CE - 012333000201800234011SENTENCIA20230526090336

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 63001-23-33-000-2018-00234-01 (66.377)

Actor: MUNICIPIO DE CALARCÁ

Demandado: ANDRÉS EMILIO GARCÍA ARBELÁEZ

Referencia: REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011

Temas: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE – la demanda se radicó en vigencia del CPACA / COMPETENCIA FUNCIONAL – factor cuantía en procesos con vocación de doble instancia / CADUCIDAD – condena proferida en un proceso de CCA – término de caducidad – fecha en la que se realiza el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo para proceder de conformidad, en el sub lite empezó a correr en vigencia del CPACA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA – se ciñe a los cargos formulados por el apelante contra el fallo del a quo – el recurso de apelación no puede utilizarse para alterar la causa petendi / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE DEL EXAGENTE – Ley 678 de 2001 – violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho – no se probó el hecho base de la presunción alegada / COSTAS – resulta improcedente su imposición.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la

inexcusable de las normas de derecho – no se probó el hecho base de la presunción alegada / COSTAS – resulta improcedente su imposición.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 5 de marzo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 5 de enero de 2006, en el municipio de Calarcá, el señor Absalón García falleció debido a que un talud de tierra lo sepultó. Como consecuencia del siniestro, sus familiares promovieron un proceso de reparación directa en el que se condenó a la entidad territorial a pagar la suma de $ 487’422.354. El municipio demandó en repetición al señor Andrés Emilio García Arbeláez , ex secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura Municipal , con fundamento en que con su conducta gravemente culposa dio lugar al pago efectuado.Radicación número: 63001-23-33-000-2018-00234-01 (66.377)

Actor: MUNICIPIO DE CALARCÁ Demandado: ANDRÉS EMILIO GARCÍA ARBELÁEZ Referencia: REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011

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II. ANTECEDENTES

1.Demanda

El 7 de septiembre de 2018 (fl. 2 del c.1), el municipio de Calarcá, por conducto de apoderado judicial, formuló demanda de repetición contra el señor Andrés Emilio García Arbeláez, ex secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, con

de apoderado judicial, formuló demanda de repetición contra el señor Andrés Emilio García Arbeláez, ex secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, con el fin de que se le condenara a reintegrar la suma de $487’422.354, la cual tuvo que pagar en cumplimiento de la sentencia del 2 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, dentro de un proceso de reparación directa.

En concreto, la entidad demandante solicitó que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas (fls. 2 – 3 del c.1):

Primero. Que se declare que el señor Andrés Emilio García Arbeláez, en su calidad de secretario de desarrollo urbano e infraestructura de la Administración, es administrativamente responsable por la condena impuesta dentro del proceso de reparación directa 2007 -407, debido a la falla del servicio en la que incurrió el municipio de Cala rcá presentada por el señor García.

Segundo. Que, como consecuencia, se condene al señor Andrés Emilio García Arbeláez (…) a efectuar a favor del municipio de Calarcá, el reintegro del monto de los dineros que debieron pagarse a los demandantes de la acción de reparación directa 2007-407, cuya suma fue $478.422.354 (…).

Como fundamento fáctico de la demanda, se narró que, el 5 de enero de 2006, el señor Absalón García caminaba por una vía del barrio La Floresta del municipio de Calarcá, Quindío, cuando fue sepultado por un “desprendimiento de tierra”.

Los familiares de la víctima directa del daño promovieron una demanda de

de Calarcá, Quindío, cuando fue sepultado por un “desprendimiento de tierra”.

Los familiares de la víctima directa del daño promovieron una demanda de reparación directa contra el municipio de Calarcá, el Instituto Nacional de Vías, Invías, el Instituto Nacional de Concesiones, Inco, y el Concesionario Autopistas del Café S.A., puesto que no adelantaron las gestiones pertinentes para evitar el deslizamiento del talud de tierra, pese a que tenían conocimiento de la amenaza.

