CE - 012333000201800213011SENTENCIA20231002110525

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 47001233300020180021301(0656-2020)

Demandante: José Joaquín Vergara Diazgranados y otros Demandado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta Temas: Nivelación salarial / actos administrativos emitidos por gerente liquidador pasibles de control / caducidad

Sentencia de segunda instancia __________________________________________________________________ Asunto La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida 14 de agos to de 2019 por el Tribunal Administrativo del Magdalena que negó las pretensiones de la demanda

1. Antecedentes 1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 13 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo1, José Joaquín Vergara Diaz granados, Nelson Secreta Ortiz, Catalina Correa de Lacouture, Jorge Agudelo Rodr íguez, Josefa Pimienta Pérez, José Miranda Montes Castro, Juan de Dio s Domínguez Ojeda, Ilva Gómez Castro, Juana Manjarrez Cotes, Gilma Campo López, Patricia

Pimienta Pérez, José Miranda Montes Castro, Juan de Dio s Domínguez Ojeda, Ilva Gómez Castro, Juana Manjarrez Cotes, Gilma Campo López, Patricia Martínez Vega, Rosamary Gutiérrez Orozco, Elisa Barros de la Hoz, Patricia Pardo Segrera, Edelmira Nieta Samper y Marta Paredes Bermúdez presentaron demanda en orden a que se declar ara la nulidad del acto ficto configurado por la no contestación de las peticiones del 6 de agosto de 2015, 16 de diciembre de 2015 y 22 febrero de 2016.

A titulo de restablecimiento del derecho solicitaron que i) se ordenara el pago de

1 En adelante CPACA.2

Radicado: 47001233300020180021301(0656-2020) Demandante: José Joaquín Vergara Diaz granados y otros la nivelación salarial correspondiente a los años 1994 a 2002 con las implicaciones que conlleva en relación con los salarios, primas, bonificaciones, vacaciones, subsidio familiar, subsidio de fomento a la educación, dotación y calzado, cesantías definitivas y demás emolumentos dejados de percibir; ii) se condenara al pago de la indemnización moratoria por el no pago d e los reajustes salariales y iii) se condenara en costas y agencia en derecho.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes2:

Los demandantes fueron vinculados al Departamento Administrativo de Salud del distrito de Santa Marta para desempeñar el cargo de supervisor auxiliare, sin que se les haya nivelado salarialmente durante los años 1994 a 2002 , de conformidad

Los demandantes fueron vinculados al Departamento Administrativo de Salud del distrito de Santa Marta para desempeñar el cargo de supervisor auxiliare, sin que se les haya nivelado salarialmente durante los años 1994 a 2002 , de conformidad con lo establecido en el Decreto 439 de 1995 en concordancia con el Decreto 980 de 1998 y se les recomendó que renunciaran para hacer efectivas esas nivelaciones como una forma de compensación.

Durante el tiempo que estuvieron vinculados al ente territorial cumplieron a cabalidad con las labores encomendadas, por lo tanto, sus derechos le han sido conculcados por el distrito . Sin embargo, sus acreencias debieron incluirse en la masa de acreedores, liquidarse y pagarse, por cuanto las mismas se acreditaron ante el Fondo de manera legal. Por t ratarse de obligaciones q ue se causaron antes de la intervención económica de la Ley 550 de 1999, frente a sus derecho s no ha operado la prescripción y que hoy se encuentran habilitados para demandar atendiendo a que el proceso de liquidación del DASD ya culminó.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 2, 6, 13, 25, 29 y 86 de la Constitución Política; Ley 100 de 1993; Ley 99 de 2004; Decreto 439 de 1995

En cuanto al concepto de violación, expusieron los siguientes argumentos3:

Los actos demandados se apartaron de los fines del Estado, por cu anto al tener derecho al pago de unos incrementos salariales , acorde con lo estipulado en el Decreto 980 de 1998, las autoridades distritales, en especial, el Departam ento

Los actos demandados se apartaron de los fines del Estado, por cu anto al tener derecho al pago de unos incrementos salariales , acorde con lo estipulado en el Decreto 980 de 1998, las autoridades distritales, en especial, el Departam ento Administrativo de Salud de Santa Marta hicieron caso omiso reconocer y pagar la

