derecho» .

2.2. Contestaci ones

8. El municipio de Pereira se opuso a las pretensiones de la demanda , por no ser la entidad llamada a responder por las pretensiones de la demanda .

9. Precisó que la autoridad llamada a pagar lo reclamado es la Nación -Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Pr estaciones Sociales del Magisterio, en la medida en que su competencia solo se reduce a proyectar los actos administrativos de reconocimiento.

10. Propuso las si guientes excepciones: falta de legitimación en l a causa por pasiva y genérica .

11. La Nación -Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda, porque el acto de reconocimiento de las cesantías definitivas fue expedido por otra autoridad y las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 no se aplican a los docentes .

nieguen las pretensiones de la demanda, porque el acto de reconocimiento de las cesantías definitivas fue expedido por otra autoridad y las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 no se aplican a los docentes .

12. Propuso estos medios exceptivos: ineptitud sustancial de la demanda por falta de legitimación en la causa por pasiva;Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2017 -00540 -01 (1817 -2019 )

Demandante: José Hildebrando Mosquera Mosquera

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 inexistencia del dem andado; dependencia de la disponibilidad presupuestal conforme a la ley; caducidad del medio de control; prescripción ; detrimento patrimonial del Estado; cobro de lo no debido; buena fe y genérica .

2.3. La sentencia de primera instancia 1

13. El Tribunal Administrativo de Risaralda , mediante fallo d el 11 de octubre de 20 18 , (i) declaró probada la excepción de prescripción extintiva formulada por el FOMAG y, en ese orden , negó las pretensiones de la demanda y (ii) condenó en costas al demandante .

14. Estableció que «entre las fechas de : la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas -22 de agosto de 2011 - y la expedición del acto de reconocimiento y liquidación de la citada prestación del [actor] , y la de pago de las mismas al

reconocimiento y pago de las cesantías definitivas -22 de agosto de 2011 - y la expedición del acto de reconocimiento y liquidación de la citada prestación del [actor] , y la de pago de las mismas al demandante -30 de octubre de 2012 - se colige que transcurrieron más de los 65 días señalados por la Ley para dicha actuación. Por lo anterior, es claro que el actor le asiste el derecho reclamado, en cuanto a la entidad demandada incurrió en mora en el pago del auxilio de las cesantías definitivas y, en consecuencia, se hace destinatario de la sanción prevista en la Ley 1071 de 2006».

15. Aclaró que si bien es cierto que en este caso «existen otras

[reclamaciones] , estas tienen fuente y pretensiones distintas a la figura [...] que hoy se demanda, tal como se coteja con los escritos dirigidos a la Fiduprevisora y [...] a la Secretaría de Educación, de fecha de 26 de junio de 2012 , otro, correspondiente al derecho de petición del 6 de mayo de 2013 (fl. 49 y 50) y el oficio del 25 de julio de 2014 (fl. 73 y 74), que estuvieron encaminados al cambio de destinatario para el valor de $32.091.512, solicitando como restablecimiento: el reintegro del cheque girado a nombre del Banco AV VILLAS, el ajuste monetario por devaluación o pérdid a del valor adquisitivo de dicho valor y la [solicitud] del pago de una indemnización mensual del 4% del valor del cheque desde el 30 de

1 Fl. 200 y s.s.Nulidad y Restablecimiento del Derecho

adquisitivo de dicho valor y la [solicitud] del pago de una indemnización mensual del 4% del valor del cheque desde el 30 de

1 Fl. 200 y s.s.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2017 -00540 -01 (1817 -2019 )

Demandante: José Hildebrando Mosquera Mosquera

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 octubre de 2012, más no, petición que guardase relación con el [reconocimiento] de la sanción moratoria por el pago tar dío de las cesantías definitivas» .

16. Señaló que «la demandada tenía plazo hasta el 24 de noviembre de 2011 para efectuar el pago de las cesantías definitivas solicitadas por el demandante, de conformidad con los términos establecidos en la Ley 1071 de 2006 (15 días hábiles para proferir el acto que resolviera la petición, 5 días hábiles de la ejecutoria de la actuación anterior, y los 45 días con que contaba la entidad para realizar el pago ). Es entonces que a partir del día siguiente [...] se causa la sanción por mora y [...] empieza a correr el término para reclamar el pago de la misma, en c uanto los 3 años a que alude el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral se calculan desde cuanto la respectiva obligación se haya hecho exigible , en este caso, desde el vencimiento de los 65 días para efectuar el pago ».

a que alude el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral se calculan desde cuanto la respectiva obligación se haya hecho exigible , en este caso, desde el vencimiento de los 65 días para efectuar el pago ».

