CE - 012333000201800128011SENTENCIA20230210123617

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 850012333000201800128011

Demandante: Rubén Darío Higuera Márquez

Demandada: Contraloría General de la Republica

Temas: Responsabilidad fiscal del representante legal de entidad pública en virtud de un contrato de obra. Elementos de la responsabilidad fiscal.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, contra la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Casanare.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii ) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El señor Rubén Darío Higuera Márquez, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Nación - Contraloría General de la Republica, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, para que se declare

demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, para que se declare

1 Demanda presentada el 4 de octubre de 2018, según obra a folio 142, en vigencia de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, por medio del cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”2

Núm. único de radicación: 85001233300020180012801

Demandante: Rubén Darío Higuera Márquez

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la nulidad de los autos núm. 2180 de 18 de dic iembre de 20173, 0120 de 06 de febrero de 20174 y ORD-80112-0050 de 07 de marzo de 2018 5, expedidas por la Contraloría General de la República.

Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones6:

“[…] 1.) Que se declare la nulidad del AUTO No. 2180 del 18 de diciembre de 2017, "POR EL CUAL SE PROFIERE FALLO DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2014 -04105-655", en lo que particularmente corresponda con la decisión de declarar fiscalmente responsable al señor

EL CUAL SE PROFIERE FALLO DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2014 -04105-655", en lo que particularmente corresponda con la decisión de declarar fiscalmente responsable al señor RUBÉN DARÍO HIGUERA MÁRQUEZ, en el literal PRIMERO, NUMERAL 7, del capítulo del RESUELVE, de este acto, de la afectación al patrimonio público en la suma de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($3.753.514.611,17), indexados, en el cual se declara en primera instancia fiscalmente responsable al señor

RUBÉN DARÍO HIGUERA MÁRQUEZ.

2. Que se declare la nulidad de la decisión administrativa confirmatoria de la anterior, el AUTO No. 0120 del 6 de febrero de 2018, "POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN, SE CONCEDE APELACIÓN Y SE RECHAZA DE PLANO UN INCIDENTE DENULIDAD DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 2014-04105-655", en lo que particularmente corresponda al señor RUBÉN DARÍO HIGUERA MARQUEZ, expresado en el capítulo de las "CONSIDERACIONES DEL DESPACHO " y en el NUMERAL 2.2. que negó la caducidad de la acción fiscal, así como el capítulo VIII denominado "CADUCIDAD DE LA ACCIÓN FISCAL', que la negó injustificadamente.

las "CONSIDERACIONES DEL DESPACHO " y en el NUMERAL 2.2. que negó la caducidad de la acción fiscal, así como el capítulo VIII denominado "CADUCIDAD DE LA ACCIÓN FISCAL', que la negó injustificadamente.

3.) Que declare la nulidad del AUTO NUM. ORD -80112-0050-2018, de fecha 7 de marzo de 2018,"POR EL CUAL SE DECIDE EL GRADO DE CONSULTA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. PFR 2014-04105 655", en lo que corresponda particularmente al señor RUBÉN DARÍO HIGUERA MÁRQUEZ, en lo expresado en el capítulo “III CONSIDERACIONES", NUMERAL 2, en el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por RUBEN DARÍO HIGUERA MÁROUEZ. 4.) Que se anule la inclusión de mi representado en el BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES, y se restablezca su derecho a figurar sin antecedentes fiscales por daño patrimonial al Estado. 5.) Se reintegre a mi representado las sumas de dinero que la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, haya embargado y apropiado a mi representado por cuenta del proceso de jurisdicción coactiva a que haya lugar por efectos del fallo de responsabilidad fiscal decretado en su contra. 6.) Se indemnice a mi representado el daño patrimonial, estimado en los conceptos de daño emergente y lucro cesante, que le haya causado la decisión administrativa de considerarlo fiscalmente responsable de daños patrimoniales al Estado.

3 “[…] Por el cual se profiere fallo en el proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. 2014-04105_655 […]”

considerarlo fiscalmente responsable de daños patrimoniales al Estado.

