CE - 012333000201800241011SENTENCIA20230120143519

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 73001-23-33-000-2018-00241-01 (1740-2021) Demandante: WILSON MENDOZA PINZÓN Demandada: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO1 Tema: Sanción moratoria cesantías parciales. Docente SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA Ley 1437 de 2011 ASUNTO La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 31 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. ANTECEDENTES El señor Wilson Mendoza Pinzón en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 20112, formuló, en síntesis, las siguientes: Pretensiones3 1. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio SAC:2017RE11556 del 12 de octubre de 2017, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, a favor del señor Wilson Mendoza Pinzón. 2. Declarar que el demandante tiene derecho a que el Fomag le reconozca y pague la penalidad regulada

por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, a favor del señor Wilson Mendoza Pinzón. 2. Declarar que el demandante tiene derecho a que el Fomag le reconozca y pague la penalidad regulada en la Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, contados a partir del día siguiente al vencimiento de los setenta días hábiles cursados desde el momento en que se radicó la solicitud de las cesantías ante la entidad demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma. 1 En adelante FOMAG. 2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en adelante CPACA. 3 Folio 5.2

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3. A título de restablecimiento del derecho solicitó condenar al Fomag a: i) reconocer y pagar a favor del interesado la sanción por mora en los términos indicados en el numeral anterior; ii) reconocer y pagar los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la sanción moratoria, de conformidad con el artículo 187 del CPACA, teniendo como base el IPC desde la fecha en que se efectuó el pago de las cesantías, hasta la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso; iii) dar cumplimiento a la sentencia al tenor del artículo 192 ibídem; y (iv) a pagar las costas. Supuestos fácticos relevantes4 1. Por laborar como docente al servicio del departamento del Tolima, el señor Wilson Mendoza Pinzón solicitó al Fomag el 25 de febrero de 2015 el pago del auxilio de cesantías parciales. 2. Por medio de la Resolución 1636 del 11 de abril de 2016, la entidad demandada reconoció la pretensión peticionada, la cual fue cancelada el 27 de octubre de 2016, por intermedio de entidad bancaria. 3. De conformidad con los cálculos efectuados, transcurrieron 495 días de mora, desde el 11 de junio de 2015, fecha en la que debió verificarse el pago del referido auxilio. 4. Luego de solicitar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria a la entidad demandada, ésta resolvió negativamente la solicitud a través del Oficio SAC:2017RE11556 del 12 de octubre de 2017. DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la prueba. En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la

LA AUDIENCIA INICIAL En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la prueba. En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio. Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes: Resumen de las principales decisiones Excepciones previas (art. 180-6 CPACA) En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones5: «Dentro del término procesal oportuno, la entidad accionada guardó silencio, según se evidencia a folio 68 vuelto, descorriendo traslado de la demanda de manera extemporánea. Por otra parte, el Despacho no observa que se configure alguna de las que puede ser declarada de oficio, como cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, 4 Folio 6. 5 Folio 122.3

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falta de legitimación en la causa ni prescripción extintiva, razón por la que no existe decisión que tomar en esta etapa procesal. […]». Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA) En la audiencia inicial se fijó el litigio de la siguiente manera6: «Se deberá establecer si el acto administrativo acusado contenido Oficio Nº SAC2017RE11556 del 12 de octubre de 2017 que negó al demandante el reconocimiento y pago de la indemnización moratoria de que trata la Ley 244 de 1995, subrogada por la Ley 1071 de 2006, se encuentra o no ajustado a derecho. […]». Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos. SENTENCIA APELADA7 El 31 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia en la que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones: En primer lugar, hizo alusión a la normatividad que rige la sanción por mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos y, seguidamente referenció la jurisprudencia según la cual es viable aplicar la penalidad moratoria de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 para aquellos eventos en los que el Fomag se retrase en el pago de las cesantías parciales o definitivas de los docentes. Al abordar el análisis probatorio, el a quo señaló que la mora en el pago de las cesantías del señor Wilson Mendoza Pinzón se configuró entre el 18 de marzo de 2016 y el 26 de octubre del mismo año, de modo que se generó una mora de 217 días. Lo anterior, en tanto que si bien el demandante radicó la petición de reconocimiento y pago del auxilio de cesantías el 25 de febrero de 2015, sólo hasta el 10 de diciembre de la misma anualidad completó la solicitud al

