CE - 012333000201701156011SENTENCIA20230523222215

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 05001 23 33 000 2017 01156 01 (4401-2021)

Demandante: María de Socorro Araque de Marín

Demandado: Nación —Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio

Temas: Pensión de sobrevivientes. Fallecimiento del causante anterior a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 27 de abril de 202 1, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la señora María del Socorro Araque de Marín, por conducto de apoderad o, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contenciosoconsagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la señora María del Socorro Araque de Marín, por conducto de apoderad o, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo en orden a que se declare la nulidad del oficio 3883 FNPSM 2016030280637 del 11 de noviembre de 2016, por medio del cual se le negó la pensión de sobrevivientes, con ocasión del fallec imiento de su hija, Hilda Rosa

1 Folios 1 al 282

Radicado: 05001 23 33 000 2017 01156 01 (4401-2021) Demandante: María de Socorro Araque de Marín Marín Araque, ocurrido el 11 de octubre de 1992.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, pidió condenar a la demandada a i) reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes desde el 11 de octubre de 1992 , con los respectivos reajustes anuales de ley y la actualización de las sumas que resulten; ii) cumplir la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; y iii) pagar las costas y agencias en derecho.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

1. La señora María del Socorro Araque de Marín convivía con su hija, la señora Hilda Rosa Marín Araque bajo un mismo techo.

1. La señora Hilda Rosa Marín Araque laboró como docente nacionalizada en propiedad y al servicio del Departamento de Antioquia desde el 6 de abril de 1973

Rosa Marín Araque bajo un mismo techo.

1. La señora Hilda Rosa Marín Araque laboró como docente nacionalizada en propiedad y al servicio del Departamento de Antioquia desde el 6 de abril de 1973 hasta el 10 de octubre de 1992, lo que equivale a 19 años, 6 meses y 4 días en establecimientos oficiales.

1. El 11 de octubre de 1992 falleció la señora Hilda Rosa Marín Araque y como su padre, el señor Reinaldo Antonio Marín , había fallecido el 13 de abril de 1981 , la señora María del Socorro quedó totalmente desprotegida económicamente , pues dependía económicamente, en todo, de su hija Hilda Rosa.

1. El 29 de septiembre de 2016, la señora María del Socorro Araque solicitó la pensión de sobrevivientes. Dicha petición fue negada por la entidad demandada, a través del Oficio 3883 FNPSM 2016030280637 del 11 de noviembre de 2016, al considerar que los padres no son beneficiarios de la prestación, pues solo tienen tal condición el cónyuge y los hijos de la causante.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación3

Radicado: 05001 23 33 000 2017 01156 01 (4401-2021)

Demandante: María de Socorro Araque de Marín

Como tales se señalaron los artículos 13, 42, 48 y 53 de la Constitución Política ; 8 y 9 de la Ley 153 de 1887; 21 del Código Sustantivo del Trabajo; 3 y 4 de la Ley 71

Como tales se señalaron los artículos 13, 42, 48 y 53 de la Constitución Política ; 8 y 9 de la Ley 153 de 1887; 21 del Código Sustantivo del Trabajo; 3 y 4 de la Ley 71 de 1988; 6 del Decreto 1160 de 1989; y 27 del Decreto 758 de 1990.

Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada del demandante , luego de efectuar un recuento de las normas invocadas y citar jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, expuso, en esencia, los siguientes argumentos:

1. El Decreto 224 de 1972, no obstante establecer un régimen especial para el magisterio, atenta contra de los artículos 13, 42, 48 y 53 superiores, al establecer un tratamiento ostensiblemente discriminatorio en comparación con el régimen general de pensiones establecido en los Decretos 1160 de 1989 y 758 de 1990 y la Ley 71 de 1988; siendo este más favorable en los términos del artículo 53 de la

Constitución Política.

