CE - 012333000201700777011SENTENCIA20230227094052

Radicado: 68001-23-33-000-2017-00777-01 (26783)

Demandante: Autoservicio La Quinta SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 68001-23-33-000-2017-00777-01 (26783)

Demandante: Autoservicio La Quinta SAS

Demandado: Municipio de Barrancabermeja

Temas: ICA. 2014. Publicidad de actos generales . Restablecimiento del derecho.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 14 de diciembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que resolvió (índice 2):

Primero: declárase la nulidad parcial de la Resolución nro. 0485 , de fecha 19 de diciembre de 2016, por medio de la cual se profirió liquidación oficial de revisión del impuesto de industria y comercio del año gravable 2014 y la Resolución nro. 0343 de fecha 22 de mayo de 2017 , por medio de la cual se resolvió recurso d e reconsideración confirmando la respectiva liquidación oficial de revisión de la

contribuyente Autoservicio La Quinta SAS.

resolvió recurso d e reconsideración confirmando la respectiva liquidación oficial de revisión de la contribuyente Autoservicio La Quinta SAS.

Segundo: ordénase , a título de restablecimiento del derecho al municipio de Barrancabermeja , Secretaría de Hacienda del Tesoro, que la sanción por inexactitud impuesta a Autoservicio La Quinta SAS, en relación con la declaración del impuesto de industria y comercio del año gravable 2014 sea equivalente al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado en la liquidación ofici al y el declarado por la contribuyente el 13 de mayo de 2015, teniendo en cuenta las consideraciones de esta providencia.

Tercero: deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

Cuarto: sin condena en costas de primera instancia, conforme lo indicado e n la parte motiva de esta providencia.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante Liquidación Oficial de Revisión nro. 0485, del 19 de diciembre de 2016, la demandada modificó la autoliquidación del ICA de la actora por el período gravable de 2014, en el sentido de modificar, entre otros aspectos, la tarifa aplicable, lo cual derivó en un mayor impuesto a cargo y en la imposición de multa por inexactitud . Esa decisión fue confirmada por la Resolución nro. 0343, del 22 de mayo de 2017, que reso lvió el recurso de reconsideración interpuesto (índice 2).Radicado: 68001-23-33-000-2017-00777-01 (26783)

Demandante: Autoservicio La Quinta SAS

de reconsideración interpuesto (índice 2).Radicado: 68001-23-33-000-2017-00777-01 (26783)

Demandante: Autoservicio La Quinta SAS

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ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones (índice 2):

Primera. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1. Resolución nro. 485, del 19 de diciembre de 2016, expedida por el municipio de Barrancabermeja -Secretaría de Hacienda y del Tesoro Municipal - Dirección de Fiscalización “Por medio de la cual se profiere liquidación oficial de revisión a la declaración del impuesto de industria y comercio del año gravable 2014” presen tada por Autoservicio La Quinta S AS el día 13 de mayo de 2015 mediante formulario nro. 02 -221526, disponiendo en tal sentido un total a pagar por dicho concepto representado en la suma de $1.943.174.000 y la consecuente orden de inscripción en los registros públicos de los inmuebles y establecimientos de comercio de mi representada.

2. Resolución nro. 343 del 22 de mayo de 2017, notificada el 2 de junio de 2017, por medio de la cual el municipio de Barrancabermeja -Secretaría de Hacienda y del Teso ro Municipal - Dirección de

2. Resolución nro. 343 del 22 de mayo de 2017, notificada el 2 de junio de 2017, por medio de la cual el municipio de Barrancabermeja -Secretaría de Hacienda y del Teso ro Municipal - Dirección de Fiscalización, resolvió el “recurso de reconsideración presentado por Autoservicio La Quinta SAS contra la resolución nro. 0458 (sic) de 2016” y, en tal sentido, decidió confirmar la liquidación oficial de revisión a la liquidaci ón del impuesto de industria comercio del año gravable 2014 proferida mediante Resolución nro. 485 , del 19 de diciembre de 2016 , a la sociedad Autoservicio La Quinta SAS identificada con NIT 900.342.223.

