CE - 012333000201800026011SENTENCIA20231218082206

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos Núm. único de radicación: 170012333000201800026-01

Actor: Nación - Procuraduría General de la Nación - Procuradoras Judiciales I para Asuntos Administrativos núms. 70, 179, 180 y 181 de Manizales, Caldas Demandados: Nación - Ministerio de Educación Nacional; Departamento de Caldas; Municipio de Manizales; y Fiduciaria La Previsora S.A. - Fiduprevisora S.A.1

Asunto: Resuelve los recursos de apelación interpuesto s contra la sentencia proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A. - y por la Nación - Ministerio de Educación Nacional contra la sentencia de 10 de diciembre de 20 21 proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Las señoras Bibiana María Londoño Valencia, Marlen Escudero Torres, Lina Clemencia Duque Sánchez y Catalina Gómez Duque , en su condición de procuradoras judiciales I para Asuntos Administrativos núms. 70, 179, 180 y 181 de Manizales2, presentaron demanda en ejercicio del respectivo medio de control contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional; Departamento de Caldas; Municipio de Manizales; y Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.-, con el objeto de obtener la protección de los derechos e intereses colectivos a la defensa

1 Autoridades vinculadas a través de auto proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas el 12 de diciembre de 2017. Cfr. Ver folio 231 y siguientes del Cuaderno Principal, expediente físico. 2 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento que corresponde al cuaderno núm. 1.2

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del patrimonio público y la moralidad administrativa, presuntamente vulnerados por las entidades accionadas.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones3:

“[…] PRIMERA: Se declare que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL , EL

las entidades accionadas.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones3:

“[…] PRIMERA: Se declare que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL , EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, la FIDUPREVISORA SA y el MUNICIPIO DE MANIZALES, han transgredido y vulnerado los derechos colectivos de DEFENSA

DEL PATRIMONIO PÚBLICO y la MORALIDAD ADMINISTRATIVA.

SEGUNDA: Que en consecuencia de la anterior declaración se le ordene al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, el DEPARTAMENTO DE CALDAS, FIDUPREVISORA SA y el MUNICIPIO DE MANIZALES , adopten los correctivos necesarios frente a las irregularidades que se presentan en el reconocimiento y pago de las cesantías de los educadores y así evitar la sanción moratoria; identificando las causas que originan el incumplimiento de los plazos previ stos en las normas que regulan las cesantías de los docentes y elaboren un plan de mejoramiento y mitigación, ajustado a la ley, que contenga entre otros el cumplimiento del artículo 10 de la ley 1437 de 2011, en el sentido de dar aplicación desde el trámite de la conciliación administrativa al precedente jurisprudencial emanado de l a Corte Constitucional en la sentencia SU-336 de 2017.

TERCERA: Que se le ordene al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL adelantar las acciones judiciales, a través del medio de control de Repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición, tendientes a recuperar el patrimonio público que se ha tenido que pagar como consecuencia del incumplimiento de los términos que

las acciones judiciales, a través del medio de control de Repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición, tendientes a recuperar el patrimonio público que se ha tenido que pagar como consecuencia del incumplimiento de los términos que señala la ley para cancelar las cesantías de los docentes, así como dar inicio a las acciones administrativas contractuales pertinentes que conminen a que la FIDUPREVISORA S.A, de cumplimiento total a las obligaciones pactadas en el Contrato de Fiducia consagrado en la escritura pública 83 de 1990 y los diferentes otros sí que se han suscrito.

CUARTA: Que se le ordene al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL , establecer la información financiera certera sobre los pagos que se han realizado por sanciones moratorias durante los últimos dos años.

