CE - 012333000201700612021SENTENCIASENTENCIA20230330191441

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00612-02 (25654)

Demandante: Estación de Servicio La Gran Manzana Ltda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 66001-23-33-000-2017-00612-02 (25654)

Demandante ESTACIÓN DE SERVICIO LA GRAN MANZANA LTDA.

Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN Temas Impuesto a la renta. Año 2010. Determinación de ingresos para el distribuidor minorista de combustible. Ingresos omitidos. Cuentas por cobrar a socios. Intereses presuntos. Desconocimiento de pasivos. Renta gravable por omisión de activos y pasivos inexistentes. Deducción por salarios. Sanción por inexactitud. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de l 30 de abril de 20211, expedida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que resolvió: «1. Se niegan las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas a la parte demandante vencida, por lo expuesto en la parte

«1. Se niegan las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas a la parte demandante vencida, por lo expuesto en la parte considerativa.

3. Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente».

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El 29 de mayo de 2015, Estación de Servicio La Gran Manzana Ltda. corrigió su declaración de impuesto sobre la renta del año gravable 2010, presentada el 13 de abril de 2011, que originalmente había arrojado una pérdida fiscal. La corrección se dio con ocasión del emplazamiento para corregir Nro. 16238201500014 del 28 d e mayo de 2015 y en ella se registró un saldo a pagar de $16.631.000. Previo Requerimiento Especial Nro. 162382015000018 del 21 de agosto de 2015 y su correspondiente respuesta, la Dirección Seccional de Impuestos de Pereira profirió la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 162412016000009 del 19 de mayo de 2016, mediante la cual modificó la declaración de renta del año gravable 2010 en el sentido de: (i) adicionar activos por la suma de $940.930.000 2; (ii) incrementar las cuentas por cobrar en la suma de $121.273.0003; (iii) rechazar pasivos por $181.754.0004; (iv) adicionar ingresos brutos operacionales en la suma de

1 SAMAI, índice 2 expediente digital, pdf. 10. 2 Integrada por $387.463.458 por concepto de caja (por ventas no reportadas) del año 2010, más

1 SAMAI, índice 2 expediente digital, pdf. 10. 2 Integrada por $387.463.458 por concepto de caja (por ventas no reportadas) del año 2010, más $553.467.047 de ventas del año 2009, que no se llevaron a caja en ese año. 3 Este valor está conformado por reparto anticipado de utilidades por $101.972.659 de 2010 y $19.300.000 del año 2009 que, en total, suman $121.273.000. 4 Deuda por la construcción de la Estación de Servicio en el año 2008.Radicado: 66001-23-33-000-2017-00612-02 (25654)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 $440.453.0005; (v) adicionar ingresos brutos no operacionales en $2.181.000 6; (vi) rechazar gastos operacionales de administración por $19.048.0007; (vii) adicionar la renta gravable en la suma de $630.199.000 8 y, (viii) liquidar un a sanción por inexactitud equivalente a $576.513.000. Con ocasión del recurso de reconsideración interpuesto por la parte demandante, la DIAN modificó el acto liquidatorio mediante la Resolución Nro. 003523 del 23 de mayo de 201 7, únicamente, en lo correspondiente a la sanción por inexactitud, la cual calculó de forma más favorable al aplicar el porcentaje del 100% a la diferencia entre el saldo a pagar declarado y el saldo a pagar determinado por la