En sentencia del 29 de junio de 2012, el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Armenia declaró la concurrencia de culpas en la producción del daño y, en ese sentido, solo condenó a la entidad territorial y al Concesionario Autopistas del Café S.A. al pago del 50% de los perjuicios reconocidos, decisión que fue cuestionada.Radicación número: 63001-23-33-000-2018-00234-01 (66.377)

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A través de fallo del 2 de febrero de 2017, el Tribunal Administrativo del Quindío modificó la determinación anterior y, en su lugar, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Concesionario Autopistas del Café S.A. y, a su vez, determinó que, como no se configuró una culpa de la víctima, el municipio de Calarcá debía asumir el 100% de la condena.

En cumplimiento de lo señalado, mediante Resolución 195 del 7 de marzo de

municipio de Calarcá debía asumir el 100% de la condena.

En cumplimiento de lo señalado, mediante Resolución 195 del 7 de marzo de 2018, la Secretaría de Hacienda del municipio de Calarcá reconoció a favor de los actores de ese proceso la suma de $487’422.354, la cual pagó 8 días después.

A juicio de la entidad estatal, el demandado actuó con culpa grave, “por infracción de la Constitución o la ley o de una inexcusable omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones – ley 678 de 2001”.

Para apoyar su afirmación, luego de citar un extracto de la providencia de primera instancia del proceso primigenio, señaló que el comité de conciliación determinó que el señor Absalón García “ no contestó la pet ición del 23 de junio de 2005, elevada por la señora Rosaura Galindo ”, por medio de la cual informó sobre la irregularidad presentada en la vía, “ni la remitió a la autoridad competente Invías, Inco o Autopistas del Café”, con lo cual dio lugar a que se generara el daño por el que fue condenada.

2.Trámite en primera instancia

2.1. Mediante auto del 23 de enero de 2019, el Tribunal Administrativo del Quindío admitió la demanda y dispuso su notificación al demandado y al Ministerio Público1 (fls. 88 – 89 del c.1).

2.2. El señor Andrés Emilio García Arbeláez adujo que el hecho de fungir como secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura del municipio de Calarcá para la época de los hechos, per se, no lo hacía responsable de lo ocurrido el 5 de enero de 2006.

secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura del municipio de Calarcá para la época de los hechos, per se, no lo hacía responsable de lo ocurrido el 5 de enero de 2006.

Comentó que el reproche estaba dirigido, específicamente, a que la petición del 23 de junio de 2005 no tuvo respuesta; empero, en el expediente no obraba prueba de ello y tampoco existía constancia de que hubiera recibido un documento

1 El 27 de noviembre de 2018, el Juzgado Tercero Administrativo de Armenia remitió el asunto por falta de competencia funcional (fls. 81 – 82 del c.1).Radicación número: 63001-23-33-000-2018-00234-01 (66.377)

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en tal sentido, para así desprender la obligación de emitir una respuesta o, en su defecto, de realizar las actuaciones correctivas a que hubiere lugar.

Afirmó que “ni siquiera de la lectura del acta del comité conciliación se determina la conducta, ya que simplemente se limitaron a transcribir apartes de la sentencia, lo que en nada orienta este juicio”. En concreto, esto dijo (fls. 122 – 129 del c.1):

(…) No se preocupó el Municipio de Calarcá por indicar cuáles eran las funciones del demandado, ni se aporta documento alguno que indique qu é peticiones elevadas por ciudadanos previo al siniestro que cobró la vida de Absalón García fueron entregados al demandado, si éste las recibió, si se

funciones del demandado, ni se aporta documento alguno que indique qu é peticiones elevadas por ciudadanos previo al siniestro que cobró la vida de Absalón García fueron entregados al demandado, si éste las recibió, si se encargó la respuesta o la gestión a él. Del escrito de demanda y con los documentos aportados, no se logra demostrar la culpa grave que se pretende endilgar, lo que se evidencia es una mala fe por parte del ente Municipal por intentar acciones que no tienen en lo absoluto ánimo de prosperar (…).

2.3. El 27 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial, oportunidad en la cual el a quo manifestó que no existían excepciones previas para resolver y procedió a fijar el litigio en los siguientes términos:

Habrá lugar a declarar que el señor Andrés Emilio García Arbeláez, secretario de infraestructura del municipio de Calarcá para la época de los hechos, es responsable por el pago de la condena impuesta a dicho ente territorial o, por el contrario, hay lugar a denegar las pretensiones de la demanda.