1. El presente caso debe resolverse con el régimen general de pensiones en virtud del principio de favorabilidad o integración normativa, de conformidad con el artículo 27 del Decreto 758 de 1990 y por incluir en el listado de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes a los padres que dependan económicamente del hijo causante.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. El Departamento de Antioquia,2 por conducto de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes razones:

1. El ente territorial no se encuentra legitimado en la causa pasiva, pues, quien debe

1.2.1. El Departamento de Antioquia,2 por conducto de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes razones:

1. El ente territorial no se encuentra legitimado en la causa pasiva, pues, quien debe oponerse o conceder lo reclamado, es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, toda vez que la causante ostentaba la calidad de docente nacionalizada.

2 Folios 71 al 864

Radicado: 05001 23 33 000 2017 01156 01 (4401-2021)

Demandante: María de Socorro Araque de Marín

1. El Departamento de Antioquia no debió ser lla mado a esta litis, no a integrar el contradictorio, por no ser la entidad encargada del manejo y disposición de los recursos que financian la pensión de jubilación de los docentes.

Finalmente, propuso las e xcepciones de falta de legitimación en la causa p asiva, inexistencia de la obligación; legalidad del acto administrativo demandado; y prescripción.

1.2.2. La Nación —Ministerio de Educación -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio— se opuso a las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes razones:3

1. La pretensión de la actora no está ajustada a derecho, toda vez que la Secretaría de Educación, con base en las normas pertinentes y aplicables , señaló que no es viable jurídicamente que se reconozca la pensión de sobrevivientes solicitada, al no cumplir con el presupuesto señalado en el Decreto 224 de 1972.

1. N o puede considerarse la aplicación preferente de la Ley 100 de 1993 para

viable jurídicamente que se reconozca la pensión de sobrevivientes solicitada, al no cumplir con el presupuesto señalado en el Decreto 224 de 1972.

1. N o puede considerarse la aplicación preferente de la Ley 100 de 1993 para obtener de parte del FONPREMAG una pensión de sobrevivientes, por cuanto la citada ley contempla en su artículo 279, la exclusión de los miembros del magisterio.

Finalmente, propuso las excepciones de inexistencia de obligación pensional por aplicación de régimen exceptuado ; p rescripción; p ago de lo no debido ; compensación; buena fe; y genérica o innominada.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal denegó las pretensiones de la demanda ; se abstuvo de condenar en costas a la demandante; y declaró probada la falta de legitimación pasiva del

3 Folios 134 al 1475

Radicado: 05001 23 33 000 2017 01156 01 (4401-2021) Demandante: María de Socorro Araque de Marín departamento de Antioquia. Sustentó su decisión en las siguientes consideraciones:4

1. La señora María del Socorro Araque de Marín pretende el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes po r el fallecimiento de su hija, Hilda Rosa Marín Araque, ocurrido el 11 de octubre de 1992, en aplicación del artículo 27 del Decreto 758 de 1990, los artículos 3 y 4 de la Ley 71 de 1988 y el artículo 6 del Decreto 1160 de 1989; lo anterior, bajo el princi pio de favorabilidad, toda vez que el Decreto 224

758 de 1990, los artículos 3 y 4 de la Ley 71 de 1988 y el artículo 6 del Decreto 1160 de 1989; lo anterior, bajo el princi pio de favorabilidad, toda vez que el Decreto 224 de 1972 no establece como beneficiarios de la pensión post mortem del artículo 7, a los padres del fallecido, solamente a los cónyuges o hijos menores, por lo que le es menos favorable.

1. El Decreto 758 de 1990 solo es aplicable a los trabajadores particulares afiliados al ISS y, excepcionalmente, a los empleados públicos cuyas cotizaciones hubieren sido realizadas a esta entidad. Por su parte, por medio de la Ley 71 de 1988 se creó la pensión por aportes, permitiendo que las personas que hubieren tenido vínculos laborales con el sector privado y el público y que, por tanto, hubiesen efectuado aportes a las entidades de previsión social del sector público y al Instituto de Seguros Sociales, acumularan dichas cotizaciones para completar los 20) años de aportes exigidos por los respectivos regímenes pensionales.

1. En el plenario se e ncuentra acreditado que la señora Hilda Rosa Marín Araque laboró como docente nacionalizada desde el desde el 6 de abril de 1973 hasta el 10 de octubre de 1992 ; durante este periodo no efectúo cotizaciones al Instituto de Seguro Sociales, pues se hallaba afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad que, conforme a la Ley 91 de 1989, e s la administradora de las prestaciones de sus afiliados.

