CE - 012333000201800104011SENTENCIA20231129151600

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2018-00104-01 (4203-2022)

Demandante: Sindy Lorena Giraldo Zamora

Demandados: Dirección Territorial de Salud de Caldas

Tema: Relación laboral encubierta

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA ________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 29 de abril de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión Oral , por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Sindy Lorena Giraldo Zamora presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1, en orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos: i) Oficio SJ-150-1886 del 11 de septiembre de 2017 , por medio del cual la Dirección Territorial de Salud de

que se declarara la nulidad de los siguientes actos: i) Oficio SJ-150-1886 del 11 de septiembre de 2017 , por medio del cual la Dirección Territorial de Salud de Caldas negó la existencia de una relación laboral entre las partes por los periodos comprendidos entre el 16 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013 y del 20 de enero de 201 4 al 30 de diciembre de 2016 , así como el pago de las prestaciones sociales que se deriv aban de ella ; y ii) Resolución 842 del 9 de octubre de 2017, que rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra del acto inicial.

1 En adelante CPACA.2

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00104-01 (4203-2022)

Demandante: Sindy Lorena Giraldo Zamora

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó que: i) se declarara la existencia de la relación laboral por los períodos reclamados; ii) se concedieran las prestaciones salariales y sociales tales como cesantías y sus intereses , primas de servicios, de vacaciones y de navidad, vacaciones y bonificación por recreación; iii) se pagaran los aportes efectuados a seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) ; iv) se reconociera la indemnización moratoria ; i v) se indexaran las sumas que r esultaren; y v) se condenara en costas a la parte vencida.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Sindy Lorena Giraldo Zamora laboró al servicio de la Dirección Territorial de

condenara en costas a la parte vencida.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Sindy Lorena Giraldo Zamora laboró al servicio de la Dirección Territorial de Salud de Caldas del 16 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 y del 20 de enero de 2014 al 30 de diciembre de 2016, a través contratos de prestación de servicios. En estos periodos realizó sus funciones de manera personal, bajo la continua dependencia y subordinación de sus jefes inmediatos , dentro de un horario impuesto de lunes a viernes de 7:30 a 12:00 am y de 2:00 a 5:30 pm en las instalaciones de la entidad y con una remuneración pactada.

• Dentro de sus funciones prestó apoyo a la Subdirección de Aseguramiento en el proceso de autorizaciones y verificación de servicios de línea de frente, en la implementación de tablas de retención documental, manejo de comunicaciones oficiales y el seguimiento a los archivos de la gestión.

• Durante la ejecución de los contratos no pudo desarrollar otra actividad laboral o comercial y ejerció iguales funciones que las de los empleados de planta, las cuales eran permanentes y necesarias en la Dirección Territorial de Salud de

Caldas.

• Las prestaciones sociales y acreencias laborales a las cuales tenía derecho por ley, propias de los empleados públicos de la entidad, no le fueron reconocidas y tuvo que cotizar por cuenta propia a la seguridad social.

• El 22 de agosto de 2017, solicitó a la Dirección Territorial de Salud de Caldas el reconocimiento de la existencia de una relación laboral por l os tiempos a

tuvo que cotizar por cuenta propia a la seguridad social.

• El 22 de agosto de 2017, solicitó a la Dirección Territorial de Salud de Caldas el reconocimiento de la existencia de una relación laboral por l os tiempos a laborados al servicio de la entidad y de las prestaciones sociales que se derivaban de ella; sin embargo, esta petición fue negada a través del Oficio SJ-150-1886 del 12 de septiembre de 2017.3

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00104-01 (4203-2022)

Demandante: Sindy Lorena Giraldo Zamora

• Por medio de la Resolución 842 del 9 de octubre de 2017, la Dirección Territorial de Caldas rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra del Oficio SJ150-1886 del 12 de septiembre de 2017.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 2, 6, 13, 25 y 53 de la Constitución Política; 5 y 8 a 11 del Decreto 3135 de 1968; 1 de la Ley 52 de 1975; 8 al 26, 28 al 33 y 45 del Decreto 1045 de 1976; 42 del Decreto 1042 de 1978; 291 y 292 del Decreto 1333 de 1986; 41 y 42 de la Ley 11 de 1986; 43 a 49 y 51 del Decreto 1848 de 1989; 99 de la Ley 50 de 1990; 12 de la Ley 4ª de 1992; 15, 17, 18 y 22 de la Ley 100 de 1993; 32 de la Ley 80 de 1993; 15 de la Ley 244 de 1995; 13 de la Ley