La fijación del litigio fue puesta a consideración de las partes, quienes manifestaron expresamente su aceptación. Luego, el magistrado conductor tuvo como pruebas las allegadas por la parte actora, decretó las pruebas pedidas por el demandado y, a su turn o, dispuso que la presentación de alegatos de conclusión y el concepto del representante del Ministerio Público se hicieran por escrito (fls. 152 – 153 del c.1).

2.4. La parte actora guardó silencio en esta etapa procesal.

conclusión y el concepto del representante del Ministerio Público se hicieran por escrito (fls. 152 – 153 del c.1).

2.4. La parte actora guardó silencio en esta etapa procesal.

2.5. El señor Andrés Emilio García Arbeláez reiteró que en el escrito inicial no se efectuó un análisis serio, detallado y objetivo para inferir que actuó con culpa grave y, de así estimarlo, lo cierto era que no reposaban elementos de juicio para asegurar que tuvo conocimiento de la situación y menos que era el encargado de impartir trámite al supuesto requerimiento de la comunidad (fls. 184 – 190 del c.1).

2.6. El Ministerio Público solicitó despachar desfavorablemente las súplicas elevadas en el sub lite, porque, a su parecer, no se probó la culpa grave imputada al ex agente del Estado, toda vez que, si bien su deber como servidor público eraRadicación número: 63001-23-33-000-2018-00234-01 (66.377)

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responder “ los derechos de petición ” que se radicaran en su dependencia o remitirlos a la autoridad competente, lo cierto era que no se probó que aquel hubiera conocido de alguna solicitud ciudadana sobre el estado de la vía en la que ocurrió el siniestro para emitir un reproche en su contra.

Precisó que no se podía arribar a la misma conclusión del juez de la repar ación, bajo el entendido de que para declarar la falla del servicio del municipio no era

ocurrió el siniestro para emitir un reproche en su contra.

Precisó que no se podía arribar a la misma conclusión del juez de la repar ación, bajo el entendido de que para declarar la falla del servicio del municipio no era necesario identificar plenamente al servidor público y los deberes que desatendió, en atención a la Constitución, ley o reglamento, aspectos que sí se requerían para la prosperidad del medio de control de repetición y se echaban de menos (fls. 191 – 196 del c.1).

3.Sentencia de primera instancia

En sentencia del 5 de marzo de 2020, el Tribunal Administrativo del Quindío negó las pretensiones incoadas, por cuanto con sideró que, aunque se encontraban acreditados los requisitos objetivos del medio de control de repetición, no se podía predicar la misma conclusión frente a la conducta del demandado.

Después de relacionar los elementos de juicio aportados al expediente, concluyó que estaba demostrado que se radicaron “dos peticiones” en las que la comunidad alertaba al municipio sobre el peligro de la vía donde se produjo el deslizamiento de tierra que provocó la muerte del señor Absalón García; empero, “el actuar que el demandado pudo desplegar, en su calidad de funcionario, no condujo al daño por el que fue condenada la entidad, como un hecho que dependiera de su voluntad o de la presunta omisión de funciones que se endilgan”.

Destacó que, así el señor Andrés Emilio García Arbeláez hubiera remitido las solicitudes a la autoridad competente, no era garantía de que se hubieran adoptado decisiones inmediatas para evitar el daño, máxime cuando fueron

Destacó que, así el señor Andrés Emilio García Arbeláez hubiera remitido las solicitudes a la autoridad competente, no era garantía de que se hubieran adoptado decisiones inmediatas para evitar el daño, máxime cuando fueron presentadas 6 meses antes y en el proceso de reparación directa se aseveró que la omisión devenía “mucho antes de pregonarse la amenaza”. Sobre el particular, expresó (fls. 207 – 221 del c.ppal).