3 “[…] Por el cual se profiere fallo en el proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. 2014-04105_655 […]” 4 “[…] Por medio del cual se resuelve recurso de reposición, se concede apelación y se rechaza de plano un incidente de nulidad dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. 2014-04105_655 […]” 5 “[…] Por el cual se decide el grado de consulta dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. PRF 2014-04105 655 […]”. 6 Cfr. folio 4 del cuaderno núm. 1 del expediente.3

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7.) Que por concepto de daño emergente y lucro cesante, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, reconozca y pague, las sumas de dinero que haya podido devengar como servidor público […]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones:

4. El Departamento de Casanare y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal suscribieron el convenio interadministrativo núm. 1664 de junio de 2007 cuyo objeto fue la construcción del acueducto del sector San Rafael del municipio de Yopal por un valor inicial de $2.732.548.528, adicionado en $1.359.306.177,14 con un plazo

objeto fue la construcción del acueducto del sector San Rafael del municipio de Yopal por un valor inicial de $2.732.548.528, adicionado en $1.359.306.177,14 con un plazo inicial pactado de 7 meses.

5. La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal adelantó el proceso de licitación para adjudicar y contratar la c onstrucción del acueducto San Rafael del Municipio de Yopal y resultó favorecida la Unión Temporal Caribabare Sector San Rafael con la cual suscribió el contrato de obra núm. 124 de 8 de octubre de 2007 por valor de $2.732.247.702 con un plazo de 3 meses.

6. La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal expidió la Resolución núm. 1110043000532 el 24 de septiembre de 2010 mediante la cual declaró el siniestro del incumplimiento de las obligaciones contractuales con la U nión Temporal Caribarare y estableció como obra ejecutada el 69,6%. Contra este acto administrativo se interpuso recurso de reposición, cuyos argumentos fueron desatendidos por Resolución núm. 0061 del 26 de enero de 2011.

7. La Contraloría General de la Republica por medio de fallo de 18 de diciembre de 2017, resolvió fallar con responsabilidad fiscal en contra de la parte demandante, con fundamento en que en su calidad de gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal omitió hacer el seguimiento que le correspondía, lo que según este ente de control fue determinante para la producción del daño, que se concreta en que el

fundamento en que en su calidad de gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal omitió hacer el seguimiento que le correspondía, lo que según este ente de control fue determinante para la producción del daño, que se concreta en que el acueducto del sector San Rafael fue una obra inconclusa e inoperante.

8. El Contralor Delegado Intersectorial núm.12 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción de la Contraloría General de la República mediante auto núm. 0120 de 6 de febrero de 2017, por medio del cual se resuelve recurso de reposición,4

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se concede apelación y se rechaza de plano un incidente de nulidad presentados contra el acto administrativo inicial, confirmó el fallo con responsabilidad fiscal.

9. El Contralor General de la República por medio del auto núm. ORD-80112-00502018 de 7 de marzo de 20187, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar el fallo de 18 de diciembre de 2017.

Normas violadas y concepto de violación8

10. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículos 2, 6, 29 y 83 de la Constitución Política. • Artículos 1, 4, 5, 9, 22, 23 y 26 de la Ley 610 de 15 de agosto de 20009.

• Artículos 2, 6, 29 y 83 de la Constitución Política. • Artículos 1, 4, 5, 9, 22, 23 y 26 de la Ley 610 de 15 de agosto de 20009.

Concepto de violación

11. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

violación, así:

Primer cargo: Falsa motivación

12. La parte demandante fundamentó este cargo de nulidad, con base en los

siguientes argumentos:

13. Adujo que la parte demandante solo se desempeñó como gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal hasta el 31 de diciembre de 2007, por lo que las imputaciones de supuestas omisiones en su gestión y que conllevaron a que el acueducto de San Rafael sea una obra inconclusa no tienen fundamento.

14. Manifestó que si la parte demandante únicamente fungió como gerente hasta el 31 de diciembre de 2007 y el siniestro se declaró en el año 2010, no le es imputable la no ejecución de la obra ni los pagos que se autorizaron a los contratistas.

