CE - 012333000201701380011SENTENCIA20230531174255

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 08001-23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022)

Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán

Demandado: Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla1

Vinculado: Fiduprevisora S.A.

Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías definitivas reconocidas por sentencia judicial.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA ________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de l Atlántico , mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la señora Natalia Margarita Manotas Guzmán, por conducto de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso

consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la señora Natalia Margarita Manotas Guzmán, por conducto de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en orden a que se declare la nulidad de los Oficios 17056187 del 17 de mayo de 2017, a través del cual se negó el pago de la sanción moratoria y OF2138 QUILLA-17-114095 del 27 de septie mbre de la citada anualidad, que resolvió «extemporáneamente» el recurso de apela ción interpuesto contra del acto primigenio.

1 En adelante DEIP de Barranquilla.2

Radicado: 08001-23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022) Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó: i) condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar la sanción moratoria consistente en un día de salario por cada día de retardo en el pago de las cesantías , equivalente a 1.342 días que transcurrieron de mora desde la fecha en que fue ordenada su cancelación por sentencia judicial ; ii) actualizar las sumas a que hay a lugar de conformidad con el artículo 192 del CPACA, desde la fecha en que se hizo exigible hasta la ejecutoria de la providencia que ponga fin al proceso ; iii) exigir el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 195 ibidem; y iv) condenar en costas y agencias en derecho a la demandada.

1.1.2. Hechos

Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:

en costas y agencias en derecho a la demandada.

1.1.2. Hechos

Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:

1. El 28 de septiembre de 2012, el Tribunal Administrativo del Atlántico condenó al distrito de Barranquilla al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a favor de la demandante, entre otras, de las cesantías definitivas.

1. La aludida decisión se notificó a la entidad territorial mediante el Oficio 1771-C de 2012, reci bido el 28 de d iciembre de mencionada anualidad y radicado con número interno 17351.

1. Pese a ello, la entidad demandada realizó el pago d efinitivo de las cesantías el 1° de agosto de 2016, mediante transferencia electrónica , por un monto de $3.286.720 debidamente indexado y, en consecuencia, se generó una sanción moratoria por haber transcurrido 1.342 días de mora (entre el 27 de noviembre de 2012 y el 1° de agosto de 2016).

1. El 15 de marzo y 12 de diciembre de 2013, 4 de mayo y 9 de septiembre de 2014, la interesada requirió al DEIP de Barranquilla , el pago oportuno de la condena acorde con lo dispuesto en los artículos 188 del CCA y 192 del CPACA e igualmente, informó de las consecuencias jurídicas por el no pago oportuno de las cesantías, sin que ninguno de estos fuere contestado.

1. El 4 de abril de 2017, solicitó ante la administración el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, conforme el tiempo en mora transcurrido desde que fue

las cesantías, sin que ninguno de estos fuere contestado.

1. El 4 de abril de 2017, solicitó ante la administración el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, conforme el tiempo en mora transcurrido desde que fue ordenado el pago de sus cesantías y hasta el momento del pago efectivo, petición que fue negada por medio del Oficio 17-056187 del 17 de mayo de la referida anualidad.3

Radicado: 08001-23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022) Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán vi) El 25 de mayo de 2017 interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión, pasados más de dos meses, el mismo no ha bía sido resuelto, por lo que se configuró el silencio administrativo negativo , sin embargo, la entidad territorial, mediante Oficio OF21138 QUILLA-17-114095 del 27 de septiembre de 2017, procedió a resolver de forma negativa el recurso.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 13, 25, 29 y 53 de la Constitución Política; 2 y 3 de la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante manifestó lo siguiente:

1. Los actos administrativos demandados se encuentran viciados de falsa motivación, en la medida en que le asiste el derecho al pago de la sanción moratoria deprecada, pues el Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia del 28 de septiembre de 2012, debidamente ejecutoriada, ordenó pagar a favor de la demandante las prestaciones sociales, entre ellas, las

moratoria deprecada, pues el Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia del 28 de septiembre de 2012, debidamente ejecutoriada, ordenó pagar a favor de la demandante las prestaciones sociales, entre ellas, las cesantías definitivas.