QUINTA: Que se ordene a las entidades territoriales expedir los actos administrativos dentro de los términos que la ley consagra dejando constancia de las fechas en las cuales se aprueba el proyecto de resolución por parte de quien administra el fondo, tal como señala el artículo 56 de la ley 962 de 2005 y que en caso de que se superen dichos términos se inicien las investigaciones disciplinarias en virtud de la ley 734 de

2002. […]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones4:

3.1. Señaló que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística

3 Cfr. Indice 2 de SAMAI. Ver folios 1 a 3 del Cuaderno Principal, expediente físico.

cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística

3 Cfr. Indice 2 de SAMAI. Ver folios 1 a 3 del Cuaderno Principal, expediente físico. 4 Cfr. Ver folios 1 a 3 del Cuaderno Principal, expediente físico.3

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y sin personería jurídica, adscrita a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, cuyos recursos son manejados por una entidad fiduciaria estatal denominada Fiduprevisora S.A. y en el marco de la escritura pública núm. 83 de 1990.

3.2. Manifestó que la finalidad del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es el pago de las prestaciones sociales de los docentes oficiales, en especial, para este caso, de las cesantías de los docentes afiliados al mismo y de la sanción moratoria que se cause por la no consignación oportuna de las mismas.

3.3. Afirmó que la Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.- como entidad encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAGno ha cumplido con su obligación contractual de realizar el pago oportuno de las prestaciones sociales de los docentes oficiales, a pesar que recibe como remuneración mensual por la gestión que realiza la suma de $4.583`333.333,oo pesos M/cte., a título de comisión fiduciaria.

pago oportuno de las prestaciones sociales de los docentes oficiales, a pesar que recibe como remuneración mensual por la gestión que realiza la suma de $4.583`333.333,oo pesos M/cte., a título de comisión fiduciaria.

3.4. Resaltó que ni la junta directiva del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAGni el Ministerio de Educación Nacional han adoptado acciones administrativas y sancionatorias de carácter contractual ante el incumplimiento de la Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.-, para evitar el detrimento patrimonial del Estado por los pagos de cesantías que se han realizado tardíamente, mismos que han generado sanciones moratorias canceladas con el presupuesto del Fondo Nacional de Prestaciones Sociale s del MagisterioFOMAG-.

3.5. Indicó que los miembros del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-, entre los cuales se encuentra la Ministra de Educación Nacional, como presidente del mismo , han incumplido con las funciones señaladas en el artículo 7 de la ley 91 de 1989, como es la de velar por el cumplimiento y correcto desarrollo de los objetivos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-, entre ellos, según el artículo 5 de la mencionada ley, es efectuar el pago op ortuno de las prestaciones sociales del personal afiliado; para el caso concreto la consignación de cesantías, pues est án siendo reconocidas y canceladas a los docentes por fuera de los términos legales.

3.6. Señaló que el Departamento de Caldas y el Municipio de Manizales, al ser entes certificados en educación, tienen la obligación de expedir los actos administrativos

siendo reconocidas y canceladas a los docentes por fuera de los términos legales.

3.6. Señaló que el Departamento de Caldas y el Municipio de Manizales, al ser entes certificados en educación, tienen la obligación de expedir los actos administrativos mediante los cuales se reconoce, liquida y ordena el pago de las cesantías a los docentes, para ser sometidos posteriormente a la aprobación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG.4

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3.7. Manifestó que el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no ha cumplido con sus funciones previstas en la ley 5, relativas a velar por el cumplimiento y correcto desarrollo de los objetivos del Fondo, entre ellos el relativo a efectuar el pago oportuno de las prestaciones sociales del personal afiliado, en especial, la consignación de las cesantías , pues estas son reconocidas y pagadas al docente por fuera de los términos legales.

3.8. Afirmó que el Departamento de Caldas y el Municipio de Manizales expiden los actos administrativos mediante los cuales reconoce, liquida y ordena el pago de las cesantías de los docentes superando los términos legales para ello, sin dejar constancia de las fechas en las que se aprueba el proyecto de resolución por parte de quien administra el fondo, como lo ordena el artículo 56 de la Ley 962 de 8 de

cesantías de los docentes superando los términos legales para ello, sin dejar constancia de las fechas en las que se aprueba el proyecto de resolución por parte de quien administra el fondo, como lo ordena el artículo 56 de la Ley 962 de 8 de julio de 20056 y el motivo por el cual se expide dicho acto administrativo fuera de los términos previstos en la ley.

