CE - 012333000201800146011SENTENCIA20230321154923

CONSEJO DE ESTADO a

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

- SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES .

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veintidós (2022) Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 52001233300020180014601 ( (64522)

Demandante: MILTON NOÉ GUERRERO ARANDA Y OTROS Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO Tema: Privación de la libertad. Ley 906 de 2004. No se acreditó un daño antijurídico.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 26 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones de la demanda. Il. SÍNTESIS DEL CASO En enero de 2012, M.J.G.B., en representación de su hija Y.D.J.G.1, de 15 años de edad, presentó denuncia penal en contra Milton Noé Guerrero Aranda, afirmando que éste la había accedió carnalmente. De otra parte, en fecha indeterminada, C.A.A.B., amigo de la familia de la víctima, manifestó a la Policía Judicial que el señor Guerrero Aranda le comentó haber sostenido relaciones sexuales con dicha menor. El 18 de octubre de 2013, el Juzgado 1? Penal Municipal con Función. de Control de Garantías de Pasto ordenó la captura del investigado por ser presunto autor del delito de acceso carnal violento. El 28 de octubre siguiente, agentes del CTI de la Fiscalía capturaron al procesado.

Control de Garantías de Pasto ordenó la captura del investigado por ser presunto autor del delito de acceso carnal violento. El 28 de octubre siguiente, agentes del CTI de la Fiscalía capturaron al procesado. 1 Para evitar la revictimización del menor y en garantía de su protección especial al derecho a la intimidad y demás derechos fundamentales, la Sala decide ocultar los nombres de los demandantes, asignando sólo sus iniciales, al igual que otros datos e información que permitan inferir su identificación.Radicado: 52001233300020180014601 (64522) Demandante: Milton Noé Guerrero Aranda y otros En audiencia preliminar celebrada el 28 de octubre 2013, el Juzgado 3% Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pasto accedió a la solicitud de la - Fiscalía 15 Seccional de Pasto de imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del imputado por ser presunto autor del delito de -- acceso carnal violento. Posteriormente, mediante sentencia del 29 de julio de 2016, el Juzgado referido condenó a Milton Noé Guerrero Aranda a pena de prisión de 15 años y 6 meses por el delito de acceso carnal violento. No obstante, mediante sentencia del 3 de mayo de 2017, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto . Fevocó el fallo del 29 de julio de 2016 y en su lugar absolvió al acusado por ín dubio o o pro reo. Los demandantes consideran que la privación de la libertad de la que fue objeto Milton Noé Guerrero Aranda fue injusta, puesto que fue absuelto por no existir convicción o certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión - del delito de acceso carnal violento.

objeto Milton Noé Guerrero Aranda fue injusta, puesto que fue absuelto por no existir convicción o certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión - del delito de acceso carnal violento. ll. ANTECEDENTES

1. Demanda El 10 de abril de 2018?, Milton Noé, Rosario del Carmen, José de Jesús, Silvio Roberto Guerrero Aranda, Daissy Dayana, Adriana del Pilar Guerrero Jojoa, Blanca Nivia Jojoa Sosa, José Julián Guerrero Rivera y Mónica Lucía Jojoa Guerrero, | - mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación — Fiscalia General de la Nación y la Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto Milton Noé Guerrero Aranda. | Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las entidades demandadas a pagar, por perjuicios morales, la suma de 100 SMLMV a Milton Noé Guerrero Aranda, Daissy Dayana, Adriana del Pilar Guerrero Jojoa y - “Blanca Nivia Jojoa Sosa, 50 SMLMV a Rosario del Carmen, José de Jesús y Silvio = Roberto Guerrero Aranda y 35 SMLMV a José Julián Guerrero Rivera, y. Mónica Lucía Jojoa Guerrero; por daño a la vida de relación, la suma de 100 SMLMV a 2 FL22,C.1.Radicado: 52001233300020180014601 (64522) Demandante: Milton Noé Guerrero Aranda y otros Milton Noé Guerrero Aranda, Daissy Dayana, Adriana del Pilar Guerrero Jojoa y Blanca Nivia Jojoa Sosa, 50 SMLMV a Rosario del Carmen, José de Jesús y Silvio

Demandante: Milton Noé Guerrero Aranda y otros Milton Noé Guerrero Aranda, Daissy Dayana, Adriana del Pilar Guerrero Jojoa y Blanca Nivia Jojoa Sosa, 50 SMLMV a Rosario del Carmen, José de Jesús y Silvio Roberto Guerrero Aranda y 35 SMLMV a José Julián Guerrero Rivera y Mónica Lucía Jojoa Guerrero; por “daño a la salud”, la suma de 100 SMLMV a Milton Noé Guerrero Aranda, 60 SMLMV a Blanca Nivia Jojoa Sosa y 20 SMLMV a Daissy Dayana y. Adriana del Pilar Guerrero Jojoa; y por lucro cesante, la suma de

