CE - 012333000201800204011SENTENCIASENTENCIA20230330194852

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00204-01 (26785)

Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 47001-23-33-000-2018-00204-01 (26785)

Demandante SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A.

Demandado DISTRITO DE SANTA MARTA e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS , INVIAS Temas Impuesto predial . Bienes de uso público. Sujeto Pasivo del Impuesto Predial en bienes de uso público entregados en concesión. Ley 1607 de 2012. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide los recursos de apelación presentados por el demandante y el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, contra la sentencia del 27 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que decidió lo siguiente1: “PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de inepta demanda planteada por el distrito de Santa Marta respecto a la demanda principal y de caducidad propuesta por la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta respecto a la demanda de reconvención.

“PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de inepta demanda planteada por el distrito de Santa Marta respecto a la demanda principal y de caducidad propuesta por la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta respecto a la demanda de reconvención.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda principal y la de reconvención, por las razones aducidas en la presente providencia.

TERCERO: NO CONDENAR EN COSTAS de conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa del presente proveído.

CUARTO: Si no fuere apelada la sentencia, ORDENAR el archivo del expediente.” ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA La Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A (en adelante SPRSM) suscribió con el Instituto Nacional de Vías (en adelante INVIAS) el contrato de concesión Nro. 006 del 24 de junio 19932, modificado mediante Otrosí Nros. 001 del 5 de agosto de 1993, 002 del 8 de septiembre de 1993, 003 del 9 de septiembre de 1993, 004 del 30 de septiembre de 1993 , 005 del 3 de enero de 2005 , 006 del 30 de mayo de 20083 y 0074. Dentro de dicho contrato a la actora le fue concedido el derecho a ocupar y utilizar, entre otros, el predio ubicado en la K 1 No. 6B-60 identificado con matrícula inmobiliaria No. 080 -046547 y con referencia catastral Nro. 01-01-0217001-000. Hasta el año 201 7 INVIAS había realizado el pago del impuesto predial del inmueble antes señalado.

1 Índice 2 de Samai. “EXPEDIENTE DIGITAL”/“ED_SENTENCIA_53SENTENCIAPRIMERAIN(.pdf)

del inmueble antes señalado.

1 Índice 2 de Samai. “EXPEDIENTE DIGITAL”/“ED_SENTENCIA_53SENTENCIAPRIMERAIN(.pdf) NroActua2”. 2 Índice 2 de Samai, Anexos 76, “EXPEDIENTE DIGITAL/ED_CUADERNOC_02CUADERNOCONTESTACI” páginas 63 a 101 y también en “EXPEDIENTE DIGITAL/ED CUADERNOD_03CUADERNODEMANDA” 3 Índice 2 de Samai, Anexos 76, “EXPEDIENTE DIGITAL/ED_CUADERNOC_02CUADERNOCONTESTACI” páginas 102 a 124, y también en “EXPEDIENTE DIGITAL/ED CUADERNOD_03CUADERNODEMANDA” 4 De acuerdo con la demanda, el anexo 007 está en un CD que hace parte de lo s anexos de la misma, pero en dicho medio sólo reposa el contrato que suscribió la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. con el Invias y los Otrosí del 001 al 006. No hay constancia en el expediente del Otrosí 007.Radicado: 47001-23-33-000-2018-00204-01 (26785)

Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

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El día 1 de febrero de 2018 la Secretaría de Hacienda de Santa Marta emitió el Acto Nro. 00229, a través del cual le remitió a la SPRSM el Recibo Oficial de Pago Nro. 201800006851, donde se observa la liquidación del impuesto predial a cargo de la