2 Folios 2 y 3 3 Folios 352 y 3533

Radicado: 47001233300020180021301(0656-2020) Demandante: José Joaquín Vergara Diaz granados y otros nivelación salarial correspondiente a los años 1994 a 2002 con las implicaciones que las mismas conllevan en relación con los salarios, primas, bonificaciones, vacaciones, subsidios, dotación y calzado y cesantías definitivas dejad as de percibir; ii) condenara a la indemnización moratoria por el no pago de los reajustes salariales y prestaciones sociales y iii) condenara en costas y agencias en derechos.

1.2. Contestación de la demanda

El distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresaron a continuación4:

No le costa que José Vergara Diazgranados, Nelson Secrera Ortiz, Catalina Correa de Lacouture, Jorge Rodríguez, Josefa Pimienta Pérez, José Miranda Montes Castro , Juan de Dios Domínguez Ojeda , Ilva Gómez Castro y Ju ana Manjarres Cotes hayan estado vinculados al Departamento Administrativo de Salud de Sa nta Marta en el cargo de supervis or auxiliar, debido a que en el Decreto 980 de 1998 no figura dicho empleo. Así mismo, no le consta que Gilma

Manjarres Cotes hayan estado vinculados al Departamento Administrativo de Salud de Sa nta Marta en el cargo de supervis or auxiliar, debido a que en el Decreto 980 de 1998 no figura dicho empleo. Así mismo, no le consta que Gilma Campo López, Patricia Pardo Segrera, Edelmira Nieto Samper y Marta Paredes Bermúdez hubiesen estado vinculadas como enfermeras, comoquiera que no se precisa su acto de vinculación.

Todos los acreedores del ente territorial y sus entidades descentralizadas fueron convocados para que hicieran parte del proceso de reestructuración de pasivos de sin que los actores fueran incluidos al no presentar los soportes que permitieran el reconocimiento de lo solicitado. Propuso la excepción de prescripción de los derechos laborales rec lamados al haber trascurrido mas de 6 años desde que finalizó el proceso de reestructuración de pasivos del distrito.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de l Magdalena en sentencia proferida el 14 de agosto de 2019 declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control respecto de los demandantes Elsa Barros de la Hoz, José Vergara Diazgranados , Nelson Segrera Ortiz, Josefa Pimienta Pérez, Juan de Dios Domínguez Ojeda, Juana Ma njarres Cotes, Jorge Agudelo Rodríguez, José Miranda Montes, Ilva Gómez Castro, Catalina Correa de Lacoutur e, Joaquín Vergara Diazgran ados y Elisa Barros de la Hoz. Así mismo, negó las pretensiones de la demanda respecto

4 Folios 372 al 3744

Radicado: 47001233300020180021301(0656-2020)

Elisa Barros de la Hoz. Así mismo, negó las pretensiones de la demanda respecto

4 Folios 372 al 3744

Radicado: 47001233300020180021301(0656-2020) Demandante: José Joaquín Vergara Diaz granados y otros de Gilma Campo López, Patricia Martínez Vega, Rosa Gutiérrez Orozco, Patricia

Pardo Segrera, Edelmira Nieto Samper y Martha Paredes Bermúdez.

Para tal efecto, se pronunció en estos términos5:

Los demanda ntes hicieron parte del proceso liquidatario del Departamento Administrativo de Salud distrital de Santa Marta adelantado por el Fondo de Cuentas de las entidades descentralizadas en liquidación, etapa dentro de la cual presentaron su reclamación laboral d irigida al reconocimiento y pago de la nivelación salarial que alega ron no les fue pagada durante los años 1992 a 2002. En efecto, interpusieron recu rso de reposición contra la Resolución 1 del 12 d e noviembre de 2013 mediante la cual se determinó, calific ó y graduó las reclamaciones presentadas con cargo a la masa liquidatoria, medio de impugnación resuelto desfavorablemente a través de las resoluciones 17 del 29 de noviembre de 2013 -notificada el 30 de enero de 2014 - y 38 del 29 de noviembre de 2013 -notificada el 20 de enero de 2015-.