3.9. Resaltó que la cancelación de sanciones por mora en el pago de las cesantías a los docentes representa detrimento patrimonial al Estado e incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Nación – Ministerio de Educación Nacional, el Departamento de Caldas y el Municipio de Manizales, además de incumplimiento contractual por parte de la Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.-, lo cual, según señaló, se encuentra probado con las innumerables solicitudes de conciliación extrajudicial tramitadas ante las procuradurías de Manizales y los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho interpuestos por docentes oficiales en los cuales se reclama el pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.

3.10. Precisó que el detrimento señalado, constituye vulneración al derecho colectivo que busca proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa y de ellos son responsables las entidades demandadas, quienes incumplen sus funciones, atendiendo a las c ompetencias que en materia de reconocimiento de cesantías a docentes les ha otorgado la ley.

3.11. Adujo que las procuradurías I administrativas de Manizales, a la fecha de la presentación de la demanda, certifican que en el año 2017 se ha bían presentado

cesantías a docentes les ha otorgado la ley.

3.11. Adujo que las procuradurías I administrativas de Manizales, a la fecha de la presentación de la demanda, certifican que en el año 2017 se ha bían presentado aproximadamente 500 solicitudes de conciliación con pretensiones que , en

5 Cita el artículo 7 de la Ley 91 de 29 de diciembre de 1989, por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 6 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.5

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conjunto, ascienden aproximadamente a dos mil millones de pesos, en las que se reclamaba el pago de la sanción por mora por pago tardío de cesantías, las cuales se declararon fallidas y en consecuencia se convirtieron en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, contribuyendo con ello a la congestión judicial, lo que también implica detrimento patrimonial. Agregó que es necesaria la implementación de actividades y procedimientos administrativos tendientes a mejorar la situación, porque los aplicad os a la fecha en que se presentó la demanda no han arrojado resultados favorables para la protección del patrimonio público.

3.12. Por último, refirió que, conforme con el informe de auditoría de la Contraloría

porque los aplicad os a la fecha en que se presentó la demanda no han arrojado resultados favorables para la protección del patrimonio público.

3.12. Por último, refirió que, conforme con el informe de auditoría de la Contraloría General de la República del año 2016, la Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.- no ha consolidado datos precisos ni información clasificada sobre pagos con cargo a recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del MagisterioFOMAGpor concepto de sanción por mora por pago tardío de cesantías, por lo que afirmó que las entidades accionadas desconocen el valor pagado, situación que estima representa también una amenaza al patrimonio público.

Contestaciones de la demanda

Contestación del Departamento de Caldas – Secretaría de Educación

4. El Departamento de Caldas – Secretaría de Educación7 presentó escrito en el que se opuso a las pretensiones de la demanda. Afirmó que: i) el Departamento no le asiste responsabilidad alguna en cuanto al pago de cesantías a los docentes oficiales porque esta obligación se encuentra a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, el cual es administrado por la Fiduciaria La Previsora S.A. ; ii) el sector docente posee un régimen especial que regula el pago y reconocimiento de las cesantías, por lo que no se puede aplicar una norma de carácter general de los servidores públicos; y iii) que no es correcto condenar a una entidad conforme a no rmas sancionatorias que no están sujetas a interpretación y más cuando el procedimiento establecido para el sector docente posee su propia regulación respecto de los procedimientos para el reconocimiento de prestaciones.

condenar a una entidad conforme a no rmas sancionatorias que no están sujetas a interpretación y más cuando el procedimiento establecido para el sector docente posee su propia regulación respecto de los procedimientos para el reconocimiento de prestaciones.