de modo que se generó una mora de 217 días. Lo anterior, en tanto que si bien el demandante radicó la petición de reconocimiento y pago del auxilio de cesantías el 25 de febrero de 2015, sólo hasta el 10 de diciembre de la misma anualidad completó la solicitud al anexar la certificación del Juzgado Promiscuo Municipal de Cunday, en la que consta el estado del proceso de alimentos que cursaba en su contra y el monto del embargo que recaía sobre sus prestaciones sociales. En esa medida, los 70 días con que contaba la administración para proferir el acto administrativo de reconocimiento de la prestación solicitada, para notificarlo y pagar su valor, vencieron el 18 de marzo de 2016, fecha a partir de la cual empezó a generarse la sanción moratoria reclamada. Sin embargo, el magistrado ponente manifestó no encontrarse de acuerdo con la postura asumida por la Sala mayoritaria, pues precisó que, entre otros aspectos, la interrupción que pudo generar el trámite administrativo no fue la excusa que esgrimiera la administración para retardar o abstenerse de continuar con el procedimiento tendiente a proferir el acto de reconocimiento de las cesantías. Sostuvo también que la medida cautelar en el proceso de alimentos no ocasionó inconveniente u obstáculo a la entidad demandada, pues en la 6 Folios 122 y 123. 7 Folios 191 a 201 Vto.4

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oportunidad que tenía para proferir el acto de reconocimiento y pago de la prestación, ha debido dar cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cunday, reteniendo el porcentaje por el embargo decretado y consignar el excedente a favor del demandante, tal como aconteció al expedir la Resolución 1636 del 11 de abril de 2016. En relación con la indexación de las sumas reconocidas por concepto de indemnización moratoria, indicó que esta no resultaba procedente, toda vez que se entiende que la sanción por mora no solo cubre la actualización monetaria, sino que incluso es superior a ella. No obstante, consideró que debían hacerse los ajustes de valor de la suma causada desde el día siguiente en que la sanción cesó hasta la ejecutoria de la sentencia, ya que a juicio de la Sala la indexación no procede durante el tiempo de su causación, pero sí una vez esta finaliza y se ordena por condena judicial. Sobre la prescripción, concluyó que los 70 días con que contaba la entidad para efectuar el pago de la cesantía al demandante vencieron, para el ponente, el 12 de junio de 2015, y para la Sala mayoritaria, el 18 de marzo del mismo año y, siendo evidente que la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria se presentó el 21 de septiembre de 2017, no se encuentra configurado el fenómeno prescriptivo. Solicitud de aclaración de la sentencia8 Dentro del término procesal previsto para los efectos, el apoderado de la entidad demandada solicitó modificar la fecha de inicio de la mora reconocida, pues a su juicio, la misma debía contabilizarse desde el 29 de marzo de 2016, día 71 siguiente al plazo para el pago de la cesantía y no, el 23 de marzo como lo manifestó el tribunal en la parte considerativa de la providencia, como tampoco el 18 de marzo, fecha indicada en la parte resolutiva. Luego de analizar

