CE - 012333000201800062011SENTENCIA20230531082154

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 20001-23-33-000-2018-00062-01 (6161-2022)

Demandante: Lissandro Andrés Pitre Mercado Demandado: Ministerio de Educación , Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otros.

Temas: Reconocimiento y pago de sanción moratoria por retardo en la consignación de cesantías definitivas con régimen de retroactividad / prescripción.

Sentencia segunda instancia __________________________________________________________________ Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuest o por la parte demandante , contra la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2021 por el Tribuna l Administrativo de Cesar , por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda. Antecedentes

1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del m edio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, Lissandro Andrés Pitre Mercado presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Educación , Fondo Nacional de Prestaciones

previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, Lissandro Andrés Pitre Mercado presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Educación , Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, secretaría de educación municipal de Valledupar , en orden a que se declare la nulidad del Oficio 2017RE2378 del 30 de octubre del 2017, emanado de la secretaría de educación de Valledupar que negó la sanción moratoria por el retardo en el pago del auxilio de cesantías definitivas y la indexación de dichas sumas y del acto ficto o presunto que haya «emitido el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FIDUPREVISORA)

1 En adelante CPACA.2

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00062-01 (6161-2022) Demandante: Lissandro Andrés Pitre Mercado como respuesta al of icio (2017EE2397) fechado 31 de octubre de 2017, suscrito por el secretario de educación del municipio de Valledupar, dirigido al director de prestaciones económicas (FIDUPREVISORA) Fondo Nacional de Prestaciones

Sociales del Magisterio».

Como consecuenc ia de lo anterior y a título de restable cimiento del derecho, solicitó i) declarar que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es responsable del pago de sanción moratoria por retardo en el pago de las cesantías y de pagar la indexación d el auxilio de cesantías anualizado a favor del demandante; ii ) ordenar el reconocimiento de la penalidad reclamada por el retardo en el pago del auxilio de cesantías reconocido por la Resolución 361 de

cesantías y de pagar la indexación d el auxilio de cesantías anualizado a favor del demandante; ii ) ordenar el reconocimiento de la penalidad reclamada por el retardo en el pago del auxilio de cesantías reconocido por la Resolución 361 de junio 27 de 2014 en cuantía de $43.803.351,oo equivalente a 839 días de salario; iii) ordenar el pago de la indexación del auxilio de cesantías de cada una de las anualidades desde el 1 de enero de 1990 hasta el 17 de marzo del 2005 , conforme al IPC en cuantía de $7.488.651,oo; iv) condenar a la entidad demandada a indexar las sumas adeudadas ; v) condenar en costas a la demandada y vi) dar cumplimiento al fallo.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

Lissandro Andrés Pitre Mercado mantuvo una relación laboral legal y reglamentaria como docente al servicio del Ministerio de Educación y del municipio de Valledupar sin solución de continuidad, a partir del 1 de agosto de 1967 hasta el 17 de marzo de 2005 , época en que f ue separado del cargo por edad de retiro forzoso mediante Resolución 364 del 3 de marzo de 2 005, suscrita por el alcalde de Valledupar. Dicho acto administrativo quedó en firme y ejecutoriado el 17 de marzo de 2005, por consiguiente, a partir de esa fecha se hizo exigible el pago de las cesantías definitivas.

El día 5 de marzo de 2014 entregó la documentación para el reconocimiento de sus cesantías y m ediante Resolución 361 de l 27 junio de 2014 la secretaría de

las cesantías definitivas.

El día 5 de marzo de 2014 entregó la documentación para el reconocimiento de sus cesantías y m ediante Resolución 361 de l 27 junio de 2014 la secretaría de educación municipal de Valledupar ordenó el reconocimiento y pago de tal prestación.