(…) Es claro que el Municipio de Calarcá pretende endilgar la responsabilidad del señor Andrés Emilio García Arbeláez a título de culpa grave por la condena de la que fue objeto dicho ente territorial en un proceso de reparación directa ante el deceso del señor Absalón García por el siniestro del deslizamiento de un talud de tierra, a partir de las decisiones Judiciales que declararon la falla del servicio del Municipio, sin que se aportaran pruebas adicionales concernientes a demostrar la culpa grave del d emandado queRadicación número: 63001-23-33-000-2018-00234-01 (66.377)

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condujera a constatar su responsabilidad subjetiva en el infortunio, pues aunque si bien tales decisiones serían el punto de partida para analizar la conducta del Agente del Estado, no obstante la misma, no es el criterio bajo el cual declarar que, en este caso, el señor García Arbeláez es responsable de la condena impuesta aquí cuestionada, en tanto las características de ocurrencia del siniestro podrían ser atribuibles como ocurrió, por un lado, al

el cual declarar que, en este caso, el señor García Arbeláez es responsable de la condena impuesta aquí cuestionada, en tanto las características de ocurrencia del siniestro podrían ser atribuibles como ocurrió, por un lado, al ente territorial en no proceder al adelanto de las obras necesarias para mitigar los riesgos que allí se generaban desde mucho antes del fallecimiento y, dos, porque tales acciones en sede de repetición se difuminarían aun en distintas personas y/o funcionarios de la entidad con función de dirección sobre los cuales recaería la supervisión de los riesgos de esta índole, como por ejemplo, el mismo alcalde, deberes que para el caso del demandado no fueron probados como causa de la condena impuesta, a lo cual debe reiterarse el solo acto de remisión de un derecho de petición no constituía la garantía de intervención en la zona ni de prevención del siniestro por ser una actuación administrativa entre entidades competentes (…).

4. Recurso de apelación

El municipio de Calarcá presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, para lo cual expresó que sí se acreditó la culpa grave.

Al respecto, replicó los hechos de la demanda, a fin de mencionar que el demandado conocía el peligro que representaba el estado de la vía para la comunidad y no ejer ció “suficiente cuidado y diligencia en sus funciones ”, en la medida en que no contestó “ las peticiones de la comunidad ”, no dio traslado de estas a otras entidades ni verificó el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista de la obra.

Expresó que el señor Andrés Emilio García Arbeláez debía encargarse “ no solo

estas a otras entidades ni verificó el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista de la obra.

Expresó que el señor Andrés Emilio García Arbeláez debía encargarse “ no solo de señalizar la vía, sino de cerrar el paso de vehículos para salvaguardar la vida de los ciudadanos”.

Subrayó que, en especial, incumplió las obligaciones previstas en los numerale s 1 y 7 de su manual de funciones, esto es, “ dirigir y controlar la construcción y mantenimiento de las obras públicas municipales y/o contratadas ” y “ejecutar los programas de construcción, reconstrucción, remodelación de carreteras, vías, puentes y demás que les correspondiera adelantar” (fls. 225 – 235 del c.ppal).

5. Trámite en segunda instancia

5.1. Mediante auto del 31 de mayo de 2021, esta Corp oración admitió el recurso de apelación presentado por la accionante y, en proveído del 28 de octubre de esa anualidad, corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y alRadicación número: 63001-23-33-000-2018-00234-01 (66.377)

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Ministerio Público para que rindiera concepto (índices 4 y 10 del expe diente digital).

5.2. La parte actora insistió en lo dicho a lo largo del proceso, mientras que el demandado y el Ministerio Público no intervinieron en esta etapa procesal (índice 14 del expediente digital).

III. CONSIDERACIONES

5.2. La parte actora insistió en lo dicho a lo largo del proceso, mientras que el demandado y el Ministerio Público no intervinieron en esta etapa procesal (índice 14 del expediente digital).

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Ley 1437 de 2011, en sus artículos 149, 152 y 155, (i) reguló de manera expresa la competencia funcional del medio de control de repetición, (ii) derogó el criterio de conexidad que preveía el artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y (iii) reiteró el factor subjetivo, es decir, el que atiende a la calidad del demandado, en relación con los procesos de única instancia ante esta Corporación e introdujo el factor objetivo de la cuantía para los asuntos de doble instancia.