Segunda. Que se declare sin efectos la declaración del impuesto de industria y comercio presentada por la sociedad Autoservicio La Quinta SAS, identificada con NIT 900.342.223 , el día 13 de mayo de 2015 mediante formulario nro. 02-221 526 por el año gravable 2014 vigencia fiscal 2015 y en su lugar se proceda a la liquidación en los términos del Acuerdo 029 de 2005 y condiciones que se presentarán más adelante.

Tercera. Que se ordene al municipio de Barrancabermeja devolver a la sociedad Autoservicio La Quinta SAS el mayor valor cancelado con los intereses, conforme a lo dispuesto en el artículo 863 del Estatuto Tributario Nacional por concepto del impuesto de industria y comercio del año gravable 2014, radicado bajo el número de formulario 02-221526, la cual fue liquidada con el Acuerdo Municipal 007 de 2014, así como que se ordene levantar la inscripción de la Liquidación Oficial nro. 0485 en la

radicado bajo el número de formulario 02-221526, la cual fue liquidada con el Acuerdo Municipal 007 de 2014, así como que se ordene levantar la inscripción de la Liquidación Oficial nro. 0485 en la declaración del impuesto de industria y comercio del año gravable 2014 en los registros públicos de los inmuebles y establecimientos comerciales de la sociedad Autoservicio La Quinta SAS.

Cuarta. En forma subsidiaria y ante la no prosperidad de las anteriores pretensiones declarativas y de condena, que se levante la sanción por inexactitud impuesta a mi representada y liquidada en la suma de $1.065.670.000, en atención a haber existido interpretación razonable en la apreciación o interpretación del derecho aplicable y estar en presencia de hechos y cifras denunciados completos y verdaderos, así como el valor liquidado por concepto de intereses por mora tasado en la suma de $321.162.000.

Quinta. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, aplicando los ajustes de valor (indexación) desde la fecha del 13 de mayo de 2015 , en la cual se presentó la declaración de industria y comercio del año gravable 2014 con un saldo a favor de $109.703.000 hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso.

Sexta. Que se ordene al municipio de Barrancabermeja dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.Radicado: 68001-23-33-000-2017-00777-01 (26783)

Demandante: Autoservicio La Quinta SAS

términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.Radicado: 68001-23-33-000-2017-00777-01 (26783)

Demandante: Autoservicio La Quinta SAS

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3 A los anteriores efectos, invocó como normas violadas los artículos 1.º, 2.º, 29, 83, 338 y 363 de la Constitución; 647 y 730 [parágrafo 2.º] del ET; 42, 43, 65 del CPACA; y 69 y 77 del Estatuto Tributario de Barrancabermeja, bajo el siguiente concepto de violación (índice 2):

En criterio de la demandante, en su autoliquidación del ICA por el período 2014 empleó la tarifa 5.5‰, por cuanto la autoridad la indujo a error al informar en el boletín de prensa territorial que esa tarifa prevista en el Acuerdo 007 de 2014 regiría para ese año gravable. No obstante de ello, indicó que la demandada, al revisar la declaración privada , tomó la tarifa del Acuerdo 032 de 2013, equivalente al 10‰, al considerar que era la aplicable , pero, a su juicio, este acuerdo tampoco era el vigente , sino que la tarifa debía ser la del Acuerdo 029 de 2005, esto es, la del 5‰ , pues, según ella, el acuerdo del año 2013 fue publicado en enero de 2014, de modo que su aplicabilidad debía ser para el período gravable siguiente (2015), por lo que solicitó que se aceptara su proposición de

publicado en enero de 2014, de modo que su aplicabilidad debía ser para el período gravable siguiente (2015), por lo que solicitó que se aceptara su proposición de declaración de corrección señalada en el escrito de reconsideración , en la que acogió la tarifa de l acuerdo del 2005 , aumentó las autorretenciones en la fuente , incl uyó otr as retenciones en la fuente e incrementó el saldo a favor inicialmente declarado, para lo cual relacionó dichas retenciones en la fuente practicadas y las autorretenciones, al tiempo que dijo que se tuvieran en cuenta las certificaciones de los agentes retenedores para efectos de demostrar las declaradas en la declaración del ICA que es objeto de revisión, sin que sobre estos aspectos formulara un cargo de anulación que sustentara dicha petición.

