CE - 012333000201800192011SENTENCIA20231205012829

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)

Demandante: Rubiela Cardona Gómez

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada contra la sentencia proferida el 4 de abril de 2019 por el Tribunal Administrativo de l Quindío , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Rubiela Cardona Gómez , por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de

consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Rubiela Cardona Gómez , por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: i) RDP 038235 del 5 de octubre de 2017, que le negó el

1 Folios 1 a 30.2

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019) Demandante: Rubiela Cardona Gómez reconocimiento de la pensión gracia; y ii) RDP 047862 del 22 de diciembre de 2017, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión y la confirmó. Los mencionados actos fueron proferidos por la UGPP.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la accionante solicitó condenar a la UGPP, a lo siguiente: i) reconocer la pensión gracia de jubilación, efectiva a partir del 12 de marzo de 2013, en cuantía de $2.194.106,75 o, subsidiariamente, desde el 3 de noviembre de 2013 y en un moto de $2.334.910,08; ii) aplicar los reajustes previstos en la Ley 71 de 1988; iii) actualizar el valor de las condenas conforme al artículo 187 del CPACA; iv) reconocer los intereses moratorios y cumplir el fallo que ponga fin al proceso, en los términos del artículo 192 ibidem; y v) pagar las costas procesales.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló:

artículo 192 ibidem; y v) pagar las costas procesales.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló:

1. La señora Rubiela Cardona Gómez nació el 9 de septiembre de 1954 y prestó sus servicios al magisterio oficial de la siguiente forma:

a) Profesora de horas cátedra

• Del 19 de mayo al 30 de noviembre de 1980. Nombrada por Decreto 0525 del 19 de septiembre de 1980.

• Del 8 de febrero al 30 de noviembre de 1982. Nombrada por Decreto 0106 del 26 de febrero de 1982.

• Del 21 de febrero al 30 de noviembre de 1991. Nombrada por Decreto 0052 del 8 de febrero de 1991.

• Del 5 de marzo al 30 de noviembre de 1992. Nombrada por Decreto 0187 del 28 de febrero de 1992.

Los mencionados decretos fueron expedidos por el gobernador del Quindío.

b) Docente municipal. Del 1 de septiembre de 1995 hasta la actualidad.2

2 La demanda fue presentada el 17 de octubre de 2018 (folio 150).3

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)

Demandante: Rubiela Cardona Gómez

1. De acuerdo con e l anterior recuento, la demandante cumplió los 20 años de servicio como docente oficial el 12 de marzo de 2013 y en esta fecha consolidó el estatus pensional.

Demandante: Rubiela Cardona Gómez

1. De acuerdo con e l anterior recuento, la demandante cumplió los 20 años de servicio como docente oficial el 12 de marzo de 2013 y en esta fecha consolidó el estatus pensional.

1. El 22 de junio de 2017 , la actora solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia; sin embargo, esta petición fue negada mediante las decisiones administrativas enjuiciadas.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 48, 53, 287, 288, 356 y 357 de la Constitución Política; 3, 4 y 13 de la Ley 39 de 1903; 1, 2, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 1 de la Ley 24 de 1947; 4 de la Ley 4 de 1966; 1 y 10 de la Ley 43 de 1975; 54 de la Ley 24 de 1988; 9 de la Ley 29 de 1989; 1 y 15 de la Ley 91 de 1989; 42 y 80 de la Ley 60 de 1993; 5 del Decreto 1743 de 1966; 1, 2, 3, 5 y 6 del Decreto 2277 de 1979.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso:

1. El tiempo que la señora Rubiela Cardona Gómez laboró como profesora catedrática es computable para acceder al beneficio pensional pretendido.

1. Para dichos efectos también debe considerarse el período trabajado desde el 1

1. El tiempo que la señora Rubiela Cardona Gómez laboró como profesora catedrática es computable para acceder al beneficio pensional pretendido.

1. Para dichos efectos también debe considerarse el período trabajado desde el 1 de septiembre de 1995 hasta la actualidad, pues la actora ha tenido la condición de docente municipal y sus salarios se pagan con recursos propios del ente territorial.

1. La accionante fue nombrada por el alcalde de la Tebaida sin intervención del Ministerio de Educación Nacional, es decir, que dicho funcionario actuó dentro de sus competencias y con fundamento en la autonomía propia del municipio.