De tal manera que, en este caso, el aná lisis de la competencia de la Sala para conocer en segunda instancia de este proceso se efectuará con base en la Ley 1437 de 2011, pues se inició en vigencia de ese cuerpo normativo.

El artículo 150 ibidem, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, “de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación”.

Por su parte, el artículo 152.11 de la Ley 1437 de 2011 prevé que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de las demandas de “repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando

administrativos conocerán en primera instancia de las demandas de “repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de 500 SMLMV y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia”.

En el caso bajo estudio, se advierte que la pretensión del med io de control de repetición superó la cuantía señalada en la mencionada disposición normativa, razón por la cual se concluye que esta Corporación es competente para conocerRadicación número: 63001-23-33-000-2018-00234-01 (66.377)

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del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia, dentro de un proceso de repetición con vocación de doble instancia2.

2. Oportunidad

Para efectos de determinar si la demanda se presentó en la oportunidad legal prevista, la Sala estima conveniente precisar que, aunque a este asunto le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, la condena objeto de recaudo del sub lite se profirió en un proceso de reparación directa que inició su trámite en vigencia del Decreto 01 de 1984, de ahí que el municipio de Calarcá debía cumplirla en los términos del artículo 1773 de ese cuerpo normativo.

De este modo, la entidad tenía un plazo de 18 meses para efectuar el pago correspondiente, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria del fallo

debía cumplirla en los términos del artículo 1773 de ese cuerpo normativo.

De este modo, la entidad tenía un plazo de 18 meses para efectuar el pago correspondiente, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria del fallo dictado por el Tribunal Administrativo del Quindío, lo cual ocurrió el 14 de febrero de 2017 (fl. 713 del expediente de reparación dire cta), por ende, el plazo para el pago venció el 15 de agosto de 2018.

Pues bien, en relación con la oportunidad para interponer la demanda de repetición, el numeral 2, literal l), del artículo 164 de la Ley 1437 de 20114, prevé:

Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (…).

2. En los siguientes, so pena de que opere la caducidad: l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar de sde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código.

Lo que resulta determinante para contar el término de caducidad es la fecha del pago o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin, lo que ocurra primero.

2 La pretensión ascendió a $487’422.354, monto que excedió los 500 SMLMV para la fecha de presentación de la demanda –7 de septiembre de 2018–, esto es, $390’621.000.

2 La pretensión ascendió a $487’422.354, monto que excedió los 500 SMLMV para la fecha de presentación de la demanda –7 de septiembre de 2018–, esto es, $390’621.000. 3 “Artículo 177. Ejecución. (…) Será causal de mala conducta de los funcionarios encargado s de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria (…)”. 4 Para efectos de contar la caducidad en este asunto, conviene reiterar que al sub lite le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, toda vez que el término para acudir ante esta jurisdicción empezó a correr con posterioridad al 2 de julio de 2012.Radicación número: 63001-23-33-000-2018-00234-01 (66.377)

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En el presente caso, el pago de la condena se realizó el 15 de marzo de 2018 (fls. 48 – 50 del c.1), esto es, antes de que se completaran los 18 meses, razón por la cual el término de caducidad corrió desde el 16 de marzo de 2018 hasta el 16 de septiembre de 2019. Ahora, dado que la demanda se radicó el 7 de septiembre de 2018 (fl. 2 del c.1), se impone concluir que fue oportuna.

3. Legitimación

septiembre de 2019. Ahora, dado que la demanda se radicó el 7 de septiembre de 2018 (fl. 2 del c.1), se impone concluir que fue oportuna.

3. Legitimación

El municipio de Calarcá está legitimado en la causa por activa, en los términos del artículo 8 de la Ley 678 de 2001, por ser la persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Quindío.

El señor Andrés Emilio García Arbeláez se encuentra legitimado en la causa por pasiva, porque en la demanda se le imputó el daño objeto de la controversia, ya que se mencionó que con su actuar gravemente culposo dio lugar al pago por el que se repite; empero, se aclara que, en vista de que está por deter minarse el sentido de la sentencia -denegatoria o condenatoria , el referido aspecto no se estudiará ab initio, sino al analizar de fondo el asunto.