$48.835.388 a Milton Noé Guerrero Aranda. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que en enero de 2012, M.J.G.B., en representación de su hija Y.D.J.G., de 15 años de edad, presentó denuncia penal en contra Milton Noé Guerrero Aranda, afirmando que éste había accedió carnalmente a la menor. Manifiesta que en fecha indeterminada, C.A.A.B., amigo de la familia de la víctima, manifestó a la Policía Judicial que el señor Guerrero Aranda le había comentado - que había sostenido relaciones sexuales con la menor. Indica que el! 18 de octubre de 2013, el Juzgado 1 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pasto ordenó la captura del investigado por ser presunto autor del delito de acceso carnal violento. Señala que el 28 de octubre siguiente, agentes del CTI de la Fiscalía capturaron al procesado. Áduce que en audiencia preliminar celebrada el 28 de octubre 2013, el Juzgado 3 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pasto accedió a la solicitud

procesado. Áduce que en audiencia preliminar celebrada el 28 de octubre 2013, el Juzgado 3 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pasto accedió a la solicitud de la Fiscalia 15 Seccional de Pasto de imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del imputado por el delito de acceso carnal violento. Argumenta que el 7 de marzo de 2014, el Juzgado 5% Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pasto celebró la audiencia de formulación de acusación en contra del procesado por el señalado delito.Radicado: 52001233300020190014601 (64522) Demandante: Milton Noé Guerrero Aranda y otros Sostiene que mediante sentencia del 29 de julio de 2016, el Juzgado referido condenó al acusado a pena de prisión de 15 años y 6 meses por el delito de acceso carnal violento, pues consideró que la declaración de la menor Y.D.J.G., rendida en Ñ el juicio oral y los: dictámenes periciales. de psicología, sexología y psiquiatría, acreditaban la ocurrencia de la conducta punible. Señala que a pesar de lo anterior, mediante del 3 de mayo de 2017, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto revocó el fallo del 29 de julio de 2016 y en su lugar ' absolvió al acusado por in dubio pro reo. Los demandantes consideran que la privación de la libertad de la que fue objeto Milton Noé Guerrero Aranda fue injusta, puesto que fue absuelto por no existir convicción o certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión del delito de concierto para delinquir. 2, Contestación :

Milton Noé Guerrero Aranda fue injusta, puesto que fue absuelto por no existir convicción o certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión del delito de concierto para delinquir. 2, Contestación : El 9 de mayo de 2018%, el Tribunal Administrativo de Nariño admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público. 2.1. La Nación - Fiscalía General de la Nación? argumentó que no ocasionó un daño antijurídico a los accionantes, porque sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales. Como excepciones formuló las que denominó “hecho de un tercero”, “culpa exclusiva de la victima”, “inexistencia del nexo de causalidad”, “inexistencia del daño antjuridico” y “falta de legitimación por pasiva”. | 2.2. La Nación - Rama Judicial? manifestó que el Juez de Control de Garantías - encontró que había mérito suficiente para imponer medida de aseguramiento de : detención preventiva en contra del señor Guerrero Aranda,. pues: razonablemente 2.F1,227 y228, 0. 1. - +Fl, 233 a 260, C. 1. . $ Fl 269 a 288, C. 2.Radicado: 52001233300020180014601 (64522) Demandante: Milton Noé Guerrero Aranda y otros infirió la comisión del delito de acceso carnal violento, con fundamento en la denuncia penal interpuesta por la madre de la menor, la declaración de C.A.A.B. y los dictámenes periciales arrimados a la causa penal. Como excepciones formuló las que denominó “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “Falta de objeto para

denuncia penal interpuesta por la madre de la menor, la declaración de C.A.A.B. y los dictámenes periciales arrimados a la causa penal. Como excepciones formuló las que denominó “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “Falta de objeto para demandar”, “inexistencia de responsabilidad por ausencia de hecho”, “inexistencia de nexo causal entre el daño y el ejercicio funcional”, “inexistencia de solidaridad entre las demandadas”, “hecho de un tercero” y “culpa exclusiva de la víctima”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 21 de febrero de 2019f, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. Elextremo activo”, la Nación - Fiscalía General de la Nación? y la Rama Judicial? reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en la contestación de ésta, respectivamente. 3.2. El Ministerio Público?” sostuvo que la Rama Judicial impuso medida de aseguramiento en contra del procesado en cumplimiento de los requisitos sustanciales y formales previstos en la legislación procesal penal.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 26 de junio de 20191, el Tribunal Administrativo de Nariño. negó las pretensiones de la demanda al constatar que no se configuró el daño antijurídico, pues los elementos materiales probatorios, la evidencia física e información ' legalmente recauda en él proceso penal permitían establecer, preliminarmente, que Milton Noé Guertero Aranda había cometido el delito de - | acceso carnal violento en contra de la menor.