Señaladamente, consideró que era improcedente la multa por inexactitud , pues no cometió la conducta infractora al haber declarado cifras verdaderas y completas y, por otra parte, invocó como causal exculpatoria de la sanción la diferencia en la interpretación de la normativa aplicable , producto de que la autoridad la condujo a error sobre la tarifa empleada en su declaración privada.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (índice 2). En primer lugar, aseguró que el Acuerdo 032 del 2013 fue sancionado y publicado el 31 de diciembre de 2013 y entró en vigor ese mismo año, así que era la norma que regía para el ICA del año gravable 2014 e incluso derogó el Acuerdo 029 de 2005. En lo atinente a los cargos por la multa impuesta, señaló q ue era procedente ya que la contribuyente fue renuente a

gravable 2014 e incluso derogó el Acuerdo 029 de 2005. En lo atinente a los cargos por la multa impuesta, señaló q ue era procedente ya que la contribuyente fue renuente a corregir su autoliquidación tras la proposición de revisión que se hizo en el requerimiento especial y a que los juicios interpretativos sobre la normativa que gobernaba la tarifa del ICA para el período de la declaración fueron amañados1.

Sentencia apelada

El tr ibunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda (índice 2) . En ese sentido, juzgó que la tarifa del Acuerdo 032 de 2013 debió ser la empleada por la contribuyente en su autoliquidación, pues comprobó que los artículos que fijaban la tarifa atribuida a la actividad económica de la contribuyente fueron publicados el 31 de diciembre de 2013, pese a que en enero del 2014 hubo necesidad de volver a cargar el archivo del acuerdo en la página web de la gaceta electrónica del municipio, para eliminar yerros de digitación e inclusión de páginas faltantes -según concluyó de una certificación del municipio, de una prueba pericial decretada judicialmente y de un informe de policía judicial-, de manera que ese acuerdo le era oponible a la actora y era el que regulaba el ICA para el período gravable 2014 . Con base en ello , desestimó que la mención d el

1 Formuló la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por considerar que los juicios de ilegalidad se dirigían contra los acuerdos

ICA para el período gravable 2014 . Con base en ello , desestimó que la mención d el

1 Formuló la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por considerar que los juicios de ilegalidad se dirigían contra los acuerdos y no los actos acusados, pero el tribunal la encontró no probada en auto del 30 de abril de 2019 (índice 2).Radicado: 68001-23-33-000-2017-00777-01 (26783)

Demandante: Autoservicio La Quinta SAS

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4 Acuerdo 007 de 2014 en el comunicado del boletín de prensa del ente territorial , haya tenido la entidad de conducir a un error a la contribuyente, pues tal documento no produjo los efectos jurídicos de una norma ; además, que la normativa que regía el impuesto debatido no ofrecía dudas interpretativas, sino que la demandante cometió inexactitudes al utilizar una tarifa equivocada y al haber declarado un mayor valor por concepto de retenciones en la fuente que no fueron soportadas ante la autoridad tributaria , por lo que resultaba procedente la multa por inexactitud que le fue impuesta, sin perjuicio de lo cual, la disminuyó al equivalente del 100% del mayor tributo a cargo determinado oficialmente, en observancia del principio de favorabilidad.