Segundo cargo: Prohibición de imputación objetiva

7 […] Por el cual se decide el grado de consulta dentro del Proceso Ordinario De Responsabilidad Fiscal No. PRF 2014-04105 655 […] 8 Cfr. folios 21 a 36 del cuaderno núm. 1 del expediente. 9 […] Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías […].5

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Demandante: Rubén Darío Higuera Márquez

[…].5

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15. Los fundamentos jurídicos de este cargo, son los siguientes:

16. Señaló que la Contraloría General de la República incurrió en error al declarar responsable a la parte demandante con sustento en el informe técnico presentado por el ingeniero civil Oswaldo Ayala que da cuenta de las múltiples fallas que presentó la obra, por cuanto debió tener en cuenta que su labor como gerente concluyó el 31 de diciembre de 2007 y por lo mismo luego de esa fecha ya no estaba bajo su cuidado la ejecución de las obras; además, en el proceso no se demostró que la inoperancia del acueducto se debiera a los diseños.

17. Manifestó que la parte demandada no tuvo en cuenta que la mala utilización de los recursos públicos se produjo con posterioridad al retiro de la parte demandante del cargo de gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y que su actuación se circunscribió a firmar el contrato y el acta de inicio.

Tercer cargo: Desconocimiento del término de caducidad de la acción fiscal

18. Adujo que en caso de que la responsabilidad fiscal que se le atribuye a la parte demandante es por el periodo en que fungió como gerente de la de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal debe tenerse en cuenta que esa labor concluyó

18. Adujo que en caso de que la responsabilidad fiscal que se le atribuye a la parte demandante es por el periodo en que fungió como gerente de la de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal debe tenerse en cuenta que esa labor concluyó el 31 de diciembre de 2007, de modo que operó la caducidad a que se refiere el artículo 9 de la Ley 610, si se tiene en cuenta que el auto de apertura se produjo el 20 de diciembre de 2013.

Contestación de la demanda

19. La parte demandada 10 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones

formuladas, así:

Respecto al cargo de falsa motivación

20. Manifestó que la parte demandante no puede alegar confianza legítima en estudios y diseños que eran su directa responsabilidad y que, en caso de que ya estuvieren elaborados, era su deber revisarlos y si era necesario actualizarlos, por lo que no es aceptable su teoría según la cual su actuar se limitó a la suscripción del contrato.

21. Señaló que este cargo no se encuentra fundamentado, dado que no basta citar

10 Folio 161 a 170 del cuaderno núm. 1 del expediente.6

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normas, sino que es deber de quien la alega argumentarla y probarla.

22. Indicó que al proferir los actos demandados únicamente cumplió con su obligación

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normas, sino que es deber de quien la alega argumentarla y probarla.

22. Indicó que al proferir los actos demandados únicamente cumplió con su obligación funcional para lo cual tenía competencia y la responsabilidad declarada fue solida ria porque se acreditó que varias personas intervinieron en el hecho generador.

Respecto al cargo de caducidad de la acción

23. Adujo que el último hecho generador del daño se suscitó el 10 de noviembre de 2010, fecha que corresponde a la liquidación del contrato y el auto de apertura se produjo el 20 de diciembre de 2013, es decir, dentro del término previsto en el a rtículo 9 de la Ley 610 de 2000, por lo que no se produjo la caducidad de la acción.

Respecto a la prohibición de imputación objetiva

24. Sostuvo que si bien la parte demandante fue gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal hasta el 31 de diciembre de 2007, lo cierto es que tuvo a su cargo la actividad precontractual garantizando el cumplimiento de todos los parámetros legales, lo que en el presente asunto no ocurrió , dado que los diseños presentaban errores que no fueron corregidos en esa fase y que repercutieron en el resultado de una obra inconclusa.