mayo de 201 7, únicamente, en lo correspondiente a la sanción por inexactitud, la cual calculó de forma más favorable al aplicar el porcentaje del 100% a la diferencia entre el saldo a pagar declarado y el saldo a pagar determinado por la Administración, lo que corresponde a la suma de $360.320.000. ANTECEDENTES PROCESALES Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones9: «De conformidad con el artículo 138 del C.P.A Y DE C.A. declare la nulidad de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración número 003523 del 23 DE MAYO DE 2017, notificada POR EDICTO personalmente el 22 de julio de 2016 ., (sic) y la liquida ción de Revisión nro. 162412015000032 del 11 de junio de 2015 (sic), expedida por la División Gestión Liquidación de la Dian, actos administrativos estos que confirman el requerimiento especial proferido por la División de Gestión de Fiscalización. Como consecuencia lógica ordénese Archivar el expediente nro. GO 2010 2013 000605 a nombre de la sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO LA GRAN MANZANA, NIT 900.229.354-1». A los anteriores efectos, la demandante invocó como normas vulneradas los artículos 2, 4, 29, 95 (numeral 9), 338 y 363 de la Constitución Política; 26, 35, 147,

A los anteriores efectos, la demandante invocó como normas vulneradas los artículos 2, 4, 29, 95 (numeral 9), 338 y 363 de la Constitución Política; 26, 35, 147, 239-1, 647, 694, 703, 704, 705, 706, 711, 714, 742, 745 y 746 del Estatuto Tributario; 10 de la Ley 26 de 1989; 264 de la Ley 223 de 1995 y el Decreto 3322 de 2006. El concepto de violación se resumen así10:

1. Firmeza de la declaración y oportunidad del requerimiento especial Dijo que la declaración privada se encuentra en firme puesto que el requerimiento especial no se notificó dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar, de acuerdo con el artículo 714 del Estatuto Tributario.

Advirtió que en el requerimiento especial la DIAN realizó un hibrido jurídico al sustentar su actuación en los artículos 147 y 714 del Estatuto Tributario, a partir de lo cual se verifica su falsa motivación por la violación del principio de legalidad, lo que incluso pretendió subsanar en la liquidación oficial desarrollando el artículo 147 ibidem. En dicho sentido, además, es evidente la duda de la Administración frente

5 Ventas de combustible no contabilizadas ni gravadas. 6 Por intereses presuntos sobre las utilidades anticipadas entregadas a los socios. 7 Diferencia no explicada en el pago del aporte a salud de diciembre de 2010. 8 Esta cifra deviene del resultado de sumar la renta gravable por las cuentas por cobrar a socios en 2009 en cuantía de $19.300.000 y por las ventas no ingresadas a caja en 2009 por la suma de $429.145.180 y el

8 Esta cifra deviene del resultado de sumar la renta gravable por las cuentas por cobrar a socios en 2009 en cuantía de $19.300.000 y por las ventas no ingresadas a caja en 2009 por la suma de $429.145.180 y el pasivo de 2008 declarado inexistente por $181.754.000. 9 SAMAI, índice 21 expediente electrónico, pdf. 11DEMANDA, pág. 18. 10 SAMAI, índice 21 expediente electrónico, pdf. 11DEMANDA, pág. 41 y ss.Radicado: 66001-23-33-000-2017-00612-02 (25654)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 a la norma y el término aplicable al caso, por lo que la demandada debió acudir al artículo 745 Estatuto Tributario y resolver esa duda a favor de la actora.

2. Adición de activos y renta líquida gravable Afirmó que, con fundamento en el artículo 239 -1 del Estatuto Tributario , la demandada pretende adicionar renta líquida gravable por omisión de activos , correspondiente a cuentas por cobrar a socios por valor de $508.736.117 (cifra derivada de sumar caja no reportada en el año 2010 por $387.463.458 más cuentas por cobrar a socios de $121.272.659), e ingresos presuntamente obtenidos en el 2009 que no fueron registrados en caja, por valor de $553.467.047.