17. Explicó que como entre la s datas en que : se h icieron exigibles las cesantías definitivas (24 de noviembre de 2011) y se solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria (19 de mayo de 2017) transcurrieron más de 3 años, es evidente que operó el fenómeno de la prescripción .

18. In sistió en que el actor tuvo 3 años para reclamar la sanción moratoria, lapso que va desde el 25 de noviembre de 2011 hasta el 25 de noviembre de 2014, pero como no lo hizo en el aludido interregno , sino hasta el 19 de mayo de 2017, es evidente que se configuró el fenómeno de la prescripción , el cual no se altera, en este caso, con solicitudes ajenas de: cambio de destinatario de un rubro, anulación de un cheque y ajuste monetario por devaluación, etc .

19. Por último, condenó en costas a la parte venci da, por cuanto actuó por medio de apoderado.

2.4. Recurso de apelaciónNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2017 -00540 -01 (1817 -2019 )

Demandante: José Hildebrando Mosquera Mosquera

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Demandante: José Hildebrando Mosquera Mosquera

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 20 . El demandante apeló la anterior decisión, por cuanto si bien es cierto que en el asunto sub judice transcurrieron más de 3 años desde que la obligación se hizo exigible, también lo es que ocurrió una omisión de la administración, la cual necesariamente afectó el disfrute de sus cesantías definitivas y no tiene la entidad de menoscabar la penalidad pretendida .

21 . En efecto, no se puede soslayar que el 26 de junio de 2012 solicitó de la Fiduprevisora, como delegada del FOMAG, que la suma de $32.091.512 no fuera enviada al banco AV VILLAS, como se dispuso en el Resolución 67 de la misma anualidad, por cuanto el compromiso financiero que tenía con dicha entidad bancaria estaba saldado .

22 . Enfatizó que la aludida petición se efectuó « ANTES DE QUE SE REALIZARA EL PAGO EFECTIVO DE LAS CESANTÍAS DEFINITIVAS, esto es, del 30 de octubre de 2012; sin embargo, la entidad demandada hizo caso omiso [y] giró mediante cheque No. 0045076 el valor de $32.091.512 a favor del Banco Av Villas ».

23 . Que el acto de reconocimiento de las cesantías definitivas sufrió una pérdida de ejecutoriedad, conforme al artículo 91 -2 del CPACA, lo cual se subsanó «hasta que el municipio de Pereira, en

23 . Que el acto de reconocimiento de las cesantías definitivas sufrió una pérdida de ejecutoriedad, conforme al artículo 91 -2 del CPACA, lo cual se subsanó «hasta que el municipio de Pereira, en representación del FOMAG, expidió la Resolución No. 028 que modif ica la Resolución No. 067 del 9 de febrero de 2012, momento en el cual retoma nuevamente su ejecutoria desde el 15 de mayo de 2015, haciendo imposible la declaratoria de la excepción de prescripción formulada por la entidad demandada» .

2.5. Trámite en segunda instancia.

24. El magistrado ponente, por auto s calendado s el 11 de junio y el 31 de 20 19 , admitió el recurso de apelación interpuesto por el actor y corrió traslado para que las partes alegaran de conclusión y el agente del Ministerio Público rindiera concepto .

25. Las partes y el agente del Ministerio Público guardaron silencio.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2017 -00540 -01 (1817 -2019 )

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

26 . La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la re ferencia, acorde con

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

26 . La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la re ferencia, acorde con lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 ( CPACA ).

27. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 328 2 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante.

3.2. Problema jurídico.

28. De acuerdo con el objeto del recurso de apelación, le

corresponde a la Sala determinar:

➢ ¿Se encuentra configurada en el asunto sub lite la ocurrencia de l decaimiento del acto que reconoció las cesantías definitivas y de la prescripción de la sanción por la mora?

29. Para resolver lo anterior, la Sala desarrollará el siguiente orden metodológico: (i) decaimiento de los actos administrativos; (ii) exigibilidad y prescripción en materia de la sanción moratoria y (ii i) análisis del caso concreto.