El plazo para pagar las cesantías venció el 11 de junio de 2014, toda vez que e n esa fecha se cumplieron 70 días hábiles para ello. Sin embargo, el pago fue realizado el 28 septiembre de 2016 , según consta en el oficio OFPSM -0653 del 1 de noviembre de 2017, suscrito por la profesional universitaria de la oficina de prestaciones sociales del magisterio del municipio de Valledupar. Entonces, el3

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00062-01 (6161-2022) Demandante: Lissandro Andrés Pitre Mercado retardo del pago de las cesantías fue desde el 12 de junio de 2014 hasta el 28 de septiembre de 2 016, es decir , cuando había n trascurrido 839 días de mora.

Además, la suma pagada en el año 2016 se realizó sin haber tenido en cuenta la indexación de valor.

El 12 de octubre de 2017 solicitó al ente territorial el reconocimiento y pago de la sanción moratoria que se generó por el pago tardío de sus cesantías definitiv as, así como su indexación, entidad que mediante Oficio 2017EE2397 del 31 de octubre de 2017 remitió su petición a la FIDUPREVISORA S.A., por ser esta la competente para pronunciarse; no obstante, nunca obtuvo una respuesta, configurándose silencio administrativo negativo.

octubre de 2017 remitió su petición a la FIDUPREVISORA S.A., por ser esta la competente para pronunciarse; no obstante, nunca obtuvo una respuesta, configurándose silencio administrativo negativo.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante considera vulneradas las siguientes disposiciones:

Los artículos 56 de la Ley 962 de 2005; 5 y 15, numeral 3, de la Ley 91 de 1989; 1, 2 y 5 de la Ley 1071 del 2006 ; Ley 244 de 1995; y decretos 1160 de 1947 y 2567 de 1946.

En cuanto al concepto de violación, se expusieron los siguientes argumentos2:

Se quebrantaron las disposiciones normativas referente s al pago oportuno de las cesantías, toda vez que la accionada no pagó dentro de los 6 5 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, las cesantías definitivas reconocidas mediante Resolución 361 del 27 de junio del 2014 ; en consecuencia, incurrió en mora, obligada a reconocer y cancelar de sus propios recu rsos, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de l auxilio, para lo cual solo basta acreditar el no pago dentro del té rmino previsto en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

En efecto, el 5 de marzo del 2014 se present ó la solicitud para el reconocimiento y pago de las cesantías y el 27 de junio del 2014 el secretario de educación de Valledu par ordenó su pago; no obstante, solo hasta el 28 de

En efecto, el 5 de marzo del 2014 se present ó la solicitud para el reconocimiento y pago de las cesantías y el 27 de junio del 2014 el secretario de educación de Valledu par ordenó su pago; no obstante, solo hasta el 28 de septiembre de 2016 se efectuó, incurriendo en 839 días de mora.

Se vulneró lo atinente al pa go indexado de las cesantías , por cuanto a l suplicante le fueron pagadas las cesantías causadas a partir del 1 de enero de 1990 bajo el régimen anualizado de manera escueta, sin indexación ni tampoco actualizadas a valor presente (IPC).

2 A índice 2 de SAMAI.4

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00062-01 (6161-2022)

Demandante: Lissandro Andrés Pitre Mercado 1.2. Contestación de la demanda

La demandada se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones por las razones que se expresan a continuación3:

De acuerdo con el procedimiento establecido en el Decreto 2831de 2005, el Fondo Nacional de Prestaciones Socia les es el que tiene a su cargo el pago, pues, las secretarías son las encomendadas para la expedición del acto y la sociedad fiduciaria se encarga de la administración de los recursos y de pagar las prestaciones sociales; sin embargo, la fiduciaria no pued e proceder al pago de las prestaciones sin contar previamente con la disponibilidad de recursos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues no cuenta con los recursos suficientes para el pago de todas las cesantías que se encuentran en trámite , tal

prestaciones sin contar previamente con la disponibilidad de recursos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues no cuenta con los recursos suficientes para el pago de todas las cesantías que se encuentran en trámite , tal como se dijo en sentencia SU 014 del 23 de enero del 2001, y por tanto se debe respetar el orden de las solicitudes de pago y la disponibilidad presupuestal.