Nro. 00229, a través del cual le remitió a la SPRSM el Recibo Oficial de Pago Nro. 201800006851, donde se observa la liquidación del impuesto predial a cargo de la actora por los años 2017 (Impuesto por valor de $4.606.592.000) y 2018 (Impuesto después de incentivo de $3.524.360.600), por el m onto total de $8.130.952.000 (fl.21), y, así mismo, le indicó a la actora que procedería a facturar el impuesto predial respecto del predio mencionado a su nombre, en consideración a que ella es tenedora del predio identificado con referencia catastral Nro . 01-01-0217-001000, bajo el contrato de concesión, según lo informado por INVIAS.(fls.19 a 20) Mediante comunicación del día 8 de febrero de 2018 la SPRSM devolvió la liquidación enviada por la Secretaría de Hacienda explicando las razones por las cuales no era responsable del pago del impuesto liquidado a su cargo (fls.22 a 24). ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes pretensiones (fls.3 a 4): “PRIMERA: Que se declare la nulidad del Acto No. 00229 de fecha 1º de febrero de 2018 emitido por parte de la Alcaldía de Santa Marta – Secretaría de Hacienda Distrital de Santa Marta y del Recibo Oficial de Pago No. 20180000651 (sic), a través del cual se factura a la

emitido por parte de la Alcaldía de Santa Marta – Secretaría de Hacienda Distrital de Santa Marta y del Recibo Oficial de Pago No. 20180000651 (sic), a través del cual se factura a la Sociedad Portuaria Regional Santa Marta S.A. el valor del impuesto predial correspondiente a los años 2017 y 2018, en relación con el predio identificado con la dirección: K 1 No. 6B – 60, con matrícula inmobiliaria No. 080-046547 y con referencia catastral No. 01-01-0217-001-000.

SEGUNDA: Que se declare que la Sociedad P ortuaria Regional de Santa Marta S.A. no adeuda ningún valor por concepto del Impuesto Predial del año 2018 ni del año 2017 ni por los años anteriores, con fundamento en el hecho de que la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. no es ni puede ser sujeto pasivo del impuesto predial en su calidad de concesionaria, por cuanto no surge el hecho generador del impuesto predial en relación con las áreas objeto del contrato de concesión.

TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores pretensiones, y a tí tulo de restablecimiento del de recho, se le condene a (sic) Alcaldía de Santa Marta – Secretaría de Hacienda Distrital de Santa Marta a reembolsar cualquier suma de dinero que la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. haya debido cancelar a la entidad demandada como consecuencia de los actos demandados, debidamente actualizada de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor desde la fecha en que haya realizado los pagos y hasta la fecha en que la entidad demandada los reembolse y con los intereses legales liquidados desde la fecha en que se hayan cancelado dichas sumas y hasta que la entidad las restituya.

del índice de precios al consumidor desde la fecha en que haya realizado los pagos y hasta la fecha en que la entidad demandada los reembolse y con los intereses legales liquidados desde la fecha en que se hayan cancelado dichas sumas y hasta que la entidad las restituya.

CUARTA: Que se declare que el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS es el sujeto pasivo responsable del pago del impuesto predial correspondiente al predio identificado con la dirección: K 1 No. 6B – 60, con matrícula inmobiliaria No. 080 -046547 y con referencia catastral No. 01-01-0217-001-000 y se remita el Recibo Oficial de Pago No. 2018000651 (sic) a dicha entidad para que proceda a realizar el pago que corresponda.” A los anteriores efect os, la demandante invocó como violados los artículos 23, parágrafo 2, de la Ley 1450 de 2011; 177 de la Ley 1607 de 2012 (modificatorio del artículo 54 de la Ley 1430 de 2012 ) y 13 del Estatuto Tributario de Santa Marta. El concepto de nulidad se resume de la siguiente manera: La actora afirmó que la Secretaría de Hacienda Distrital de Santa Marta al expedirRadicado: 47001-23-33-000-2018-00204-01 (26785)

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los actos demandados que liquidaron a su cargo el impuesto predial por los períodos 2017 y 2018 respecto de l predio objeto de demanda, no se percataron que por