Frente a la primera resolución, la parte a ctora contaba hasta el 31 de mayo de 2014 para demandarla y, respecto de la segunda, los 4 meses para acudir ante la jurisdicción vencieron el 21 de mayo de 2015, de manera que al observar que la

2014 para demandarla y, respecto de la segunda, los 4 meses para acudir ante la jurisdicción vencieron el 21 de mayo de 2015, de manera que al observar que la solicitud de conciliación prejudicial fue presentada el 12 de marzo de 2018 y la demanda incoada el 25 de junio siguiente, es claro que ya había trascurrido en exceso la oportunidad procesal con la que contaban para defender judicialmente sus derechos. Es innegable la configuración del presupuesto procesal, aun cuando la parte actora pretenda dema ndar la nulidad de los actos fictos que alega se concretaron frente a las peticiones formuladas el 6 de agosto y 16 de diciembre de 2015 y 22 de fe brero de 2016, pues al haber resuelto al Fondo de Cuentas sobre la solicitud de nivelación salarial, estos eran los actos llamados a ser demandados y no aquellos surgidos con ocasión del silencio administrativo.

De otra parte, Gilma Campo López demostró h aber laborado en los cargos de trabajadora social y secretaria mientras que Patricia Martínez, Ros a Gutiérrez Orozco, Patricia Pardo Segrera, Edelmira Nieto Samper y Martha Paredes Bermúdez, desempeñaron el cargo de enfermeras, vínculo laboral que perduró hasta 24 de enero de 2003 y mediante Decreto 169 del 15 de julio de 2004, se ordenó la supresión del DAS D, sin que hayan elevado reclamación de la nivelación salarial ante el gerente liquidador. Si bien es posible que los interesados en el pago de u n crédito determinado en el proceso de liquidación acuda n judicialmente a ello después de haberse liquidado la entidad deudora, en cuyo

5 Folios (…).5

en el pago de u n crédito determinado en el proceso de liquidación acuda n judicialmente a ello después de haberse liquidado la entidad deudora, en cuyo

5 Folios (…).5

Radicado: 47001233300020180021301(0656-2020) Demandante: José Joaquín Vergara Diaz granados y otros caso tendrían que demandar a la entidad que se subrog ó en los derechos y obligaciones, también es cierto que dicha situación particular no fue la que sucedió en el caso bajo estudio, toda vez que dentro del proceso de liquidación no se accedió al reconocimiento de acreencias laborales asociadas con la nivelación salarial, por tanto, mal hicieron las demandantes en acudir ante el distrito de Santa Marta con posterioridad a la liquidación del Departamento Administrativo de Salud Distrital. Así las cosas, se pudo establecer que para el caso de las demandantes a los que no le s caducó el medio de control y frente a los cu ales no existe prueba del pronunciamiento expreso por parte de gerente liquidador, no hay lugar a estudiar la nivelación salarial pretendida comoquiera que dejaron precluir la oportunidad para haberlo solicitado en el trámite liquidatorio del DASD.

1.4. El recurso de apelación

Los demandantes interpusieron recurso de apelación6 y lo sustentaron así:

La sentencia proferida por el a quo no examinó que en el acta de Acuerdo del 29 de octubre de 2004 se determinó que en los años 1995, 1996 y 1997 debieron ser objeto de es tudio en sus reajustes, por lo que era necesario analizar si dicho acuerdo condicionó el reconocimiento de la nivelación salarial en razón a que había quedado pendiente de una evaluación jurídica que realizaría el distrito y que

objeto de es tudio en sus reajustes, por lo que era necesario analizar si dicho acuerdo condicionó el reconocimiento de la nivelación salarial en razón a que había quedado pendiente de una evaluación jurídica que realizaría el distrito y que suspendía los términos de p rescripción del derecho de los peticionarios, documento que fue suscrito por el delegado del alcalde de la época, por lo que no es cierto que al ente territorial no lo obligara tal determinación.