Sobre esta última cifra, indicó que la DIAN, a pesar de contar con los datos que

por cobrar a socios de $121.272.659), e ingresos presuntamente obtenidos en el 2009 que no fueron registrados en caja, por valor de $553.467.047. Sobre esta última cifra, indicó que la DIAN, a pesar de contar con los datos que envió la Superintendencia de Sociedades producto de una investigación que se le adelantó, determina el valor de los ingresos con base en la documentación allegada dentro de la auditoría tributaria, indicando que la diferencia en ventas del 2009 frente a lo contabilizado es la suma de $572.767.047, a lo cual le resta la suma de $19.300.000, dinero que no ingresó a caja de la Gran Manzana porque se le entregó a los socios como distribución de utilidades, arrojando un valor de $553.467.047 , como valor del activo omitido, según la DIAN. Precisó sobre lo anterior que la DIAN, en el requerimiento especial, no tuvo en cuenta la corrección de la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2010, lo que es ilegal, genera la nulidad de ese acto y pone fin al proceso. Aclaró que las presuntas diferencias en ingresos obedecen a la sobretasa a la gasolina, la cual entra en la venta del combustible y se transfiere al «área metropolita» por intermedio de Chevron Petroleum Company, al igual que el impuesto global, que se recauda en la misma venta y se traslada a la citada compañía con una destinación especifica, es decir, estos valores no representan ingreso para la actora. De igual modo, dijo que el valor total de las calibraciones hechas a 36 mangueras no representa ingreso y que debe considerarse la pérdida por evaporación que se presenta diariamente y disminuye el inventario, razón por la que estos dos últimos

De igual modo, dijo que el valor total de las calibraciones hechas a 36 mangueras no representa ingreso y que debe considerarse la pérdida por evaporación que se presenta diariamente y disminuye el inventario, razón por la que estos dos últimos conceptos se toman como un menor valor de la venta. Consideró curioso que la DIAN pueda sustentar la adición de ingresos del año gravable 2010 en la investigación de la vigencia 2009, pero que, con base en el artículo 694 del Estatuto Tributario, no se le permita realizar su defensa con fundamentos correspondientes a otros años. Dijo que la DIAN incurrió en la violación del artículo 239 -1 del Estatuto Tributario, dado que esa norma parte del supuesto de periodos no revisables, condición que no se presenta en este caso, puesto que, bien por el artículo 714 o 147 del Estatuto Tributario, se está ante un periodo revisable. Añadió que la DIAN en el Oficio Nro. 34535 del 7 de abril de 2008, dijo que el artículo 239 -1 ibidem aplica a activos omitidos originados en periodos no revisables, por esto, los actos demandados violan el artículo 264 de la Ley 223 de 1995 , sobre el amparo de las actuaciones tributarias realizadas por los contribuyentes con fundamento en conceptos de la Administración.

3. Rechazo de pasivos En cuanto al rechazo de pasivos contraídos por la actora con el señor Yesid Romero por valor de $181.754.000, afirmó que corresponde a las compras de materialesRadicado: 66001-23-33-000-2017-00612-02 (25654)

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por valor de $181.754.000, afirmó que corresponde a las compras de materialesRadicado: 66001-23-33-000-2017-00612-02 (25654)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 realizadas a Ferretería Tama Ltda. para la construcción de la Estación de Servicio La Gran Manzana Ltda., en la suma de $203.186.024, cuya diferencia con la primera cifra radica fundamentalmente en el IVA generado de los bienes adquiridos. Aunque el acreedor negó que a 31 de diciembre del año 2010 tenía a su favor esta cuenta por cobrar, a la investigación se allegó la certificación en la que esta persona señala que la totalidad de las facturas de la citada ferretería corresponden al suministro de materiales para construcción de la estación de servicio citada, las cuales se informó están archivadas en la empresa Solomoflex propiedad del señor Yesid Romero. Facturas cuya existencia fue constatada por la División de Gestión de Liquidación de la DIAN, en la contabilidad del señor Romero, lo que demuestra que es cierto el gasto y por tanto el pasivo. Aclaró que no se podía aceptar lo dicho en cuanto a que el valor de las facturas mencionadas del año 2008 las pagó Yesid Romero con un pagaré del año 2011, puesto que este documento fue suscrito por el señor Orlando Res trepo y no está a favor de la sociedad. Adujo que la DIAN debió explicar la razón por la cual no tuvo como prueba la certificación emitida por Yesid Romero.