1. Las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 , regularon lo relativo al pago de las cesantías parciales y definitivas de los empleados públicos y fijaron un término de 15 días contados a partir de la radicación de la solicitud y 45 días siguientes, para proceder a su pago; sin embargo, el DEIP de Barranquilla ha desconocido tales términos, dado que t ranscurrieron 1.342 días de mora, circunstancia que acarrea la sanción equivalente a un día de salario por cada día de retardo.

1. De igual forma, los actos enjuiciados infringen las normas en que debían fundarse, toda vez que el marco normativo en comento, prevé una sanción pecuniaria para el empleador que omita pagar las cesantías en un determinado lapso, con la finalidad de reparar los daños causados al trabajador como consecuencia del mencionado incumplimiento.

1.2. Contestación de la demanda

El DEIP de Barranquilla2, por conducto de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:

2 Folios 84 a 96 del expediente digital, archivo: ED_08001233300020170138(.zip) NroActua 2 , índice 2 de la plataforma Samai.4

Radicado: 08001-23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022)

Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán

índice 2 de la plataforma Samai.4

Radicado: 08001-23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022) Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán i) Los Oficios demandados no adolecen de falsa motivación, porque de la lectura de los mismos se evidencia una negativa amparada en un fundamento legal, habida cuenta de que el pago de las prestaciones sociales a favor de la demandante obedeció a una orden judicial, que en ningún momento estableció el pago de una sanción moratoria, pues el derecho no se encontraba consolidado.

1. El pago de la mora previsto en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, opera de pleno derecho y no depende de un fallo judicial, por lo que la mora que se peticiona no se ajusta a los supuestos previstos en la citada disposición, ya que el desembolso de las cesantías se efectuó en debida forma, tiempo corresp ondiente y en estricto cumplimiento de una sentencia condenatoria.

1. La sanción moratoria procede cuando se demuestra la mala fe del empleador, lo cual no ocurrió en el sub lite, en tanto, se dio cumplimiento a un fallo judicial que lo condenó al pago de unas prestaciones existiendo un acuerdo liquidatorio que comprometía hasta cierto número de procesos judiciales al distrito de Barranquilla, los cuales están relacionados en la gaceta distrital aportada al plenario.

En ese orden de ideas, propuso com o excepciones las de inepta demanda, falta de integración del Litis consorcio necesario, inexistencia de la obligación, pago, buena fe y genérica o innominada.

1.3. La sentencia apelada

En ese orden de ideas, propuso com o excepciones las de inepta demanda, falta de integración del Litis consorcio necesario, inexistencia de la obligación, pago, buena fe y genérica o innominada.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de l Atlántico, mediante sentencia proferida el 16 de diciembre de 20213, negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:

1. La sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas, regulada en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, tiene lugar siempre que al momento del retiro del servicio o de la terminación del contrato, la entidad pagadora incumpla los términos perentorios para la liquidación, reconocimiento y pago de dicha prestación.

1. Por virtud de las sentencias proferidas por esta jurisdicción fechadas 29 de noviembre de 2011 y el 28 de septiembre de 2012, se reconoció que entre la señora Natalia Margarita Manotas Guzmán y el distrito de Barranquilla (sucesor procesal de Redhospital), existió un vínculo laboral desde el 1° de diciembre de 2005 hasta el 1° de diciembre de 2006 y, en consecuencia, se condenó a la entidad a cancelar unos salarios y prestaciones sociales -entre ella s las

3 Ver expediente digital anexo al índice 2 del aplicativo Samai.5

Radicado: 08001-23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022) Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán cesantías-, sumas que le fueron pagadas el 29 de julio de 2016.

Radicado: 08001-23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022) Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán cesantías-, sumas que le fueron pagadas el 29 de julio de 2016.