El fallo desatendió los principios de autonomía de la volun tad y confianza legítima toda vez que el ente territorial debió cumplir con la realización de los estudios a los que se comprometió, por lo que no es dable declarar la prescripción del derecho y menos aun de la caducidad del medio de control en consideraci ón a que las autoridades distritales, el director del departamento administrativo de salud y los sindicatos de base habían suspendido de común acuerdo el término de prescripción mientras se adelantaban los estudios jurídicos.

No es cierto que los recursos de reposición que f ueron desatados de forma desfavorable a través de la Resoluci ón 19 del 29 de noviembre de 2013, hayan sido notificados el 30 de enero de 2014 y que la Resoluci ón 38 del 29 de noviembre 29 de 2013 lo fuera el 20 de enero de 2015, comoqui era que no aparece que hayan sido notificas personalmente ni al apoderado que los representó ni a los peticionarios directamente, de manera que es una apreciación

6 Folios 636 al 6396

Radicado: 47001233300020180021301(0656-2020) Demandante: José Joaquín Vergara Diaz granados y otros

6 Folios 636 al 6396

Radicado: 47001233300020180021301(0656-2020) Demandante: José Joaquín Vergara Diaz granados y otros errada del tribunal que llevó a declarar probada la caducidad del medio de control.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

La parte demandante indicó que la sentencia recurrida desatendió la prueba reina en este proceso que lo es el acta de suspensión de términos acordada en el 2004 entre las autoridades distritales y los sindicatos que rep resentan los trabajadores frente al estudio y pronunciamiento acerca de unos derechos legítimos reclamados, motivo por el cual los derechos no se encuentran prescritos.

Los empleados representados por el sindicato SINDESS suscriptor del convenio del 29 de octubre de 2004 y al tener como base los principios de la autonomía de la voluntad y confianza legítima en las entidades descentralizadas, suscribieron ese convenio con la convicción del estudio que se adelantaría para el reconocimiento de los derechos re clamados, de manera que no oper ó el fenómeno de la prescripción al haberse pactado en dicho convenio la suspensión de tal medio extintivo del derecho.

1.6. El Ministerio Público

El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto en esta oportunidad.

2. Consideraciones 2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿cuál era el acto administrativo que ha debido demandarse, esto es si el que fue producto del silencio administrativo como consecuencia de las solicitudes formuladas el 6 de agosto y 16 de diciembre

Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿cuál era el acto administrativo que ha debido demandarse, esto es si el que fue producto del silencio administrativo como consecuencia de las solicitudes formuladas el 6 de agosto y 16 de diciembre de 2015 y el 22 de febrero de 2016 o si eran las resoluciones 1 del 12 de noviembre de 2013, 17 del 29 de noviembre de 2013 y 38 del 29 de noviembre de 2013? y ¿si operó el fenómeno de la prescripción respecto de la nivelación salarial?

2.2. Marco normativo

Naturaleza de los actos del liquidador de una entidad descentralizada del orden territorial7

Radicado: 47001233300020180021301(0656-2020) Demandante: José Joaquín Vergara Diaz granados y otros Por virtud del artículo 1 del Decreto Ley 254 de 2000 7, modificado por el artículo 1 de la Ley 1105 de 2007, las disposiciones de dicha ley le son aplicables a las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional respecto de las cuales se haya ordenado su supresión o disolución. Así mismo, a las entidades territoriales y sus descentralizadas , evento es te en el cual deberán adaptar su procedimiento a su organización y condiciones (parágrafo 1).

A su turno, respecto del trámite y decisión de las reclamaciones presentadas ante el liquidador, las disposiciones aplicables son las que rigen a las entidades financieras. Al respecto, la norma dispuso:

«ARTÍCULO 24° . -Término para presentar reclamaciones. El término para presentar reclamaciones, el traslado de las mismas y la decisión sobre ellas se

financieras. Al respecto, la norma dispuso:

«ARTÍCULO 24° . -Término para presentar reclamaciones. El término para presentar reclamaciones, el traslado de las mismas y la decisión sobre ellas se sujetará a las disposiciones que rigen a las entidades financieras»

