CE - 012333000201800058011SENTENCIA20230606124119

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00058-01 (25858)

Demandante: Gensa S.A. ESP

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., uno (01) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2018-00058-01 (25858)

Demandante: Gensa S.A. ESP

Demandado: SENA

Temas: Aportes. Fondo de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC). Motivación del acto definitivo. Sujeción pasiva.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra el fallo del 16 de julio de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas, que resolvió (f. 170):

Primero: Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones nros. 0011820, del 07 de noviembre de 2017, y 0002203, del 27 de diciembre del mismo año, en relación con la contribución FIC correspondiente a los periodos diciembre de 2012 y enero a diciembre de 2013, de conformidad con las consideraciones que anteceden, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derec ho promovido

a los periodos diciembre de 2012 y enero a diciembre de 2013, de conformidad con las consideraciones que anteceden, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derec ho promovido por Gensa S.A. ESP contra el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

Segundo: Negar las demás pretensiones.

Tercero: Sin costas, en razón a que las pretensiones de la demanda prosperaron parcialmente.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante la Liquidación nro. 36 -F-165, del 03 de noviembre de 2017 (f. 180 caa1) , la demandada liquidó la contribución al FIC (Fondo de Formación Profesional de la Industria de la Construcción), a cargo de la actora para los periodos que van de diciembre de 2012 a diciembre de 2016 , con los respectivos intereses moratorios . Basándose en esa liquidación, la demandada profirió la Resolución nro. 001820, del 07 de noviembre de 2017, (ff. 187 a 189 caa1), con la cual determinó las contribuciones y los intereses de mora a cargo de la actora para esos periodos; decisión que modificó con la Resolución nro. 002203, del 27 de diciembre de 2017 (ff. 222 a 234 caa1), para disminuir los aportes e intereses liquidados, debido al pago realizado por un contratista de la contribuyente.

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la actora formuló las siguientes pretensiones (f. 30):Radicado: 17001-23-33-000-2018-00058-01 (25858)

Demandante: Gensa S.A. ESP

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Primera: Se declare la nulidad de la Resolución nro. 001820 , del 17 de noviembre de 2017 (sic), revocada parcialmente por la Resolución nro. 002203, del 27 de diciembre de 2017, proferidas por el

Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, Regional Manizales.

Segunda: A título de restablecimiento del derecho, se declare que Gensa no adeuda valor alguno por concepto de la contribución para el fomento de la construcción (FIC) de los años gravables 2012 al

2016.

Tercera: En caso de que G ensa, por cualquier razón, se vea obligada a pagar al SENA para efecto de evitar el embargo de sus cuentas, y ello esté probado, se ordene la devolución del dinero con los respectivos intereses.

Cuarta: Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad pública demandada.

A los anteriores efectos, invocó como normas vulneradas los artículos 1.°, 29, 123 y 209

respectivos intereses.

Cuarta: Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad pública demandada.

A los anteriores efectos, invocó como normas vulneradas los artículos 1.°, 29, 123 y 209 de la Constitución; 34 del CST (Código Sustantivo del Trabajo, Decreto Ley 2663 de 1950); 6.° del Decreto Ley 2375 de 1974; 2.°, 717, 730, 742 y 745 del ET (Estatuto Tributario) ; 42, 137 y 138 del CPACA, bajo el siguiente concepto de violación (ff. 6 a 30):

Sostuvo que su co ntraparte violó el debido proceso y su s derechos de defensa y contradicción porque se limitó a citar las normas que regulan el hecho generador de la contribución al FIC, sin exponer los motivos por los cuales, en su calidad de administradora de servicios públicos, estaba obligada al pago de esa contribución y la forma en la que se determinó la obligación tributaria a su cargo (señaladamente, la identificación de los contratista incumplidos y de los contratos de obra gravados, el número de empleados, la fecha de causación del gravamen, los factores que integraban la base gravable y la tarifa aplicable). También sustentó la infracción al debido proceso en que la demandada omitió expedir un acto previo a la liquidación oficial de la obligación (como un emplazamiento para declarar).

