CE - 012333000201700693021SENTENCIA20230530143406

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2017-00693-02 (2436-2018)

Demandantes: Jaime Augusto Gómez Acosta

Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

Temas: Acto de retiro. Concurso de méritos.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 11 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de l o Contencioso Administrativo2, Jaime Augusto Gómez Acosta presentó demanda en orden a que se decida sobre lo siguiente:

• Inaplicar las resoluciones 040 del 20 d e enero de 2015, por medio de la cual se

Contencioso Administrativo2, Jaime Augusto Gómez Acosta presentó demanda en orden a que se decida sobre lo siguiente:

• Inaplicar las resoluciones 040 del 20 d e enero de 2015, por medio de la cual se convocó a concurso de méritos para proveer los cargo s de procuradores judiciales I y II; y 340 del 8 de julio de 2016, que publicó la lista de elegibles para el empleo de procurador judicial penal.

• Declarar la nulidad del Decreto 3423 del 8 de agosto de 2016 que dispuso su

1 Folios 16 a 57. 2 En adelante CPACA.2

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00693-02 (2436-2021) Demandante: Jaime Augusto Gómez Acosta desvinculación de la entidad como procurador judicial I penal.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) su reintegro al cargo de procurador 216 judicial I penal de Sogamoso ; ii) el pago de los salarios y prestaciones sociales dejad os de p ercibir desde el 2 de septiembre de 2016, fecha de retiro, en forma indexada, hasta la fecha en que se profiera la sentencia, así como los perjuicios de orden moral en su favor y en el de su cónyuge Ruth Angélica Blanco Vega e hija Natalia Gómez Blanco , tasados en 100 smmlv para cada uno ; y iii) condenar a la demandad a al pago de las costas y agencias en derecho.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

• Jaime Augusto Gómez Acosta se desempeñó como procurador 216 judicial I

agencias en derecho.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

• Jaime Augusto Gómez Acosta se desempeñó como procurador 216 judicial I penal de Sogamoso.

• La Procuradu ría General de la Nación expidió el 20 de enero de 2015 la Resolución 040 y, a través de ella , convocó y reglamentó el concurso público de méritos para proveer 744 cargos de procurador judicial I y II.

• El 20 de abril de 2015 se publicó la lista de admitid os y no admitidos al concurso de méritos. El 13 de septiembre del mismo año se realizó la prueba escrita y comportamental y los resultados se publicaron el 7 de octubre y el 4 de noviembre de 2015.

• En el interregno ent re las pruebas y la publicación de lo s resultados se presentaron las quejas SIAF394606 -2015, 402757 -2015,413341-2015, 433264-2015 y 433264 -2015, en las que se informó acerca de varias irregularidades del concurso, tales como la violación del protocolo de seguridad y cadena de custodia de los cuadernillos de preguntas, en las ciudades de Cali, Pasto y Pereira, su comercialización y anomalías en puntajes de 100 puntos obtenidos por algunos participantes.

• La Procuraduría General de la Nación mediante la Resolución 1440 del 18 de diciembre de 201 6 resolvió las quejas presentadas y las desestimó al considerar que no se probó lo alegado. El 24 de febrero de 2016 p ublicó los

diciembre de 201 6 resolvió las quejas presentadas y las desestimó al considerar que no se probó lo alegado. El 24 de febrero de 2016 p ublicó los resultados de los análisis de antecedentes y el 8 y 11 de julio de 2016 , las resoluciones 337 a 349 que contenían la lista de e legibles para las convocatorias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 y 15 de 2015.3

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00693-02 (2436-2021) Demandante: Jaime Augusto Gómez Acosta - A través de las resoluciones 358 del 12 de julio, 410 del 31 de agosto, 428 del 6 de septiembre, 453 del 3 de octubre y 711 del 31 de octubre, todas de 2016 , modificó la lista de elegibles en cumplimiento de diversas sentencias judiciales derivadas de acciones de tutela interpuestas por los participantes del concurso.