3.3 Decaimiento de los actos administrativos

2 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover inc identes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2017 -00540 -01 (1817 -2019 )

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30. El decaimiento de los actos administrativos es una figura en virtud de la cual se predica que estos, a pesar de no haber sido anulados por sentencia judicial, pierden su fuerza ejecutoria. Esa pérdida de fuerza ejecutoria es consecuencia de la desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho.

31. Sobre el particular, el artículo 91 del CPACA prevé :

«ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO

sus fundamentos de hecho o de derecho.

31. Sobre el particular, el artículo 91 del CPACA prevé :

«ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado l os actos que le correspondan para ejecutarlos.

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.

5. Cuando pierdan vigencia.» (Negrita fuera de texto).

32. Conforme al artículo 91 ibidem , en esta figura no se discute ni se afecta la validez de la decisión proferida por una entidad, así como tampoco se busca enmendar irregularidades modificables en virtud del principio de autotutela, toda vez que tanto las causales enlistadas en la norma, como la fi nalidad de la pérdida de ejecutoria del acto en sí misma, lo que configura en realidad es una excepción a la firmeza y obligatoriedad de la manifestación estatal definitiva, la cual opera ipso iure y solo conlleva como efecto, su ineficacia o imposibilidad material de cumplimiento, por lo que dicha consecuencia solo puede consolidarse hacia futuro desde el momento de la estructuración del evento que habilite lo propio.

la cual opera ipso iure y solo conlleva como efecto, su ineficacia o imposibilidad material de cumplimiento, por lo que dicha consecuencia solo puede consolidarse hacia futuro desde el momento de la estructuración del evento que habilite lo propio.

3. 4. Exigibilidad y prescripción en materia de la sanción moratoria.

33 . L a prescripción extintiva hace relación al deber que tiene cada persona de reclamar sus derechos en un tiempo prudencial fijado en la ley, es decir, si los derechos que se han adquirido no seNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2017 -00540 -01 (1817 -2019 )

Demandante: José Hildebrando Mosquera Mosquera

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 solicitan en un determinado lapso fijado por la norma, se pierde la oportunidad para ejercerlos ante la ausencia del interés que presume el legislador, por parte de quien ostenta el derecho.

34 . En la sentencia de Unificación CE -SUJ004 de 25 agosto de 2016, la Sección Segunda fijó la regla jurisprudencial por la cual estableció que la sanción moratoria está sujeta al término prescriptivo señalado en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y su exigibilidad es el momento mismo en que se produce la mora. La regla es del siguiente tenor:

«[…] 3. - La fecha a partir de la cual procede la reclamación de

Trabajo y de la Seguridad Social y su exigibilidad es el momento mismo en que se produce la mora. La regla es del siguiente tenor:

«[…] 3. - La fecha a partir de la cual procede la reclamación de la indemnización por la mora en la consignación de las cesantías anualizadas, es el momento mismo en que se produce la mora, es decir, desde el 15 de febrero del año en que se debió realizar el pago ».

35 . De acuerdo con la disposición transcrita, la reclamación del empleado sobre un derecho o prestación debida, deberá efectuarse dentro de los 3 años siguientes a la exigibilidad de la misma, so pena de la prescripción. Debe señalarse igualmen te, que el anterior término es susceptible de interrupción a través del simple reclamo escrito del trabajador, pero solo por un lapso igual, es decir, un trienio.

36 . En ese orden, el término prescriptivo se cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible, el cual, de manera concreta, en las obligaciones sometidas a plazo, surge a partir del vencimiento de éste. Ahora bien, pese a que la providencia en cita no estableció tal regla para los eventos relacionados con las cesantías definitivas de los servidores públicos, lo cierto es que, tal como lo dispuso la Sección Segunda de esta Corporación en Sentencia de Unificación CE -SUJ004 de 25 agosto de 2016, la penalidad por mora al tratarse de un derecho eminentemente sancionatorio no puede ser impr escriptible y por tanto, se encuentra sujeto al término previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de Seguridad, que dispone sin excepción o modalidad alguna la extinción total del

de un derecho eminentemente sancionatorio no puede ser impr escriptible y por tanto, se encuentra sujeto al término previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de Seguridad, que dispone sin excepción o modalidad alguna la extinción total del derecho que no haya sido reclamado al cabo de los 3 años siguientes a su exigibilidad.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2017 -00540 -01 (1817 -2019 )

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37 . Así las cosas, se tiene que esta Corporación en Sentencia de Unificación CE -SUJ -SII -012 -2018 del 18 de julio del 2018 6 respecto a la exigibilidad de la sanción moratoria con ocasión al pago tardío de las cesantías defin itivas o parciales, determinó las siguientes reglas jurisprudenciales:

«3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 dí as hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoc e la cesantía

corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoc e la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, d eberá considerarse el término dispuesto en la ley para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual modo, que cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto de reconocimiento adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, lo s términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para sanción moratoria.