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los actos demandados que liquidaron a su cargo el impuesto predial por los períodos 2017 y 2018 respecto de l predio objeto de demanda, no se percataron que por tratarse de un puerto marítimo, catalogado como bien de uso público , no estaba sujeto al pago de dicho tributo, salvo las áreas ocupadas por establecimientos mercantiles dentro de las áreas objeto del contrato de concesión , para lo cual cit ó el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012. Sostuvo que al exigir la Administración el cobro del impuesto predial sobre la totalidad del bien de uso público, y no solamente sobre aquellas áreas que la sociedad estaba utilizando para la explotación comercial con establecimiento de comercio, los actos demandados vulneraban los artículos 23 parágrafo 2 de la Ley 1450 de 2011; 177 de la Ley 1607 de 2012 y 13 del Estatuto Tributario de Santa Marta5. Señaló i gualmente que los actos acusados estaban falsamente motivados como quiera que, no era cierto que la totalidad ni parte del inmueble específico entregado en concesión estuviere siendo utilizada por la SPRSM para la explotación comercial con es tablecimientos de comercio de su propiedad, razón por la cual no había ejecutado el hecho generador del impuesto predial para bienes de uso público. Para el efecto adjuntó como prueba un plano topográfico en el que identifica el inmueble objeto de las pretensiones dentro de las áreas otorgadas en concesión. Oposición de la demanda El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta controvirtió las pretensiones de la demanda en los siguientes términos (fls.83 a 98):

Oposición de la demanda El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta controvirtió las pretensiones de la demanda en los siguientes términos (fls.83 a 98): Afirmó que no existen daños antijurídicos a reparar, por cuanto el Oficio Nro. 00229 de 2018 sólo remite la facturación correspondiente al impuesto predial para la vigencia 2017, pero en ningún momento se inició proceso de cobro coactivo ni persuasivo, ya que por el año 2017 el INVIAS había cancelado el impuesto predial sobre el predio objeto de discusión, razón por la cual carecía de fundamento fáctico y jurídico las pretensiones relacionadas con dicho período. Explicó que el Distrito como sujeto activo del impuesto predial estaba sujeto a la información que al respecto le suministrara el Instituto Agustín Codazzi (en adelante IGAC) y, en tal sentido, la información que dicha entidad entregó sobre el lote en cuestión fue que su uso era comer cial y de servicio, razón por la cual no era aceptable el argumento de la actora según el cual por tratarse de un bien de uso público el predio estuviera exento del impuesto predial. Sumado a lo anterior, señaló que el artículo 14 del Acuerdo Nro. 004 del 2016 estableció que la base gravable del impuesto en cuestión correspondía al avalúo catastral determinado por el IGAC, de tal suerte que no le correspondía al Distrito entrar a medir o definir la s áreas que según el criterio de la actora debían quedar exentas, por el contrario, ello era una labor de actualización de la información que debió desarrollar la interesada. Indicó q ue tampoco era de recibo que 25 años después de haber celebrado el

exentas, por el contrario, ello era una labor de actualización de la información que debió desarrollar la interesada. Indicó q ue tampoco era de recibo que 25 años después de haber celebrado el contrato de concesión, la actora considerara que el predio tenía un uso distinto y por ende estaba exento del impuesto , atribuyendo supuestas fallas en las

5 Al respecto citó la sentencia del 25 de mayo de 2017, exp. 2011-00192-01, C.P. Milton Chaves García.Radicado: 47001-23-33-000-2018-00204-01 (26785)

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actuaciones del ente territorial, pues la información que entreg ó el IGAC fue la de un lote de terreno con una extensión y un uso determinados, sobre los cuales realizó el respectivo cobro de manera pacífica, sin que fuera de su competencia entrar a dirimir conflictos que eventualmente se presentaran entre las partes involucradas en el contrato de concesión. Afirmó que el Oficio Nro. 00229 del 1 de febrero de 2018 no estaba falsamente motivado, toda vez que solo se trataba de un acto de trámite que no hizo otra cosa que remitir a la demandante el recibo de pago, en atención a la solicitud que en tal sentido había recibido de parte de INVIAS. Señaló q ue e ste mismo argumento resultaba aplicable al recibo oficial de pago que se le envió a la actora, el cual solo contenía la información que reposaba en el IGAC sobre el predio, la cual debía ser