Para oponerse al fondo de la decisión, planteó que no era sujeto pasivo de la contribución de la litis porque su actividad económica es la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, mas no la construcción de obras que,

de la litis porque su actividad económica es la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, mas no la construcción de obras que, en su criterio, constitu ye el hecho gravado con los aportes al FIC . Agregó que tampoco era de udora solidaria de la contri bución a cargo de los terceros que contrató para la ejecución de algunas obras ya que, conforme al artículo 34 del CST, la responsabilidad de la empresa contratante no abarca los aportes parafiscales. Sostuvo que, en cualquier caso, si se juzgara que era responsable de esa obligación tributaria, la demandada debía determinar la obligación a cargo de los contratistas y, solo si estos incumplían , podría exigirle su pago. A su vez, se opuso a que se determinara el tributo a partir de la base gravable presunta reglada en el artículo 7.° de la Resolución 1449 de 2012, puesto que esa base imponible solo era aplicable cuando los empleadores no aportaban las nóminas de los empleados asociados a las obras, lo que no pudo constatarse en el sub lite, por la inactividad de la demandada . Además, afirmó que , como los actos acusados no identificaron los contratistas que incumplieron con el pago de la contribución, le fue imposible verificar la correcta liquidación de esa deuda tributaria. Alegó que se vi oló el debido proceso y el principio de non bis idem al proferirse dos liquidaciones para los periodos gravables 2012 y 2013. Al respecto, precisó que la contribución al FIC para esos periodos ya se había determinado en las Resoluciones nros. 000172, del 02 de marzo de

periodos gravables 2012 y 2013. Al respecto, precisó que la contribución al FIC para esos periodos ya se había determinado en las Resoluciones nros. 000172, del 02 de marzo de 2017 y 000415 ,del 04 de mayo de 2017. Por último, señaló que, en cualquier caso, la Administración perdió la competencia para fiscalizar los aportes del 2012, pues omitió notificar la liquidación oficial dentro del término previsto en el artículo 717 del ET.Radicado: 17001-23-33-000-2018-00058-01 (25858)

Demandante: Gensa S.A. ESP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (ff. 82 a 94), para lo cual aseveró que mediante las comunicaciones que le remitió en el desarrollo de la actuación administrativa identificó los contrato s de obra respecto de los cuales debía pagar los aportes al FIC, por la omisión de sus contratistas. Planteó que la demandante estaba obligada a realizar los aportes en su calidad de entidad contratante, porque omitió constar que esos terceros cumplieran con el pago de las contribuciones. Además, sostuvo que, como no logró demostrar el número de trabajadores vinculados a cada una de las obras contratadas, era procedente practicar la liquidación de las contribuciones a partir de la base gravable presunta, i.e. sobre el 0,25% del valor de las obras. De otra parte, precisó que la obligación tributaria determinada en las Resoluciones nros. 000172, del 02 de

base gravable presunta, i.e. sobre el 0,25% del valor de las obras. De otra parte, precisó que la obligación tributaria determinada en las Resoluciones nros. 000172, del 02 de marzo de 2017 y 000415, del 04 de mayo de 2017, correspondía a los contratos de obra de noviembre y diciembre de 2011, cuya ejecución terminó en los periodos 2012 y 2013, razón por la cual eran diferentes de aquellos respecto de los cuales se liquidó la contribución con los actos demandados. Agregó que en los primeros actos le advirtió a la actora que estaba pendiente la determinación de los aportes que se caus aron para los periodos comprendidos entre 2012 y 2015. Por lo expuesto, propuso las excepciones de fondo que denominó «diferencia de las vigencias en el cobro de las distintas resoluciones», «Gensa deudor del FIC y sus intereses» y la genérica.

Sentencia apelada

El tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda sin condenar en costas (ff. 157 a 170). Al respecto, juzgó que, durante la actuación administrativa, la demandada expuso los motivos por los cuales la demandante era sujeto pasivo de la contribución al FIC, así como los montos que sirvieron de base para la liquidación de esa obligación, los cuales fueron determinados a partir de la información suministrada por la misma actora. Aunque aceptó que la demandada debía poner en conocimiento de la contribuyente el inicio de la actuación administrativa para la determinación de la contribución de la litis, consideró que ello se cumplió en el sub examine porque, previo a la determinación oficial de la obligación , se adelantaron actuaciones con el objeto de solicitar información y se

inicio de la actuación administrativa para la determinación de la contribución de la litis, consideró que ello se cumplió en el sub examine porque, previo a la determinación oficial de la obligación , se adelantaron actuaciones con el objeto de solicitar información y se expidió una « liquidación previa» respecto de la cual la actora presentó objeciones que fueron descartadas al proferirse la liquidación definitiva.