• La Procuraduría General de la Nación expidió el 8 de agosto de 2016 el Decreto 3423 , mediante el cual adoptó la lista de elegibles , publicada en la Resolución 340 de igual anualidad y designó a Diego Francisco Niño Ramírez en el empleo ocupado por el demandante y dispuso su desvinculación.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 4, 13, 113, 125, inciso 3, 152, 279 y 280 de la Constitución Política; 194 y 203 del Decreto Ley 262 de 20 00; 20 del Decreto

Como tales, se señalaron los artículos 4, 13, 113, 125, inciso 3, 152, 279 y 280 de la Constitución Política; 194 y 203 del Decreto Ley 262 de 20 00; 20 del Decreto 263 de 2000; 4 y 7 del Decreto 264 de 2000; 14 del Decreto 2772 de 2005; 229 del Decreto 19 de 2012; la Resolución 253 del 9 de agosto de 2012 y la sentencia C101 de 2013.

En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos3:

• Los procuradores judiciales I y II deben tener las mismas condiciones y calidades de los jueces y magistrados ante quienes desempeñan sus funciones, según lo dispone el artículo 280 de la Constitución Política. Por tanto, el concurso de méritos para vincularlos debe ser igual al de estos, pues colaboran directamente con la administración de justicia y deben contar con similares capacidades y formación. Si bien l os procuradores judiciales I y II dependen jerárquicamente del Procurador General de la Nación, ello no implica que sus cualidades profesionales deban ser inferiores a las de los jueces.

De igual modo, estos no pueden ser comparados con otros procuradores, en la medida que son de carrera , además intervienen en procesos en la Rama Judicial, por lo que requieren un régimen particular de carrera administrativa . En tal sentido, no les es aplicable el Decreto ley 262 de 2000 porque se enfoca en perfiles distintos y no reguló el curso de formación judicial que es obligatorio para los jueces y magistrados y, por ende, debe incluirse en el concurso de tales servidores púb licos, lo que no se hizo en la Resolución 040 del 20 de

en perfiles distintos y no reguló el curso de formación judicial que es obligatorio para los jueces y magistrados y, por ende, debe incluirse en el concurso de tales servidores púb licos, lo que no se hizo en la Resolución 040 del 20 de enero de 2015.

• La expedición de la r esolución mencionada vulneró el principio de reserva de ley y, por ende, es nula por vulnerar las normas en que debía fundarse. Ello,

3 Folios 21 a 54.4

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00693-02 (2436-2021) Demandante: Jaime Augusto Gómez Acosta puesto que l os artículos 125 y 279 de la Constitución Política disponen qu e la

regulación del régimen de carrera administrativa de la Procuraduría General de la Nación corresponde al legislador. Por tal razón, el procurador general no podía reglamentar sus aspectos esenciales, tales como las homologaciones o equivalencias, la di vulgación del concurso de méritos o la elaboración del «Acuerdo de inscripción» y las reglas de evaluación y calificación (citó l a sentencia C-878 de 2008 que se refirió a la reglamentación del concurso de la Fiscalía General de la Nación).

El Decreto Ley 262 de 2000 solo facultó a dicho funcionario a reglar el concurso de méritos de los procuradores con funciones administrativas, pero no el relacionado con los procuradores judiciales I y II, pues este último, una vez que se profirió la sentencia C -101 de 2013, debe ser reglado por la ley y contener iguales exigencias y derechos que el realizado para los jueces y magistrados.

vez que se profirió la sentencia C -101 de 2013, debe ser reglado por la ley y contener iguales exigencias y derechos que el realizado para los jueces y magistrados.

• La entidad, al proferir la Resolución 040 de 2015 , desconoció la reserva de ley estatutaria y actuó sin competencia. Es así, por cuanto el artículo 152, literales a y b, de la Constitución Política , dispuso que lo s temas relacionados con la administración de just icia deben ser reglamentado s a través de ese tipo de leyes por el Congreso de la República. Tal proceder aplicaba en el concurso de los procuradores I y II, al ser estos equivalentes a los cargos de los jueces y desempeñar funciones jurisdiccionales.