sentido había recibido de parte de INVIAS. Señaló q ue e ste mismo argumento resultaba aplicable al recibo oficial de pago que se le envió a la actora, el cual solo contenía la información que reposaba en el IGAC sobre el predio, la cual debía ser actualizada por la interesada, de tal suerte que, en el evento de no estar actualizada, era responsabilidad única y exclusivamente de la demandante y del INVIAS solicitar dicha actualización y no del Distrito. Agregó que en el evento que prosperara la nulidad del recibo oficial de pago, era claro que se estaba ante una evidente falta de integración del lit is consor cio necesario, comoquiera que el IGAC es el único responsable por la información allí consignada. Reiteró que el Distrito lo único que había hecho en relación con el impuesto predial del inmueble en cuestión, fue remitir la facturación del año 2017 a la demandante, atendiendo la instrucción del INVIAS, sin adelantar cobro alguno a la demandante. Afirmó que, a la fecha de presentación de la demanda, la SPRSM no había pagado suma alguna por tal con cepto y, en esa medida, no existía ningún derecho cuyo restablecimiento pudiera solicitar la actora ni mucho menos daño que reparar. Propuso como excepción de mérito la de inepta demanda por inexistencia de la violación normativa, falta de sustento jurídico de las pretensiones y por falta de daño antijurídico, lo que sustent ó en que no existían razones suficientes para trabar el presente litigio en contra del Distrito de Santa Marta, agregando que en ningún momento se había declarado de manera formal a la demandante como sujeto pasivo del impuesto predial unificado respecto del predio objeto de discusión.

presente litigio en contra del Distrito de Santa Marta, agregando que en ningún momento se había declarado de manera formal a la demandante como sujeto pasivo del impuesto predial unificado respecto del predio objeto de discusión. En relación con el argumento de la demandante respecto de que no procedía el cobro del impuesto predial por tratarse de un bien de uso público, señaló qu e, de acuerdo con la información del inmueble, tal conclusión no era tan evidente como pretendía hacerlo ver la actora, y citó la sentencia del 25 de mayo de 2017 (exp.21973, C.P. Milton Chaves García) , que también fue reseñada por la actora, para indicar que es de total relevancia para efectos de cobrar el impuesto predial de bienes fiscales o de uso público la realidad física del inmueble, en cuanto al uso que le estén dando los particulares. Reiteró que en el recibo oficial de pago remitido a la socied ad claramente se observaba que el destino del inmueble en cuestión era de uso comercial y de servicios con fundamento en la información suministrada por el IGAC, a la cual debía sujetarse el Distrito. Finalmente, propuso excepción de mérito innominada, que argumentaría llegado el caso.Radicado: 47001-23-33-000-2018-00204-01 (26785)

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El INVIAS también se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos6.

1. El inmueble en discusión es de uso público explotado por la demandante

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El INVIAS también se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos6.

1. El inmueble en discusión es de uso público explotado por la demandante a través de un contrato de c oncesión y, por lo tanto, es el sujeto pasivo del impuesto predial.

Sostuvo que el inmueble objeto de la presente demandada es de uso público (según lo indicado en varios apartes del contrato de concesión Nro. 006 de 1993 que cita la demandada) y que fue entregado a la actora para su explotación mediante un contrato de concesión, razón por la cual el impuesto predial debía ser pagado única y exclusivamente por la SPRSM, por ser el sujeto pasivo del impuesto, por disposición expresa de la ley y en virtud del otrosí Nro. 006 del contrato de concesión, en el que se determinó que el riesgo tributario del predio estaría en cabeza del concesionario.