25. Propuso la excepción de inexistencia de causales de nulidad que fundamentó en que los actos demandados fueron expedidos con observancia de la Constitución y la ley, se adelantó el trámite correspondiente, están debidamente sustentados y la responsabilidad en ellos declarada está fundamentada en las pruebas allegadas.

que los actos demandados fueron expedidos con observancia de la Constitución y la ley, se adelantó el trámite correspondiente, están debidamente sustentados y la responsabilidad en ellos declarada está fundamentada en las pruebas allegadas.

26. Por último, manifestó que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no es una tercera instancia del proceso de responsabilidad fiscal y por lo mismo no es una nueva oportunidad para allegar o pedir pruebas sino que su objeto es demostrar que los actos fueron expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse, o sin competencia, o de forma irregular o con desconocimiento de los derechos de audiencia y defensa, o mediante falta motivación o con desviación de poder, lo que en el presente caso no se configura.

Decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de Casanare en la audiencia inicial11

11 Cfr. folios 234 a 235 del cuaderno núm. 1A del expediente7

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27. El Tribunal Administrativo de Casanare, llevó a cabo la audiencia inicial el 22 de mayo de 2019, en donde se surtieron las siguientes actuaciones.

28. Declaró saneado el proceso.

29. Resolvió que no fueron propuestas excepciones para ser decididas en la audiencia inicial.

30. Fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda.

28. Declaró saneado el proceso.

29. Resolvió que no fueron propuestas excepciones para ser decididas en la audiencia inicial.

30. Fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda.

31. Declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a la naturaleza de la acción no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias.

32. Resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas.

Sentencia apelada12

33. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia proferida el 28 de

noviembre de 2019, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda incoada por el ciudadano RUBÉN DARÍO HIGUERA MÁRQUEZ en contra de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por las razones expuestas en la motivación.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en la instancia […]”.

34. El a quo consideró que e stá acreditado en el plenario que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal mediante Resolución núm. 0532 del 24 de septiembre de 2010 declaró el siniestro por incumplimiento, la cual fue confirmada a través de la Resolución núm. 0061.11 del 16 de enero de 2011, de modo que esta última fecha es la que se tiene en cuenta para contabilizar la caducidad, puesto que solo en ella puso determinarse con claridad y precisión que las obras contratadas por el aquí demandante no fueron ejecutadas en su totalidad y que lo construido no prestaba el

fecha es la que se tiene en cuenta para contabilizar la caducidad, puesto que solo en ella puso determinarse con claridad y precisión que las obras contratadas por el aquí demandante no fueron ejecutadas en su totalidad y que lo construido no prestaba el servicio o finalidad prevista en el contrato núm. 124 de 2007. En consecuencia, como el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal se produjo el 20 de diciembre de 2013, no operó la caducidad.

12 Cfr. Folios 216 a 221 del cuaderno núm. 1 del expediente.8

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Respecto el cargo de falsa motivación

35. Manifestó que l a imputados de cargos a título de culpa grave contra la parte demandante, se produjo porque en su calidad de gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal fue quien suscribió el contrato de obra núm. 124 de 2007 cuyo objeto era la construcción del acueducto del sector San Rafael, cuyo plazo era de 6 meses que finalmente se convirtieron en 16, en su calidad de director de la entidad: i) le correspondía atender los principios de la contratación pública para que los recursos de las regalías cumplieran el fin de asegurar u na debida prestación del servicio de acueducto y no lo hizo; ii) permitió que los recursos se perdieran, por cuanto pagó por la realización de una obra que no cumplió con los fines esenciales del Estado (la misma

acueducto y no lo hizo; ii) permitió que los recursos se perdieran, por cuanto pagó por la realización de una obra que no cumplió con los fines esenciales del Estado (la misma no opera y se considera una obra inconclusa, es decir, nunca ha prestado servicio a la comunidad); iii) en su calidad de contratante tenía la disposición material y jurídica de los recursos, por lo cual le correspondía la administración e inversión debida de los mismos. Sin embargo, con s u actuar omisivo desconoció los principios de eficiencia, eficacia y economía, propios de la gestión fiscal; iv) la dirección y manejo de la actividad contractual es del jefe o representante legal de la entidad y al no ejercer estricta vigilancia y control a la ejecución del proyecto, permitió que se recibieran y pagaran obras que no prestan el servicio para el cual fueron contratadas; v) se encontró acreditado que desde la iniciación de la obra no se contaba con diseños definitivos lo cual generó retrasos y obligó a realizar una adición.