Sobre el fondo de la discusión, determinó que la demandante era sujeto pasivo de la contribución debatida porque, conforme a su objeto social, además de prestar el servicio público de energía el éctrica podía realizar actividades de «construcción, administración, operación, mantenimiento y reparación de la infraestructura». Además, basándose en el artículo 8.° del Decreto 083 de 1976, juzgó que como dueña de las obras estaba obligada a efectuar los aportes al FIC, al margen de la responsabilidad de los contratistas. Asimismo, estimó que la contribuyente tenía la carga de probar los pagos que realizó a favor de los terceros que contrató para la ejecución de las obras en los periodos de la litis, el pago de los aportes al FIC a cargo de estos y el número de empleados vinculados a las obras, pues esa información fue requerida por la demandada durante la investigación. Por ello, avaló la determinación de la obligación a partir de la base gravable presunta, pues la actora no probó la nómina de trabajadores. En cambio, estimó que la demandada violó el debido proceso al proferir dos liquidacione s respecto de los aportes de 2012 y 2013, motivo por el cual anuló los actos respecto de esos periodos.

Recurso de apelación

Ambas partes apelaron la decisión de primer grado.

debido proceso al proferir dos liquidacione s respecto de los aportes de 2012 y 2013, motivo por el cual anuló los actos respecto de esos periodos.

Recurso de apelación

Ambas partes apelaron la decisión de primer grado. La actora (ff.179 a 185) insistió en la violación de las garantías constitucionalesRadicado: 17001-23-33-000-2018-00058-01 (25858)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 ocasionada por la supuesta falta de motivación de los actos demandados. Al efecto, reiteró que la demandada se limitó a citar las normas que regulan el hecho generador de los aportes al FIC, pero sin identificar los contratos de obra gravados con la contribución, sin determinar las razones por las que estaría sujeta al tributo, sin indicar el valor, la fecha de inicio y de terminación de los contratos, lo que, además, le impidió conocer la forma como determinó el monto y la causación de los aportes a su cargo. Reiteró que no era sujeto pasivo de la contribución al FIC, p uesto que ese tributo gravaba a los constructores que no estaban obligados a tener aprendices y, en su caso, la actividad económica que desarrollaba no era del sector de la construcción y tenía vinculados los 19 aprendices que le asignó la demandada. Al respecto, censuró que el tribunal le asignara la carga de probar los elementos de la obligación tributaria, pues ello le correspondía a la demandada, como

desarrollaba no era del sector de la construcción y tenía vinculados los 19 aprendices que le asignó la demandada. Al respecto, censuró que el tribunal le asignara la carga de probar los elementos de la obligación tributaria, pues ello le correspondía a la demandada, como parte que alegaba su causación. Agregó que en si el a quo juzgaba procedente invertir la carga de la prueba debía hacerlo antes de proferir la sentencia para que ejerciera su derecho de defensa. Por último, insistió en que, si se juzgase que era sujeto pasivo de los aportes de la litis, los actos demandados violaron las normas en las que debían fundarse al determinar los aportes al FIC a partir de la base presunta sin antes requerir a los contratistas para que aportaran la nómina de los empleados vinculados a las obras que se consideraban gravadas. Agregó que no pudo suplir esa inactividad probatoria de la Administración porqu e al omitirse la identificación de los contratos que causaron los aportes, se le imposibilitaba requerir a los contratistas. Prescindió del cargo relativo a la violación del debido proceso por la omisión de un acto previo a la liquidación oficial.

Por su parte, la demandada (ff. 175 a 177) censuró que el tribunal considerara que las contribuciones de la litis se determinaban por vigencias anuales, pues su liquidación debía practicarse respecto de cada obra, con una periodicidad mensual o al momento de su finalización. Por ello, defendió la legalidad de las dos liquidaciones que profirió para 2012 y 2013, y explicó que la primera correspondió a las obras de noviembre y diciembre de 2011, que terminaron su ejecución en esos años (i.e. 2012 y 2013).

y 2013, y explicó que la primera correspondió a las obras de noviembre y diciembre de 2011, que terminaron su ejecución en esos años (i.e. 2012 y 2013).