• La Resolución 040 de 2015 vulneró el mandato del artículo 20 del Decreto 263 de 2000, toda vez que no incluyó las equivalencias de experiencia y títulos de posgrados que aplican para los empleos del nivel profesional. A l ser así, también están viciados de nulidad los demás actos administrativos que de ella se derivaron y, específicamente, el que decidió la desvinculación del demandante.

• La resolución aludida y, por ende, los demás actos administrativos a los que les dio origen, transgredieron el contenido de los artículos 14 del Decreto 2772 de 2005 y 229 del D ecreto 19 de 2012, al fijar como requisito que la experiencia profesion al que debía computarse era la obte nida después del grado, c uando las normas citadas indican que esta se cuenta desde la terminación y aprobación de todas las materias.

• La resolución a la que se ha hecho referencia, al regular que solo se tendrían

grado, c uando las normas citadas indican que esta se cuenta desde la terminación y aprobación de todas las materias.

• La resolución a la que se ha hecho referencia, al regular que solo se tendrían como válidos los libros aportados en físico , contravino la Ley 527 de 1999 y el artículo 165 del Código General del Proceso, normas que dan plena validez y eficacia probatoria a los mensajes de datos y a los documentos electrónicos.5

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00693-02 (2436-2021) Demandante: Jaime Augusto Gómez Acosta Así las cosas , no existe justi ficación jurídica para dejar de aceptar los libros presentados en estos formatos.

• El Decreto 3423 de 2016 no fue notificado personalmente, pese a que su contenido es particular y concreto. En consecuencia, se infringió lo reglado en los artículos 67, 68 y 69 del CPACA.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Procuraduría General de la Nación

La entidad contestó la demanda 4 y se opuso a las pretensiones con fundamento en las siguientes razones:

• Con la expedición de la Resolución 040 de 2015 se dio cu mplimiento a la sentencia C -101 de 2013 , en la que la Corte Constitucional ordenó convocar a concurso público de méritos a todos los cargos de procurador judicial. Para ello se expidieron las respectivas convocatorias.

• El régimen de carrera administrativa de los procuradores judiciales no es igual al de los jueces y magistrados, puesto que es el regula do en el D ecreto Ley 262 de

expidieron las respectivas convocatorias.

• El régimen de carrera administrativa de los procuradores judiciales no es igual al de los jueces y magistrados, puesto que es el regula do en el D ecreto Ley 262 de

2000. Así lo definió también la Corte Constitucional en la sentencia citada y en el auto del 6 de noviembre de 2013 , en el que aclaró que la igualdad entre estos servidores se predica solo en lo que se refiere al derecho a ingresar al servicio a través de un concurso público de méritos. Además, la Ley 270 de 1996 r ige específicamente para la Rama Judicial y no puede hacerse extensiva al organismo de control.

• El curso-concurso no está incluido en el Decreto Ley 262 de 2000 como una de las etapas que deb a surtirse en el concurso de méritos para acceder al cargo de procurador judicial, en consecuencia, no era aplicable en este caso. La Resolución 040 de 2015 cumplió con lo prescrito en dicha norma , al incluir todas las etapas

que prevé y no podía adelantar el curso al no ser parte del régimen de carrera y, además, porque la orden judic ial solo otorgaba un año para realizar el proce so de selección y porque la entidad no hace parte de la Rama Judicial.

• De aceptarse que era necesario agotar la etapa del curso -concurso para seleccionar los procuradores judiciales, no debe pasarse por alto que esta no es la única forma de hacer ese pr oceso, pues el Decreto Ley 262 de 2 000 establece etapas más rigurosas que las aplicables a otros concursos de méritos.

4 Folios 144 a 191.6

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00693-02 (2436-2021)

etapas más rigurosas que las aplicables a otros concursos de méritos.