1. En el presente asunto es posible extender los efectos de la Ley 244 de 1995, pues la penalidad que depreca la demandante no está prevista por la tardanza en el cump limiento de providencias judiciales, pues el legislador previó unas consecuencias propias para la mora en el pago de los fallos que emite esta jurisdicción.

1. En ese sentido, los artículos 192 y 195 del CPACA son claros al ordenar el reconocimiento de intereses moratorios como una medida indemnizatoria por la mora en el pago de las sentencias, circunstancia que cumple idéntica finalidad a la sanción moratoria de que trata las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

1.4. El recurso de apelación

La parte demandante por conducto de apoderado4, interpuso recurso de apelación en el que solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia para que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Como sustento de su petición expuso lo siguiente:

1. El fallo es contradictorio, al señalar q ue la sentencia del 28 de septiembre de 2012, no es fuente de reconocimiento de la sa nción moratoria a su favor, sin embargo, ese mismo tribunal en otras oportun idades ha sostenido que sí es constitutivo de derecho y que a partir de él surgen obligaci ones y derechos para las partes.

1. La providencia al contener una obligación de hacer, como lo es el pago de sus

embargo, ese mismo tribunal en otras oportun idades ha sostenido que sí es constitutivo de derecho y que a partir de él surgen obligaci ones y derechos para las partes.

1. La providencia al contener una obligación de hacer, como lo es el pago de sus cesantías, constituye un mandato judicial de imperativo cumplimiento para la entidad condenada, que al ser valorada en armonía con las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, se puede colegir que procede el reconocimiento y pago de la sanción moratoria deprecada por la omisión en el pago de dicha prestación, que abarca no solo la oportu na cancelación de la sentencia, sino tambi én la penalización económica en que se incurrió por el pago extemporáneo.

1. Por sendos Oficios del 15 de marzo, 12 de diciembre de 2013, 4 de mayo y 9 de septiembre de 2014, se requirió a la entidad no solo el pago de la condena al amparo de los dispuesto en el artícu lo 192 del CPACA, sino también el reconocimiento y desembolso de sus cesantías , y en ese sentido , la indemnización peticionada procede desde el 27 de noviembre de 2012, fecha en que vencían los 65 días para su cancelación o en su defecto desde el 14 de junio

4 Ver expediente digital anexo al índice 2 del aplicativo Samai.6

Radicado: 08001-23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022) Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán de 2013, cuando se cumpl ieron los 65 días hábiles después de la primera solicitud y hasta el 1.° de agosto de 2016, cuando realizó e fectivamente se le canceló.

Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán de 2013, cuando se cumpl ieron los 65 días hábiles después de la primera solicitud y hasta el 1.° de agosto de 2016, cuando realizó e fectivamente se le canceló.

1. No es de recibo la teoría según la cual la sanción moratoria solo es admisible si se presenta solicitud al respecto por parte de la interesada, pues la entidad demandada al resultar vencida en juicio y condenada, tenía pleno conocimiento de su obligación desde el mismo momento en que se le comunicó la providencia del 28 de septiembre de 2012, es decir, ya era de pleno conocimiento de la demandada el deber inexcusable de expedir el acto administrativo de reconocimiento y pago del auxilio.

1. El a quo se equivocó al sostener que lo pretendido en el presente asunto «es el reconocimiento de la sanción moratoria que presuntamente se generó por el no pago oportuno de las sentencias que condenaron al Distrito de Barranquilla a pagar las prestaciones sociales, dentro de las cuales se encuentran las cesantías», pues en ninguno de los apartes de la dema nda se planteó tal afirmación; por el co ntrario, siempre se peticionó la sanción moratoria con ocasión del pago tardío de sus cesantías cuyo reconocimiento y constitución viene por mandato judicial.

1. Sí existe fuente normativa expresa que establece la procedencia y reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías ordenadas en decisión judicial, tal como se dispone en el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, pues el Consejo de Estado expresamente ha indicado que a partir de la sentencia se genera la obligación a cargo de la entidad

ordenadas en decisión judicial, tal como se dispone en el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, pues el Consejo de Estado expresamente ha indicado que a partir de la sentencia se genera la obligación a cargo de la entidad accionada de proceder en los términos de ley.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes guardaron silencio durante esta etapa procesal5.