Alegatos de conclusión

Las partes reiteraron lo s argumentos expuestos en las anteriores etapas procesales (índice 19 y 20 1). El ministerio público pidió confirmar la sentencia de primera instancia (índice 22), porque consideró que la demandada infringió el debido proceso al proferir dos liquidaciones respecto de los mismos periodos, pero no al determinar los aportes a partir de la base gravable presunta, puesto que la actora desatendió los requerimientos de información realizados y no acreditó el número de empleados vinculados a las obras para desvirtuar esa liquidación.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos de apelación formulados por las partes, contra la sentencia del tribunal, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda sin condenar en costas. En primer lugar, se establecerá si se incurrió en infracción de las garantías constitucionales y legales por la supuesta falta de motivación de los actos acusados. De no ser así , se determinará si la demandante era sujeto pasivo de las contribuciones al FIC; si era improcedente determinar esa obligación tributaria a partir de la base gravable presunta prevista en el artículo 7.° de la Resolución 1449 de 2012; y si los aportes de los periodos de 2012 y 2013 podían determinarse en los actos demandados, en la medida en que eran diferentes de aquellos que fueron liquidados

1449 de 2012; y si los aportes de los periodos de 2012 y 2013 podían determinarse en los actos demandados, en la medida en que eran diferentes de aquellos que fueron liquidados

1 Del historial de actuaciones registradas en el repositorio informático SAMAI.Radicado: 17001-23-33-000-2018-00058-01 (25858)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 en una actuación administ rativa anterior . Si se estableciera que era procedente la liquidación oficial de los aportes de esos periodos, corresponderá definir si operó la falta de competencia temporal de la Administración para fiscalizar las contribuciones de 2012, pues ese cargo de la demanda no fue analizado por el tribunal, en tanto consideró que debían anularse los actos respecto de ese periodo por su doble liquidación.

2Sobre la primera cuestión debatida, el tribunal consideró que los actos demandados fueron debidamente motivados p orque, a lo largo de la actuación administrativa, la autoridad tributaria expuso las razones por las cuales la demandante es sujeto pasivo de los aportes al FIC e identificó los montos que sirvieron de base para liquidarlos a partir de la información que ella misma reportó. A lo anterior se opone la actora argumentando que, en los actos demandados, la Administración se limitó a citar las normas que reglaban los elementos del hecho generador de las contribuciones al FIC, pero sin exponer le los motivos por los cuales consideraba que era contribuyente de esos aportes y sin identificar los contratos de obra gravados, su propiedad sobre las obras contratadas, la fecha de su

elementos del hecho generador de las contribuciones al FIC, pero sin exponer le los motivos por los cuales consideraba que era contribuyente de esos aportes y sin identificar los contratos de obra gravados, su propiedad sobre las obras contratadas, la fecha de su inicio y terminación, los contratistas que incumplieron con el pago de las contribuciones, y el valor de los contratos que sirvieron de base para su liquidación. Esas omisiones, en su criterio, configuran una infracción al debido proceso y sus derechos de defensa y contradicción, ya que le impidieron conocer la forma como se determinó la obligación tributaria a su cargo. En esos términos, la Sala decidirá si la demandada transgredió las garantías constitucionales y legales que rigen el deber de motivación de las actuaciones administrativas.

2.1Para atender esa cuestión, la Sala precisa que la motivación –como presupuesto de validez de los actos administrativos– se refiere a los fundamentos de hecho y de derecho en los que se basa la Administración para adoptar una decisión, la cual debe ser clar a, puntual y suficiente 2. En criterio de esta Sección 3, la indebida motivación de los actos constituye una violación del debido proceso y del derecho de defensa en tanto impida al interesado controvertir las razones y decisiones de las autoridades. En líne a con ese razonamiento, el artículo 42 del CPACA prevé que cualquier decisión que se adopte por una autoridad administrativa «será motivada».

En torno a l as liquidaciones oficiales de tributos, la Sala ha precisado que una pauta adecuada para determinar si la motivación resulta ser clara, puntual y suficiente, consiste en verificar si de la lectura de la decisión y de los fundamentos fácticos y jurídicos, el

adecuada para determinar si la motivación resulta ser clara, puntual y suficiente, consiste en verificar si de la lectura de la decisión y de los fundamentos fácticos y jurídicos, el destinatario del acto y quien ejerce el control de legalidad pueden extraer las razones precisas y concretas por las cuales se determinó oficiosamente la deuda y todas las circunstancias esenciales que permitan entender tal decisión y su alcance 4. A su vez la Secciónha aclarado que «no hay falta de motivación del acto principal, cuando al menos en forma sumaria, se dan las razones o fundamentos de la decisión, lo que debe resultar suficiente para que la demandante entienda el punto de la controversia lo que permite incluso el examen contextual del procedimiento administrativo previo al acto», con lo cual, el examen del sustento fáctico y jurídico de la liquidación oficial de un tributo conlleva el estudio «conjunto los antecedentes administrativos del acto acusado para determinar la existencia y fundamentos de la motivación » (sentencia del 01 de agosto de 2019, exp. 21826, CP: Jorge Octavio Ramírez).