desde el 29 de marzo de 2016, día 71 siguiente al plazo para el pago de la cesantía y no, el 23 de marzo como lo manifestó el tribunal en la parte considerativa de la providencia, como tampoco el 18 de marzo, fecha indicada en la parte resolutiva. Luego de analizar la petición, el a quo precisó que, al examinar el lapso de mora en el pago de las cesantías del demandante, se observa que el periodo indicado en la parte motiva de la sentencia se corresponde con el señalado en la parte resolutiva de la misma. Por último, recalcó que si bien en el cuerpo del proveído se consigna una postura distinta por parte del magistrado ponente en la contabilización de dicho periodo moratorio, debe decirse que la que debe tenerse en cuenta es la determinada por la Sala mayoritaria. En ese orden, sostuvo que no había lugar a acceder a la petición de aclaración y adición de la sentencia elevada por el Fomag. RECURSO DE APELACIÓN9 La parte demandante, inconforme con la decisión, interpuso recurso de alzada al considerar que el no pago oportuno del auxilio de cesantías como lo prevé la ley, constituye un hecho violatorio del término legal que no exime de responsabilidad a la entidad. Sostuvo que aceptar que la demandada puede liquidar dentro de los 45 días siguientes a la ejecutoria del acto administrativo 8 Folios 209 a 212. 9 Folios 213 a 221.5

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o resolución, es parcializar, cohonestar o acolitar una interpretación que resulta antijurídica, orientada a favorecer al ente administrador. Precisó entonces que de acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos 4.º y 5.º de la Ley 1071 de 2006, la entidad demandada tiene un total de 70 días para cancelar la prestación, los cuales se cuentan a partir de la presentación de la solicitud, so pena de ser sancionada con la mora. En ese orden de ideas, solicitó revocar parcialmente la sentencia recurrida, en tanto la petición encaminada al reconocimiento y pago de las cesantías se radicó el 25 de febrero de 2015, y la cancelación del auxilio debió verificarse el 11 de junio del mismo año, pese a lo cual solo se llevó a cabo el 27 de octubre de 2016, causando un retardo de 495 días sancionables con la indemnización moratoria. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA La parte demandante10 reiteró los planteamientos del recurso de apelación, y solicitó tener en cuenta «[…] la sentencia del Consejo de Estado, Sala de los Contencioso administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente, William Hernández Gómez del 26 de agosto de 2019, en la cual esta corporación hace un análisis con respecto entre otros aspectos a si hay lugar a los ajustes de valor frente a la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, que se reconocerá a favor del demandante, determinando que la interpretación que más se ajusta a la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, es

la siguiente: “Por lo tanto, a) mientras se causa la sanción moratoria día a día esta no podrá indexarse. b) cuando termina su causación se consolida una suma total, ese valor total si es objeto de ajuste, desde la fecha en que cesa la mora hasta la ejecutoria de la sentencia - art. 187 – y c) una vez queda ejecutoriada la condena no procede indexación, sino que se generan los intereses según lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA.”, lo que quiere decir que no es procedente la indexación del valor a pagar por sanción moratoria durante el día a día de su causación, dada la naturaleza de dicha indemnización, sin embargo, el valor total generado si se ajustará en su valor desde la fecha que ceso dicha mora hasta la ejecutoria de la sentencia.» La parte demandada11 manifestó que la presencia de problemas operativos en las entidades territoriales impide el cumplimiento de los términos para proyectar las respectivas resoluciones que reconocen las prestaciones sociales de los educadores nacionales afiliados al Fomag; y que, en todo caso, no puede accederse a las pretensiones en los términos del libelo, en tanto la mora corresponde a 261 días y no a 495 días. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio en esta etapa, de conformidad con lo dispuesto en la constancia secretarial visible a folio 296 del expediente. CONSIDERACIONES Competencia De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es 10 Memorial visible a índice 15 del aplicativo SAMAI. 11 Memorial visible a índice 14 del aplicativo SAMAI.6

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competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de alzada. Consideración previa Encuentra la Sala que revisadas las manifestaciones presentadas por la parte demandante en el escrito de alegatos de conclusión, se tiene que en el mismo se expusieron cuestiones adicionales a las planteadas en el recurso de alzada, esto es, la procedencia de los ajustes de valor sobre las sumas dinerarias reconocidas a título de indemnización moratoria. Sobre el particular, huelga recordar que de conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de alzada, por modo que la etapa de alegaciones no comprende un nuevo momento procesal en el que el recurrente exponga argumentos diferentes para controvertir o revertir el resultado de la sentencia proferida por el juez de conocimiento, o presente peticiones adicionales a las desarrolladas en el escrito de apelación; ello, en tanto la naturaleza de la mencionada etapa de alegatos de conclusión se encuentra encaminada a ofrecer un «mejor entendimiento de los hechos, de los intereses en conflicto, de la forma en que cada extremo asume los motivos de hecho y de derecho –a favor y en contra -, y por tanto, en lo concerniente a la mejor comprensión del universo jurídico y probatorio que ampara los intereses en conflicto.[…]»; y, de esta manera resaltar los argumentos finales sobre los que se edifica, en sede de segunda instancia, el recurso de apelación.