En atención a lo resuelto en las sentencias C -314 de 1998 y C -552 de 1998, no puede generarse intereses moratorios y/o indexación alguna, cuando la suma de dinero que se le reconoció y pagó efectivamente, es aquel producto del turno de atención correspondiente y de la asignación presupuestal legalmente destinada para tal efecto , de acuerdo con el pri ncipio de Igualdad. Por lo tanto, no puede endilgarse una negligencia por parte de la demandada, debido a que el reconocimiento de las cesantías sigue un procedimiento por sujeción expresa a lineamientos legales, turno de atención y disponibilidad presupue stal que se llevó a cabo adecuadamente y en acatamiento del principio de igualdad.

Al demandante no le asiste el derecho a la sanción moratoria , pues la norma que estableció el procedimiento para las reclamaciones de cesantías no la previó; por ende, no e s posible hacer extensiva su aplicación, teniendo en cuenta que «en materia sancionatoria, al igual que en el derecho penal, opera el principio de interpretación restrictiva de la norma, es decir, que las normas que establecen sanciones o que fijan límites a los derechos se deben interpretar a la determinación literal de la conducta que se sanciona, quedando proscrita todo tipo de interpretación extensiva, analógica o deductiva».

sanciones o que fijan límites a los derechos se deben interpretar a la determinación literal de la conducta que se sanciona, quedando proscrita todo tipo de interpretación extensiva, analógica o deductiva».

1.3. La sentencia apelada

3 A índice 2 de SAMAI.5

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00062-01 (6161-2022) Demandante: Lissandro Andrés Pitre Mercado El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sen tencia proferida el 2 de diciembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto se

pronunció en estos términos4:

Argumentó que en el asunto bajo examen nunca se presentó solución de continuidad en el desempeño de las funciones confiadas al docente. Sin embargo, esa situación no es la que permite identificar a la luz de qué régimen de cesantías se debe liquidar la prestación, sino cuál ostentaba a la fecha de su vinculación al servicio, que como ya se indicó, era el régimen de cesantías re troactivo, independientemente de que con posterioridad la entidad empleadora haya decidido vincularlo al Fondo Nacional del Ahorro y con posterioridad al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estas condiciones, determinó que al actor l e resultaba aplicable el régimen de cesantías retroactivo y en esas condiciones, al terminar el vínculo laboral el 3 de marzo de 2005, procedía el reconocimiento y pago de la prestación , liquidándola por la totalidad de l tiempo servicio, tomando como referente el último salario devengado.

El acto acusado se ajusta a derecho comoquiera que el demandante se encuentra

el reconocimiento y pago de la prestación , liquidándola por la totalidad de l tiempo servicio, tomando como referente el último salario devengado.

El acto acusado se ajusta a derecho comoquiera que el demandante se encuentra cobijado por el régimen de cesantías retroactivo y la sanción pretendida sólo resulta aplicable en el régimen de cesantías anualizado, pues la normativa especial que rige tal prestación para este tipo de docentes no previó el reconocimiento de la penalidad por el retardo en el pago de las cesantías del régimen de liquidación retroactiva.

No es procedente la reliquidación del valor de las cesant ías definitivas, pues dejó transcurrir más de tres años después de la fecha en que se produjo su retiro definitivo del servicio por cumplimiento de la edad de retiro forzoso (3 de marzo de 2005), para reclamar su pago, en tanto sólo elevó solicitud de reco nocimiento y pago el 5 de junio de 2014, esto es, cuando ya habían transcurrido algo más de 9 años, encontrándose ese valor sometido a la figura de la prescripción.

1.4. El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación5 y lo sustentó así:

La Ley 244 de 1995 , modificada por la Ley 1071 de 2006 , estableció la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas o parciales , sin tener en consideración si el régimen del servidor era anualizado o retroactivo.