4.1. Propuso las excepciones que denominó: i) “No vulneración del derecho colectivo por parte del Departamento de Caldas” con fundamento en que el Departamento, por intermedio de la Secretaría correspondiente, tiene funciones

7 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento que corresponde al cuaderno núm. 1.6

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instrumentales8 y que la Fiduciaria La Previsora S.A. es a quien corresponde el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales; ii) “Buena fe – Inexistencia del daño por parte del Departamento de Caldas” , teniendo en cuenta que ha obrado conforme a los procedimientos, no es competente para realizar pagos de prestaciones sociales y porque ha adoptado las medidas necesarias para evitar la mora en el reconocimiento de prestaciones ; y iii) “Cumplimiento de los deberes legales”, oportunidad en la cual reitera que para el reconocimiento de las cesantías a los docentes oficiales no es procedente aplicar normas generales de los servidores públ icos, porque los docentes “[…] poseen un régimen especial que precisamente regula el reconocimiento y pago de las cesantías (Ley 91 de 1989 y Decreto 2831 de 2005) […]”.

servidores públ icos, porque los docentes “[…] poseen un régimen especial que precisamente regula el reconocimiento y pago de las cesantías (Ley 91 de 1989 y Decreto 2831 de 2005) […]”.

Contestación de la Fiduciaria La Previsora S.A.

5. La Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.- presentó escrito9 en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

5.1. Afirmó que: i) no hace parte del objeto de la sociedad fiduciaria el reconocimiento de derechos sociales de carácter prestacional; ii) la entidad actúa exclusivamente en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAGy en dicha calidad solo está obligada a administrar los recursos, dentro del marco contractual y legal; iii) la entidad ha venido realizando mesas de trabajo con la Procuraduría General de la Nación y ha tomado medidas p ara tramitar, dentro de los términos establecidos, el pago por vía administrativa de las reclamaciones realizadas por los docentes a fin de generar una menor desgaste administrativo y financiero; iv) que la entidad fiduciaria tiene unas obligaciones específicas y que no puede comprometer su propio patrimonio ni total ni parcialmente; por ende, no puede, sin previa y expresa autorización del Fideicomitente, tomar una posición en materia de conciliación judicial, extrajudicial o cualquier otro medio alternati vo de solución de conflictos, porque ello desborda la capacidad legal de esa sociedad; v) el inicio de procesos litigiosos en contra del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAGy la omisión del cumplimiento estricto de los tiempo para los

conflictos, porque ello desborda la capacidad legal de esa sociedad; v) el inicio de procesos litigiosos en contra del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAGy la omisión del cumplimiento estricto de los tiempo para los pagos obedecen a una serie de inconvenientes entre lo que destaca “ temas

8 Indica como funciones de las secretarías de Educación, en la materia, las siguientes: i) Recibir y radicar la solicitud; ii ) Expedir con destino a lo Fiduciaria certificación del tiempo de servicios y régimen salarial y prestacional; iii) Elaborar y remitir con destino o lo Fiduciaria para su aprobación el proyecto de acto administrativo de reconocimiento con lo información del numeral anterior dentro de los 15 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud; iv) Una vez aprobado por lo fiduciaria, suscribir el respectivo acto administrativo de reconocimiento de prestaciones económicas; y v) Enviar los actos administrat ivos en firme o lo fiduciaria para el respectivo pago. 9 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento que corresponde al cuaderno núm. 1.7

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presupuestales a cargo de terceros” y la “la toma separada de términos por parte de las secretarías”.

5.2. Propuso las excepciones que denominó: i) “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA ” con fundamento en que la fiduciaria obra como

de las secretarías”.

5.2. Propuso las excepciones que denominó: i) “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA ” con fundamento en que la fiduciaria obra como administradora de los recursos entregados por el fideicomitente, con obligaciones de medio y no de resultado, sin que tenga competencia para expedir actos administrativos porque es una empresa industrial y com ercial del Estado y no una entidad pública; ii) “BUENA FE”, con fundamento en que todas sus actuaciones se han ceñido a ese principio, en cumplimiento de un deber legal; y iii) “LA GENÉRICA”, para que se reconozca de oficio cualquier excepción probada en favor de la entidad.

