CE - 012333000201701043011SENTENCIA20231005173151
Detalles
- Título
- CE - 012333000201701043011SENTENCIA20231005173151
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos Núm. único de radicación: 130012333000201701043-01
Actor: Personería Distrital de Cartagena de Indias Demandados: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional; y
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
Asunto: Resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias contra la sentencia proferida el 11 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El señor William Jesús Matson Ospino, en calidad de Personero Distrital de Cartagena presentó demanda en ejercicio del respectivo medio de control contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacion al – Policía Nacional; el Distrito Turístico y
1. El señor William Jesús Matson Ospino, en calidad de Personero Distrital de Cartagena presentó demanda en ejercicio del respectivo medio de control contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacion al – Policía Nacional; el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena y el Consorcio Alumbrado Público de Cartagena, con el objeto de obtener la protección de los derechos e intereses colectivos: i) al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; ii) la seguridad y salubridad públicas; y iii) el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna , presuntamente vulnerados por las entidades accionadas.2
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Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] solicito comedidamente señor juez coma (sic) se ordene a las entidades accionadas Distrito (...) de Cartagena, Policía Metropolitana de Cartagena, como (sic) la Unión Temporal Alumbrado Público de Cartagena y en general todas las entidades que su despac ho considere tenga relación con la problemática aquí expuesta, a ejecutar todas las acciones necesarias tendientes a obtener la protección y salvaguarda de los derechos colectivos que se consideren vulnerados, de la siguiente manera:
Primero: Se declare el amparo de los derechos colectivos de la comunidad de Cartagena relativos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los
vulnerados, de la siguiente manera:
Primero: Se declare el amparo de los derechos colectivos de la comunidad de Cartagena relativos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público coma (sic) la seguridad y salubridad pública y al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, con motivo de la conducta negligente de las entidades accionadas.
Segundo: Como consecuencia de lo anterior, se ordena la alcaldía mayor de Cartagena de Indias realizar las gestiones necesarias para que dentro del término que usted estime conveniente, se implemente la restauración Integral de la infraestructura que integra el parque de la Villa olímpica, que garantice el estado del parque en condiciones óptimas y de calidad, y que ponga en f uncionamiento la infraestructura que está en desuso, tales como la fuente y el sistema de riego.
Tercero: Ordenar (sic) alcaldía mayor de Cartagena de Indias realizar las labores periódicas de mantenimiento necesarias, para garantizar el funcionamiento óptimo del parque.
Cuarto: Se ordena (sic) la alcaldía mayor de Cartagena de Indias la implementación de una campaña de concientización para los asistentes y las comunidades aledañas al parque, respecto de la importancia de la preservación de los bienes que integran, y el cuidado de los espacios que los circundan.
Quinto: Se ordene a la Unión temporal [...] la reparación de la totalidad del alumbrado público averiado en el parque y en las zonas adyacentes a él, tales como el callejón de la pista atlética.
Sexto: Se ordene a la Unión temporal [...] realizar la Instalación de las luminarias
alumbrado público averiado en el parque y en las zonas adyacentes a él, tales como el callejón de la pista atlética.
Sexto: Se ordene a la Unión temporal [...] realizar la Instalación de las luminarias adicionales necesarias para alumbrar los sectores con Iluminación deficiente, tales como la zona ubicada en el parque y la plaza de toros.
Séptimo: Se ordene a la alcaldí a mayor de Cartagena, en asocio con la Policía Metropolitana de Cartagena, la Implementación de un plan de acción a largo plazo para garantizar la seguridad permanente en el parque y en las zonas aledaña […]”.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora i ndicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:
3.1. Afirmó que en el mes de noviembre de 2015 la Alcaldía Distrital de Cartagena entregó la obra denominada “El Parque de la Villa Olímpica”, conformado por: i) una
1 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folios 1 a 3.3
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zona destinada para paso peatonal; ii) una zona con máquinas “biosaludables”; y iii) un “complejo lúdico – infantil”. Aseguró que la obra tuvo un costo de 517 millones
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zona destinada para paso peatonal; ii) una zona con máquinas “biosaludables”; y iii) un “complejo lúdico – infantil”. Aseguró que la obra tuvo un costo de 517 millones de pesos y que se encuentra ubicada en una zona contigua a diferentes escenarios deportivos, por lo que constituye un paso obligado para asistir a los escenarios deportivos.
3.2. Aseguró que el parque se encuentra deteriorado por la avería de las máquinas, el abandono de la infraestructura, la inoperancia del sistema de riego, la deficiente iluminación, la presencia de basura y los problemas de inseguridad en el sector.