2. Los bienes de uso público, no cambian su condición de uso público por haberse entregado en concesión.

Afirmó que la condición de bien de uso público que ostenta el predio en cuestión no varía por el hecho de haberse entregado en concesión a un particular, lo cual encontraba sustento en la sentencia del Consejo de Estado del 25 de mayo de 2017 (exp.21973, C.P. Milton Chaves García). Mencionó entonces que, si el Distrito lo ha gravado con el impuesto predial siendo este un bien de uso público, el único obligado como sujeto pasivo de dicho impuesto es el concesionario.

3. Violación el principio de legalidad si se llegase a determinar el impuesto

gravado con el impuesto predial siendo este un bien de uso público, el único obligado como sujeto pasivo de dicho impuesto es el concesionario.

3. Violación el principio de legalidad si se llegase a determinar el impuesto en cabeza de INVIAS por indebida determinación del sujeto pasivo en una entidad pública a pesar de tratarse de bienes de uso público concesionados.

Manifestó que de aceptarse la pretensión de la demandante de que sea INVIAS quien pague el impuesto predial del inmueble, se violaría el principio de legalidad, para lo cual insistió en que de conformidad con las Leyes 768 de 2002, 1430 de 2010, 1607 de 2012 y 1617 de 2013, el sujeto pasivo del t ributo en cuestión es el particular que se encuentre explotando económicamente el bien concesionado7. Agregó también que el legislador podía modificar los elementos de un tributo sin contradecir la constitución, y sin importar la posibilidad de que se pr esente un desequilibrio contractual, tema que, en todo caso, debía ser resuelto por la Jurisdicción Contencioso Administrativa en materia de contratos estatales, donde el demandante debe probar además otros aspectos. Concluyó que la Secretaría de Hacienda no podía actuar de otra forma a como lo hizo al expedir las facturas que se cuestionan en la presente demanda.

4. El hecho que INVIAS haya pagado el impuesto predial sobre el inmueble no significa que no tenga derecho a que se le reembolse el pago de lo no debido y a que se cobre al único obligado como lo es el concesionario.

Explicó que desde que INVIAS recibió el predio por parte del Ministerio de

no significa que no tenga derecho a que se le reembolse el pago de lo no debido y a que se cobre al único obligado como lo es el concesionario. Explicó que desde que INVIAS recibió el predio por parte del Ministerio de

6 Fls.1 a 16 del cuaderno contestación demanda. 7 También citó las sentencias de constitucionalidad C-183 de 2003, C-822 del 2011, C-903 de 2011 y C-304 de 2012.Radicado: 47001-23-33-000-2018-00204-01 (26785)

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Transporte, con el fin de detentar su propiedad a nombre de la Nación , pagó el impuesto predial d el inmueble ubicado en el Puerto de Santa Marta, sin que esto genere ningún derecho al concesionario ni ninguna obligación a INVIAS . Aclaró además que la entidad pagó la obligación hasta el año 2017, año a partir del cual se replanteó el tema del pago como consecuencia de un concepto del Ministerio de Transporte, y buscó el reembolso de lo pagado en vigencias anteriores.

5. El concesionario como único obligado a pagar el impuesto predial debe reembolsar al INVIAS lo que pago sin estar obligado a ello.

Insistió en que el único obligado a pagar el impuesto que se debate siempre ha sido el concesionario, por lo tanto, es este quien tiene la obligación de reembolsar al INVIAS lo que ha pagado por ese concepto, debiendo cancelar también las vigencias 2018 y siguientes. Demanda de reconvención

el concesionario, por lo tanto, es este quien tiene la obligación de reembolsar al INVIAS lo que ha pagado por ese concepto, debiendo cancelar también las vigencias 2018 y siguientes. Demanda de reconvención INVIAS, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 172 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), presen tó demanda de reconvención contra la SPRSM y formuló las siguientes pretensiones8: “PRIMERA: Se declare que la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A., en su calidad de concesionaria del bien de uso público ubicado en Santa Marta en la dirección: k 1 no. 6b – 60, con matrícula inmobiliaria no. 080-046547 y con referencia catastral no. 01-01-0217-0001000 es la única responsable del Impuesto Predial Unificado sobre dicho inmueble y desde el momento de entrar en vigencia la ley 768 del 2002.