1.6. El Ministerio Público

La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado 6, luego de efectuar una sinopsis de lo discurrido en el proceso , solicitó se confirme la sentencia de primera instancia, puesto que, lo pretendido por la demandante es el reconocimiento y pago de la sanción moratoria que surge por la tardanza en la

5 Según constancia secretarial visible en índice 12 de la plataforma Samai. 6 Índice 10 de la plataforma Samai.7

Radicado: 08001-23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022) Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán consignación de las cesantías ordenadas a su favor en providencia judicial, las cuales fueron pagadas definitivamente el 29 de julio de 2016.

Bajo esa óptica, precisó que la indemnización moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995, en modo alguno es aplicable a la demora en que incurra la administración, con ocasión del pago de cesantías ordenadas por sentencia judicial, no s olo porque la literalidad de la norma no permite hacer extensiva la sanción a esas situaciones, sino porque el cumplimiento de las sentencias judiciales tiene en la ley términos y sanciones que en forma especial lo rigen.

judicial, no s olo porque la literalidad de la norma no permite hacer extensiva la sanción a esas situaciones, sino porque el cumplimiento de las sentencias judiciales tiene en la ley términos y sanciones que en forma especial lo rigen.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, por la tardanza en el pago de las cesantías definitivas que fueron reconocidas mediante sentencia judicial.

2.2. Marco normativo

2.2.1. De la sanción por mora en el pago de auxilio de cesantía

La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones» en su artículo 1 ° estableció el término de quince (15) días para que la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de los servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la solicitud que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de que la solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario, dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen, pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente indicado.

El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de

una vez se alleguen, pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente indicado.

El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora y causar a su cargo la sanción in dicada en el parágrafo, en el equivalente8

Radicado: 08001-23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022) Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán a un día de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se haga efectivo el pago.

Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de soporte a la exposició n de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada en la aludida ley, en especial, los siguientes:

«[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las solicitudes, prácticamente al mejor postor.

o coima para los funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las solicitudes, prácticamente al mejor postor.

Además de este factor de corruptela y tras la tortuo sa espera, cuando al final se paga al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante que la entidad pagadora, los Fondos, durante tod o ese tiempo han estado trabajando esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin ningún reconocimiento para el trabajador7. ¨[…]».

La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago de las c esantías definitivas y parciales 8, en sus artículos 4 y 5 determinó lo siguiente:

«Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

7 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995. 8 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o

8 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: « Artículo 3°. Retiro parcial de cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: / - 1. Para la compra y adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente. / - 2. Para adelantar estu dios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus hijos.».9

Radicado: 08001-23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022) Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los docume ntos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a par tir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del

de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a par tir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el p ago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.».

De conformidad con el marco normativo que complementa y desarrolla la Ley 244 de 1995, y en armonía con la postura jurisprudencial mantenida por esta Corporación, son dos los momentos que determinan la causación de la sanción moratoria y el punto de partida para fijar el monto de dicha indemnización, a saber: (i) el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías definitivas o parciales, siempre que sea expedido dentro del término legal; y (ii) el vencimiento de los sesenta y cinco (65) o setenta días (70) hábiles9 siguientes a la fecha de reclamación de las mismas o la de la solicitud de reliquidación, cuando no se emitió respuesta por parte d e la administración o se hizo de manera extemporánea.

a la fecha de reclamación de las mismas o la de la solicitud de reliquidación, cuando no se emitió respuesta por parte d e la administración o se hizo de manera extemporánea.

Tal y como se expuso en líneas precedentes, l a Ley 1071 de 2006 que adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, reguló el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, previó las sanciones derivadas de su incumplimiento, y fijó los términos para su cancelación , reiteró los parámetros respecto de los cuales se entiende configurada la mora en el pago de las cesantías solicitadas.