Por su parte, el literal b) del numeral 1 del artículo 9.1.3.2.4. del Decreto 2555 de 20108 estableció que, para determinar el pasivo a cargo de la s instituciones financieras en liquidación, respecto de las reclamaciones presentadas oportunamente, se deben señalar cuáles de ellas son aceptadas y cuáles rechazadas contra la masa de la liquidación, indicando su naturaleza, su cuantía, la prelación para el pago y las preferencias que la ley establece si las hay. Sobre el particular la disposición previó:

«[…] Artículo 9.1.3.2.4 Pasivo a cargo de la entidad en liquidación . Para la determinación de las sumas a cargo de la entidad en liquidación se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Determinación de las sumas y bienes excluidos de la masa y de los crédit os a cargo de la masa de la liquidación . Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al vencimiento del término para presentar reclamaciones, el liquidador decidirá sobre las reclamaciones presentadas oportunamente mediante resolución motivada o mediante actos administrativos independientes en los que además de resolver las

objeciones presentadas se señalará lo siguiente:

a) Las reclamaciones oportunamente presentadas aceptadas y rechazadas en relación con bienes y sumas de dinero excluidos de la m asa de la liquidación, señalando la cuantía y el orden de restitución de conformidad con el numeral 2 del

a) Las reclamaciones oportunamente presentadas aceptadas y rechazadas en relación con bienes y sumas de dinero excluidos de la m asa de la liquidación, señalando la cuantía y el orden de restitución de conformidad con el numeral 2 del artículo 299 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero modificado por el artículo 26 de la Ley 510 de 1999 y por el artículo 61 de la Ley 795 de 20 03; los numerales 1, 5 y 6 del artículo 300 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero modificado por el artículo 25 de la Ley 510 de 1999; el artículo 51 de la Ley 454 de 1998; los artículos 9 y 10 de la Ley 546 de 1999 y las demás normas que expresamente reconozcan este privilegio;

7 Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional. 8 Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del Sector Financiero, Asegurador y del Mercado de Valores y se dictan otras disposiciones8

Radicado: 47001233300020180021301(0656-2020) Demandante: José Joaquín Vergara Diaz granados y otros

b) Las reclamaciones oportunamente presentadas, aceptadas y rechazadas contra la masa de la liquidación, señalando la naturaleza de las mismas, su cuantía y la prelación para el pago y las preferencias que la ley establece, de conformidad con el numeral 1 del artículo 300 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las reglas generales del Código Civil y demás disposiciones legales aplicables. […]».

A su vez, el artículo 7 del Decreto 254 de 2000 modificado por el artícul o 7 de la

generales del Código Civil y demás disposiciones legales aplicables. […]».

A su vez, el artículo 7 del Decreto 254 de 2000 modificado por el artícul o 7 de la Ley 1105 de 2006, precisó que contra los actos que expida el liquidador procederá el recurso de reposición. Así mismo, indicó que aquellos que acepten, rechacen o establezcan la prelación o calificación del crédito serán susceptibles de control p or la jurisdicción de lo contencioso administrativo al ser por su naturaleza actos administrativos. En efecto, respecto de este punto se dijo:

«ARTÍCULO 7º-De los actos del liquidador. Los actos del liquidador relativos a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y en general, los que por su naturaleza constituyen ejercicio de funciones administrativas, constituyen actos administrativos y serán objeto de control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los actos administrat ivos del liquidador gozan de presunción de legalidad y su impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no suspenderá en ningún caso el proceso de liquidación. Contra los actos administrativos del liquidador únicamente procederá el recu rso de reposición; contra los actos de trámite, preparatorios, de impulso o ejecución del proceso, no procederá recurso alguno. El liquidador podrá revocar directamente los actos administrativos manifiestamente ilegales o que se hayan obtenido por medios ilegales».

A partir de la referida disposición se ha n distinguido tres clases de actos que puede producir el agente liquidador: i) actos administrativos ; ii) actos de trámite y

ilegales o que se hayan obtenido por medios ilegales».