4 Folios 144 a 191.6

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00693-02 (2436-2021)

Demandante: Jaime Augusto Gómez Acosta

• No es necesario que el régimen de carrera administrativa de los procuradores aludidos se regule en una ley ordinaria o en una ley esta tutaria, dado que la Corte Constitucional en la sentencia C -101 de 2013 fue clara en afirmar que el aplicable es el del Decreto Ley 262 de 2000. De igual manera, porque el decreto otorgó facultades al procurador general de la Nación para que fijara las eta pas y el proceso de calificación dentro del trámite concursal.

• De conformidad con el artículo 20 del Decreto Ley 263 de 2000, el jefe del Ministerio Público está en la libertad de determinar o no equivalencias en el concurso de méritos y no es una obligación. Por tal razón, en la Resolución 040 de 2015 no se estableció tal posibilidad sin que ello implicara un vicio en su legalidad.

A ello se suma que los requisitos mínimos para ser juez o magistrado , exigibles a los procuradores judiciales por mandato del artículo 280 constitucional, tampoco admiten equivalencias, por lo que quien concurse para ocupar esos cargos debe cumplir l as exigencias establecidas de manera obligatori a sin que pue dan disminuirse o reemplazarse. Este argumento también desvirtúa lo alegado en la demanda, según lo cual , el cómputo de la experiencia profesional se debe hacer desde la terminación de materia s como lo dispone los Decretos 19 de 2002 y el

disminuirse o reemplazarse. Este argumento también desvirtúa lo alegado en la demanda, según lo cual , el cómputo de la experiencia profesional se debe hacer desde la terminación de materia s como lo dispone los Decretos 19 de 2002 y el 2272 de 2005, puesto que la norma constitucional impone el cumplimiento íntegro de los mismos requisitos de experiencia regulados en el artículo 128 de la Ley 270 de 1996 que deben acatar los primeros funcionarios mencionados.

• Aunque el CPACA autoriza los documentos electrónicos, el Decreto Ley 262 de 2000 previó la necesidad de que lo s libros se presenten en medio físico. Esta norma debe prevalecer, puesto que regula de forma específica el concurso público de méritos.

• El Decreto 3423 de 2016, a través del cual se dispuso el nombramiento de quien estaba en la lista de elegibles y se desvinculó al demandante, no debía ser notificado de manera personal, teniendo en cuenta que constituye un acto de ejecución de la orden impartida por la Corte Constitucional en la sentencia C -101 de 2013. Este tipo de actos administrativos no admiten rec ursos en su contra, por así disponerlo el artículo 67 del CPACA.

1.2.2. Diego Francisco Niño Ramírez7

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00693-02 (2436-2021) Demandante: Jaime Augusto Gómez Acosta Diego Francisco Niño Ramírez contestó la demanda 5 y se opuso a las pretensiones, para lo cual formuló las siguientes excepciones:

• Ineptitud sustantiv a de la demanda: en la demanda se solicitó inaplicar la

Diego Francisco Niño Ramírez contestó la demanda 5 y se opuso a las pretensiones, para lo cual formuló las siguientes excepciones:

• Ineptitud sustantiv a de la demanda: en la demanda se solicitó inaplicar la Resolución 040 de 2015 porque el concurso de méritos de los procuradores

judiciales debía ser gobernado por un régimen especial de carrera. Al ser así, debió también demandarse el contenido del Decret o Ley 262 de 2000 que le sirvió de sustento y no se hizo.

• Inexistencia de incompatibilidad visible e indiscutible entre los artículos 13 y 280 de la Constitución Política y los actos administrativos generales expedidos durante el concurso de méritos: ex isten fundamentos de la compatibilidad de las normas y tales actos porque la sentencia C-101 de 2013 ordenó que el proceso de selección se debía adelantar bajo el régimen del Decreto Ley 262 de 2000.