4. Adición de ingresos brutos operacionales

favor de la sociedad. Adujo que la DIAN debió explicar la razón por la cual no tuvo como prueba la certificación emitida por Yesid Romero.

4. Adición de ingresos brutos operacionales Frente a la adición de ingresos por $440.453.182 referentes a la venta de combustibles, indicó que, es contradictorio que la DIAN en el emplazamiento para corregir reprochara a la actora el cálculo del margen de utilidad con base en el artículo 26 del Estatuto Tributario y le exigiera realiz ar dicha operación según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 26 de 1989 , para luego, en el requerimiento especial exigirle lo contrario, esto es, que aplicara el artículo 26 ibidem.

Planteó que la demandada en el emplazamiento incurrió en el error de establecer un ingreso por $498.657.526 con base en un margen de rentabilidad al que adicionó el valor de la evaporación, cuando la norma dice que hay que restárselo y, además, le sumó el valor del transporte, que la Ley 26 de 1989 , en su artículo 10, no contempla. Sostuvo que, en el requerimiento especial la Administración incrementó inexplicablemente los ingresos en $440.453.182, violando la ley, ya que los márgenes de comercialización, el número de galones de gasolina vendidos y el porcentaje de evaporación, son iguales a los del emplazamiento para corregir. De acuerdo con lo anterior, señaló que hay violación directa del principio de tipicidad y legalidad tributaria, y que el derecho de defensa también fue anulado en todas las etapas del proceso. Además, dijo que con la liquidación oficial, la Administración retomó lo señalado en el referido emplazamiento, con una vulneración adicional al derecho de defensa, al

etapas del proceso. Además, dijo que con la liquidación oficial, la Administración retomó lo señalado en el referido emplazamiento, con una vulneración adicional al derecho de defensa, al sorprenderla con una nueva normativa, esto es, con las Resoluciones 82439 de 1998, 181088 de 2005, 180222 de 2006, 180769 de 2007,181232 de 2008, así como, 1 80134 y 180825 de 2009 , incluso con una norma del año 2012, la Resolución 181254, cuando la investigación se refiere al año gravable 2010. Indicó que, como la motivación del emplazamiento para corregir, del requerimiento especial y de la liquidación de revisión difiere en los tres actos, no existe unidad de criterio, en el proceso de investigación y determinación del tributo. Resaltó que en el requerimiento especial la DIAN reconoce la aplicación del artículo 10 de la Ley 26 de 1989, sin embargo , inventó una fórmula en donde incluyó tres factores, peroRadicado: 66001-23-33-000-2017-00612-02 (25654)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 cambió el margen de comercialización establecido por el Gobierno, por uno para «el combustible (i) en el mes (n)», lo que señal ó está dado por el precio final de venta del distribuidor minorista al público menos el precio de adquisición (compra) del distribuidor minorista. De manera que la demandada se apartó de la fórmula que ideó para ubicarse en el artículo 26 del Estatuto Tributario.

distribuidor minorista al público menos el precio de adquisición (compra) del distribuidor minorista. De manera que la demandada se apartó de la fórmula que ideó para ubicarse en el artículo 26 del Estatuto Tributario. Adujo que, en la liquidación oficial, la DIAN partió de los resultados de la regla de tres simple para aplicar el artículo 10 de la Ley 26 de 1989, y conociendo que para este cálculo no tiene incidencia si el régimen es de libertad regulada o vigilada, los diferenció, y, apartándose de su doctrina, concepto DIAN 68466 del 21 de octubre de 2002, le exigió definir el precio de venta según la Resolución 181254 de 2012, norma que dejó a elección del distribuidor minorista establecer dicho precio o no. La actora dijo que aplicó el artículo 10 de la Ley 26 de 1989, lo que se evidencia de la corrección que presentó con ocasión del emplazamiento para corregir. La DIAN, en el requerimiento especial, no supo si debía emplear el artículo 10 de la Ley 26 de 1989 o la fórmula que ella se inventó utilizando una regla de tres. Empero, con la liquidación oficial , la Administración señaló que la única norma aplicable era el artículo 10 de la Ley 26 de 1989, bajo el régimen de libertad vigilada, teniendo en cuenta el margen de comercialización señalado por el gobierno, sin mencionar la regla de tres simple que se inventó «en la etapa de fiscalización, sin embargo , partió de los valores que resultaron de la regla de tres simple». Además, frente al desconocimiento de costos por evaporación , dijo que era consecuencia de la forma de calcular el margen de comercialización utilizado por la