4. Causa petendi y alcance del recurso de apelación

Se estima necesario analizar la causa petendi invocada en la demanda y después poner de presente lo decidido por el a quo , así como los cuestionamientos planteados en el recurso de apelación.

El municipio de Calarcá señaló, categóricamente, que le asistía responsabilidad al demandado, habida cuenta de que vulneró la “ Constitución Política, la ley y extralimitó sus funciones (…), porque no le dio trámite a la petición del 23 de junio de 2005, elevada por la señora Rosaura Galindo (…) ni la remitió a la autoridad competente Invías, Inco o Autopistas del Café”.

extralimitó sus funciones (…), porque no le dio trámite a la petición del 23 de junio de 2005, elevada por la señora Rosaura Galindo (…) ni la remitió a la autoridad competente Invías, Inco o Autopistas del Café”.

Es menester precisar que el extracto del aparte de la sentencia de primera instancia del proceso de reparación que se citó en la demanda no puede tomarse como una imputación contra el señor Andrés Emilio García Arbeláez, por dos razones, en primer lugar, p orque esas conclusiones no fueron acogidas en su integridad por el juez de segunda instancia de esa controversia para declarar la responsabilidad del Estado, como se verá más adelante, y, en segundo término, porque el mismo municipio limitó el cargo a la a usencia de trámite de la peticiónRadicación número: 63001-23-33-000-2018-00234-01 (66.377)

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del 23 de junio de 2005, pues afirmó que, por tal motivo, se generó el daño por el que fue condenado.

Aclarado lo anterior, cabe decir que el a quo negó las pretensiones invocadas y examinó las peticiones del 2 y 23 de ju nio de 2005, pero determinó que de estas no se desprendía la culpa grave del demandado, aunado a que, así hubiera enviado las solicitudes a la autoridad competente, en nada garantizaba la implementación de decisiones inmediatas con miras a evitar el daño, sobre todo cuando fueron presentadas 6 meses antes del deslizamiento de tierra.

enviado las solicitudes a la autoridad competente, en nada garantizaba la implementación de decisiones inmediatas con miras a evitar el daño, sobre todo cuando fueron presentadas 6 meses antes del deslizamiento de tierra.

De otra parte, puntualizó que, por las características del siniestro, “ podrían ser atribuibles al ente territorial en no proceder al adelanto de las obras necesarias para mitigar los riesgos desde mucho antes del fallecimiento ”; no obstante, esa situación podría derivar la responsabilidad de varias personas sobre quienes recaería la supervisión de los riesgos de esta índole, incluyendo el alcalde, pero en el caso concreto no se demostró que esos deberes recayeran en el señor García Arbeláez y que fueran la causa determinante de la condena.

En el recurso de apelación, el municipio de Calarcá subrayó que el demandado desconoció las obligaciones 1 y 7 de su manual de funciones , comoquiera que aquél conocía el estado de la vía y no ejerció “suficiente cuidado y diligencia”, en vista de que no contestó “las peticiones de la comunidad”, no dio traslado de estas a otras entidades ni verificó el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista de la obra, además, no señalizó la vía ni cerró el paso de vehículos.

La Subsección considera oportuno señalar que (i) el a quo desconoció el principio de congruencia cuando dictó la sentencia apelada 5; y (ii) el recurrente intentó modificar la causa petendi en la alzada, como pasa a explicarse:

(i) La Sala advierte que en el escrito inicial s e indicó que la culpa grave del demandado se configuraba por la omisión relativa a la petición del 23 de junio de

modificar la causa petendi en la alzada, como pasa a explicarse:

(i) La Sala advierte que en el escrito inicial s e indicó que la culpa grave del demandado se configuraba por la omisión relativa a la petición del 23 de junio de 2005, de ahí que el análisis del tribunal debía circunscribirse a dicho aspecto;

5 El artículo 281 del CGP prevé : “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último. En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en s u alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio”.Radicación número: 63001-23-33-000-2018-00234-01 (66.377)

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empero, el juez de primera instancia analizó no solo una petición adicional, esto es, la del 2 de junio de 2005, sino la obligación de adelantar las obras necesarias para mitigar los riesgos de la vía, cuando esas actuaciones no fueron imputadas.

empero, e