195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique e l acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.»

38 . De las reglas jurisprudenciales transcritas es claro, que el término para contabilizar la exigibilidad de la sanc ión moratoria depende de sí el acto administrativo fue expedido en tiempo o no.

de interpuesto.»

38 . De las reglas jurisprudenciales transcritas es claro, que el término para contabilizar la exigibilidad de la sanc ión moratoria depende de sí el acto administrativo fue expedido en tiempo o no. En ese orden, si la resolución que reconoce las cesantías fue proferida pasados los 15 días que prevé la norma, la aludida penalidad se hará exigible a partir de los 70 días si guientes contados desde la fecha en que se radicó solicitud de liquidación de la prestación social.

39 . Recientemente , l a Sección Segunda de la Corporación, mediante providencia 6 de agosto de 2020 3, dictó sentencia de

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001 -23 -33 -000 -2013 -00666 -01, número interno: 0833 -16, dte: María Lucely Taborda Cervantes.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2017 -00540 -01 (1817 -2019 )

Demandante: José Hildebrando Mosquera Mosquera

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no consignación de cesantías anualizadas, fenómeno que definió como de carácter extintivo 4, para el cual precisó que la norma aplicable es la co nsagrada en el Código de Procedimiento Laboral, artículo 151. Esto determinó la Corporación:

«PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección Segunda del Consejo de Estado, para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, las siguientes reglas jurisprudenciales:

1. El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la sanción moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990, es desde su causación y exigibilidad, es deci r, el 15 de febrero de la anualidad siguiente, por ende, la reclamación administrativa deberá presentarse dentro de los tres años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva .

1. En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la consignación de cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la sanción prevista en la Ley 50 de 1990 deberá contabilizarse de manera independiente por cada año, de tal modo que el empleado dispone de 3 años contados a partir del 15 de febr ero del año siguiente a su causación para reclamar la sanción moratoria por la anualidad correspondiente, so pena de su extinción». (Subrayas de la Sala).

40 . En consecuencia, esta Sala establece que la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 se encuentra sujeta al término de prescripción trienal previsto en el artículo 151 del CPT y que su

de la Sala).

40 . En consecuencia, esta Sala establece que la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 se encuentra sujeta al término de prescripción trienal previsto en el artículo 151 del CPT y que su exigibilidad se causa desde el momento en que el empleador incurre en mora en el reconocimiento y pago de la prestación aludida. Aunado a ello, se seña la que debido a que en el sub júdice se trata de cesantías definitivas, la mora solo puede tener lugar en un único evento, esto es, con ocasión del fenecimiento de la relación laboral, de manera que la aplicación del término extintivo al causarse una única sanción, solo podrá ser total.

3. 5. Caso concreto.

4 «[…] Por último , en lo concerniente a los efectos de la prescripción, se señala que son los de extinción de la pretensión y del derecho subjetivo mismo, que se producen en razón de la sentencia judicial que acoge la correspondiente excepción propuesta por el demandado o la declaratoria de oficio por el juez, según el caso, de acuerdo con los hechos que encuentre acreditados en el proceso correspondiente ». (Negrilla original).Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación : 66001 -23 -33 -000 -2017 -00540 -01 (1817 -2019 )

Demandante: José Hildebrando Mosquera Mosquera

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 41 . En el plenario se encuentran probados los siguientes hechos:

Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 41 . En el plenario se encuentran probados los siguientes hechos:

➢ Por escrito radicado el 22 de agosto de 2011, el demandante solicitó el reconocimiento de cesantías definitivas 5.

➢ Mediante Resolución 67 del 9 de febrero de 2012, la Secretaría de Educación del municipio de Pereira le reconoció al actor la suma de $126.254.225, por concepto de cesantías definitivas , monto del cual se dispuso debitar l os siguientes conceptos :

MONTO DESTINATAR IO $15.393.76