valores que resultaron de la regla de tres simple». Además, frente al desconocimiento de costos por evaporación , dijo que era consecuencia de la forma de calcular el margen de comercialización utilizado por la DIAN, de manera que, si la base del cálculo no está conforme con el artículo 10 de la Ley 26 de 1989, dicho valor necesariamente debe reflejar diferencia. La DIAN también es incongruente en el cálculo de los presuntos ingresos , puesto que en el requerimiento los fijó en $469.292.356 , producto de la aplicación del artículo 26 del E statuto Tributario, pero antes los había establecido en $238.783.991, presentándose una diferencia no explicada de $230.508.365. Por esto, la DIAN debió acatar la Circular 0175 del 29 de octubre de 2001 sobre seguridad jurídica y aplicar correctamente el artículo 10 de la Ley 26 de 1989. Agregó que, para la determinación de ingresos por $440.453.182 correspondientes a la venta de combustibles, la DIAN negó la aplicación del artículo 107 del Estatuto Tributario y creó una presunción legal para la procedencia de costos y gastos que el artículo 10 de la Ley 26 de 1989 no previó, toda vez que tomó el número de galones, lo multiplicó por el margen de comercialización más la evaporación, menos la misma evaporación, más el transporte. Es decir, la DIAN realizó una operación matemática no prevista en la ley, dándole un efecto neutro al descuento del margen de pérdida por evaporación. Además, que se equivocó en calcular esta suma con una regla de tres, cuando tales ingresos se comprueban como lo indica la ley con documentos, indicios o presunciones. Así, sostuvo que las diferencias entre la motivación del requerimiento especial y la

se equivocó en calcular esta suma con una regla de tres, cuando tales ingresos se comprueban como lo indica la ley con documentos, indicios o presunciones. Así, sostuvo que las diferencias entre la motivación del requerimiento especial y la liquidación de revisión vulneraron los artículos 703, 704, 711, 742, 745 y 746 del Estatuto Tributario. Además, que es contrario al artículo 694 ibidem que la DIAN no respete la independencia de los años gravables, en la medida que sustentó el proceso en la investigación del año 2009, así como en los años 2010, 2011 y 2012.Radicado: 66001-23-33-000-2017-00612-02 (25654)

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5. Adición de ingresos brutos no operacionales Sobre esta glosa por concepto de intereses presuntos en la suma de $2.181.000, precisó que la DIAN desconoció su derecho al debido proceso al adicionarlos respecto de las cuentas por cobrar a los socios por utilidades anticipadas , a pesar de que su sustento es el artículo 151 del Código de Comercio, que no prevé la causación de tales intereses.

Afirmó, que es violatorio del principio de legalidad que las conclusiones de los funcionarios en el requerimiento especial obedecieran a apreciaciones subjetivas, desconociendo las pruebas que obran en el expediente y el valor que debe dárseles conforme con el Estatuto Tributario. Argumentó que si la DIAN pretendió sustentar

funcionarios en el requerimiento especial obedecieran a apreciaciones subjetivas, desconociendo las pruebas que obran en el expediente y el valor que debe dárseles conforme con el Estatuto Tributario. Argumentó que si la DIAN pretendió sustentar la adición de esos ingresos -interesescon la presunción del artículo 35 del Estatuto Tributario, este fundamento solo obra en la liquidación oficial de revisión, por lo que también se le violó el derecho de defensa.