A la luz de los anteriores razonamientos, la indebida motivación de los actos de determinación oficial de una obligación tributaria conducirá a la nulidad de la decisión cuando para el interesado no sea posible controvertir las concretas modificaciones

2 Sentencia del 01 de junio de 2016 (exp. 21702, CP: Martha Teresa Briceño). 3 Sentencias del 21 de julio de 2019 (exp. 21026, CP: Julio Roberto Piza ); y 01 de agosto de 2019 (exp. 21826, CP: Jorge Octavio Ramírez).

3 Sentencias del 21 de julio de 2019 (exp. 21026, CP: Julio Roberto Piza ); y 01 de agosto de 2019 (exp. 21826, CP: Jorge Octavio Ramírez). 4 Sentencia del 18 de julio de 2019, exp. 21026, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 17001-23-33-000-2018-00058-01 (25858)

Demandante: Gensa S.A. ESP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 introducidas a su declaración o la estimación oficial, en los casos en que estas no hayan sido autoliquidadas.

2.2Por consiguiente, le corresponde a la Sala analizar los actos demandados junto con las actuaciones desarrolladas por la autoridad tributaria, para definir si de su análisis conjunto es posible conocer el fundamento fáctico y jurídico de la obligación tributaria que se determinó a cargo de la actora. Al respecto, está acreditado en el plenario lo siguiente:

(i) El 31 de mayo de 2017, la demandada le solicitó a la actora información certificada por el representante legal y el revisor fiscal, sobre la terminación de las obras contratadas que ocurrieron en las vigencias 2012 y 2016, para lo cual identificó, respecto de cada periodo, los contratos, los contratistas y el valor de estos (ff. 47 a 50 caa1).

(ii) La demandante respondió el anterior requerimiento , mediante oficio nro. 1 -2017001653 del 15 de junio de 2017, en el cual, el presidente, el líder de la unidad de compras y contratación y el revisor fiscal, refirieron los contratos y contratistas que identificó la Administración, el valor inicial y final de cada contrato, el monto correspondiente al impuesto sobre las ventas, la fecha de inicio y de terminac ión y el estado del contrato – i.e. terminado, liquidado, en liquidación, en ejecución o suspendido– (ff. 51 a 61 caa1).

(iii) El 21 de julio de 2017, la demanda profirió la liquidación oficial nro. 36 -F-165, determinando los aportes al FIC a cargo de la actora por los periodos de septiembre 2012 a diciembre 2016 y los intereses moratorios por un valor de $391.467.692. A esa liquidación se adjuntaron dos comunicaciones en las que se identificaron los contratos, contratistas, la fecha de terminación y el mo nto de las obras a partir de los cuales se determinaron las contribuciones al FIC (ff. 84 a 93 caa1).

(iv) Como respuesta a lo anterior, el 31 de agosto de 2017, la demandante aportó la declaración de los aportes al FIC presentadas por los contratistas r especto de ocho contratos (ff. 95 a 114 caa1). Además, presentó peticiones a la demandada para que certificar el pago de las contribuciones por otros contratistas (ff. 121 a 166 caa1).

(v) El 17 de octubre de 2017, la demandada envió una comunicación a la actora informándole que se excluían siete de los contratos que identificó de la liquidación oficial

(v) El 17 de octubre de 2017, la demandada envió una comunicación a la actora informándole que se excluían siete de los contratos que identificó de la liquidación oficial nro. 36-F-165, pero se mantenía uno de estos porque el monto pagado como aporte no coincidía con la determinación oficial (f. 175 y 176 caa1). A esa comunicación se aportó la liquidación oficial nro. 36 -F-165 con la obligación tributaria actualizada en cuantía de $314.702.264 (f. 177 caa1).