Recurso de apelación

La demandante apeló la decisión del a quo (índice 2), bajo la consideración de que el tribunal erró al tener por probado el hecho de que el Acuerdo 032 de 201 3 fue publicado

Recurso de apelación

La demandante apeló la decisión del a quo (índice 2), bajo la consideración de que el tribunal erró al tener por probado el hecho de que el Acuerdo 032 de 201 3 fue publicado el 31 de diciembre de 2013, cumpliendo así con el requisito de publicidad. Se opuso a la valoración probatoria de las pruebas, en especial del dictamen pericial , en tanto que las conclusiones del a quo descontextualizaron los hallazgos del perito relativos a la indebida publicación del acuerdo por lo que este solo tuvo oponibilidad hasta febrero de 2014según lo advertido en el informe de policía judicial de la Fiscalía y en la pericia-, pues hubo diferencias entre el archivo ingresado el 31 de diciembre de 2014 y el que finalmente pudo subirse a la web del municipio durante el año 2014. De hecho, recalcó que al contrastar lo documentado en la pericia y el informe de la Fiscalía debía concluirse que el área de sistemas encargada de publicar el acuerdo entregó copia del archivo digital del acuerdo remitido por mensaje de datos el mismo 31 de diciembre de 2013 al correo electrónico del funcionario y, a partir de ese documento, los expertos establecieron diferencias entre dicho documento y el que fue publicado en febrero de 2014 , pero ello no probaba que ese archivo hubier e sido efectivamente publicado en el año 2013, pues no se recuperó el presuntamente inserto en la publicación de ese día, porque la demandada sostuvo que se borró, de manera que no se demostró que la publicación acaeciera en el 2013 con fines de que tuviera aplicación temporal para el ICA del período gravable 2014.

Por lo anterior, insistió en que debía aceptarse la proposición de declaración de corrección

borró, de manera que no se demostró que la publicación acaeciera en el 2013 con fines de que tuviera aplicación temporal para el ICA del período gravable 2014.

Por lo anterior, insistió en que debía aceptarse la proposición de declaración de corrección que describió a la autoridad al interponer el recurso de reconsideración en la cual pretende le sea aplicada la tarifa del 5‰ del Acuerdo 029 de 2005 y se aumenten sus retenciones en la fuente declaradas y su saldo a favor. Sin perjuicio de ello, pretende que se levante la sanción impuesta dado que la inexactitud fue producida por el error al que la condujo la autoridad en la información publicada en el boletín de prensa del municipio.

Pronunciamientos sobre el recurso

Las partes y el ministerio público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos de apelación planteados por la demandante, en calidad de apelante única, contra la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Concretamente, corresponde establecer si , como lo aduce la apelante, las pruebas que obran en el expediente acreditarían que el Acuerdo 032 de 2013 fue publicado con posterioridad al 31 de diciembre de 2013, por lo cual no tendría vigencia temporal de aplicabilidad para las declaraciones del ICA del período 2014. De resolverse el cargo deRadicado: 68001-23-33-000-2017-00777-01 (26783)

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aplicabilidad para las declaraciones del ICA del período 2014. De resolverse el cargo deRadicado: 68001-23-33-000-2017-00777-01 (26783)

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5 apelación en favor de la actora, se evaluará si procede la proposición de liquidación del ICA del año gravable 2014 en los términos indicados en el escrito de demanda, con base en el Acuerdo 029 de 2005; o, si el juzgador debe estatuir el restablecimiento del derecho procedente a la eventual declaratoria de nulidad , conforme al artículo 1 87 del CPACA . Asimismo, se evaluará si la actora incurrió en la conducta sancionada por inexactitud y, subsidiariamente, se estudiará la causal de exculpación de la multa que invoca la apelante, relativa a que su actuación estuvo inducida a error por el anuncio de la aplicabilidad del Acuerdo 007 de 2014 que se hiciera en el boletín de prensa de la alcaldía municipal y, con base en la cual, aplicó la tarifa del ICA que es objeto de revisión en los actos acusados.