6. Rechazo de gastos operacionales de administración Señaló que es improcedente el rechazo de gastos operacionales de administración por deducciones laborales en la suma de $19.048.332 , porque los aportes a la seguridad social los cancelaba mes vencido, por lo tanto, el pago del mes de diciembre se realizó en el mes de enero siguiente.

7. Sanción por inexactitud Dijo que no procedía, teniendo en cuenta las razones de orden legal expuestas que desvirtúan los actos demandados. Además, porque conforme con el parágrafo 2 del artículo 647 del Estatuto Tributario, no hay lugar a la sanción cuando las glosas se derivan de una interpretación razonada, y este caso el debate versa sobre aplicación indebida de los artículos 26 y 239-1 del Estatuto Tributario.

Oposición de la demanda La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda 11, con fundamento en los siguientes argumentos: Sostuvo que l a decisión de la Administración se tomó conforme co n los artículos 742 y 743 del Estatuto Tributario y, no existe la falta de motivación que, de manera desordenada y nada concreta, invoca la actora, pues a partir de l requerimiento

Sostuvo que l a decisión de la Administración se tomó conforme co n los artículos 742 y 743 del Estatuto Tributario y, no existe la falta de motivación que, de manera desordenada y nada concreta, invoca la actora, pues a partir de l requerimiento especial y de su respuesta se profirieron la liquidación oficial y la resolución que decidió el recurso de reconsideración, aplicando la normativa especial del caso. Expuso que no se presenta la causal de nulidad por extemporaneidad, pues la declaración inicial arrojó pérdida fiscal , lo que, de acuerdo con el artículo 147 del Estatuto Tributario, otorgaba a la Administración un término de 5 años para proferir y notificar el requerimiento especial. No se violó el artículo 694 del Estatuto Tributario, pues para la modificación de la declaración del año 2010 se hizo una investigación y determinación independiente, aunque conforme con el artículo 239-1 ibidem fue necesario incluir la renta gravable de los activos omitidos y pasivos inexistentes de periodos no revisables.

11 SAMAI, índice 2 expediente digital, pdf. 4, páginas. 151 a 175.Radicado: 66001-23-33-000-2017-00612-02 (25654)

Demandante: Estación de Servicio La Gran Manzana Ltda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Igualmente, no se configuró la incongruencia o falta de correspondencia alegada, porque se le indicó para cada concepto la norma a aplicar, y las glosas del requerimiento especial y de la liquidación oficial de revisión se refieren a los mismos

7 Igualmente, no se configuró la incongruencia o falta de correspondencia alegada, porque se le indicó para cada concepto la norma a aplicar, y las glosas del requerimiento especial y de la liquidación oficial de revisión se refieren a los mismos hechos, iguales renglones, por lo que guardan plena correspondencia y no se desconoce la jurisprudencia invocada por la demandante. Acotó que el fundamento jurídico invocado para cada valor adicionado en los actos demandados no fue equivocado, erróneo o indebidamente aplicado. Explicó que, si bien en la mayoría de las adiciones de ingresos operan las normas generales establecidas para la depuración ordinaria de la renta, es especial la regulación en materia de ingresos por venta de combustible líquidos y derivados del petróleo. Dijo que la DIAN asumió la carga inicial de la prueba respecto de la declaración de renta de la demandante y que, a partir de las pruebas allegadas a la investigación , desvirtuó su presunción de veracidad. Así, le correspondía a la actora desestimar las glosas propuestas con pruebas idóneas, empero, los documentos allegados con el requerimiento especial no eran pertinentes , porque, una vez valorad os, no permitieron demostrar la realidad de los hechos cuestionados , de ahí que no se haya cumplido la condición para aplicar el artículo 745 del Estatuto Tributario. Frente a la sanción por inexactitud, manifestó que en los actos demandados se explicó de forma clara y minuciosa las razones que motivaron su imposición. Destacó que, en la resolución del recurso de reconsideración , la sanción se disminuyó al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar declarado y el mayor saldo