De otro lado, observa la subsección que el tribunal de primera instancia dispuso el reconocimiento y pago de los referidos ajustes de valor de la suma causada desde el día siguiente en que la sanción cesó hasta la ejecutoria de la sentencia, ya que a juicio de dicha Corporación la indexación no procede durante el tiempo de su causación, pero sí una vez esta finaliza y se ordena por condena judicial, de modo que la pretensión así planteada fue resuelta de manera favorable. Corolario de lo anterior, la Sala no encuentra mérito para adelantar estudios adicionales sobre la procedencia de la indexación de la sanción por mora reconocida, por cuanto no solo las condiciones fácticas y normativas de esta prerrogativa no fueron puestos a consideración de esta instancia, sino que además fueron decididas en la sentencia de primer grado. Problemas jurídicos De conformidad con los planteamientos derivados de la sentencia de primera instancia y del recurso de alzada, el problema jurídico a resolver se resume en las siguientes preguntas: 1. ¿Cuál es el hito que determina la causación de la sanción por mora y define el punto de partida para fijar el monto de la indemnización moratoria prevista en la Ley 244 de 1995?7

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Al amparo de lo resuelto en el anterior problema jurídico, 2. ¿Le asiste el derecho al señor Wilson Mendoza Pinzón al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el parágrafo del artículo 2.º de la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006 por la tardanza de 495 días del Fomag en el pago de las cesantías parciales solicitadas? Primer problema jurídico ¿Cuál es el hito que determina la causación de la sanción por mora y define el punto de partida para fijar el monto de la indemnización moratoria prevista en la Ley 244 de 1995? Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con el marco normativo que complementa y desarrolla la Ley 244 de 1995, y en armonía con la postura jurisprudencial mantenida por esta Corporación, son dos los momentos que determinan la causación de la sanción moratoria y el punto de partida para fijar el monto de dicha indemnización: (i) el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías definitivas o parciales, siempre que sea expedido dentro del término legal; y (ii) el vencimiento de los sesenta y cinco (65) o setenta días (70) hábiles12 siguientes a la fecha de reclamación de las mismas o la de la solicitud de reliquidación, cuando no se emitió respuesta por parte de la administración o se hizo de manera extemporánea. La Ley 1071 de 2006, que adicionó y modificó la Ley 244 de 1995,

reguló el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, previó las sanciones derivadas de su incumplimiento y fijó los términos para su cancelación; asimismo reiteró los parámetros respecto de los cuales se entiende configurada la mora en el pago de las cesantías solicitadas: «ARTÍCULO 4o. TÉRMINOS. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley. PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo. ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro. PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará 12 Según se haya presentado la reclamación en vigencia del CCA o del CPACA.8

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de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.» (Subrayas propias) De esta manera, una vez presentada la solicitud de pago de las cesantías definitivas la entidad cuenta con un término de quince (15) días para expedir el acto de reconocimiento. Además, en el evento de que la solicitud esté incompleta el empleador debe manifestarlo así al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud y señalar expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen pueda proferir el acto que reconozca la prestación en el término inicialmente indicado. Así, (i) el plazo con el que cuenta la entidad pagadora para el desembolso de las cesantías definitivas o parciales comienza a computarse desde la firmeza del acto administrativo que lo dispuso, y desde ese instante, la administración tiene el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo de la norma en cita, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se haga efectivo el pago. En efecto, la Sala Plena de esta Corporación13 sostuvo que la administración cuenta con 45 días hábiles para el pago de la