SEGUNDA: Se declare que la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A., en su calidad de concesionaria del bien de uso público ubicado en Santa Marta en la dirección: k 1 no. 6b – 60, con matrícula inmobiliaria no. 080-046547 y con referencia catastral no. 01-01-0217-0001000 es la única responsable de las contribuciones de valorización sobre dicho in mueble y desde el momento de entrar en vigencia la ley 768 del 2002.

TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior se condene a la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A., a reembolsar al Instituto Nacional de Vías-INVIASlos valores que el Instituto pagó por la vigencia fiscal 2017, por Impuesto Predial Unificado por el bien

Regional de Santa Marta S.A., a reembolsar al Instituto Nacional de Vías-INVIASlos valores que el Instituto pagó por la vigencia fiscal 2017, por Impuesto Predial Unificado por el bien de uso público ubicado en Santa Marta en la dirección: k 1 no. 6b – 60, con matrícula inmobiliaria no. 080-046547 y con referencia catastral no. 01-01-0217-0001-000.

CUARTA: Que como consecuencia de lo anterior se condene a la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A., a reembolsar al Instituto Nacional de Vías -INVIASlos valores que el Instituto pagó por la vigencia fiscal 2017, por contribuciones de valorización por el bien de uso público ubicado en Santa Marta en la dirección: k 1 no. 6b – 60, con matrícula inmobiliaria no. 080-046547 y con referencia catastral no. 01-01-0217-0001-000.

QUINTA: Que los valores señalados en las pretensiones tercera y cuarta se actualic en a la fecha de la sentencia.

SEXTA: Que se ejecute la sentencia en los términos señalados por el Capítulo VI del Título V del CPACA.

SEPTIMA: Que se condene en costas a la entidad demandada.” Para los anteriores efectos invocó como normas violadas los artículos 4, 29, 287 y 338 de la Constitución Política; 674 del Código Civil; 166 y 167 del Decreto Ley 2324 de 1984; 5 de la Ley 1 de 1991; 6 numeral 2 de la Ley 768 de 2002; 23 de la Ley

1450 de 2011; 177 de la Ley 1607 de 2013 y 26 numeral 3 de la Ley 1617 de 2013.

8 Fls.486 a 487 del cuaderno de la demanda de reconvención, subsanación de la demanda.Radicado: 47001-23-33-000-2018-00204-01 (26785)

Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

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Los aspectos fácticos y el concepto de violación se resumen de la siguiente manera. Señaló que en el Distrito de Santa Marta existe el Puerto de Santa Marta del cual hace parte el i nmueble ubicado en la K 1 Nro. 6B -60, que es objeto del presente proceso, y que fue entregado en concesión a la SPRSM mediante contrato Nro. 006 de 1993. Dicho contrato fue objeto del Otrosí Nro. 006 del 30 de mayo de 2008, que en su cláusula decimocuarta determinó que el concesionario asumiría el riesgo tributario del predio. Indicó q ue mediante el Decreto 1800 del 2003 se creó el Instituto Nacional de Concesiones INCO, al que se le cedieron todos los contratos de concesión existentes sobre la infraestructura de transporte, entre ellos el descrito anteriormente. A su vez, que mediante concepto con radicado Nro. 01694-00 del 23 de noviembre de 2005, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló que le correspondía al INVIAS registrar contablemente como un activo el valor de la infraestructura vial que estuviere conces ionada a la fecha de iniciación