• Inexistencia de vicios en la Resolución 040 de 2015 y demás actos demandados: el acto administrativo mencionado, la Resolución 340 de 2016 y el Decreto 3423 de 2000 fueron expedidos en cumplimiento de la sentencia C -101 de 2013 que dispuso que se debía llevar a cabo un concurso de méritos para seleccionar a los procuradores judiciales. Para su expedición , la propia Corte avaló en la

providencia que el régimen de carrera aplicable era el establecido en el Decreto Ley 262 de 2000 y no hizo extensivo el que regula a la Rama Judicial.

• Legalidad del concurso co nvocado mediante la Resolución 040 de 2015: el proceso de selección aplicó las etapas previstas en el Decreto 262 de 2000,

• Legalidad del concurso co nvocado mediante la Resolución 040 de 2015: el proceso de selección aplicó las etapas previstas en el Decreto 262 de 2000, norma que es la aplicable, puesto que la equiparación que hizo la Corte Constitucional entre jueces y procuradores judiciales se refi rió a sus calidades y

derechos, pero no a l régimen de carrera administrativa. Adicionalmente, las funciones de estos servidores públicos no son iguales.

• Existencia de cosa juzgada frente a l régimen de carrera aplicable para proveer

los cargos de carrera de procuradores judiciales: la Corte Constitucional definió, en la sentencia C -101 de 2013 , que el régimen de carrera que debía regir el concurso público de méritos de los procuradores judiciales era el previsto en el Decreto Ley 262 de 2000.

• Situación jurídica consolidada: el nombramiento en propiedad de Diego Francisco Niño Ramírez constituye una situación jurídica consolidada que no puede ser desconocida por los efectos del fallo de nulidad, en caso de que se acceda a las pretensiones.

5 Folios 199 a 220.8

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00693-02 (2436-2021)

Demandante: Jaime Augusto Gómez Acosta

• Irregularidad en la notificación del Decreto 3423 de 2016 n o es causa de nulidad: los defectos que pued an presentarse en las notificaciones de los actos administrativos inciden en su eficacia, pero no en su validez, razón por la que no pueden ser declarados nulos.

1.3. La sentencia apelada

los defectos que pued an presentarse en las notificaciones de los actos administrativos inciden en su eficacia, pero no en su validez, razón por la que no pueden ser declarados nulos.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Boyacá , en sentencia del 11 de febrero de 2021 6, denegó las pretensiones de la demanda.

Para tal efecto, se pronunció en estos términos7:

• La Corte Constitucional en la sentencia C -101 de 2013 d eclaró inexequible la expresión «procurador judicial» del artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000 . En este sentido, consideró que no eran funcionarios de libre nombramiento y remoción sino empleados de carrer a administrativa y ordenó la realiz ación del concurso de méritos respectivo para proveer sus vacantes.

• De acuerdo con el artículo 279 de la Constitución Política es la ley la que debe

fijar el régimen de carrera administrativa de los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación. Así, se expidió el Decreto Ley 262 de 200 0 que lo regula de manera integral.

• La sentencia C -101 de 2013 estableció que a los procuradores judiciales se les

aplica el régimen de carrera del Decreto Ley 262 de 2000 y no el previsto para los funcionarios de la Rama Judi cial. Ello fue reiterado en el auto 255 del 6 de noviembre de 2013. Tales servidores, por virtud del artículo 280 de la Constitución Política, se equiparan en su derecho a ingresar al servicio público mediante un concurso de méritos, pero no en cuanto a sus sistemas de carrera.

Por lo anterior, no les es aplicable el curso-concurso regulado en el artículo 168 de

Política, se equiparan en su derecho a ingresar al servicio público mediante un concurso de méritos, pero no en cuanto a sus sistemas de carrera.

Por lo anterior, no les es aplicable el curso-concurso regulado en el artículo 168 de la Ley 270 de 1996 y, además, porque está diseñado para la formación de quienes van a prestar la función judicial, lo cual no hacen los procuradores, quienes tienen funciones preventivas, de control, disciplinarias y de protección y defensa de los derechos humanos. Así mismo, no es exigible porque el Decreto Ley 262 de 2000 no lo incluyó como una etapa a superar en el proceso de selección.