36. Consideró que la parte demandante contrató los diseños para la construcción del acueducto San Rafael y por tal motivo le correspondía velar no solo por el cumplimiento de ese contrato, sino principalmente para que esos estudios correspondieran al sitio donde se iban a ejecutar las obras, fueran idóneos y eficaces para esos efectos.

37. Expuso que l as pruebas obrantes en el expediente demuestran que los diseños de las obras tuvieron falencias estructurales , resultaron incomp letos y ello incidió de manera determinante no solo en el plazo de ejecución de las obras sino en que ellas no presten ningún servicio.

38. Adujo que la parte demandante suscribió el convenio núm. 166 de 2007 con el

manera determinante no solo en el plazo de ejecución de las obras sino en que ellas no presten ningún servicio.

38. Adujo que la parte demandante suscribió el convenio núm. 166 de 2007 con el Departamento de Casanare y se comprometió a ejecutar los recursos construyendo el acueducto del sector San Rafael conforme a las obligaciones contractuales.

39. Señaló que la parte demandante a través del proceso de contratación directa escogió como contratista a la Unión Temporal Caribabare sector San Rafael con la que9

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suscribió el contrato núm.124 de 2007, p or lo tanto, debía velar porque el contratista fuera la persona más idónea para la ejecución de la labor contratada, pero las pruebas demuestran que ello no fue así.

40. Sostuvo que fueron precisamente los diseños y el contrato núm. 124 de 2007 celebrados por la parte demandante en calidad del representante legal de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y ejecutor del Convenio núm. 166 de ese año los que impidieron que las obras contratadas cumplieran la finalidad perseguida con la contratación, además de todos los inconvenientes que se generaron después de que el demandante dejó de ser el representante legal, y que deriv aron en el daño fiscal imputado.

la contratación, además de todos los inconvenientes que se generaron después de que el demandante dejó de ser el representante legal, y que deriv aron en el daño fiscal imputado.

41. Afirmó que: i) es cierto que desde la suscripción del acta de inicio del contrato núm. 124 de 2007 hasta la fecha en que la parte demandante culminó su labor como gerente solo transcurrieron 2 meses si se tiene en cuenta que el acta se firmó el 30 de octubre de 2007 y su retiro se produjo el 31 de diciembre de ese año; ii) en ese lapso, de conformidad con lo pactado en el contrato, se pagó el valor del anticipo, nada más, lo cual concuerda con lo expresado por el declarante Germán Ignacio Bernate Bernal y, iii) Tampoco se suscribieron actas modificatorias, parciales ni se ordenaron pagos adicionales.

42. Precisó que no se ha demostrado que los cargos imputados sean falsos y que no le asiste la razón a la parte demandada cuando indicó que permitió que se recibieran y pagaran obras que no prestan el servicio para el cual fueron contratadas, dado que para la época en que ello ocurrió ya no era titular del cargo de gerente, sin embargo, tal circunstancia no desvirtúa la esencia de la motivación y de la responsabilidad fiscal declarada.

Respecto de la responsabilidad objetiva que aduce la parte demandante

43. Adujo que l e asiste la razón a la parte demandante en cuanto afirma que en Colombia está proscrita la responsabilidad objetiva y la Ley 600 establece que solo hay responsabilidad fiscal para los encargados de la administración de recursos públicos, y únicamente cuando la misma se deriva de culpa grave o dolo.

Colombia está proscrita la responsabilidad objetiva y la Ley 600 establece que solo hay responsabilidad fiscal para los encargados de la administración de recursos públicos, y únicamente cuando la misma se deriva de culpa grave o dolo.