2Con miras a desa tar los problemas j urídicos planteados, se precisa que la apelante cuestiona de los ac tos demandados que estos al revisar su au toliquidación del ICA del año gravable 2014 sustentaron las glosas, entre ellas la tarifa aplicable, con base en el Acuerdo 032 de 2013 y, respecto de ello, asegura que fue la autoridad quien la indujo a

año gravable 2014 sustentaron las glosas, entre ellas la tarifa aplicable, con base en el Acuerdo 032 de 2013 y, respecto de ello, asegura que fue la autoridad quien la indujo a error al emplear el Acuerdo 007 de 2014, pues la vigencia de esa norma para el período discutido fue comunicado por parte de un funciona rio del concejo municipal en el boletín de prensa de la alcaldía, el 06 de mayo de 2015. Concurrentemente, adujo que no siendo el acuerdo de 2014 el aplicable, tampoco lo era el Acuerdo 032 de 2013 para el período gravable 2014, pues este no fue publicado en su integridad el 31 de diciem bre de 2013, sino que tuvo m últiples publicacione s parciales durante el año 2014 , se gún fue demostrado a partir de las pruebas que se practicaron en primera instancia , dentro de ellas, el dictamen p ericial, el informe de policía judicial y las copias de los archivos magnéticos que le entregó la autoridad, en las cuales la fecha de creación del documento publicado en la web data que fue en el año 2014 y no el 31 de diciembre de 2013, de ahí que recalcara el hecho de que el perito informara acerca de que no se pudo revisar el contenido del archivo que el demandado dijo haber publicado el 31 de diciembre de 2013, pues este fue borrado por la autoridad encargada de ese trámite. Por su parte, el tribunal y el demandado aseguraron que la certificación de la Secretaría de las Tic del municipio y la prueba pericial demostrarían que el acuerdo fue publicado el 31 de diciembre de 2013 en la página web de la entidad. Si bien hubo lugar a sustituir el archivo durante los meses

y el demandado aseguraron que la certificación de la Secretaría de las Tic del municipio y la prueba pericial demostrarían que el acuerdo fue publicado el 31 de diciembre de 2013 en la página web de la entidad. Si bien hubo lugar a sustituir el archivo durante los meses de enero y febrero, por motivos de correcciones formales del documento y por la falta de algunas de las páginas del archi vo definitivo , ello no afectaba de nulidad los actos demandados, comoquiera que el artículo que fijaba la tarif a para la actividad económica de la contribu yente sí hizo parte d el archivo del acuerdo publicado desde el 31 de diciembre de 2013, de tal forma que esa norma fue oponible a la demandante y fue la que rigió para el ICA del período 2014.

De acuerdo con e sos extremos del debate, la Sala deberá resolver si de las pie zas probatorias que obran en el expediente existe certeza acerca de la fecha de publicidad del Acuerdo 03 2 de 2013 y s i la eventual publicación parcial del docu mento del acuer do cumple con las exigencias del principio de publicidad y oponibilidad para regir el ICA del año gravable 2014, con el cual el demandado revisó la declaración privada de la actora.

3En relación con este planteamiento, de conformidad con el artículo 209 constitucional, la función administrativa está al servicio del interés general y, por ello, uno de los principios que guía su desempeño es el de publicidad de sus actos como medida para proscribir las actuaciones ocultas de las autori dades que compelen a sus asociados a cumplir obligaciones y así enaltecer la transparencia de la Administración, de ahí que la jurisprudencia constitucional enmarque este principio dentro de las garantías del debido

actuaciones ocultas de las autori dades que compelen a sus asociados a cumplir obligaciones y así enaltecer la transparencia de la Administración, de ahí que la jurisprudencia constitucional enmarque este principio dentro de las garantías del debido proceso en su vertiente del derecho de contradicción, mediante la impugnación del acto o demanda judicial (sentencias C-641 de 2002, C-341 de 2014 y C-029 de 2021 proferidas por la Corte Constitucional). En consonancia con ello , el artículo 65 de la Ley 1 437 de 2011 establece el deber de publicación d e los actos administrativos de carácter generalRadicado: 68001-23-33-000-2017-00777-01 (26783)