1. Para la fecha de la muerte de la causante, el 11 de octubre de 1992, la

Sociales del Magisterio, entidad que, conforme a la Ley 91 de 1989, e s la administradora de las prestaciones de sus afiliados.

1. Para la fecha de la muerte de la causante, el 11 de octubre de 1992, la normatividad especial aplicable a los docentes era el Decreto 224 de 1972, el cual

4 Folios 239 al 2536

Radicado: 05001 23 33 000 2017 01156 01 (4401-2021) Demandante: María de Socorro Araque de Marín prevé que el cónyuge y/o los hijos men ores del docente que fallece sin cumplir el requisito de edad, exigido para la obtención de la pensión de jubilación, tiene derecho a una pensión de sobrevivientes siempre que el causante hubiere cumplido por lo menos 18 años continuos o discontinuos de servicios.

Revisado el expediente, se tiene que la señora Hilda Rosa Marín Araque laboró como docente nacionalizada por más de 18 años; sin embargo, la normativa referida no contempla a los padres como beneficiarios de la prestación post mortem, por lo tanto, en principio, se concluye que le asistió razón a la entidad demandada al negar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes pretendida por la madre de la docente.

1. Con fundamento en el principio de favorabilidad, la actora pretende que se hagan extensivos los efectos del Decreto 758 de 1990 , pues le resulta más benévolo en cuanto contempla a los padres como beneficiarios de la prestación. Al respecto, encuentra la Sala que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por parte del Instituto de Seguros Sociales, regulado en dicha normatividad, tiene como base

cuanto contempla a los padres como beneficiarios de la prestación. Al respecto, encuentra la Sala que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por parte del Instituto de Seguros Sociales, regulado en dicha normatividad, tiene como base únicamente las semanas de cotización efectivamente realizadas a dicho Instituto, o, en otros casos, se ha admitido la acumulación de cotizaciones hechas al ISS y a otra entidad de previsión social o al empleador, en los casos en que no se hubiere cotizado.

Y conforme a lo dispuesto en su artículo 1, son destinatarios de los beneficios allí dispuestos solamente los trabajadores del sector privado que efectúen cotizaciones al ISS o excepcionalmente, tal como lo ha entendido la jurisprudencia en aplicación al principio de favorabilidad, los empleados públicos que estuvieren afiliados al riesgo de pensión a esta entidad y por ende efectúen cotizaciones al ISS, o a este y otras entida des de previsión social , situación fáctica en la que no se hallaba la causante, puesto que laboró al servicio de la docencia desde el 6 de abril de 1973 hasta el 10 de octubre de 1992, period o en el cual las cotizaciones a seguridad social por pensiones se efectuaron al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, por lo tanto, en el evento de existir la obligación de pago de pensión, le7

Radicado: 05001 23 33 000 2017 01156 01 (4401-2021) Demandante: María de Socorro Araque de Marín correspondería asumirlo a la entidad empleadora.

1. No le asiste razón a la actora al considerar que el régimen prestacional contenido en el Decreto 758 de 1990 preveía el régimen general antes de la entrada en

correspondería asumirlo a la entidad empleadora.

1. No le asiste razón a la actora al considerar que el régimen prestacional contenido en el Decreto 758 de 1990 preveía el régimen general antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, puesto que dicha norma expidió el reglamento general de seguridad social ; esto es, contenía norm as aplicables a los empleados del sector privado que estuvieran afiliados al ISS o para sus trabajadores y, en forma excepcional, a los empleados públicos afiliados a este instituto , siendo equivocado considerar que este era el régimen general de los empleados públicos puesto que las disposiciones aplicables a este sector en materia de pensión de sobrevivientes con anterioridad a la Ley 100 de 1993 eran las previstas en las Leyes 12 de 1975 y 33 de 1985 y los diferentes regímenes especiales vigentes para la época, entre los cuales se hallaba el aplicable a los docentes.