4 A índice 2 de SAMAI. 5 A índice 2 de SAMAI6

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00062-01 (6161-2022)

4 A índice 2 de SAMAI. 5 A índice 2 de SAMAI6

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00062-01 (6161-2022) Demandante: Lissandro Andrés Pitre Mercado No hay pr escripción de la sanción moratoria , toda vez que el fenómeno extintivo se configura solo tres años después del último día de mora, independientemente si son de régimen retroactivo o anualizado. El término de prescripción se cuenta de forma independiente para cada día de mora, de manera que para el caso que nos atañe, el último día de mora fue el 28 de septiembre 2016; entonces, la prescripción se habría configurado el 28 de septiembre 2019. Como la petición de sanción moratoria fue presentada el 12 de octub re de 2017 o sea, antes del 28 de septiembre 2019, se colige que fue interrumpida.

En lo que tiene que ver con la indexación del auxilio de cesantías, al no existir una normatividad puntual sobre la prescripción de cesantías, se aplica por analogía lo establecido en los artículos 2530 y 2531 del Código Civil, modificado por la Ley 791 de 2002, en la cual se toma n los 10 años de prescripción ordinaria, término que se cuenta a partir de la causación del derecho, es decir, a partir de la fecha de retiro del servicio docente, por lo que el demandante al ser separado de s u cargo el 3 de marzo del 2005, le operaba la prescripción ordinaria el 17 de marzo del 2015; sin embargo, la solicitud fue radicada el 5 de marzo del 2014, encontrándose en término para hacer la reclamación.

1.5. Alegatos de conclusión

2015; sin embargo, la solicitud fue radicada el 5 de marzo del 2014, encontrándose en término para hacer la reclamación.

1.5. Alegatos de conclusión

Las partes no alegaron de conclusión.

1.6. Concepto del Ministerio Público

El agente del Ministerio Publico no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.2. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿le asiste derecho al actor al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas de conformidad con el régimen retroactivo?; ¿operó la prescripción de la sanción moratoria y de la indexación del auxilio de cesantías?

Para resolver el anterior problema, se abordarán los siguientes temas: i) marco legal del auxilio de cesantías de los docentes oficiales ; ii) prescripción de la indemnización o sanción moratoria y iii) estudio del caso concreto.7

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00062-01 (6161-2022) Demandante: Lissandro Andrés Pitre Mercado 2.3. Marco normativo. Con el propósito de solucionar el problema jurídico planteado, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo aplicable al caso concreto.

2.3.1. Marco legal del auxilio de cesantías de los docentes oficiales

La Ley 6 de 1945 6, en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año . Así

trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año . Así mismo, el artículo 17, lite ral a), ibidem, estableció que ese auxilio se reconocería con destino a todos los empleados y obreros nacionales de carácter permanente.

El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6, señaló que para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si fuere menor a ese lapso.

Más adelante, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro y dentro de los objetivos para la administración de sus recursos, fijó los siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públ icos y trabajadores oficiales»7 y «proteger dicho auxili o contra d epreciación monetaria» 8; con tales finalidades, el artículo 3 ibídem determinó que las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas al Fondo; asimismo, en su artículo 22 , ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

Con lo previsto en l a anterior norma , empezó el llamado «desmonte del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas previamente y la liquidación definitiva por la porción del tiempo laborado durante el año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada empleado.

6 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo», 7 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968. 8 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.8

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00062-01 (6161-2022)

Demandante: Lissandro Andrés Pitre Mercado

La Ley 432 de 1998 9, mantuvo el objetivo de administrar de manera eficiente la s cesantías10 y, dentro de sus funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la protección contra la p érdida de su valor adquisitivo 11. Además, en los artículos 11 y 12 se fijó a favor de sus afiliados un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a título de intereses sobre las cesantías.

concepto de intereses, con el propósito de evitar la pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a título de intereses sobre las cesantías.

En el evento en que el empleador no consigne, dentro del término de ley, las cesantías de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, el artículo 6º ibídem estableció lo siguiente:

«Artículo 6. - Trasferencia de cesantí as de servidores públicos. En la fecha establecida para efectuar las consignaciones de los aportes a los sistemas general de pensiones y de seguridad social en salud, las entidades públicas empleadoras deberán transferir al Fondo Nacional de Ahorro una doc eava parte de los factores de salarios que sean base para liquidar las cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior para los servidores públicos afiliados.