3.3. Afirmó que el día 24 de marzo de 2017 funcionarios de la Personería Distrital de Cartagena realizaron una inspección en el parque y evidenciaron que solo una de las maquinas “biosaludables” es taba en funcionamiento, las demás estaban destruidas y arrumadas en el estadio de Beisbol.
Actuaciones en primera instancia
4. Inicialmente el conocimiento del proceso de la referencia corres pondió al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena, autoridad que profirió auto de 4 de septiembre de 2017 mediante el cual manifestó impedimento para conocer del proceso2 y ordenó la remisión del expediente al Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Cartagena, Despacho que profirió auto de 19 de septiembre de 20173 en el que aceptó el impedimento.
5. El Juzgado Décimo Tercero Administrativo del Circuito de Cartagena profirió auto de 25 de octubre de 2017 4 mediante el cual ordenó remitir por competencia
en el que aceptó el impedimento.
5. El Juzgado Décimo Tercero Administrativo del Circuito de Cartagena profirió auto de 25 de octubre de 2017 4 mediante el cual ordenó remitir por competencia funcional la acción de la referencia a Tribunal Administrativo de Bolívar , toda vez que obra como parte demandada una entidad del orden nacional, como lo es la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
6. El Tribunal profirió auto de 17 de abril de 2018 en el que resolvió5: i) admitir la demanda; ii) notificar personalmente a las partes; e iii) informar a los miembros de la comunidad a través de un medio masivo de comunicación.
2 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 88 y siguientes. 3 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. A rchivo denominado: ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 92 y siguientes. 4 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 112. 5 Cfr. Archivo cuaderno principal. Folio 118.4
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Contestaciones de la demanda
7. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias presentó escrito de
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Contestaciones de la demanda
7. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias presentó escrito de 5 de junio de 20186 en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda en razón a que tanto la concesionaria del alumbrado público como la Policía Nacional están adelantando acciones para garantizar la protección de los derechos colectivos invocados.
8. La Unión Temporal Ecosodio S.A.S. -Electro Construcciones S.A.S. 7 allegó escrito en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda con fundamento en que la Unión Temporal en calidad de concesionaria del alumbrado público de Car tagena ha cumplido sus obligaciones y no ha vulnerado los derechos colectivos invocados. Afirmó que suscribió con el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias el contrato núm. 9 -1333889 de 27 de octubre de 1998 , por lo que tiene a su cargo la op eración, mantenimiento y expansión del sistema de alumbrado público y semáforos de la ciudad y sus
Corregimientos.
9. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional8 allegó escrito en el que afirmó que se ha desplegado presencia policial en el sector del Parque de la Villa Olímpica y viene garantizando la convivencia ciudadana en esa zona. Aseguró que es competencia del Alcalde Distrital, como primera autoridad de policía en su jurisdicción, garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas.
Otras actuaciones
10. El Tribunal Administrativo de Bolívar llevó a cabo la audiencia especia l de
jurisdicción, garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas.
Otras actuaciones
10. El Tribunal Administrativo de Bolívar llevó a cabo la audiencia especia l de pacto de cumplimiento el día 24 de agosto de 20189, la cual se declaró fallida porque no compareció la parte actora.
11. El Tribunal profirió auto de 27 de abril de 2021 mediante el cual corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. La parte actora, l a Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
6 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 124. 7 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 147. 8 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 179. 9 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 204 y siguientes.5
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de Indias presentaron escritos contentivos de alegatos de conclusión en l os que
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de Indias presentaron escritos contentivos de alegatos de conclusión en l os que reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en su contestación, respectivamente.
Sentencia proferida, en primera instancia
12. El Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia el día 11 de junio de
2021, en la que resolvió lo siguiente10:
“[…] PRIMERO: Declarar al Distrito de Cartagena, a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y al Consorcio Alumbrado Público de Cartagena, responsables de la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público, a un ambiente sano, o los servicios públicos y o que su prestación sea eficiente y oportuna y a la seguridad, salubridad y prevención de desastres, de acuerdo o lo expuesto en la parte resolutiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Para asegurar el respeto de los derechos públicos antes referidos, se
ORDENA:
2.1. Al Distrito de Cartagena y al Consorcio Alumbrado Público de Cartagena, para que dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de la presente sentencia, realicen las actuación administrativas y presupuestales necesarias para asegurar la efectiva prestación del servicio de alumbrado público en el parque Villa Olímpica del Distrito de Cartagena, lo cual comprende l a iluminación de todas las zonas que conforman el sector, t ales co mo los escenarios deportivos, las zonas donde se encuentran ubicadas las maquinas biosaludables y los lugares adyacentes a ella.
Distrito de Cartagena, lo cual comprende l a iluminación de todas las zonas que conforman el sector, t ales co mo los escenarios deportivos, las zonas donde se encuentran ubicadas las maquinas biosaludables y los lugares adyacentes a ella.