6 Folios 435 a 451. 7 Folios 476 a 481.9

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00693-02 (2436-2021) Demandante: Jaime Augusto Gómez Acosta - Para la realización del concurso de méritos no era necesario que el Congreso de

la República expidiera una nueva ley que regulara el régimen de carrera de los procuradores judiciales, por cuanto la Corte Constitucional dispuso, en la sentencia C -101 de 2013, que la normativa aplicable era el Decreto Ley 262 de

2000. En consecuencia, no se vulneró el principio de reserva de ley que se alega en la demanda.

• La ausencia de equivalencias en la Resolución 040 de 2015 no infringió el artículo 20 del Decreto 262 de 2000, comoquiera que es facultativo del procurador general de la nación fijar estas en el manual de funciones ; ahora, c omo en la Resolución 253 de 2013 que lo regló no se incluyeron, tampoco era posible exigirlas en el proceso de selección. Además, si así se hubiera hecho, se

general de la nación fijar estas en el manual de funciones ; ahora, c omo en la Resolución 253 de 2013 que lo regló no se incluyeron, tampoco era posible exigirlas en el proceso de selección. Además, si así se hubiera hecho, se vulneraría el artículo 280 de la Constitución Política que previó que los procuradores deben tener iguales calidades a la s de los jueces y magistrados. Esta premisa también se aplica para efectos de exigir la experiencia mínima para ocupar el empleo y desde qué momento se computa.

-El Procurador General de la Nación , en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 205 del Decreto 262 de 2005 , podía establecer como una regla que los libros o textos publicados debían ap ortarse de manera física para efectos de obtener puntaje. Esta exigencia no es desproporcionada y no se advierte que haya afectado al demandante.

• El Decreto 3423 de 2016 , que dispuso el retiro del servicio , no fue notificado de modo personal como lo ord ena el artículo 66 de la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, esta circunstancia afecta su eficacia más no su validez, por lo que no es razón para declarar su nulidad. Además, quedó demostrado que el acto administrativo sí produjo efectos, puesto que al demandan te se le retiró del servicio.

1.4. El recurso de apelación

Jaime Augusto Gómez Acosta interpuso recurso de apelación 8 y expuso como argumentos, para la revocatoria de la sentencia, los siguientes:

• La Resolución 040 de 2016 y los actos administrativ os que de ella se derivaron

Jaime Augusto Gómez Acosta interpuso recurso de apelación 8 y expuso como argumentos, para la revocatoria de la sentencia, los siguientes:

• La Resolución 040 de 2016 y los actos administrativ os que de ella se derivaron se expidieron con vulneración de las normas en que debían fundarse. Es así, porque los artículos 125 y 279 de la Constitución Política ordenaron que era el

legislador quien debía definir el régimen de carrera administrativa de l os servidores de la Procuraduría General de la Nación. En esas condiciones , no

8 Folios 457 a 464.10

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00693-02 (2436-2021) Demandante: Jaime Augusto Gómez Acosta podía el jefe de la entidad regular aspectos esenciales del concurso de m éritos, pues era un aspecto con reserva de ley.

• La Procuraduría General de la Nación no tenía faculta des para « mutar la naturaleza de las funciones de cargos que fueron creados por el presidente de la República mediante decreto especial ». Al respecto, c itó jurisprudencia que explica

que la carrera administrativa es un principio constitucional y que la convocatoria es la regla de los concursos de méritos y no agregó argumentos adicionales.

• El a quo debió pronunciarse sobre la pretensión de inaplicación de la Resolución 040 de 2016 y no desligarse de esta obligación bajo el argumento de que estaba demandada en nulidad en el Consejo de Estado. Lo anterior, porque el artículo 148 del CPACA permite que se solicite la inaplicación de normas con efectos interpartes. Para este análisis , el tribunal debió examinar que el concurso no era

demandada en nulidad en el Consejo de Estado. Lo anterior, porque el artículo 148 del CPACA permite que se solicite la inaplicación de normas con efectos interpartes. Para este análisis , el tribunal debió examinar que el concurso no era igual al que se exige para vincular a jueces y magistrados y, además, que no fue reglado mediante una ley.