100 de 1993; 32 de la Ley 80 de 1993; 15 de la Ley 244 de 1995; 13 de la Ley 344 de 1996; 1 del Decreto 1582 de 1998; 1 y 2 del Decreto 2712 de 1999; 3 de la Ley 789 de 2002; 1 del Decreto 1919 de 2002; 1 del Decreto 941 de 2005; 1 del Decreto 398 de 2006; 1 del Decreto 667 de 2008; y 67, 68, 72 y 74 de la Ley 1437 de 2011; las leyes 21 de 1982 , 70 de 1988, 344 de 1996 y 432 de 1998; y los decretos 3118 de 1968, 116 de 1976, 1978 de 1989, 1582 de 1998 y 1552 de 2000.

En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente2:

• La Dirección Territorial de Salud de Caldas omitió aplicar el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, no obstante haberse configurado los elementos propios de una relación laboral; además, vulneró el artículo 53 de la Constitución Política, toda vez que se acreditó la existencia de un trabajo prestado de manera personal , permanente, y subordinado o dependiente, consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartirle órdenes en relación con la labor contratada, bajo la fijación de un horario de trabajo en las instalaciones de la entidad para el desarrollo de funciones generales no especializadas y con una remuneración mensual como retribución por las labores que realizaba.

• Bajo la modalidad del contrato de prestación de servicios se preten dió encubrir

trabajo en las instalaciones de la entidad para el desarrollo de funciones generales no especializadas y con una remuneración mensual como retribución por las labores que realizaba.

• Bajo la modalidad del contrato de prestación de servicios se preten dió encubrir el vínculo laboral que rigió la relación con la entidad demandada, lo que configuró una extralimitación de las funciones de esta.

• Así entonces, entr e Sindy Lorena Giraldo Zamora y la Dirección Territorial de Salud de Caldas existió una relación laboral por los períodos comprendidos entre

2 Samai, índice 2, documento «ED_DEMANDA:170012333000201(.rar)NroActuac 2».4

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00104-01 (4203-2022) Demandante: Sindy Lorena Giraldo Zamora el 16 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 y del 20 de enero de 2014 al 30 de diciembre de 2016.

1.2. Contestación de la demanda

La Dirección Territorial de Salud de Caldas se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en las siguientes consideraciones3:

• Entre las partes nunca existió una relación laboral, lo que hubo fue un vínculo contractual basado en contratos de prestación de servicios con actividades coordinadas entre el contratante y el contratista.

• La relación contractual entre las partes estuv o regulada por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la cual autorizó a las entidades públicas para celebrar contratos de prestación de servicios, sin que genere un vínculo laboral y el derecho a recibir prestaciones sociales.

• No se configuraron los elementos constitutivos para declarar la existencia de una

de prestación de servicios, sin que genere un vínculo laboral y el derecho a recibir prestaciones sociales.

• No se configuraron los elementos constitutivos para declarar la existencia de una relación laboral entre las partes, en especial el de la subordinación, toda vez que la demandante fue autónoma e independiente en la ejecución de sus obligaciones en cada uno de los contratos de presta ción de servicios que celebró con la entidad, no recibía órdenes, no necesitaba permiso para ausentarse y disponía de su horario como a bien lo quisiera, fuera para estudiar, asistir a clases o para viajar.

• Las tareas desarrolladas por la actora no gua rdan relación con aquellas misionales de la entidad, aunado a que esta gozaba de total autonomía en el desempeño de sus funciones contractuales.