Fl 331 y 332, C. 3. 7 Fl. 451 a 462, C. 3.

preliminarmente, que Milton Noé Guertero Aranda había cometido el delito de - | acceso carnal violento en contra de la menor. Fl 331 y 332, C. 3. 7 Fl. 451 a 462, C. 3. 8 Fl 463 a 467, C. 3. 9 Fl 433 a 435, C. 3. 10 Fl. 436 a 450, C. 3. 11 Fl, 469 a 481, C. P.Radicado: 52001233300020180014601 (64522) Demandante: Milton Noé Guerrero Aranda y otros Al efecto sostuvo que: T..] Se observa que con el material probatorio allegado por la Fiscalía a la audiencia preliminar en la que se resolvió librar orden de captura, el Juez de Control de Garantías sin mayor dificultad, y lejos de actuar de manera caprichosa o arbitraria, consideró que era razonable imputar la autoría del punible de acceso camal violento a la aquí demandante y que resultaba viable privarlo preventivamente de la libertad mientras avanzaba la labor investigativa del ente acusador, pues se exhibieron y fueron puestos en su conocimiento ¡) las entrevistas practicadas a la menor y al señor C.A.A.B. que permitieron contextualizar a la juzgadora en la gravedad de la conducta desplegada por el señor Guerrero Aranda y donde la menor narró de manera clara, espontánea y coherente la forma como fue menoscabada su dignidad e integridad por el mencionado señor, ¡i) el concepto médico sexológico practicado a la menor y ii) (sic) la valoración psicológica del 26 : de marzo de 2012, suscrita por el psicólogo del ICBF [...]J”. En la parte resolutiva el a quo condenó en costas a la parte demandante, de

: de marzo de 2012, suscrita por el psicólogo del ICBF [...]J”. En la parte resolutiva el a quo condenó en costas a la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo?2,

5. Recursos de apelación El 23 de julio de 201913, el extremo activo interpuso recurso de apelación, el cual fue ' concedido el 26 de junio?! de 201915 y admitido el 23 de septiembre de 201918. 5.1. La parte demandante?” argumentó que la privación de la libertad de Milton Noé Guerrero Arango fue injusta, puesto que fue absuelto por in dubio pro reo. Así 12 "Artículo 188.Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento .tegal”. «18 Fl, 483, C.P. 14 El Tribunal Administrativo de Nariño por error señaló que éste auto tenia fecha del 26 de junio de 2019. 15 F1. 524, C.P. 16 F/, 529, C.P. 17 Fl, 483 a 522, C. P.Radicado: 52001233300070180014601 (44522) Demandante: Milton Noé Guerrero Aranda y otros mismo, solicitó revocar la condena en costas que le fuere impuesta, por carecer de recursos económicos para sufragar dicho pago.

Demandante: Milton Noé Guerrero Aranda y otros mismo, solicitó revocar la condena en costas que le fuere impuesta, por carecer de recursos económicos para sufragar dicho pago.

Al efecto sostuvo: “[...] Las circunstancias propias en las que sucedieron los hechos investigados, así como la manera en que estos son denunciados, en instancia de las audiencias preliminares, soportan indicios de que los mismos no revestían la calidad de una conducta punible, sancionada por la ley penal, ante la inexistencia de violencia, por lo cual, el juez de control de garantías que decidió imponer la medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario, contra el señor Milton Noé, omitió la obligación constitucional y legal de realizar un análisis razonable y proporcionado de los hechos y elementos que se le pusieron en conocimiento, a pesar de las manifestaciones de la defensa y como se recalca, de las falencias investigativas del ente acusador [...] En cuanto a la condena en costas impuestas a mis mandantes, de manera respetuosa solicito, que en caso de que no prospere el presente recurso de apelación, no se condene en costas procesales [...] los demandantes, no cuentan con el dinero para poder cubrir una eventual condena en. costas [...]”.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 29 de octubre de 2019$ se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. Los demandantes?? y la Nación - Fiscalía General de la Nación? reiteraron los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la contestación de la demanda, respectivamente.

alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. Los demandantes?? y la Nación - Fiscalía General de la Nación? reiteraron los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la contestación de la demanda, respectivamente. 6.2. La Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio?!, 18 FI, 533, C.P. 19 Fl. 536 a 541, C.P. 20 Fl, 542 a 559, C. P. 21 FI, 573, C.P.> Radicado: 52001233300020180014601 (64522)

Demandante: Milton Noé Guerrero Aranda y otros

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 26 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996,

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación - estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140% del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo. En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la

justicia.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general??, estableció unos plazos para poder ejercer 22 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijuridico producido por fa acción u omisión de los agentes del Estado.