prestación social, contados a partir del momento en que adquiere firmeza el acto administrativo que la reconoce, y agregó que dicho término solo se puede contar desde la ejecutoria del acto administrativo que dio respuesta a la petición y no desde que se radicó. Así lo interpretó la Sala al indicar que: «Cuando la Administración resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías en forma tardía buscando impedir la efectividad conminatoria de la sanción de que trata el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, el tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir, quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento de que la resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, con la salvedad a que alude el mismo precepto, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 65 días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria (…). En suma, es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías definitivas y no la fecha de reclamación de las mismas o, en este caso, la de la solicitud de reliquidación, el hito que debe servir de punto de partida para contar el número de días a efectos de determinar el monto de la indemnización moratoria […]» (Resalta la Sala).

13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de marzo de 2007. Número interno: 2777-2004. Actor José Bolívar Caicedo Ruíz.9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

La Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de unificación el 18 de julio de 201814, reafirmó la postura precitada y la complementó en el sentido de precisar que la firmeza del acto administrativo de reconocimiento de las cesantías surge a partir de su notificación en los términos dispuestos por el CPACA, como se indica a continuación: «100. Como conclusión a lo anterior, ha de indicar la Sala de Sección que los términos que tiene la administración para llevar al conocimiento del interesado el contenido de su acto administrativo, esto es, para notificarlo, no pueden computarse como días de sanción moratoria, pues es evidente y así lo previó el legislador que la notificación por regla general ocurre después de proferida la decisión15, y que además es la circunstancia que refleja el deber de la entidad de informarla a su destinatario. 101. Ha de ser así, pues la producción de los efectos del acto administrativo exige de su publicidad, de manera que solo son oponibles las decisiones de la administración que son conocidas por las personas llamadas a su cumplimiento o afectadas con su ejecución; situación que perfectamente encaja en el cómputo de la sanción moratoria por el pago tardío de la cesantía, que consulta o se causa por el paso del tiempo, a donde no concurre el término que tiene el empleador para notificar el acto expreso que reconoce la mencionada prestación. 102. Siendo prácticos, en casos donde existe acto escrito que reconoce las cesantías, el término de ejecutoria y, por ende, los 45 días hábiles posteriores a ésta para que ocurra su pago efectivo, solo empezarán a correr una vez se verifica la notificación en los estrictos términos señalados. […]» (Resaltado del texto original) De esa suerte, y, en este primer escenario (pronunciamiento en tiempo de la administración), es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la

vez se verifica la notificación en los estrictos términos señalados. […]» (Resaltado del texto original) De esa suerte, y, en este primer escenario (pronunciamiento en tiempo de la administración), es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías parciales o definitivas, lo que determina el momento en que se causa la sanción moratoria y, en esa misma medida, la instancia en donde surge el derecho a su reclamación. Sin embargo, y en procura de analizar los diferentes supuestos que pueden presentarse en la expedición y notificación del acto administrativo que reconoce y ordena el pago del auxilio de cesantías, la sentencia en comento sentó jurisprudencia en los siguientes aspectos: «3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago. 194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley16 para que la entidad intentara notificarlo personalmente,

esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual modo, que cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto de reconocimiento 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, exp. 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15). 15 Salvo los actos dictados en audiencia, que se notifican en estrados. 16 Artículos 68 y 69 CPACA.10

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adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para sanción moratoria. 195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.» Conforme a lo anterior, para esta Sección es claro que el segundo escenario respecto del cual se verifica la ocurrencia de la penalidad moratoria, contempla la no manifestación de voluntad de la administración a través de un acto administrativo conferido bajo los términos planteados en el primer escenario, o la expedición del mismo de manera inoportuna y contraria a los lapsos que para los efectos ha definido la ley. En otras palabras, (ii) cuando el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías parciales o definitivas no es proferido o se emite con posterioridad a los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, la sanción m