1. En caso de estimar que el referido nombramiento es nacional, debe entenderse4

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019) Demandante: Rubiela Cardona Gómez que aquél mutó a municipal , en razón al proceso de descentralización de la educación previsto en las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001.

1. La demandante cumple con todos los requisitos previstos por el legislador para acceder a la pensión gracia, porque tuvo buena conducta en el desempeño como educadora; cuenta con más de 50 años de edad; ha prestado sus servicios como docente nacionalizada y territorial por más de 20 años y se vinculó en tal condición antes del 31 de diciembre de 1980.

1.2. Contestación de la demanda

El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda en estos términos:3

1. La demandante incumple los requisitos para acceder a la pensión gracia

1.2. Contestación de la demanda

El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda en estos términos:3

1. La demandante incumple los requisitos para acceder a la pensión gracia reclamada, por cuanto no laboró como docente departamental, distrital, municipal o nacionalizada; por el contrario, tuvo una vinculación del orden nacional.

1. En caso de que se acceda a las pretensiones de la demanda, deben autorizarse los descuentos en salud sobre la s mesadas pensionales, pues se trata de una contribución parafiscal que rige para esta clase de prestaciones.

1. Se proponen las siguientes excepciones: 1) inexistencia de la obligación; 2) cobro de lo no debido; y 3) prescripción.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia del 4 de abril de 2019 , accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda , con sustento en las siguientes consideraciones:4

3 Folios 218 a 237. 4 Folios 297 a 314.5

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)

Demandante: Rubiela Cardona Gómez

1. Los períodos en que la demandante se desempeñó como docente catedrática y de tiempo completo son computables para obtener la pensión gracia, toda vez que fue nombrada por autoridades territoriales.

1. La señora Rubiela Cardona Gómez demostró una vinculación territorial anterior al 31 de diciembre de 1980, el 9 de septiembre de 2004 cumplió los 40 años de

fue nombrada por autoridades territoriales.

1. La señora Rubiela Cardona Gómez demostró una vinculación territorial anterior al 31 de diciembre de 1980, el 9 de septiembre de 2004 cumplió los 40 años de edad y el 14 de julio de 2014 completó los 20 años de servicio; por lo tanto, el 15 siguiente consolidó el estatus pensional.

1. En consecuencia, se declara la nulidad de los actos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la UGGP que reconozca la pensión gracia a la actora, en cuantía de $2.150.907. La prestación será ajustada cada año en los términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993. «Sobre la pensión reconocida y el retroactivo a pagar, la accionada hará los correspondientes descuentos para el sistema de salud del 12%».

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. El apoderado de la demandante solicitó que se modifique la sentencia de primera instancia en lo que atañe al monto de la prestación, por las razones que se resumen, a continuación:5

1. La pensión gracia decretada a favor de la accionante debe establecerse en un monto de $2.347.549,14, el cual corresponde al 75% de los factores salariales percibidos en el año anterior a la adquisición del estatus pensional.

1. La cuantía de la prestación que estableció el a quo está afectada por los

siguientes errores aritméticos:

a. Se tomó como último año de servicio el comprendido entre el 14 de julio de 2013 y el

1. La cuantía de la prestación que estableció el a quo está afectada por los

siguientes errores aritméticos:

a. Se tomó como último año de servicio el comprendido entre el 14 de julio de 2013 y el 14 de julio de 2014, cuando debió ser el comprendido entre el 16 de julio de 2013 y el 15

5 328 a 333.6

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019) Demandante: Rubiela Cardona Gómez de julio de 2015, teniendo en cuenta que en esta última fecha la actora consolidó el estatus pensional.

b. Se computó equivocadamente la asignación básica de 2014, pues debió ascender a la suma de $17.627.603,50 para el período comprendido entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2014.

c. La bonificación debió corresponder a $176.273,50.

d. La prima de servicios debía ascender a $603.735,92 para el año 2013 y $342.759,08 para el 2014; sin embargo, en el proveído recurrido «dicha prima de servicio no se tomó para el año 2013 y para el año 2014 se tomó todo el valor de un año, cuando ha debido tomarse la proporción de 6,5 meses».

e. La prima de vacaciones debía ascender a $ 628.891,54 para el año 2013 y $772.431,29 para el 2014; empero, en el fallo impugnado solo se tuvo en cuenta el valor de 2013 y se dividió en 12, pese a que ese factor también estaba certificado para el 2014

$772.431,29 para el 2014; empero, en el fallo impugnado solo se tuvo en cuenta el valor de 2013 y se dividió en 12, pese a que ese factor también estaba certificado para el 2014 y, por lo tanto, para cada anualidad debía hacerse la proporción respectiva.

f. La prima de navidad fue incorrectamente computada, pues para el 2013 debió tomarse la suma de $1.310.191,21 y para el 2014 $1.609.232,63.