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por.causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable á una entidad pública oaun “particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. o, En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”. 23 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempoRadicado: 520012333000201800 14601 (64522) Demandante: Milton Noé Guerrero Aranda y otros oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden

Demandante: Milton Noé Guerrero Aranda y otros oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción?, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como limite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener

el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”. 2 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 ...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (...). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y sí bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.”10

Radicado: 52001233300020180014601 (64522) Demandante: Milton Noé Guerrero Aranda y otros limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso jure? que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún

limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso jure? que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia?$, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad?”. 2 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho, Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ¡pso jure o'de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. - 26 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: ... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, - pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. 27 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622;

Sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 49.898; Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 48.130; Sentencia del 10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206; Sentencia del 23 de noviembre de 2017, Rad.: 54.716. o11

Radicado: 52001233300026180014601 (64522) Demandante: Milton Noé Guerrero Aranda y otros En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: i) que el proveído del 3 de mayo de 2017, mediante el cual se absolvió a Milton Noé Guerrero Aranda, quedó ejecutoriado el 10 de mayo de 2017, según da cuenta la certificación del 11 de mayo siguiente??, suscrita por el Secretario de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto; li) que los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 15 de enero de 2018%, la cual se declaró fallida el 15 de febrero de 2018!; y tii) que la demanda se presentó el 10 de abril de 2018%, | |

4. Legitimación en la causa 4.1. Milton Noé Guerrero Aranda (víctima), Blanca Nivia Jojoa Sosa (esposa), Daissy Dayana Guerrero Jojoa (hija), Adriana del Pilar Guerrero Jojoa (hija), Rosario del Carmen Guerrero Aranda (hermana), José de Jesús Guerrero Aranda (hermano) y Silvio Roberto Guerrero Aranda (hermano) son las personas sobre quienes recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa

del Carmen Guerrero Aranda (hermana), José de Jesús Guerrero Aranda (hermano) y Silvio Roberto Guerrero Aranda (hermano) son las personas sobre quienes recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado 52001-60-00-485-2012-00134%, según da cuenta copia auténtica de las providencias dictadas en dicha causa penal, y los demás conforman su núcleo familiar, tal como lo establecen las copias auténticas de sus registros civiles de matrimonio y nacimiento, respectivamente. 4.2. José Julián Guerrero Rivera y Mónica Lucía Jojoa Guerrero no se encuentran legitimados en la causa por activa, pues a partir de sus registros civiles de nacimiento% no es posible acreditar que sean sobrinos de Milton Noé Guerrero Aranda, así como tampoco allegaron prueba alguna que permitiera establecer la 2 Fl. 21a41,C.3. 22 F1, 18,0.3. 30 Fl, 23, C. 1. 31 FL 24,C.1. 2 FI, 22,C. 1. Fl 1a184,C. 3. 4F.81,C0:14 7 35 Fl. 77, 80,82 a85,C. 1. 36 Fi. 78 y 79,C. 1.12 e Radicado: 52001233300020180014601 (64522) Demandante: Milton Noé Guerrero Áranda y otros calidad de terceros perjudicados en el proceso, ni tener interés en las resultas del mismo. 4.3. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Fiscalia General de la Nación y por la Rama Judicial, de

calidad de terceros perjudicados en el proceso, ni tener interés en las resultas del mismo. 4.3. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Fiscalia General de la Nación y por la Rama Judicial, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección?”, puesto que la primera solicitó ante el Juez de Control de Garantias ordenar la captura de Milton Noé Guerrero Aranda y decretar la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y la segunda fue quien ordenó la captura, impuso la medida de aseguramiento y lo condenó en primera instancia.

5. Problemas jurídicos Corresponde a la Sala determinar: i) si la captura cumplió con los presupuestos legales o si con la misma se causó un daño antijurídico que el Estado tiene el deber de reparar, li) si la medida de aseguramiento cumplió con tos presupuestos legales que se exigían para su imposición, o si con esta se generó un daño antijurídico que el Estado debe reparar, iii) si la Fiscalia General de la Nación cumplió con los términos procesales para presentar escrito de acusación o solicitar la preclusión de la investigación, o si por el contrario, con su incumplimiento se generó un daño antijurídico que el Estado debe reparar, iv) si la Rama Judicial cumplió con los términos procesales para dar inicio a la audiencia de juicio oral o si, por el contrario, con su incumplimiento se generó un daño antijuridico que el Estado debe reparar; y v) si el Estado es patrimonialmente responsable por la privación de la libertad del acusado, puesto que fue condenado en primera instancia y posteriormente absuelto por in dubio pro reo.

1. si el Estado es patrimonialmente responsable por la privación de la libertad del acusado, puesto que fue condenado en primera instancia y posteriormente absuelto por in dubio pro reo.

6. S