(vi) El 03 de noviembre de 2017, la demandada actualiza nuevamente la anterior liquidación, para excluir los aportes respecto de los contratos que finalizaron entre septiembre y noviembre de 2012 (f. 180 caa) . En cuanto al contenido de la liquidación oficial nro. 36 -F-165, la Sala verifica que en esta se identifica a la demandante y los periodos gravables respecto de los cuales se determina la contribución (e.g. diciembre de 2012 a diciembre de 2016), para cada año se señala la «base de liquidación» en el renglón denominado «total valor contratos todo costo », así: (i) para diciembre de 2012 se fi ja la base en $1.732.211.669; (ii) para los meses de 2013 en $6.835.353.615; (iii) para los meses de 2014 en $26.550.420.664; (iv) para los meses de 2015 en $19.611.825.234; y (v) para los meses de 2016 en $14.692.399.078. Esos montos corresponden al valor de los contratos que certificó la propia demandante, cuya ejecución terminó en cada uno de

(v) para los meses de 2016 en $14.692.399.078. Esos montos corresponden al valor de los contratos que certificó la propia demandante, cuya ejecución terminó en cada uno de los meses de los años fiscalizados, y que fueron identificados por la Administración en las comunicaciones anexas a la primera liquidación practicad a. De la misma f orma, que , cuando se modificó esa liquidación, la demandada informó a la actora cuáles eran los contratos de obra y periodos que se excluían del cálculo de los aportes. A partir del montoRadicado: 17001-23-33-000-2018-00058-01 (25858)

Demandante: Gensa S.A. ESP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 de los contratos que integran la base gravable, en la liquidación of icial se determina la contribución al FIC por el 0,25% del « total valor contratos todo costo », así: (i) para diciembre de 2012 por $4.330.529; (ii) para los meses de 2013 por $17.088.384; (iii) para los meses de 2014 por $66.376.052; (iv) para los meses de 2015 por $49.029.563; y (v) para los meses de 2016 por $36.730.998. Para los meses de 2013, se descuenta como «valor pagado» la suma de $4.639.815. Además, por cada año se fijan los intereses de

mora: (i) $6.302.837 para el 2012; (ii) $17.511.044 parra 2013; (iii) $62.775.462 para 2014; (iv) $31.848.006 para 2015; y (iv) 12.794.208 para 2016. Por último, en las observaciones se señala que la anterior corresponde a la « liquidación FIC vigencias 2012 -2016» y se identifica al coordinador de relaciones corpora tivas e internacionales y la funcionaria de fiscalización.

(vii) Mediante la Resolución nro. 001820, del 17 de noviembre de 2017 (ff. 187 a 189 caa1), la demandada determinó que la actora como «empleador» le adeudaba al FIC la suma de $300.147.268, por l os aportes de los periodos que van de diciembre de 2012 a diciembre de 2016 y los intereses causados por la mora en su pago. Como sustento de esa decisión, la demandada transcribió las normas que prevén los elementos del hecho generador de los aportes al FIC. Entre otras disposiciones, citó el artículo 6.° del Decreto 2375 de 1974 conforme al cual los empleadores de la industria de la construcción deben realizar aportes al FIC mensualmente en cuantía de un SMLMV por cada 40 trabajadores contratados. Los artículos 7.° y 8.° del Decreto 083 de 1976 que identifican, entre los contribuyentes de los aportes al FIC , a quienes ocasional o permanentemente, por su cuenta o la de un tercero, erigen o levantan estructuras inmuebles y a quienes trabajan en el mantenimiento y reparación de dichas obras ; también señalan como responsables del pago del tributo a l propietario de la obra en las construcciones por el sistema de

cuenta o la de un tercero, erigen o levantan estructuras inmuebles y a quienes trabajan en el mantenimiento y reparación de dichas obras ; también señalan como responsables del pago del tributo a l propietario de la obra en las construcciones por el sistema de administración delegada y a los contratistas o constructores principales de la misma en los contratos a precio alzado o a precios unitarios fijos. Además, indican que el valor de las obras para liquidar los aportes corresponde al que resulte de la suma de todos los pagos que con cargo a una obra determinada hagan su propietario o el contratista. Por último, transcribió el artículo 6.° de la Resolución 1449 de 2012 que refiere que «los propietarios o contratistas serán responsables de la contribución al FIC sobre el costo total de la obra, en los casos que no demuestren que sus subcontratistas cancelaron el FIC». En seguida, la demandada indicó que «en virtud del proceso de fiscalización y producto del seguimiento y control con radicado 2 -2017-004355 del 17 de octubre de 2017 se comunicó liquidación nro. 36 -F-165 del 17 de octubre de 2017, que s e generó con base en la información aportada … en la cual se estableció que el empleador se encuentra obligado a pagar la contribución al FIC »; precisando que «producto del seguimiento y control se actualizó la liquidación » el 03 de noviembre de 2017, resu ltando un saldo a pagar por $300.147.268, el cual discrimina para