explicó de forma clara y minuciosa las razones que motivaron su imposición. Destacó que, en la resolución del recurso de reconsideración , la sanción se disminuyó al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar declarado y el mayor saldo a pagar determinado por la Administración. Sentencia apelada El Tribunal negó las pretensiones de la demanda 12, con base en los siguientes planteamientos: Dijo que el requerimiento especial fue oportuno, en tanto se notificó el 28 de agosto de 2015 y la firmeza de la declaración se extendía hasta el 13 de mayo de 2016. Lo anterior, porque se encontraba sujeta al término especial de firmeza de 5 años, puesto que en la declaración se compensaron pérdidas fiscales , y, en todo caso, dicho plazo se suspendió por 1 mes con ocasión de la notificación del emplazamiento para corregir. Señaló que no se desconoció el principio de correspondencia ni el debido proceso, porque en el requerimiento especial como en la liquidación oficial de revisión la DIAN invocó los artículos 147, 705, 706 y 714 del Estatuto Tributario, al igual que el artículo 12 del Decreto 4836 de 2010. Destacó que la actuación acusada fue suficientemente motivada, toda vez que, en los actos acusados se expusieron los argumentos fácticos como de derecho , que fueron puestos en conocimiento de la demandante oportunamente. En lo que respecta a la adición de ingresos operacionales por venta de combustibles líquidos y derivados de petróleo, dijo que no es cierto que en los actos demandados se aplicaran de manera indistinta los artículos 26 del Estatuto Tributario y 10 de la

En lo que respecta a la adición de ingresos operacionales por venta de combustibles líquidos y derivados de petróleo, dijo que no es cierto que en los actos demandados se aplicaran de manera indistinta los artículos 26 del Estatuto Tributario y 10 de la Ley 26 de 1989, pues los ingresos brutos son un factor diferente a la renta bruta. De ahí que, indefectiblemente, tuviera que aplicarse la depuración ordinaria del artículo

12 SAMAI, índice 2 expediente digital, pdf. 10.Radicado: 66001-23-33-000-2017-00612-02 (25654)

Demandante: Estación de Servicio La Gran Manzana Ltda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 26 para la adición de ingresos operacionales de accesorios, gas, lubricante y no operacionales por los intereses presuntos. Sobre el procedimiento que la Administración inició en contra de la actora por el año gravable 2009 y que terminó en auto de archivo, consideró que no era posible realizar un análisis con sustento en vigencias fiscales anteriores, en acatamiento de los principios de independencia de los periodos gravables y de la firmeza de las obligaciones formales, pero, o tro asunto es que la determinación de ingresos por intereses presuntos parta de saldos de períodos diferentes. Frente a la adición de ingresos por $2.181.000 respecto a las cuentas por cobrar a socios, dijo que procedía la liquidación de intereses presuntos , de acuerdo con el artículo 35 del Estatuto Tributario , por que la Superintendencia de Sociedades

Frente a la adición de ingresos por $2.181.000 respecto a las cuentas por cobrar a socios, dijo que procedía la liquidación de intereses presuntos , de acuerdo con el artículo 35 del Estatuto Tributario , por que la Superintendencia de Sociedades encontró que la repartición anticipada de utilidades desde la vigencia 2009 se realizó sin las formalidades propias de la norma comercial, razón por la que , desde ese momento, se presume que la sociedad otorgó préstamos a los socios generándose intereses presuntos, hecho que no admite prueba en contrario tratándose de una presunción de derecho. En relación con la indebida aplicación del artículo 239 -1 del Estatuto Tributario, sostuvo que se generó una renta líquida gravable por $ 429.145.180 producto de ingresos reales no declarados caja en el año 2009 por la suma de $553.467.047, que corresponden a activos omitidos de un año gravable que se encuentra en firme, como se advirtió en la liquidación oficial. Finalmente, respecto a la sanció