A partir de la referida disposición se ha n distinguido tres clases de actos que puede producir el agente liquidador: i) actos administrativos ; ii) actos de trámite y iii) actos de gestión. La Sección Primera de esta Corporación los caracterizó9 de la siguiente forma:

«2.3.1.- Constituyen actos administrativos , los que resultan de una actuación administrativa que adelante el Liquidador, la cual, siguiendo el artículo 4º del C.C.A. puede darse por el ejercicio del derecho de petición en interés ge neral, por ejercicio del derecho de petición en interés particular, en cumplimiento de un deber legal o de oficio, cuyo conocimiento por la autoridad competente comporte ejercicio de la función administrativa, según lo establece el artículo 1º de dicho Código.

De esas cuatro formas de actuación administrativa, se puede decir que la más viable en el caso de la actividad del Liquidador en la liquidación forzosa o administrativa es la que se inicia por ejercicio del derecho de petición de interés particular, puesto que ese es el carácter de los intereses y derechos que usualmente involucra dicho proceso, mientras que los asuntos objeto de las otras actuaciones no encuadran en las funciones administrativas de éste (…)

9 Sentencia de 14 de diciembre de 2009, radicación 44001-23-31-000-2003-00708-01; consejero ponente Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.9

Radicado: 47001233300020180021301(0656-2020) Demandante: José Joaquín Vergara Diaz granados y otros

De allí que el previamente transcrito nu meral 2 del mismo artículo centre los actos

Radicado: 47001233300020180021301(0656-2020) Demandante: José Joaquín Vergara Diaz granados y otros

De allí que el previamente transcrito nu meral 2 del mismo artículo centre los actos administrativos en las decisiones del liquidador relativas a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos, pues todas ellas se producen para responder a peticiones en interés particular, usualment e de los acreedores, por lo que es dable concluir que son actos administrativos del Liquidador todas las decisiones relativas a peticiones en interés particular que le corresponde resolver en relación con la liquidación a su cargo.

2.3.2. Actos preparatorios y de trámite , por su parte, son los que se profieren para sustentar o fundamentar las decisiones y darle impulso a las mismas, tales como el que ordena la publicación del emplazamiento de los acreedores, la citación o requerimientos de personas, cuando sea del caso, entre otros.

2.3.3. Actos de gestión del Liquidador vienen a ser tanto los unilaterales como los plurilaterales que se rigen por el derecho privado y que usualmente no están relacionados con peticiones de interés particular, sino con el cum plimiento oficioso de sus facultades y deberes para la debida realización o finalización del respectivo proceso, señaladas principalmente en el citado artículo 295, numeral 9, del Estatuto citado, pudiéndose extractar de ellos, a guisa de ilustración, los relativos a la guarda y administración de los bienes en poder de la intervenida, los de formación y guarda de la masa de la liquidación, lo que implica la elaboración y contabilización del inventario

citado, pudiéndose extractar de ellos, a guisa de ilustración, los relativos a la guarda y administración de los bienes en poder de la intervenida, los de formación y guarda de la masa de la liquidación, lo que implica la elaboración y contabilización del inventario de éstos, según el artículo 180 de la Ley 222 de 1995; l a contabilización de activos y pasivos de la empresa liquidada; recuperación, celebración de contratos para enajenación o arrendamiento, entrega de los mismos, efectuar pagos , adicionar o modificar el inventario por inclusión o exclusión de bienes de la ma sa, presentación de cuentas». 10

En esa med ida, las solicitudes formuladas en interés particular ante el respectivo gerente liquida dor, relacionadas con la aceptación, rechazo, prelación u otra consideración referida a un crédito que se pretenda hacer vale r en la masa liquidatoria, se resuelven a través de un acto administrativo pasible de control por parte de esta jurisdicción y sujeto al fenómeno procesal de caducidad.

2.4. Caso concreto

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

José Jo aquín Vergara Diazgranados, Nelson Secreta Ortiz, Catalina Correa de Lacouture, Jorge Agudelo Rodríguez, Josefa Pimienta Pérez, José Miranda Montes Castro, Juan de Dios Domínguez Ojeda, Gilma Campo López, Patricia Martínez Vega, Rosamary Gutiérrez Orozco, Elisa Barros de la Hoz, Patricia Pardo Segrera, Edelmira Nieta Samper y Marta Paredes Bermúdez 11 solicitaron el 6 de agosto de 2015 el reconocimiento y pago de la nivelación salarial correspondiente

Segrera, Edelmira Nieta Samper y Marta Paredes Bermúdez 11 solicitaron el 6 de agosto de 2015 el reconocimiento y pago de la nivelación salarial correspondiente a los año s 1995, 1996 y 199 8 con efectos en sus salarios, primas, bonificación,

10 Ibidem. 11 Folios 16 al 2010

Radicado: 47001233300020180021301(0656-2020) Demandante: José Joaquín Vergara Diaz granados y otros vacaciones, subsidio de fomento a la educación, dotación y cesantías definitivas dejadas de percibir como trabajadores del distrito de Santa Marta12.