1. Tampoco es posible acudir a los artículos 3 y 4 de la Ley 71 de 1988 y el artículo 6 del Decreto 1160 de 1989, que hacen referencia a los beneficiarios de la sustitución pensional de la pensión por aportes , toda vez que los requisitos para esta prestación son diferentes a los establecidos en el régimen especial de los docentes de la pensión post mortem del artículo 7 del Decreto 224 de 1972 . En efecto, este último exige que el causante no haya cumplido la edad para obtener la pensión y haya prestado sus servicios como docente por lo menos 18 años continuos o discontinuos, mientras que la pensión por aportes exige haber cumplido 55 años de edad para las mujeres y 20 años de aportes su fragados en cualquier

pensión y haya prestado sus servicios como docente por lo menos 18 años continuos o discontinuos, mientras que la pensión por aportes exige haber cumplido 55 años de edad para las mujeres y 20 años de aportes su fragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia y solicitó que se revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la8

Radicado: 05001 23 33 000 2017 01156 01 (4401-2021) Demandante: María de Socorro Araque de Marín demanda. Como sustento de su petición expuso lo siguiente:5

1. Para acceder a la aplicación del Decreto 758 de 1990 y de la Ley 71 de 1988, basta con cumplir la calidad de estar afiliado a algún régimen pensional . En otras palabras, es factible la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 a las personas que no contaban con cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pero sí vinculadas a algún otro régimen pensional, como quiera que dicha exigencia no se encuentra contemplada en el acuerdo. Además, los requisitos, para acceder a los beneficios del Sistema General de Pensiones se acreditan ante el sistema y no ante las entidades que lo conforman.

Y, en caso de duda en la aplicación o interpretación de las fuentes formales del derecho deberá proceder a aplicarse la más favorable.

de Pensiones se acreditan ante el sistema y no ante las entidades que lo conforman. Y, en caso de duda en la aplicación o interpretación de las fuentes formales del derecho deberá proceder a aplicarse la más favorable.

1. En tratándose de la pensión de sobrevivientes, la norma reguladora de cada caso es la vigente para la fecha del deceso del afiliado, que en este caso ocurrió el 11 de octubre de 1992, cuya legislación aplicable es el Decreto 224 de 1972, artículo 7, que establecía como requisito mínimo 18 años de servicios y solo consagra como beneficiarios de la prestación al cónyuge y los hijos menores de edad.

1. La causante prestó los servicios al estado por un lapso superior a 18 años, por lo que, en principio, se llegaría a la conclusión errada de que no habría derecho a la prestación deprecada para su señora madre, quien dependía económicamente de su hija, pues de la lectura de la disposición anterior, no se evidencia la inclusión de la madre como beneficiaria.

No obstante, para la fecha del deceso de Hilda Rosa Marín Araque estaba vigente el Decreto 758 de 1990, que establecía como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes a los padres. En el mismo sentido, estos se encuentran incluidos en tal condición en la Ley 71 de 1988, reglamentada por el Decreto 1160 de 1989.

5 Folios 257 al 2699

Radicado: 05001 23 33 000 2017 01156 01 (4401-2021) Demandante: María de Socorro Araque de Marín iv) Una vez analizado que la señora Hilda Rosa Marín Araque dejó causado el

Radicado: 05001 23 33 000 2017 01156 01 (4401-2021) Demandante: María de Socorro Araque de Marín iv) Una vez analizado que la señora Hilda Rosa Marín Araque dejó causado el requisito de tiempo de servicio, para que sus beneficiarios accedan a la prestación económica deprecada con arreglo al Decreto 224 de 1972, se observa que la actora, María del Socorro Araque de Marín llena a cabalidad los presupuestos formales y materiales o de hecho p ara acceder a la pensión de sobrevivientes, pues, es su beneficiaria, en virtud del principio de favorabilidad e integración normativa del Decretos 758 de 1990 y la Ley 71 de 1988.