9 Según se haya presentado la reclamación en vigencia del CCA o del CPACA.10

Radicado: 08001-23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022) Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán De esta manera, una vez presentada la solicitud de pago de las cesantías definitivas la entidad cuenta con un término de quince (15) días para expedir el acto de reconocimiento. Además, en el evento de que la solicitud esté incompleta el empleador debe man ifestarlo así al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud y señalar expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen pueda proferir el acto que reconozca la prestación en el término inicialmente indicado.

Así, el plazo con el que cuenta la entidad pagadora para el desembolso de las cesantías definitivas o parciales comienza a computarse desde la firmeza del acto administrativo que lo dispuso , y desde ese instante, la administración

Así, el plazo con el que cuenta la entidad pagadora para el desembolso de las cesantías definitivas o parciales comienza a computarse desde la firmeza del acto administrativo que lo dispuso , y desde ese instante, la administración tiene el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo de la norma en cita, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se haga efectivo el pago.

En efecto, la Sala Plena de esta Corporación 10 sostuvo que la administración cuenta con 45 días hábiles para el pago de la prestación social, contados a partir del momento en que adquiere firmeza el acto administrativo que la reconoce, y agregó que dicho término solo se puede contar desde la ejecutoria del acto administrativo que dio respuesta a la petición y no desde que se radicó.

Ahora bien, la sanción por mora en el pago de las cesantías, parci ales o definitivas, se instituye como una penalidad económica contra el empleador por su retardo en el pago de dicha prestación social, en favor del servidor público, de manera que su propósito se orienta a procurar el pago oportuno de la prestación y no a resarcir o indemnizar al trabajador por los perjuicios derivados de ese retardo . Así lo señaló la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018 11, en los siguientes términos:

«182. Visto lo anterior, es precis o concluir que la sanción moratoria por pago extemporáneo de las cesantías, es una sanción o penalidad cuyo propósito es

siguientes términos:

«182. Visto lo anterior, es precis o concluir que la sanción moratoria por pago extemporáneo de las cesantías, es una sanción o penalidad cuyo propósito es procurar que el empleador reconozca y pague de manera oportuna la mencionada prestación, más no mantener el poder adquisitivo de la suma de dinero que la representa y con ella, la capacidad para adquirir bienes y servicios o lo que la ley disponga como su propósito.

10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de marzo de 2007.

Número interno: 2777-2004. Actor José Bolívar Caicedo Ruíz. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de unificaci ón del 18 de julio de 2018 . Radicado: 73001-23-33-000-2014-0058001(4961-15).11

Radicado: 08001-23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022)

Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán

183. Desde la óptica del empleado, si bien la sanción moratoria representa una suma de dinero considerable, sucesiva mientras no se produzca el pago de las cesantías; ella ni lo compensa ni lo indemniza por la ocurrencia de la mora del empleador en cumplir con su obligación de dar, puesto que su propósito es procurar el pago oportuno de la prestación social, razón por la cual, no es posible hablar que estamos ante un derecho o una acreencia derivada de la relación de trabajo o de las eventualidades que el empleador ampare en virtud de lo que ordena la ley.

oportuno de la prestación social, razón por la cual, no es posible hablar que estamos ante un derecho o una acreencia derivada de la relación de trabajo o de las eventualidades que el empleador ampare en virtud de lo que ordena la ley.

184. De ahí que, en materia de sanción moratoria sea necesario disti nguir su naturaleza de la voluntad legislativa de orientar que el empleado fuera su beneficiario, y en ese panorama concluir que se trata de un derecho; pues contrario a ello, no se erige como una prerrogativa prestacional en la medida que no busca protege r al trabajador de las eventualidades a las que puede verse sometido durante una relación laboral, sino que se instituye como una penalidad económica contra el empleador por su retardo en el pago de la prestación social de las cesantías y en favor del serv idor público. […]». (Negritas del texto original).

De esa suerte, la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías, prevista en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, no comporta un derecho, prerrogati