Contestación de la Nación – Ministerio de Educación Nacional

6. La Nación – Ministerio de Educación Nacional presentó escrito10 en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Indicó que teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, y del contrato de fiducia mercantil suscrito con la Fiduciaria La Previsora S.A., se transfirieron los derechos de dominio sobre los bienes entregados al fiduciario para el cumplimiento de la finalidad del contrato. En ese orden, explicó que el Ministerio perdió toda posible disposición de los recursos, no decide sobre la inversión de estos ni sobre sus gastos y corresponde a la entidad fiduciaria su administración, defensa y gestión, clarificando además que no expide actos administrativos ni reconoce ni paga, a través de ellos, cesantías o sanción moratoria, por lo que la mora en el pago de las cesantías y sus consecuencias no son su responsabilidad.

6.1. Afirmó que el procedimiento establece que las secretarías de educación

moratoria, por lo que la mora en el pago de las cesantías y sus consecuencias no son su responsabilidad.

6.1. Afirmó que el procedimiento establece que las secretarías de educación certificadas reciben la solicitud y documentación soporte del usuario y elaboran el proyecto de acto administrativo que luego es sometido a aprobación o improbación de la entidad fiduciaria. Agregó que , luego de la aprobación, el proyecto de acto administrativo es remitido al secretario de educación del ente territorial para que lo suscriba y notifi que conforme a la ley . En ese orden de ideas, explica que los llamados a responder son la respectiva secretaría de educación y la Fiduciaria La Previsora S.A. 6.2. Por último, propuso la excepción de “INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE

DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE

10 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento que corresponde al cuaderno núm. 1.8

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EDUCACIÓN NACIONAL” que fundamentó en la ausencia de pruebas de alguna omisión de ese Ministerio.

Contestación del Municipio de Manizales

7. El Municipio de Manizales presentó escrito11 en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda en relación con esa entidad y señaló que en diversos procesos se ha reconocido que la responsabilidad en la materia recae única y exclusivamente en el Ministerio de Educación Nacional.

prosperidad de las pretensiones de la demanda en relación con esa entidad y señaló que en diversos procesos se ha reconocido que la responsabilidad en la materia recae única y exclusivamente en el Ministerio de Educación Nacional.

7.1. Explicó que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva porque la entidad territorial y la secretaría de educación en materia de reconocimiento de prestaciones sociales de los docentes estatales ostentan “funciones meramente operativas” de recepción de documentación y proyección del acto administrativo , y que corresponde al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y a la Fiduciaria La Previsora S.A. la aprobación y liquidación de las prestaciones económicas. Por último, solicitó que, en caso de encontrarse probada, se declarara cualquier excepción en favor de la entidad territorial, aunque esta no se hubiere propuesto en forma directa.

La audiencia de pacto de cumplimiento

8. La audiencia especial de pacto de cumplimiento se llevó a cabo los días 14 de noviembre de 201812 y 25 de febrero de 201913, la cual se declaró fallida.

Sentencia proferida, en primera instancia

9. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas profirió sentencia el día 10 de diciembre de 2021, en la que resolvió lo siguiente14:

“[…] PRIMERO: Declarar que la Nación -Ministerio de Educación y la Fiduprevisora S.A. vulneran el derecho colectivo al patrimonio público.

SEGUNDO: En consecuencia ORDENAR a la Nación Ministerio de Educación que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia adopte el

S.A. vulneran el derecho colectivo al patrimonio público.

SEGUNDO: En consecuencia ORDENAR a la Nación Ministerio de Educación que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia adopte el procedimiento que desarrolle el inciso primero del artículo 57 de la ley 1955 y que contenga los ajustes y correctivos de las fa llas evidenciadas en el trámite del reconocimiento y pago de las cesantías docentes.