1. La actora dependía económicamente de su hija, acorde con los criterios fijados por la jurisprudencia , en la que se estableció que no era la filosofía de la norma exigir la total indigencia o la carencia total y absoluta de medios económicos en los beneficiarios para tener derecho a reclamar la pensión de sobrevivientes.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación, la Sala debe determinar si a la señora María del Socorro Araque de Marín, en su condición de madre de la causante Hilda Rosa Araque Marín, le asiste derecho a que la Nación —Ministerio de Educación

De acuerdo con el recurso de apelación, la Sala debe determinar si a la señora María del Socorro Araque de Marín, en su condición de madre de la causante Hilda Rosa Araque Marín, le asiste derecho a que la Nación —Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio — le reconozca10

Radicado: 05001 23 33 000 2017 01156 01 (4401-2021) Demandante: María de Socorro Araque de Marín la pensión de sobrevivientes de conformidad con el Decreto 758 de 1990, en aplicación del principio de favorabilidad.

2.2. Marco normativo

2.2.1. La pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional

En lo que tiene que ver con el régimen de pensiones, su objetivo es garantizar a la población el amparo contra las eventualidades derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las mismas y las demás prestaciones que se determinan en la citada ley.

Así pues, con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte, el legislador previó una prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brin daba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas d e carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.

En este orden de ideas, esta Sala de Subsección, ha aclarado que si bien la pensión de sobreviviente y la sustitución pensional tienen la misma finalidad de evitar que

desarrollo del principio de solidaridad.

En este orden de ideas, esta Sala de Subsección, ha aclarado que si bien la pensión de sobreviviente y la sustitución pensional tienen la misma finalidad de evitar que los beneficiarios de un trabajador fallecido carezcan del apoyo económico que éste les brindaba, la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al núcleo familiar de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los requisitos legalmente exigibles para pensionarse y fallece; en cambio, la pensión de sobreviviente es aquella prestación que se le otorga al núcleo familiar del afiliado no pensionado, que fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la pensión.6

6 Veáse la sentencia de la Corte Constitucional T-564 de 2015.11

Radicado: 05001 23 33 000 2017 01156 01 (4401-2021) Demandante: María de Socorro Araque de Marín De acuerdo con lo anterior, lo que se controvierte en este proceso es el derecho a la pensión de sobrevivientes, debido a que la señora Hilda Rosa Marín Araque falleció sin cumplir los requisitos mínimos para acceder a la pensión de jubilación.

En cuanto a la ley que gobierna la sustitución pensional, esta Subsección en diferentes oportunidades 7 ha considerado que las disposiciones aplicables son aquellas vigentes al momento del fallecimiento del causante.

Así las cosas, como el deceso de la señora Hilda Rosa Araque ocurrió el 11 de octubre de 1992, frente a la sustitución pensional estaba vigente el Decreto 224 de 1972, por el cual se dictaron normas especiales relacionadas con el sector docente,

Así las cosas, como el deceso de la señora Hilda Rosa Araque ocurrió el 11 de octubre de 1992, frente a la sustitución pensional estaba vigente el Decreto 224 de 1972, por el cual se dictaron normas especiales relacionadas con el sector docente, respecto de aquellas personas que no lograron concretar su derecho pensional por la circunstancia insuperable de su fallecimiento, cuyo artículo 7 dispuso:

Artículo 7. En caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el requisito de edad exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado como profesor en planteles oficiales por lo menos diez y ocho (18) años continuos o discontinuos, el cónyuge y los hijo s menores tendrán derecho a que por la respectiva entidad de previsión se pague una pensión equivalente al 75 % de la asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de la muerte o el hijo menor cumpla la mayoría de edad.(Negritas de la Sala).

En innumerables oportunidades se ha determinado que los docentes no están gobernados por un régimen especial en materia pensional y que al respecto deben observarse las reglas contenidas en la Ley 91 de 1989, que remiten a la aplicación de las normas generales vigentes antes de su expedición para los pensionados del sector público. Sin embargo, debe recordarse que los docentes gozan de especialidad en la regulación normativa de algunos derechos prestacionales como la pensión que, por virtud del Decreto 224 de 1972, se consagró para el cónyuge e hijos menores del docente fallecido, cuando este último no lograba alcanzar el tiempo mínimo de vinculación y cotización al sistema pensional para acceder a la

hijos menores del docente fallecido, cuando este último no lograba alcanzar el tiempo mínimo de vinculación y cotización al sistema pensional para acceder a la pensión de jubilación o para habilitar una pensión sustitutiva para sus beneficiarios.