1.4.2. El apoderado de la UGPP interpuso recurso de apelación con base en los siguientes argumentos:6

1. La accionante no tiene derecho a la pensión gracia reconocida por el a quo, por cuanto ostentó la condición de docente nacional, situación que pugna con esta prestación especial, conforme lo ha explicado la jurisprudencia.

1. La documentación aportada al plenario es incompleta y no permite tener certeza frente a aspectos como la naturaleza de la plaza y de las instituciones educativas en que las que se desempeñó la interesada; fuente de financiación de los salarios; régimen salarial de la profesora; factores salariales percibidos durante los 20 años de servicio; escalafón docente; nivel de la educación en que trabajó la actora; forma

de vinculación, esto es, en carrera, propiedad o provisionalidad.

1. El fallo apelado concluyó que la señora Rubiela Cardona Gómez consolidó el estatus pensional el 15 de julio de 2014, pero ordenó liquidar la prestación con base en los factores devengados entre el 14 de julio de 2013 y el 14 de julio de 2014, es

6 Folios 319 a 327.7

estatus pensional el 15 de julio de 2014, pero ordenó liquidar la prestación con base en los factores devengados entre el 14 de julio de 2013 y el 14 de julio de 2014, es

6 Folios 319 a 327.7

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019) Demandante: Rubiela Cardona Gómez decir, que existe incongruencia con el día, que debió ser 15 y no 14.

1. Es necesario adicionar la sentencia de primera instancia en el sentido de indicar que los descuentos en salud deben actualizarse con base en el cálculo actuarial.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La accionante y la UGPP reiteraron los argumentos expuestos en el transcurso del proceso.7

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

En atención a los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada, e l problema jurídico consiste en determinar si la señora Rubiela Cardona Gómez tiene derecho a que la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación . En caso afirmativo, se estudiará si es procedente i) modificar el período base de liquidación, así como el monto de la mesada pensional reconocida en primera instancia; y ii) aplicar el cálculo actuarial a los descuentos en salud.

modificar el período base de liquidación, así como el monto de la mesada pensional reconocida en primera instancia; y ii) aplicar el cálculo actuarial a los descuentos en salud.

7 Memoriales visibles en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.8

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)

Demandante: Rubiela Cardona Gómez 2.2. Marco normativo

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 1928 8 y 37 de 19339 consagraron la posibilidad de que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública, siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior.10

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4 ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión o recompensa de carácter nacional».11

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante Sentencia S -699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que « la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante Sentencia S -699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que « la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye

8 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección. 9 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.

Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria. 10 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699. 11 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo

2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.9

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019) Demandante: Rubiela Cardona Gómez requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales».12

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la pensión ordi naria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,

pensión ordi naria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación, en la referida Sentencia S -699 de 1997 , afirmó que la pensión gracia debe reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada ; sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S -699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección

B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001 -23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.10

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)

Demandante: Rubiela Cardona Gómez

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita, bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto

bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,13 la Sección Segunda del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1. 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento pensional.

1. 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».14

13 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017). 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, r adicado 15001-23-33-0002016-00278-01 (3018-2017).11

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)

2016-00278-01 (3018-2017).11

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019) Demandante: Rubiela Cardona Gómez En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo siguiente:15

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».16

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos

y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada. […]

1. La Sentencia C -506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

1. Mediante la Sentencia SU -014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley ». A partir de dicho

inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley ». A partir de dicho

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, r adicado 15001-23-33-0002016-00278-01 (3018-2017). 16 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001 -03-15-000-2019-0221901 (AC).12

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019) Demandante: Rubiela Cardona Gómez entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia del 21 de junio de 2018, 17 esta corporación fijó las siguientes reglas de unificación:18

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886

del 21 de junio de 2018, 17 esta corporación fijó las siguientes reglas de unificación:18

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o de las -situado fiscalcuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto

y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-201304683-01 (3805-2014). 18 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia transcrita.13

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019) Demandante: Rubiela Cardona Gómez tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en e l servicio educativo para acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden acumular dichos tiempos con los posteriores