44. Manifestó que la prueba documental es contundente, por cuanto permite deducir culpa grave en cabeza del actor en la administración de los recursos públicos que le fueron confiados por el departamento de Casanare para la construcción del acueducto del sector San Rafael del municipio de Yopal. Las dos declaraciones recibidas dentro del10

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presente proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, aunque trataron de favorecer a la parte demandante, realmente no resultan ni serias ni creíbles, la prueba documental se impone.

Sobre la falta de vinculación de todos los involucrados en el desarrollo del contrato.

45. Manifestó que le asiste la razón a la parte demandante cuando señaló que no se vincularon a todos los responsables del desarrollo del contrato, dado que al revisar el proceso de responsabilidad fiscal se establece que no fueron llamados al proceso las personas que fungieron como gerentes de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal en el periodo comprendido entre el 1.° de enero de 2008 al mes de enero de 2011, que es la fecha en que se declaró el siniestro d e incumplimiento. La parte

Aseo de Yopal en el periodo comprendido entre el 1.° de enero de 2008 al mes de enero de 2011, que es la fecha en que se declaró el siniestro d e incumplimiento. La parte demandada no presentó argumentos con relación a la omisión de vincular a los gerentes, sin embargo, esa falencia, aunque está acreditada no genera la nulidad de los actos acusados.

Recurso de Apelación13

46. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente, recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia; reiterando los argumentos expuestos en el escrito de demanda y en sus alegatos de conclusión, y añade los siguientes

argumentos:

47. Adujo que como se ha sostenido desde el momento de presentación de la demanda, al momento de iniciar la acción fiscal ya operaba la caducidad de la misma, puesto que la parte demandante ejercicio el cargo de g erente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal hasta el 31 de diciembre de 2007, en consecuencia, no puede pretenderse una imputación en 2013 alegando que la declaratoria del siniestro fue en 2010, pretendiendo a partir de apreciaciones subjetivas, extender los términos previstos en la ley para el inicio de estas acciones.

48. Manifestó que la fecha máxima para el ejercicio de la acción fiscal en contra de la parte demandante era el 31 de diciembre de 2012, es decir, vencidos 5 años luego de la fecha de terminación de su mandato.

13 Folios 910 a 915 del cuaderno núm. 2 del expediente11

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fecha de terminación de su mandato.

13 Folios 910 a 915 del cuaderno núm. 2 del expediente11

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Demandante: Rubén Darío Higuera Márquez

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49. Señaló que el hecho de que existiera responsabilidad de otros sujetos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 hasta el año 2010 cuando se declaró el siniestro no debe afectar a la parte demandante para efectos del cálculo de la caducidad o para la decisión de fondo dentro del trámite de responsabilidad fiscal.

50. Sostuvo que: “[…] La existencia de responsables fiscales dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y la fecha de declaratoria del siniestro, que no fueron tenidos en cuenta dentro del proceso de responsabilidad fiscal, y quienes si debían responder por el daño patrimonial causado a la entidad en caso de que existiera negligencia en su gestión, si era un aspecto importante que fue reconocido por el despacho pero que no se tuvo en cuenta para efectos de declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, pues implica que se impuso a mi representado una obligación dineraria excesiva con respecto a la afectación que pudo generar su gestión como Gerente de la EAAAY como consecuencia de la suscripción del contrato No. 124 del 2007 […] incluso durante el trámite prejudicial, al proceso de responsabilidad fiscal debieron vincularse a todas las personas que intervinieron en la etapa precontractual,

como Gerente de la EAAAY como consecuencia de la suscripción del contrato No. 124 del 2007 […] incluso durante el trámite prejudicial, al proceso de responsabilidad fiscal debieron vincularse a todas las personas que intervinieron en la etapa precontractual, contractual y post contractua l del convenio, y debió evaluarse su participación y grado de responsabilidad a efectos de emitir el respectivo fallo […]”.

51. Indicó que la parte demandante fungió como gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal hasta el 31 de diciembre de 2007, fecha a la cual la única gestión adelantada fue la de suscribir el contrato núm. 124 de 2007, respecto del cual la Gobernación del Casanare se enc