2.2. Al Distrito de Cartagena para que dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de la presente sentencia, realicen l as actuación administrativas y presupuestales necesarias para asegurar la restauración del parque Villa Olímpica, lo que comprende l as maquinas biosaludables, el sistema de riego, los bancos y cualquier otro elemento que se encuentre en deterioro.
2.3. Al Distrito de Cartagena para que de manera inmediata, a través de la dependencia que corresponda, diseñe, adopte y ejecute a cabalidad, l as medidas administrativas, presupuéstales y contractuales, pertinentes, orientadas a emprender, desarrollar y ejecutar, la efectiva limpieza del parque aludido, y garantice la permanente limpieza del mismo.
2.4. Al Distrito de Cartagena y a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, para que dentro de los 2 meses siguientes o l a notificación de la presente sentencia, realicen las actuación (sic) administrativas y presupuéstales necesarias para implementar un CAI permanente en el parque aludido o la vigilancia durante todo el día y la noche.
TERCERO: Se conforma un comité de (sic) para la verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán, además del Magistrado, los partes y el Agente del
Ministerio Público.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
la sentencia en el cual participarán, además del Magistrado, los partes y el Agente del Ministerio Público.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO: Déjense las constancias de rigor en el sistema de Gestión Siglo XXI […]”.
10 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folios 280 y siguientes.6
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Consideraciones del Tribunal
13. El Tribunal consideró que en la acción de la referencia se vulneraron los derechos colectivos invocados en atención a que se probó que el Parque de la Villa Olímpica de Cartagena se encuentra en mal estado, con problem as en el servicio de alumbrado público, en malas condiciones higiénicas y de seguridad.
14. El Tribunal valoró l as pruebas allegadas al expediente y concluyó lo
siguiente11:
“[…] [L]as fotografías aportadas por la parte demandante junto con la inspección practicada en el parque de la Villa Olímpica dieron cuenta del mal estado de las maquinas biosaludables, pues muchas de ellas se encontraban agrietadas, con óxidos, incompletas y otras totalmente destruidas, lo que impide su uso en condiciones óptimas, incluso las que se encuentran agrietadas pueden causar daño en la salud de las personas que la utilizan.
óxidos, incompletas y otras totalmente destruidas, lo que impide su uso en condiciones óptimas, incluso las que se encuentran agrietadas pueden causar daño en la salud de las personas que la utilizan.
Muchos de los c aminos del parque están averiados, llenos de basura, barro, escombro y eses, situación que a todas luces viola los derechos colectivos o un ambiente sano, y a la seguridad, salubridad y prevención de desastres, pues de mantenerse así, produciría foco de contaminación por el desaseo en el que se encuentra.
[…]
Por otra parte, se advierte que, pese a que la Policía Nacional ha implementado actividades por parte del CAI de los ejecutivos, como control en sitios estratégicos, campañas preventivas enfocadas a reducir la incidencia del delito de hurto a personas y consumo de sustancias alucinógenas, actividades operativas alrededor de los escenarios deportivos y el parque […], lo cierto es que dichas medidas no han resuelto de manera definitiva el problema de inseguridad de la zona, pues es de conocimiento público que dic ha zona es muy insegura, y los transeúntes están constantemente expuestos a robos.
Lo anterior, se debe además por lo poca iluminación de la zona, hecho que fue aceptado incluso por el consorcio accionado, quien manifestó que ello se debe entre otras cosas, a la falta de vigilancia en el sector que propicia vandalismo y hurtos de los componentes del sistema de alumbrado público, y han ejecutado labores de recuperación, remodelación y mantenimiento de la iluminación públicas de las vías adyacentes.
[…]
En el presente caso se probó que la prestación del servicio de alumbrado público fue
recuperación, remodelación y mantenimiento de la iluminación públicas de las vías adyacentes.
[…]
En el presente caso se probó que la prestación del servicio de alumbrado público fue concesionado al consorcio alumbrado público mediante el contrato No. 9-1333889 de 27 de octubre de 1998, y pese a ser el principal responsable de la prestación de este servicio, la Distrito (sic) también tiene responsabilidad para garantizar la prestación efectiva del mismo.
[…]
11 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 286 y siguientes archivo cuaderno principal.7
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En suma, la deficiente iluminación del sector, así como la inseguridad del mismo es un hecho notorio y de público conocimiento, y por el alcalde Distrital de Cartagena como suprema autoridad de policía en el Distrito […] así como su función de vigilancia y control de la prestación eficiente de los servicios públicos, deberá ejercer todas las gestiones administrativas necesarias para implementar un CAI permanente en el parque aludido y velar para que se asegure la Iluminación suficiente del sector […]”.