de noviembre de 2005, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló que le correspondía al INVIAS registrar contablemente como un activo el valor de la infraestructura vial que estuviere conces ionada a la fecha de iniciación de la vigencia del Decreto Ley 1800 de 2003. En cumplimiento de lo anterior, el Ministerio de Transporte transfirió al INVIAS el predio objeto de discusión mediante la Resolución Nro. 005729 del 19 de diciembre de 2017. Posteriormente, por orden del Decreto 4165 del 2001 fueron cedidas todas las obligaciones y derechos que tenía el INCO a la Agencia Nacional de Tierras ANI, entre ellas el contrato de concesión Nro. 006 de 1993 en calidad de contratante, calidad que ostenta hasta la presentación de la presente demanda de reconvención. Afirmó que, por mandato de la Ley 768 de 2002, la Ley 1430 de 2010 y la Ley 1607 de 2012 , el inmueble cedido a la SPRSM es un bien de uso público que fue entregado en concesión a dicha sociedad, por lo tanto, el impuesto predial y la contribución de valorización que se liquiden sobre el mismo, debían ser pagados únicamente por la SPRSM, al ser el sujeto pasivo por designación exclusiva de la ley. Sumado a esto, indicó que el INVIAS no era la entidad encargada de explotar el predio, ni tampoco tenía establecimiento de comercio alguno allí, sin embargo, que pagó el impuesto predial desde la transferencia de la propiedad que le hizo el Ministerio de Transporte, esto es, desde el 2013 hasta el 2017, por lo que tenía derecho a que el concesionario le restituyera todos esos pagos.

que pagó el impuesto predial desde la transferencia de la propiedad que le hizo el Ministerio de Transporte, esto es, desde el 2013 hasta el 2017, por lo que tenía derecho a que el concesionario le restituyera todos esos pagos. Sostuvo que, cuando INVIAS pagó el impuesto predial por el cobro que el Distrito le venía haciendo, desconocía el marco normativo y jurisprudencial desarrollado desde el 2002, donde se ha precisado que los bienes de uso público, como el predio en cuestión, solo pueden ser gravados con el impuesto predial cuando sean explotados por particulares, siendo a su vez éstos los obligados a pagar el tributo y no el propietario, como lo pretendía el concesionario al no pagar las vigencias 2013 a 201 7 y solicitar además que el período 2018 lo pagu e INVIAS, que es un establecimiento público que no explota el inmueble. Oposición demanda de reconvención La SPRSM controvirtió las pretensiones de la demanda de reconvención, conforme se resume a continuación (fls.535 a 548 cdr).

1. Los pagos realizados por el INVIAS se hicieron al Distrito en virtud de actos administrativos que hacían responsable del pago a dicha entidad, los cuales nunca fueron atacados por el INVIAS.Radicado: 47001-23-33-000-2018-00204-01 (26785)

Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

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Adujo que los pagos que el INVIAS efectuó por concepto de impues to predial respecto del bien objeto de la presente demanda tuvieron como causa actos

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Adujo que los pagos que el INVIAS efectuó por concepto de impues to predial respecto del bien objeto de la presente demanda tuvieron como causa actos administrativos que gozan de presunción de legalidad, en la medida en que nunca fueron controvertidos por esa entidad y respecto de los cuales operó la caducidad, esto últ imo en razón a que transcurrieron más de 4 meses desde que se le notificaron sin interponer acción legal. De igual manera señaló que el INVIAS tenía una acción para reclamar la devolución de lo pagado, no obstante, también la dejó caducar. Sumado a esto, los pagos se realizaron a favor del Distrito de Santa Marta y no a la SPRSM, razón que evidencia que si existió un desplazamiento patrimonial del INVIAS el mismo no fue hacía o en favor de la sociedad.

2. La SPRSM no es el sujeto pasivo responsable ni realizó el hecho generador.

Precisó que el predio objeto de discusión al no estar incluido en los bienes que señala el artículo 166 del Decreto 2324 de 1984 no se considera bien de uso público, razón por la cual es un bien fiscal, el cual, a diferencia del primero, el Estado detenta el derecho de dominio como si se tratase de un bien privado. Bajo esa perspectiva, consideró que la regla general es que el sujeto pasivo responsable del impuesto predial es el propi