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6 como uno de los procedimientos para asegur ar la publicidad de estas actuaciones, su eficacia y oponibilidad a los administ rados. A partir de es ta norma, la autoridad está autorizada para publicar sus actos generales a través de su página electrónica o cualquier canal habilitado por la entidad, en tanto se garantice la amplia divulgación; disposición que guarda consonancia con el artículo 136 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 17 de la Ley 1 551 de 2012 , según el cual los concejos mu nicipales deben publicar sus actos a través de los medios que se consideren oportunos y que garanticen la efectividad de su difusión a la comunidad , de tal manera que estas nuevas formas de p ublicar los actos generales superaron los ante riores procedimiento s de publicación que eran

actos a través de los medios que se consideren oportunos y que garanticen la efectividad de su difusión a la comunidad , de tal manera que estas nuevas formas de p ublicar los actos generales superaron los ante riores procedimiento s de publicación que eran gobernados por el artículo 1.° y siguientes de la Ley 57 de 1985, esto es, mediante la inserción de la norma en los diarios, gacetas o boletines oficiales como únicos medios de divulgación.

Sin perjuicio de los avances que posibilitan la forma de p ublicar los actos gen erales -e incluso particulares-, es lo cierto que la inserción del documento en el medio de publicación escogido por la autoridad debe garantizar la difusión del contenido de los actos normativos a los administrados, lo cual implica que estos tengan acceso a la totalidad de la norma, pues, de otra forma, no podrán conocer el alcance de la regulación en su integridad para serles obligatoria y vinculante.

Tratándose de normas que regulan tributos de período, como es el caso del ICA según lo regulado en en el artículo 196 del Decreto Ley 1333 de 1986, el artículo 338 constitucional establece que aquellas tendrán aplicabilidad a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo, por lo que resulta relevante al asunto discutido definir el momento de vigencia del Acuerdo 032 de 20132, en la medida en que ello fijará su ámbito de aplicación temporal.

4Con la fi nalidad de establecer si el A cuerdo 032 de 20 13 fue publicado el 31 de diciembre de 2013, como lo asegura la e ntidad demandad a, resultan rele vantes los siguientes hechos probados:

4Con la fi nalidad de establecer si el A cuerdo 032 de 20 13 fue publicado el 31 de diciembre de 2013, como lo asegura la e ntidad demandad a, resultan rele vantes los siguientes hechos probados:

(i) Oficio nro. 0119, recibido el 07 de abril de 2016, por medio del cual la Secretaría de las Tic informa a la Secretaría de Hacienda del municipio demandado que el Acuerdo 032 de 2013 fue publicado en la página web de la a lcaldía el 31 de diciembre de 2013 «y posteriormente fue modificada la publicaci ón el día 23 de enero de 2 014» (f. 338 cp1). Junto con este oficio se allegan los correos electrónicos entre funcionarios del municipio, uno de ellos encargando a un empleado de la Se cretaría de las Tic que publicara con urgencia el archivo adjunto denominado «modificación estatuto tributario», mensaje que data del 31 de diciembre de 2013 a las 13:43; en respuesta, el mismo día a las 14:30, el funcionario de las Tic relaciona el enlace en el que se publicó el documento (ff. 339 y 340 cp 1).

(ii) Mensaje de correo electrónico entre uno de los funcionarios d e la al caldía dirigido a otro empleado de la Secretaría de las Tic en el que solicita que se «reemplace» el acuerdo publicado el 31 de diciembre de 2013 por un yerro cometido, sin especificar la naturaleza del error (f. 341 cp1).

(iii) Oficio nro. SHM 3447, del 29 de agosto de 2016, mediante el cual la Secretaría de Hacienda del municipio responde un escrito de petición de la demandante , relacionado

del error (f. 341 cp1).