7 Ver, entre otras, sentencias del 10 de noviembre de 2005. Radicación 3496 -04. consejera Ponente Ana Margarita Olaya Forero y del 2 de octubre de 2008. Radicación 2638 -2014. consejero Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero.12

Radicado: 05001 23 33 000 2017 01156 01 (4401-2021)

Demandante: María de Socorro Araque de Marín

Por otra parte, el artículo 1.º de la Ley 12 de 1975 «por el cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación» prevé la pensión de jubilación post mortem, destinada a proteger al cónyuge o compañero permanente e hijos menores e inválidos del docente que falleciere antes de cumplir la edad para acceder a la prestación, pero que hubiere completado el tiempo de 20 años de servicio exigido, toda vez que esta preceptiva debe interpretarse en armonía con Ley 71 de 1988, en cuanto consagró que el derecho a la pensión de jubilación lo tienen las mujeres de 55 años de edad y los hombres de 60 años de edad que acrediten 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo en una o varias de las entidades de previsión social del orden nacional o territorial o en el Instituto de Seguros Sociales [artículo 7], además de que extendió el grupo de beneficiarios a los padres y hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado,

entidades de previsión social del orden nacional o territorial o en el Instituto de Seguros Sociales [artículo 7], además de que extendió el grupo de beneficiarios a los padres y hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado, cuando faltaren el cónyuge o compañera(o) permanente del causante y los hijos menores o inválidos [artículo 3].

En similar sentido, el Decreto 1160 de 1989 prescribe la sustitución pensional de forma vitalicia a favor i) del cónyuge o compañero permanente e hijos menores de edad o incapacitados para trabajar por estudios o invalidez y ii) en subsidio, a favor de los padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del causante que al momento del fallecimiento gozaba de pensión o había consolidado el derecho a pensionarse por jubilación, invalidez o vejez.

Luego, con la expedición de la Ley 100 de 1993 , se estableció dentro del Régimen General de Seguridad Social la denominada « pensión de sobreviv ientes» que prevé, además de la sustitución de la pensión ya percibida o consolidada por el trabajador fallecido, el reconocimiento de dicha prestación para sus beneficiarios pese a no haber logrado el estatus pensional al momento del fallecimiento, siempre y cuando hubiese efectuado un mínimo de cotizaciones establecido por el legislador.

Esta norma, respecto de los beneficiarios prevé lo siguiente:13

Radicado: 05001 23 33 000 2017 01156 01 (4401-2021)

Demandante: María de Socorro Araque de Marín

Artículo 47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. <Expresiones "compañera o compañero permanente" y "compañero o compañera permanente" en

Demandante: María de Socorro Araque de Marín

Artículo 47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. <Expresiones "compañera o compañero permanente" y "compañero o compañera permanente" en letra itálica CONDICIONALMENTE exequibles> <Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: […] d) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de este; […]

Y el artículo 279 estableció el personal exceptuado de su aplicación, así:

El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los mi embros no remunerados de las corporaciones públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier cla se de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida. […]

Esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-461 de 1995, «siempre que su aplicación no vulnere el principio de igualdad»; por ende,

se expida. […]

Esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-461 de 1995, «siempre que su aplicación no vulnere el principio de igualdad»; por ende, al momento de resolver cada caso, el juez debe analizar tanto la norma especial como el régimen general y en caso que este sea m ás favorable, debe proceder a su aplicación.

Por otro lado, en lo referente a la aplicación de sus disposiciones, el artículo 288 prescribió que t odo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho «a la vigencia de la presente ley» a que le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta ley.14

Radicado: 05001 23 33 000 2017 01156 01 (4401-2021) Demandante: María de Socorro Araque de Marín En este orden, aunque, en principio, la Ley 100 de 1993 no resulta aplicable a