• Así entonces, no se acreditaron los elementos propios de la relación laboral y por lo tanto las pretensiones no tienen fundamento, toda vez que carecen de sustento de hecho y de derecho.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión Oral, en sentencia del 29 de abril de 20224 negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto se pronunció en estos términos:

3 Ibidem. 4 Ibidem.5

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00104-01 (4203-2022) Demandante: Sindy Lorena Giraldo Zamora - Si bien es cierto que, conforme con la valoración probatoria (document os, testimonios y declaración de parte), se acreditó la prestación personal del servicio de la demandante, así como la remuneración que recibía por este, también lo es

• Si bien es cierto que, conforme con la valoración probatoria (document os, testimonios y declaración de parte), se acreditó la prestación personal del servicio de la demandante, así como la remuneración que recibía por este, también lo es que no se demostró la subordinación como presupuesto necesario para que se configurara la existencia de una relación laboral.

• Las testigos Sandra Milena Cruz Jiménez y Liliana Patricia López Echeverri expresaron que la actora no tenía libertad para ejecutar sus labores, en la medida que debía cumplir el horario establecido para la entidad.

• Contrario a lo anterior, Sandra Milena Quintero Melchor, Juan Guillermo Correa y Norberto Luis Sepúlveda Andrade sostuvieron que la demandante contaba con autonomía para llevar a cabo sus tareas en cualquier momento sin estar sujeta a un horario, a tal punto que se ausentaba de las instalaciones de la entidad para

cursar algunas materias de la carrera de derecho y en otra ocasión viaj ó al exterior.

• Tratándose de la subordinación, más allá de que la demandante cumpliera o no determinado horario, lo relevante sería que dicha jornada se desarrollara por imposición o instrucción de la entidad demandada, circunstancia sobre la cual no existe ningún medio de acreditación dentro del plenario. Al respecto, ninguna de las 2 primeras testigos, que manifestaron que la actora cumplía un horario, indicaron de manera precisa y concreta las circunstancias de tiempo, modo y lugar, o la persona o emp leado de la entidad demandada que supuestamente hacía dicha exigencia.

• De sus testimonios no se puede establecer que a la actora se le ordenara permanecer en la sede de la Dirección Territorial de Salud de Caldas para ejecutar

hacía dicha exigencia.

• De sus testimonios no se puede establecer que a la actora se le ordenara permanecer en la sede de la Dirección Territorial de Salud de Caldas para ejecutar sus actividades, mucho men os que hubiera sido en horarios definidos por la entidad.

• El hecho de que las testigos hayan indicado que el interventor del contrato debía llamar a la demandante para que asistiera a la entidad demandada a recibir las facturas que debía foliar denota t odo lo contrario, y es que la accionante no permanecía en las instalaciones de esa institución, lo que de suyo riñe con la supuesta obligación de cumplir una jornada laboral de manera estricta.

• Así entonces, esas declaraciones sobre este aspecto no apor tan elementos de convicción suficientes sobre la existencia de subordinación.

• La testigo Cruz Jiménez expuso que los interventores de los contratos de la6

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00104-01 (4203-2022) Demandante: Sindy Lorena Giraldo Zamora demandante hacían cumplir las metas y obligaciones plasmadas en dichos acuerdos, lo cual lejos de configurar una subordinación, es apenas esencial a la labor de supervisión que entraña este tipo de función.

• Varios de los deponentes indicaron que la actora estudiaba un pregrado en derecho por el mismo tiempo en el que prestaba sus servicios a aquella entidad, lo que fue corroborado por ella al absolver el interrogatorio de parte, en donde expresó que durante el segundo semestre de 2016 vio una materia los martes de 7:00 a 10:00 a.m. con permiso del interventor, pero debía quedarse al medio día

lo que fue corroborado por ella al absolver el interrogatorio de parte, en donde expresó que durante el segundo semestre de 2016 vio una materia los martes de 7:00 a 10:00 a.m. con permiso del interventor, pero debía quedarse al medio día para reponer el horario, situación que carece por completo de soporte probatorio, pues no se indicó qué interventor se le ordenó, durante cuántas horas o con qué frecuencia.

• La demandante precisó que se ausentó por 18 días en el año 2013 por un viaje a Estados Unidos, sin que exista registro o prueba alguna de que hubiera tenido que solicitar permiso o autorización, elemento que era fundamental si supuestamente la contratista era obligada a asistir o permanecer en las instalaciones de la entidad en un determinado horario.

• Norberto Luis Sepúlveda Andrade informó que como subdirector en la Dirección Territorial de Salud de Caldas había días en los que no veía a la demandante y que a él también le comentó que iba a estudiar, frente a lo cual no formuló ninguna oposición ni exigencia por tratarse de una contratista.