• El tribunal no se pronunció sobre el cargo alusivo a que el procurador general de la Nación carecía de competencia para reglamentar el cómputo de la experiencia profesional, las homologaciones, los puntajes a los doctorados o las reglas de calificación, pues tales asuntos tienen reserva de ley.

• El Decreto 3423 de 2016 produjo resultados jurídicos particulares y concretos y no fue notificado en los términos que lo ordenan los artículos 67, 68, 69 y 72 del CPACA. Esta inobservancia afecta su validez y, a la vez, impide que produzca sus efectos, luego le e s inoponible . La entidad se limitó a enviar a su correo electrónico una comunicación en la que le informó sobre la expedi ción del acto administrativo de retiro; empero, no adjuntó su copia y tampoco la información sobre la procedencia de los recursos. Además, desconoció que no aceptó ser notificado de esta manera, por lo que trasgredió el primer artículo citado.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

1.5.1. Parte demandante

No se pronunció en esta etapa procesal.

1.5.2. Parte demandada

La entidad no se pronunció.

1.6. El Ministerio Público11

1.5.1. Parte demandante

No se pronunció en esta etapa procesal.

1.5.2. Parte demandada

La entidad no se pronunció.

1.6. El Ministerio Público11

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00693-02 (2436-2021)

Demandante: Jaime Augusto Gómez Acosta

El Ministerio Público guardó silencio.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:

• ¿El procurador general de la Nación estaba facultado para expedir la Resolución 040 de 20169 y, en virtud de ello , regular el proceso de selección y fijar las reglas de calificación, homologación y experiencia o dichos aspectos solo los podía reglar la ley y, por tanto, debe ser inaplicada y anulados los actos que de ella se derivaron?

• ¿El Decreto 3423 de 2016 , por medio del cual se nombró en propiedad a Diego Francisco Niño Ramírez y se dispuso la desvinculación de Jaime Augusto Gómez Acosta, debió ser notificado de manera personal a este último para ser considerado válido y eficaz?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Régimen de carrera administrativa de la Pr ocuraduría General de la Nación. Facultades del procurador general para convocar y reglamentar los concursos de méritos de la entidad

La Constitución Política, en su artículo 113, prescribió que además de los órganos que forman parte de las tres ramas del poder público «[…] existen otros, autónomos

concursos de méritos de la entidad

La Constitución Política, en su artículo 113, prescribió que además de los órganos que forman parte de las tres ramas del poder público «[…] existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado ». Dentro de estos se encuentra la Procuraduría General de la Nación, pues , por voluntad del constituyente, dejó de formar parte de la Rama Ejecut iva y se ubicó dentro de la estructura del Estado en la categoría de órgano autónomo e independiente 10, lo que se evidencia, por ejemplo, con la forma de elección del procurador general de la Nación , independiente de la administración central 11, y con la cal idad de jefe supremo del Ministerio Público que le otorgó el artículo 275 ibidem.

9 «Por medio de la cual se da apertura y se reglamenta la convocatoria del proceso de selección para proveer los cargos de carrera de procuradores judiciales de la entidad». 10 Sentencia C-078 de 1999. 11 Por mandato del artículo 276 debe elegi rlo el Senado de la República de terna integrada por candidatos del presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.12

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00693-02 (2436-2021) Demandante: Jaime Augusto Gómez Acosta En razón de lo anterior, y por virtud del artículo 279 ejusdem que ordena al legislador regular, entre otras materias, « […] lo atinente al ingreso y concurso de méritos y al retiro del servicio […]» y a que la Ley 909 de 2004 12 la excluyó de su

legislador regular, entre otras materias, « […] lo atinente al ingreso y concurso de méritos y al retiro del servicio […]» y a que la Ley 909 de 2004 12 la excluyó de su aplicación, tal entidad cuenta con un régimen propio de carrera administrativa reglado en el Decreto Ley 262 de 200