Ilva Gómez Castro solicitó el 22 de febrero de 2016 el reconocimiento y pago de la nivelación salarial correspondiente a los años 1995, 1996 y 1998 con idénticos efectos13. Así mismo, Juana Manjarrez Cotes, Marta Paredes Bermúdez14 y José Raúl Miranda Montes 15 presentaron el 19 de septiembre de 2011 similar pretensión16.

Actas de posesión de los demandantes:

Nombre del demandante Acta de posesión Cargo Folio José Vergara Diazgranados 50 del 1 de diciembre de 1994 supervisor auxiliar 30 Catalina Correa de Lacouture 881 del 22 de septiembre de 1992 Promotora de saneamiento ambiental 76 Ilva Isabel Gómez Castro 57 del 13 de abril de 1993 Secretaria CD centro de salud de Minca 140 Gilma Rosa Campo López 970 del 29 de enero de 2003 Enfermera, grado 365, código 28 161

Ilva Isabel Gómez Castro 57 del 13 de abril de 1993 Secretaria CD centro de salud de Minca 140 Gilma Rosa Campo López 970 del 29 de enero de 2003 Enfermera, grado 365, código 28 161 Patricia María Martínez Vega 972 del 29 de enero de 2003 Enfermera, gr ado 365, código 28 174 Elisa Esther Barros de la Hoz 425 del 31 de marzo de 1992 Enfermera comunitaria código 321030 199 Patricia Pardo Segrera 974 del 29 de enero de 2003 Enfermera, grado 365, código 28 218 Edelmira Nieto Samper 170 del 6 de febrero de 1996 Enfermera 221 Marta Paredes Bermúdez 975 del 29 de enero de 2003 Enfermera, grado 365, código 28 224 Nelson Enrique Segrera Ortiz 367 del 5 de marzo de 1992 Promotor de salud 502 Rosa María Gutiérrez Orozco 971 del 29 de enero de 2003 Enfermera, grado 365, código 28 547

Acta de acuerdo del 14 de octubre de 1997 celebrad o entre el Departamento Administrativo de Salud Distrital DASD y las organizaciones SIDESS Y DASALUD y en la cual, se plasmó lo siguiente:

«[…] ACTA DE ACUERDO

1. El Departamen to Administrativo de Salud Distrital pagará a todos sus funcionarios los topes máximos pre vistos en el Decreto 194 de 1994 a partir del

12 Folios 13 al 18 13 Folio 7 14 Folios 22 al 24 15 Folio 103 a 105

funcionarios los topes máximos pre vistos en el Decreto 194 de 1994 a partir del

12 Folios 13 al 18 13 Folio 7 14 Folios 22 al 24 15 Folio 103 a 105 16 Folios 9 al 1211

Radicado: 47001233300020180021301(0656-2020) Demandante: José Joaquín Vergara Diaz granados y otros 1 de septiembre de 1997 y les cancelará las prestaciones sociales legales con retroactividad al primero de enero del pre sente año. Estos pagos se efectuarán en la semana que trascurre.

2. El Departamento Administrativo de Salud Distrital reconoce el derecho que le asiste a todos los funcionarios de recibir la nivelación salarial prevista en el Decreto 194 de 1997 con retroacti vidad al 1 de enero de 1997, de conformidad con los Acuerdo suscritos entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sindicales SINDEEE y DASALUD continuaran haciendo las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Salud el giro de los dineros necesarios para el cumplimiento de los aquí consignado.

3. Antes de concluir la presente semana se firmará el Acuerdo y la Convención Colectiva en