• La condena en costas es improcedente en la medida en que no se observó que la demanda hubiera sido presentada sin fundamento legal, en consideración a las previsiones del artículo 188 del CPACA , adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.

1.4. El recurso de apelación

Sindy Lorena Giraldo Zamora interpuso recurso de apelación con fundamento en los siguientes argumentos5:

• El material probatorio recaudado, tanto documental, como testimonial y la declaración de parte rendida por la demandante, logró evidenciar con certeza que

los siguientes argumentos5:

• El material probatorio recaudado, tanto documental, como testimonial y la declaración de parte rendida por la demandante, logró evidenciar con certeza que se cumplieron los 3 elementos necesarios para hacer primar la realidad sobre las formas en los contratos de prestación de servicios celebrados con la Direcció n

Territorial de Salud de Caldas.

5 Ibidem.7

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00104-01 (4203-2022)

Demandante: Sindy Lorena Giraldo Zamora

• Salta a la vista la existencia del elemento de control u subordinación de la función de la actora, en razón de: i) la probada necesidad del servicio dentro de la entidad demandada; ii) el cumplimiento de un horario en las instalaciones; iii) el trabajo con el método y elementos de propiedad de la entidad ; y iv) y cumplimiento de órdenes y supervisión de sus jefes inmediatos, disfrazados de interventores.

• Los contratos suscritos por la demandante no fueron temporales, pues su actividad fue requerida entre el 19 de enero de 2012 y el 30 de diciembre de 2016, es decir, que el elemento transitoriedad no existe, pues es una función permanente.

• Los profesionales de las subdirecciones le daban las directrices a la actora para realizar sus actividades , las cuales las podía desarrollar sin que tuviera una lucidez profesional que desborde la inteligencia humana.

• Así las cosas, se encuentra demostrado que lo suscrito por las partes fue una relación laboral disfrazada en cont ratos de prestación de servicios que se desnaturalizaron en su práctica.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

• Así las cosas, se encuentra demostrado que lo suscrito por las partes fue una relación laboral disfrazada en cont ratos de prestación de servicios que se desnaturalizaron en su práctica.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

Conforme con el numeral 3 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar; no obstante, la entidad demandada lo hizo y solicitó confirmar lo decidido en primera instancia con fundamento en lo expuesto en la contestación de la demanda6.

1.6. El Ministerio Público

El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta instancia.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

Consisten en determinar ¿ si existió una relación laboral entre Sindy Lorena

6 Samai, índice 9.8

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00104-01 (4203-2022) Demandante: Sindy Lorena Giraldo Zamora Giraldo Zamora y la Dirección Territorial de Salud de Risaralda ? y ¿ si tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de esa relación laboral?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 d e 1993 posibilita celebrar contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 d e 1993 posibilita celebrar contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturale s cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».

Por su parte, el Decreto 2209 de 1998 7 precisó que «(l)os contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales, la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De

la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

La Corte Constitucional, en sentencia C -147 de 1997, al estudiar la constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta

7 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998 ».9

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00104-01 (4203-2022) Demandante: Sindy Lorena Giraldo Zamora o» y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 , estableció que el ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada y dependiente.

De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de dud a en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales ; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, h acen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).

Así, cuando la norma constitucional alude a lo s convenios internacionales debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)8 que previó una garantía al derecho a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor». En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización9, desarrolló el principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se

a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor». En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización9, desarrolló el principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto».

8 Aprobada el 11 de abril de 1919. 9 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.10

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00104-01 (4203-2022)

Demandante: Sindy Lorena Giraldo Zamora

Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»10 y que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias», y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la

colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos

esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobr e derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nomb re que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen».

Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador, caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación lab oral a través de un contrato de prestación de servicios.

caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación lab oral a través de un contrato de prestación de servicios.

10 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.11

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00104-01 (4203-2022) Demandante: Sindy Lorena Giraldo Zamora Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación11 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral , esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitu ción Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados , propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales12». (Resalta la Sala).

y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales12». (Resalta la Sala).

Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.

Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado, se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual, para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de l as relaciones laborales” (artículo 53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le

a cada uno de ellos habrá de