(iii) Oficio nro. SHM 3447, del 29 de agosto de 2016, mediante el cual la Secretaría de Hacienda del municipio responde un escrito de petición de la demandante , relacionado con la copia del archivo digital del Acuerdo 032 de 2013, publicado en la página web de la entidad el 31 de diciembre de 2013. Junto con esta respuesta, la autoridad entrega un CD

2 Tanto el artículo 3 .° de dicho acuerdo , como el 36 del Acuerdo 029 de 2005 y las normas posteriores del municipio demandado establecen la causación del ICA en el período anual.Radicado: 68001-23-33-000-2017-00777-01 (26783)

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7 con la copia digital del acuerdo y, verificado, este aparece con fecha de creación 08 de enero de 2014 a las 9:29 minutos de la mañana (ff. 113 y 116A cp1).

(iv) Oficio del 09 de diciembre de 2016, a través del cual la Secretaría de Hacienda contesta otro escrito de petición de la actora, relativo a la obtención de la copia del archivo del Acuerdo 032 de 2013 que sí fuere publicado el 31 de diciembre de 2013, en la medida en que el anterior documento digital tuvo fecha de creación posterior. En esta oportunidad, la autoridad dice entregar copia magnética del aludido archivo y, respecto de ello, se constata que fue creado el 12 de diciembre de 2016 (posterior a la fecha del oficio, del

en que el anterior documento digital tuvo fecha de creación posterior. En esta oportunidad, la autoridad dice entregar copia magnética del aludido archivo y, respecto de ello, se constata que fue creado el 12 de diciembre de 2016 (posterior a la fecha del oficio, del cual no reposa constancia de la fecha de recibido por parte de la sociedad demandante) (ff. 119 y 119A cp1).

(v) Informe de Policía Judicial -Fiscalía General de la Naciónnro. 683220425-18, del 15 de noviembre de 2018 [al parecer, por una denuncia penal por delitos informáticos]3 en el que se indica que se visitó la oficina de la Secretaría de las Tics para obtener copia de los archivos del Acuerdo 032 de 2013 que fue publicado entre el 31 de diciembre de 2013 y el 13 de febrero de 2014 a fin de compararlos con el archivo del acuerdo al 14 de noviembre de 2018 (fecha de la visita), a partir de lo cual se concluyó que entre el archivo presuntamente pub licado el 31 de diciembre de 2 013 que le entreg ó el funcionario en comparación con el de la fecha de la visita, se evidenció que la primera publicación no tenía un sello de recibido y hacían falta las páginas 5, 7, 8, 13, 14, 15 y 16. La página 23 tenía diferencia de formato y se indicó que en el archivo del 14 de noviembre de 2018 aparece una página de más ( las de la sanción del a lcalde y la firma del secretario del concejo municipal) (ff. 483 a 485 cp1). Asimismo, evidenció que el archivo publicado el 07 de enero de 2014, en comparación con el del 14 de noviembre de 2018, tenía las mismas

concejo municipal) (ff. 483 a 485 cp1). Asimismo, evidenció que el archivo publicado el 07 de enero de 2014, en comparación con el del 14 de noviembre de 2018, tenía las mismas diferencias con el primero de los archivos publicados, excepto porque sí tenía la página 5 (f. 485 ídem). Entre el archivo publicado el 23 de enero de 2014 y el del 14 de noviembre de 2018, se comprobó que el formato de algunos artículos era distinto y no contenía ni los sellos ni las firmas de sanción del acuerdo (f. 485 ibidem).

Finalmente, el funcionario de policía judicial comparó el archivo del 13 de febrero de 2014 con el del 14 de noviembre de 2018, evidenciándose que faltaban las páginas 5, 7 y 13, el sello de recibido y agrega una página al final (f. 486 cp1).

(vi) El 30 de abril de 2019, el tribunal, en audiencia inicial, decretó la prueba pericial solicitada por la demandante con la cual pretendía que un experto determinara la fecha de publicación del Acuerdo 032 de 2013 en la página web del municipio demandado (ff. 417 y 417 vto. cp1).

(vii) El 24