Así mismo, dentro del término mencionado, el Ministerio de Educación velará para que se apropien los recursos suficientes para la dotación de los recursos humanos y tecnológicos a las Secretarías de Educación del Departamento de Caldas y del

11 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento que corresponde al cuaderno núm. 1. 12 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento que corresponde al cuaderno núm. 1. 13 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento que corresponde al cuaderno núm. 2. 14 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento que corresponde a la sentencia proferida, en primera instancia.9

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Municipio de Manizales, que requieran para asumir las competencias a que se refiere el inciso primero del artículo 57 de la ley 1955 de 2019.

También deberá iniciar dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta

Municipio de Manizales, que requieran para asumir las competencias a que se refiere el inciso primero del artículo 57 de la ley 1955 de 2019.

También deberá iniciar dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia las acciones legales que sean procedentes en contra de los funcionarios responsables, para propender por la recuperación de los dineros que han debido cancelarse por motivo del pago de las sanciones por mora.

ORDENAR a la Fiduprevisora como administradora del FOMAG que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia remita a las Secretarías de Educación del Departamento de Caldas y del Municipio de Manizales la totalidad de la información de los pagos de cesantías realizados a los docentes adscritos a dichas dependencias y regulados por la ley 91 de 1989, información que deberá ser entregada de forma digital y debidamente organizada.

TERCERO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de esta providencia, el cual estará integrado por la Magistrada sustanciadora del proceso quien lo presidirá, por un delegado de los Procuradores Judiciales I de Manizales, un delegado del Ministerio de Educa ción, un delegado del Fomag, y los Secretarios de Educación del Municipio de Manizales y del Departamento de Caldas; de conformidad con lo establecido por el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, quienes se reunirán por convocatoria de quien lo preside a petición de cualquiera de sus integrantes, harán seguimiento a lo ordenado e informarán sobre las acciones que se adopten y ejecuten.

QUINTO (Sic): SE ORDENA la publicación de la parte resolutiva de la presente

seguimiento a lo ordenado e informarán sobre las acciones que se adopten y ejecuten.

QUINTO (Sic): SE ORDENA la publicación de la parte resolutiva de la presente sentencia en un diario de amplia circulación nacional a cargo de la Nación-Ministerio de Educación. Hecho lo anterior deberá enviar constancia de la publicación con destino al expediente.

SEXTO: Para los efectos del artículo 80 de la Ley 472 de 1998, por la Secretaría del Tribunal, se enviará copia de la demanda, del auto admisorio y del presente fallo a la Defensoría del Pueblo con destino al Registro Público de Acciones Populares y de

Grupo.

SÉPTIMO: EJECUTORIADA esta providencia ARCHÍVENSE las diligencias previas las anotaciones respectivas en el sistema SIGLO XXI.” […]”.

Consideraciones del Tribunal

10. El Tribunal consideró que el problema jurídico consistía en determinar si “[…] ¿La causación de la sanción mora en el trámite adelantado por las entidades accionadas para el reconocimiento y pago de las cesantías docentes, constituye vulneración a los derechos a la moralidad administrativa y al patrimonio público?

[…]”.

11. El Tribunal, luego de establecer el alcance del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos y de estudiar los marcos normativos y desarrollos jurisprudenciales de los derechos e intereses colectivos invocados, a saber, la defensa del patrimo nio público y la moralidad administrativa, y de determinar las competencias de cada una de las entidades en el trámite de reconocimiento y pago de las cesantías docentes; consideró que, “[…] se presentó

saber, la defensa del patrimo nio público y la moralidad administrativa, y de determinar las competencias de cada una de las entidades en el trámite de reconocimiento y pago de las cesantías docentes; consideró que, “[…] se presentó un cambio sustancial en el trámite de las cesantías de los docentes oficiales10

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regulados por la ley 91 de 1989, en el sentido que el reconocimiento y liquidación de la prestación, q