Recurso de apelación
15. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena12 presentó escrito el día 28 de enero de 2022 13 por medio del cual interpuso recurso de apelación contra la
Recurso de apelación
15. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena12 presentó escrito el día 28 de enero de 2022 13 por medio del cual interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que manifestó “[…] de manera respetuosa solicitamos se revoque la decisión señalada, considerando la necesidad de que dichas obras sean realizadas de conformidad con los distintos condicionamientos necesarios para proceder con la realización de una obra pública y no se imponga la misma sobre las demás establecidas en todo el Distrito d e Cartagena […]”. La Sala considera que del escrito de apelación es posible sintetizar
los siguientes cuatro argumentos:
Primer argumento: No existe vulneración del derecho colecti vo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público
16. Afirmó que no existe vulneración del precitado derecho colectivo en razón a que la ciudadanía en general puede hacer uso de la infraestructura pública del Parque de l a Villa Olímpica, dado que tanto la Policía Metropolitana como la Concesión Alumbrado Público de Cartagena vienen realizando acciones para garantizar el uso de ese escenario público.
Segundo argumento. No se vulnera el derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas
17. Manifestó que la Policía Metropolitana de Cartagena y la Concesión de Alumbrado Público de Cartagena han realizado acciones para garantizar la seguridad en la zona. Concretamente, afirmó que la concesionaria ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales y que la Policía Metropolitana ha adelantado controles en la zona para reducir la inseguridad.
seguridad en la zona. Concretamente, afirmó que la concesionaria ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales y que la Policía Metropolitana ha adelantado controles en la zona para reducir la inseguridad.
Tercer argumento. La acción popular no puede utilizarse para imponer la priorización de unas obras sobre otras
12 Mediante apoderado judicial. 13 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 292 y siguientes.8
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18. Señaló que los pro cesos de contratación para la realización de obras en la ciudad deben ser concertados entre la Administración Distrital y la comunidad, y deben tener como base la disponibilidad presupuestal, por lo que a juicio del apoderado del Distrito de Cartagena no p uede utilizarse la acción popular para ordenar la priorización de una determinada obra, máxime cuando la acción de la referencia no versa sobre una obra que requiera atención inmediata, toda vez que existen otras obras que deben priorizarse.
Cuarto argumento. La parte actora no cumplió con el requisito de reclamación previa
19. Manifestó que la parte actora no cumplió con el requisito previsto en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, relacionado con la reclamación previa y, que tampoco probó que existi era un inminente peligro de que ocurriera un perjuicio
artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, relacionado con la reclamación previa y, que tampoco probó que existi era un inminente peligro de que ocurriera un perjuicio irremediable, para que excepcionalmente se admitiera la demanda sin el cumplimiento del anotado requisito.
Concesión del recurso de apelación
20. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Bolívar profirió auto de 14 de febrero de 202214, mediante el cual concedió el recurso de apelación presentado por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena contra la sentencia proferida, en primera instancia.
Actuaciones en segunda instancia
21. El Despacho sustanciador profirió auto de 12 de agosto de 2022 mediante el cual admitió el recurso de apelación interpuesto por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena contra la sentencia proferida el 11 de junio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar.
22. El Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto en esta instancia judicial.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
23. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes : i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
14 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 295.9
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intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez popular; y vii) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
24. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201915, sobre la distribución de asuntos ent re las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 150 de la Ley 1437 , sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra las sen tencias proferidas, en primera instancia, por los Tribunales Administrativos en el trámite de las acciones populares.
25. Vistos los artículos 320 16 y 32817 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 18, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en e l artículo 37 de la
las acciones populares.
25. Vistos los artículos 320 16 y 32817 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 18, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en e l artículo 37 de la Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae el recurso interpuesto por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena.
26. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a proferir la sentencia correspondiente.
Problemas jurídicos
27. La Sala deberá determinar, con fundamento en el recurso de apelación:
27.1. Si es cierto que no existe vulneración de los derechos colectivos: i) al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; y ii) a la seguridad y salubridad públicas.
15 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado 16 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo […]”. 17 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
del artículo […]”. 17 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]” 18 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.10
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27.2. Si l o ordenado en la sentencia apelada desborda el objeto de la acció n popular en el entendido que este medio de control no puede ser utilizado para priorizar la realización de obras públicas.
28. Y, en ese sentido, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de 11 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
29. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones populares son un mecanism o de protección “[…] de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
30. Visto el artículo 2.° de la Ley 472, que define las acciones populares como “[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el pelig ro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
31. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiv a, de forma rápida y sencilla, de los derechos colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la procedencia del amparo.
32. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la afectación de los derechos e intereses.
33. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y, además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo “[…] quien concurre al lit igio después de haberse pr
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