El incumplimiento de la obligación aquí establecida dará derecho al Fondo para cobrar a su favor intereses moratorios mensuales, equivalentes al doble interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria, sobre las sumas respectivas para todo el tiempo de la mora.

Mensualmente, las entidades públicas empleadoras enviarán al Fondo Nacional de Ahorro una certificación que contenga el valor total de los factores salariales que constituyan base para liquidar cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior.

Los funcionarios competentes de las entidades públicas emple adoras, que sin justa causa no hagan oportunamente las consignaciones de los aportes mensuales o el envío de los reportes anuales de cesantías debidamente diligenciados, incurrirán en causal de mala conducta que será sancionada con arreglo al régimen disci plinario

causa no hagan oportunamente las consignaciones de los aportes mensuales o el envío de los reportes anuales de cesantías debidamente diligenciados, incurrirán en causal de mala conducta que será sancionada con arreglo al régimen disci plinario vigente».

En todo caso, se debe señalar que la Ley 344 de 1996 12, dio un paso adicional encaminado a ampliar la cobertura del sistema de liquidación anual del auxilio de cesantías para la generalidad de los servidores públicos, al establecer, en su artículo 13, lo siguiente:

9 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones», expedida el 29 de enero de 1998. 10 Artículo 2 de la Ley 432 de 1998. 11 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998 12 «por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones», expedida el 27 de diciembre de 1996.9

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00062-01 (6161-2022) Demandante: Lissandro Andrés Pitre Mercado «Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el s iguiente régimen de

cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba

cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral; b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo».

La norma vigente a la fecha de e xpedición de la previamente citada 13, que estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 199014, en cuyo artículo 99 consagró:

«Artículo 99 .- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcional por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.

4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del

cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.

4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos».

El Decreto 1582 de 199815 reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998 y precisó que la norma a la que se debía remitir a efecto de la liquidación anual del auxilio de cesantías de los servidores públicos del nivel territorial que se afilien a fondos privados , es la Ley 50 de 1990, en sus artículos

13 Ley 344 de 1996. 14 «Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones», expedida el 28 de diciembre de 1990. 15 “Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los se rvidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia”, expedida el 5 de agosto de 1998.10

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00062-01 (6161-2022) Demandante: Lissandro Andrés Pitre Mercado 99, 102 y 104; en tanto que, los que se afilien al Fondo Nacional del Ahorro será el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.

Ahora bien, en lo que respecta al personal docente , se debe indicar que el artículo

artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.

Ahora bien, en lo que respecta al personal docente , se debe indicar que el artículo 3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como «una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos s erán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital» que estaría a cargo del pag o de las prestaciones sociales16 que se causaran a favor del personal docente nacional y nacionalizado, a partir de la promulgación de esa ley.

La aludida norma, en lo que tiene que ver con las cesantías, su reconocimiento se estableció en el artículo 15 ibídem, en los siguientes términos:

«3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero s ólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,

respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional».

Por otro lado, la Ley 812 de 2003 17, en su artículo 81 , estableció que el régimen prestacional de «los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido par a el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley».

16 De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989. 17 "Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003 -2006, hacia un Estado comunitario", expedida el 26 de junio del 2003.11

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00062-01 (6161-2022) Demandante: Lissandro Andrés Pitre Mercado 2.3.2. Prescripción de la sanción moratoria

La Ley 1071 del 31 de julio de 2006 que modificó y adicionó la Ley 244 de 1995,

Demandante: Lissandro Andrés Pitre Mercado 2.3.2. Prescripción de la sanción moratoria

La Ley 1071 del 31 de julio de 2006 que modificó y adicionó la Ley 244 de 1995, con el objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación», estableció en los artículos 4 y 5 la procedencia de la sanción moratoria, así:

«Artículo 4°. Términos. Dentro d e los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesant ías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendiente