CE - 012333000201800263011SENTENCIA20231002100049

Radicado: 54001-23-33-000-2018-00263-01(27825)

Demandante: CI Ferka Export SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 54001-23-33-000-2018-00263-01 (27825)

Demandante: CI Ferka Export SAS

Demandada: DIAN

Temas: Renta. 2013 . Emplazamiento para corregir con posterioridad a la inspección tributaria.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia del 25 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que resolvió (índice 2 de Samai):

Primero. Declarar la nulidad de la Liquidació n Oficial de Revisión nro. 072412017000005 del 24 de abril de 2017 y la Resolución nro. 992232018000038 del 26 de abril de 2018, mediante las cuales la (...) DIAN modificó la declaración de renta del año gravable 2013 presentada por la sociedad CI Ferka Export SAS (...)

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, declárese en firme la declaración del impuesto

(...) DIAN modificó la declaración de renta del año gravable 2013 presentada por la sociedad CI Ferka Export SAS (...)

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, declárese en firme la declaración del impuesto sobre la renta presentada el día 22 de abril de 2014 por la sociedad CI Ferka Export SAS, por el año gravable 2013.

Tercero. En caso de que la sociedad CI Ferka Export SAS y los señores Armando Antonio Lizcano Mosquera y Néstor Giovanny Anaya Valencia hayan efectuado algún pago por concepto de los valores liquidados en los actos administrativos declarados nulos, se ordena a la (...) DIAN, proceder al reintegro de la respectiva suma cancelada, debidamente actualizada en su valor.

Cuarto. Abstenerse de condenar en costas en esta instancia conforme a lo expuesto anteriormente.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante la Liquidación Oficial de Revisión nro. 072412017000005, del 2 4 de abril de 2017, la demandada modificó la declaración de renta del año gravable 2013, presentada por la sociedad, en el sentido de desconocer una porción de pasivos por encontrarlos inexistentes; adicionar ingresos, de conformidad con el artículo 760 del ET (presunción de ingresos por compras omitidas) ; rechaz ar una parte de los costos de ventas por inexistencia de las compras y deducciones por pagos al exterior incumpliendo la práctica de retención en la fuente (gastos de asistencia técnica o comisiones) , liquidar un mayor tributo a cargo e impon er sanción de inexactitud , cuantificada por cada renglón

de retención en la fuente (gastos de asistencia técnica o comisiones) , liquidar un mayor tributo a cargo e impon er sanción de inexactitud , cuantificada por cada renglón modificado, en el caso de los costos rechazados en el equivale nte al 160% del mondoRadicado: 54001-23-33-000-2018-00263-01(27825)

Demandante: CI Ferka Export SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 desconocido, por cuando la autoridad comprobó que hubo abuso en materia tributaria en la inclusión de costos inexistentes lo cual impedía la disminución de la multa con la norma más benévola, sobre los restantes renglones modificados en el equivalente al 100% de la suma respectivamente denegada, también multas al revisor fiscal y al representante legal (índice 2 de Samai). Tras recurrirse fue confirmada la liquidación por medio de la Resolución nro. 992232918000038, del 26 de abril del 2018 (índice 2 de Samai).

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), los demandantes formularon las siguientes peticiones (índice 2 de Samai):

Declarativas

Primera. Declarar la nulidad de los actos administrativos que a continuación relaciono: 1) Liquidación

(índice 2 de Samai):

Declarativas

Primera. Declarar la nulidad de los actos administrativos que a continuación relaciono: 1) Liquidación Oficial de Revisión nro. 072 412017000005, del 24 de abril de 2017; 2) Resolución Sanción nro. 992232018000038, de abril 26 de 2018, que resuelve recurso de reconsideración que confirma liquidación oficial de revisión …

Condenatorias

Primera. Que, a título de restablecimiento del derecho, se declare que la sociedad [demandante] no debe suma de dinero alguna, producto de los actos de los que se declara la nulidad e igualmente se condene a la [demandada] a reintegrar a mi cliente … los valores que por cualquier concepto tenga que pagar a la DIAN, como consecuencia de la aplicación de los actos demandados, en caso de hacerse efectiva por medios coactivos.

Segunda. Que, como producto de la declaratoria de nulidad de los acto s administrativos … se diga que el señor Armando Antonio Lizcano Mosquera … en su condición de representante legal de la sociedad [demandante] no debe pagar suma alguna por la sanción que se pretende imponer en su contra.

Tercera. Que… se diga que el señor Néstor Giovanny Anaya Valencia … en su condición de revisor fiscal de la sociedad [demandante] no debe pagar suma alguna por la sanción que se pretende imponer en su contra.

Cuarta. Que, a título de restablecimiento del derecho, igualmente, se co ndene a la [demandada] a pagar a [la demandante] el monto correspondiente a la pérdida del valor adquisitivo del peso colombiano y de los intereses por las sumas que esa corporación ordene reintegrar, desde el

pagar a [la demandante] el monto correspondiente a la pérdida del valor adquisitivo del peso colombiano y de los intereses por las sumas que esa corporación ordene reintegrar, desde el momento de su causación y hasta que se haga su fallo respectivo.

Quinta. Condenar a la [demandada] en costas del proceso …

Sexta. Condenar a la [demandada] a reconocer y pagar el interés comercial sobre las sumas de dineros liquidadas reconocidas en la sentencia durante los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la misma y moratorios después de este término.

Séptima. Que se ordene a la [demandada] a dar cumplimiento a las sentencias conforme a lo establecidos en los artículos 188, 192 y 195 del Código Contencioso Administrativo.

A los anteriores efectos, invocaron como normas violadas los artículos 2.°, 4.°, 6.° , 29, 83, 95 y 228 de la Constitución; 3.° y 137. (inciso 2.°) del CPACA (Código deRadicado: 54001-23-33-000-2018-00263-01(27825)

Demandante: CI Ferka Export SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011); 87,

177-2, 615, 616, 617, 618, 647, 648, 683, 689, 703, 711, 714, 730, 732, 734, 742, 745, 759 y 771-2 del ET (Estatuto Tributario), bajo el siguiente concepto de violación:

-Violación al debido proceso al pretender modificar una declaración tributaria que se encuentra en firme . Los demandantes, l uego de aludir a l principio constitucional del debido proceso, junto con los principios que describió como específicos en materia fiscal para las prueba s, así como de transcribir el artículo 742 del ET, expu sieron que su declaración del impuesto sobre la renta por el período 2013, en principio, adquiría firmeza el 22 de abril de 2016, pero con motivo de la expedición de la inspección tributaria el 23 de noviembre de 2015, tal término se extendió hasta el 22 de julio de 2016, así que este sería el tiempo límite para proferir y notificar el requerimiento especial. No obstante, indicaron que la demandada emitió un emplazamiento para corregir concluida la anotada inspección tributaria, a partir de lo cual, esa entidad adujo que se suspendió el plazo para notificar el acto preparatorio por un mes adicional, esto es, hasta el 22 de agosto de 2016.

A juicio de los actores , de acuerdo con el criterio rectificado de la jurisprudencia del Consejo de Estado (sentencias del 16 de diciembre de 2014 y del 05 de marzo de 2015, exps. 20095 y 19382, CPs: Martha Teresa Briceño de Valencia y Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, respectivamente ), el emplazamiento para corregir proferido durante o

exps. 20095 y 19382, CPs: Martha Teresa Briceño de Valencia y Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, respectivamente ), el emplazamiento para corregir proferido durante o concluida la inspección tributaria no amplía por un tiempo adicional de un mes la oportunidad para notificar el requerimiento especial , como tampoco para corregir la declaración sometida a investigación, dado que el emplazamiento para corregir pierde su propósito de indicar indicios de inexactitud tras el recaudo probatorio de la inspección tributaria. Al respecto, sostuvieron que la li quidación oficial acusada quiso darle mayor fuerza al Concepto DIAN nro. 077291, del 12 de diciembre de 2012 , que a la jurisprudencia sobre esta materia, en la misma línea cuestionaron que, el acto que desató el recurso avalara la notificación con efectos suspensivos del emplazamiento para corregir, bajo la tesis de que este acto fue subsiguiente a la inspección tributaria y no concomitante pues hubo un período de tiempo entre el cierre de la diligencia y el mentado acto preparatorio; empero, ese razonamiento no se ajusta a las providencias rectificadas de la Sección Cuarta, pues aunque fue la posición jurídica anterior que tuvo el Consejo de Estado, lo cierto fue que se modificó a partir del año 2014, como podía comprobarse del seguimiento de l número de las sentencias invocadas por la autoridad en una respuesta a un escrito de petición de un asunto similar al controvertido, citas de precedentes que coinciden con los identificados en pie de página en la providencia de 2014 que constituyó la nueva postura de la Sección Cuarta anunciando su rectificación.

En consecuencia, estimaron que el anterior cargo de anulación era suficiente para

precedentes que coinciden con los identificados en pie de página en la providencia de 2014 que constituyó la nueva postura de la Sección Cuarta anunciando su rectificación.

En consecuencia, estimaron que el anterior cargo de anulación era suficiente para obtener la nulidad de los actos y de las sanciones impuestas al representante legal y al revisor fiscal.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la demandante, argumentando que no hubo violación del debido proceso (índice 2 de Samai) . Luego de contextualizar las causales de nulidad que regula el ordenamiento fiscal en el artículo 730 y el de las causales de anulación de los actos prevista en el artículo 137 del CPACA, sostuvo que la argumentación de la parte demandante no controvirt ió las glosas de los actos demandados, sino el debido proceso por la expedición del emplazamiento para corregir lo que en su entender significó que, la demanda se dirigía contra el requerimiento especialRadicado: 54001-23-33-000-2018-00263-01(27825)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 el cual corresponde a un acto de trámite (art. 43 CPACA) no susceptible de control judicial1.

Por otro parte, aclaró que no se vulneró el debido proceso , en tanto se garantizó a la parte demandante el conocimiento de las actuaciones con las garantías correspondientes y, además, el sustento de nulidad por la presunta firmeza de la declaración no está

Por otro parte, aclaró que no se vulneró el debido proceso , en tanto se garantizó a la parte demandante el conocimiento de las actuaciones con las garantías correspondientes y, además, el sustento de nulidad por la presunta firmeza de la declaración no está prevista en aquellas señaladas en el artículo 730 del ET ni en el CPACA. Agregó que no se pretendió hacer un agravio o daño a la contribuyente al emitirse el emplazamiento para corregir, sino ofrecer una oportunid ad adicional para enmendar las inexactitudes tras la práctica de la inspección tributaria dado que se trataban de situaciones que configuraban más que indicios en contra de la parte act ora, pero advirtiendo que ambos actos preparatorios de emplazamiento y requerimiento se emitieron dentro del término de los dos años adicionado por tres meses de suspensión por la inspección tributaria decretada.

A su entender, el emplazamiento para corregir se expidió como una garantía adicional y no para ampliar el plazo de notificación , pues era también una oportunidad para controvertir las potenciales glosas sobre las cuales versaría el requerimiento especial y la liquidación oficial además que precavería un litigio, seguido de lo cual hizo referencia a apartes del empla zamiento para corregir que señalaban los indicios probatorios recaudados, para lo cual acudió a la explicación de es os medios probatorios y a la normativa que regula el emplazamiento, cuya expedición procede ante indicios de inexactitud y suspende el plazo de notificación del requerimiento especial (arts. 685 y 705 del ET).

En línea con lo anterior, explicó que el emplazamiento se da previamente al requerimiento especial y antes de la firmeza de la declaración, sin que sea obligatorio (Concepto DIAN

del ET).

En línea con lo anterior, explicó que el emplazamiento se da previamente al requerimiento especial y antes de la firmeza de la declaración, sin que sea obligatorio (Concepto DIAN nro. 077291, del 12 de diciembre de 2012) , pudiendo precaver un litigio entre el contribuyente y la Administración, y cuando este no se expide simultáneamente con la inspección tributaria, los plazos suspensivos conferidos a cada una de estas actuaciones se suman «de manera que la suspensión termina siendo de 4 meses».

Previa alusión a que la actora, expuso extractos de sentencias del Consejo de Estado 2, referidas a la im procedencia de acumular l os tiempos suspensivos para emitir el requerimiento especial, cuando es expedido el emplazamiento para corregir estando en curso una inspección o a su culminación, expresó que existían otras sentencias como, la del 30 de marzo de 2004, (exp. 15418 CP : Ligia López Díaz ); la del 18 de octubre de 2006, (exp. 15068 del CP Juan Ángel Palacio Hincapié ); y la del 28 de junio de 2007, (exp. 15238 CP María Inés Ortiz Barbosa ), todas ellas de la Sección Cuarta, autorizan que los términos se sumen cuando el emplazamiento para corregir sea subsiguiente a la inspección tributaria, porque no son excluyentes . Mientras que la jurisprudencia citada por la parte demandante, aunque son precedentes judiciales, obedecían a criterios auxiliares en la actividad judicial sin ser de obligatoria aplicación, pues los funcionarios administrativos estarían sometidos a sentencias de unificación reguladas en el artículo 102 del CPACA y no a providencias de medios de control de nulidad y restablecimiento

auxiliares en la actividad judicial sin ser de obligatoria aplicación, pues los funcionarios administrativos estarían sometidos a sentencias de unificación reguladas en el artículo 102 del CPACA y no a providencias de medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho que definieron en concreto una disputa particular, a lo que agregó la mención del artículo 230 constitucional.

1 En la audiencia inicial llevada a cabo el 26 de septiembre de 2019, el tribunal no dio trámite a este argumento de medio exceptivo previo (índice 2 de Samai). 2 Sentencias del 30 de agosto de 2016. Exp.20681; CP :Martha Teresa Briceño de Valencia y del 5 de marzo de

2015. Exp. 19382.CP: Hugo Fernando Bástidas Bárcenas.Radicado: 54001-23-33-000-2018-00263-01(27825)

Demandante: CI Ferka Export SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 En ese orden, adujo que, dada el último dígito de identificación de la sociedad (8) , presentó el 22 de abril de 2014 la declaración del impuesto sobre la renta del período 2013, por lo que, inicialmente, su firmeza se concretaba el 22 de abril de 2016; no obstante, el 24 de noviembre de 2015 notificó el auto que decretó inspección tributaria y el 21 de diciembre del mismo año inspección contable, diligencias que culminaron con el acta del 01 de julio de 2016, así que aseguró que el plazo suspensivo iba hasta el 22 de

el 21 de diciembre del mismo año inspección contable, diligencias que culminaron con el acta del 01 de julio de 2016, así que aseguró que el plazo suspensivo iba hasta el 22 de julio de 2016, pero este se vio afectado por la expedición del emplazamiento para corregir del 13 de julio de 2016. Sobre este acto, precisó que era viable jurídicamente, no existe norma que lo prohibiera ni que lo hiciera incompatible o excluyente con la inspección tributaria, ni se ha indicado el orden o prelación en que se deben proferir las anteriores actuaciones administrativas y culminó con aludir que actuó conforme a las potestades de los artículos 684 y 688 del ET.

Sentencia apelada

El a quo declaró la nulidad de los actos demandados (índice 2 de Samai). Destacó que el emplazamiento para corregir no suspende el término de firmeza de la declaración tributaria cuando se profiere durante o después de la inspección tributaria. Mencionó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado 3, la inspección tributaria de oficio suspende el término durante tres meses y que cuando el emplazamiento se notifica después o durante la práctica de la inspección tributaria, este ya no tiene la virtud de suspender el plazo que ya se encuentra suspendido. De manera que en ese estado de la actuación administrativa la autoridad tributaria tenía los elementos de juicio necesarios para archivar la investigación o para formular el requerimiento especial.

Tras plantear la base teórica, encontró como hechos probados que , el 22 de abril de 2014, la contribuyente presentó la declaración del impuesto sobre la renta del período

para archivar la investigación o para formular el requerimiento especial.

Tras plantear la base teórica, encontró como hechos probados que , el 22 de abril de 2014, la contribuyente presentó la declaración del impuesto sobre la renta del período 2013, mediante formulario nro. 1104602980276, cuyo plazo máximo correspondía al 22 de abril de ese mismo año, razón por la cual, inicialmente, la Administración pudo notificar el requerimiento especial hasta el 22 de abril de 2016. Posteriormente, el 21 de diciembre de 2015, la DIAN profirió el auto de Inspección Contable nro. 072382015000021, del 23 de noviembre de 2015 notificado el 23 de diciembre de 2015 y otro auto de inspección contable del 19 de enero de 2016, notificado el 21 de enero de ese año. El acta fue levantada el 01 de julio de 2016 y el 13 de julio de 2016 expidió el Emplazamiento para Corregir nro. 072382016000007, el cual fue notificado el día 14 de julio de 2016. Finalmente, la dependencia de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta profirió el Requerimiento especial nro. 072382016000018, del 17 de agosto de 2016, el cual fue notificado el día 18 de agosto de 2016 a la sociedad contribuyente, al representante legal y al revisor fiscal.

Concluyó que, con base a estos hechos, la demandada profirió y notificó el emplazamiento para corregir una vez que la inspección t ributaria ya se había realizado. Por lo tanto, tan solo hubo una suspensión por el término de tres meses debido a la

emplazamiento para corregir una vez que la inspección t ributaria ya se había realizado. Por lo tanto, tan solo hubo una suspensión por el término de tres meses debido a la inspección tributaria, y la fecha máxima para notificar el requerimiento especial era el 22 de julio de 2016 y no el 18 de agosto de ese añ o como lo hizo la demandada; e n consecuencia, operó la firmeza de la autoliquidación y procedía nulidad de los actos.

3 Sentencia del 5 de marzo de 2015, exp. 19382, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; sentencia del 14 de junio de 2018, exp. 21029, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.Radicado: 54001-23-33-000-2018-00263-01(27825)

Demandante: CI Ferka Export SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Recurso de apelación

La demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia (índice 2 de Samai), pues adujo que no incurrió en causal de nulidad por infracción del debido proceso , en tanto el requerimiento especial no fue extemporáneo, luego no procedía la firmeza de la autoliquidación. Asimismo, expuso que los funcionarios están sometidos a la Constitución y a la ley en sus actuaciones, deben asegurar el cumplimiento de los deberes sociales y acatar el precedente judicial (arts. 2.° y 6.° constitucionales). De esa forma, con base en el artículo 706 del ET opera la suspensión del plazo para notificar el acto preparatorio ,

acatar el precedente judicial (arts. 2.° y 6.° constitucionales). De esa forma, con base en el artículo 706 del ET opera la suspensión del plazo para notificar el acto preparatorio , tanto por la inspección tributaria oficiosa como por el emplazamiento para corregir . Si bien las sentencias invocadas por el tribunal tienen el mismo valor de las que se citan en los actos acusados , ninguna de ellas son sentencias de unificación reguladas en el artículo 270 del CPACA , tan solo se tratan de sentencias que fungen como criterios auxiliares y tienen efectos inter partes sin revestir el carácter unificador de que trata el artículo 102 ibidem.

A su juicio, no existe disposición de carácter especial que haga incompatible o excluyente la inspección tributaria con el emplazamiento para corre gir, ni prohibición de que este último se emita tras la inspección, pues no hay dispositivo que fije el orden en que ambos actos se profieran . No hubo violación del debido proceso, en cambio , concedió una garantía adicional para la contribuyente , pues el emplazamiento suspendió el plazo del acto preparatorio por que así lo establece la legislación tributaria. A tal fin, reiteró el artículo 230 constitucional para enfatizar que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial y como la normativa no previó órdenes o diferenciaciones a lo debatido no podría vía interpretación incluirse exclusiones o ineficacia a los procedimientos , porque ello redundaría en inseguridad jurídica.

En ese sentido, ratificó que, al tenor del artículo 730 del ET y del CPACA , la firmeza de la declaración que sustenta los cargos de la demanda no es causal de nulidad. Que lejos

porque ello redundaría en inseguridad jurídica.

En ese sentido, ratificó que, al tenor del artículo 730 del ET y del CPACA , la firmeza de la declaración que sustenta los cargos de la demanda no es causal de nulidad. Que lejos de causarse un agravio a la contribuyente, ofreció una oportunidad adicional para corregir las inexactitudes , mas no se pretendió ampliar por un mes más la potestad de la autoridad, en tanto se recaudó el acervo suficiente y utilizó los instrumentos otorgados por la ley.

De conformidad con el artículo 706 ídem, tienen efectos suspensivos para notificar el acto preparatorio tanto la inspección tributaria como el emplazamiento para corregir y los requisitos para expedir este último son los legalmente establecidos, esto es, que sea anterior al requerimiento especial y antes de la firmeza de la declaración. Allí se le indicó a la actora los indicios de inexactitud y este junto con la aludida inspección sumaron un total de cuatro meses de suspensión, porque la norma no aduce que sean incompatibles o excluyentes, siempre que no sean proferidos simultáneamente.

Sostuvo que el artículo 228 de la Constitución rige la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así que los procedimientos no pueden ser un obstáculo para la eficacia de la sustancia . Seguidamente, expuso que bajo ese principio y el del debido proceso, siendo que no es improcedente acumular plazos suspensivos mediante los actos proferidos no debería inferirse una violación del artículo 29 constitucional que sea una causal de nulidad de «actos preparatorios». Consideró que debía comprobarse desde el expediente si su actuación fue un mecanismo dilatorio para no cumplir «la obligación

proferidos no debería inferirse una violación del artículo 29 constitucional que sea una causal de nulidad de «actos preparatorios». Consideró que debía comprobarse desde el expediente si su actuación fue un mecanismo dilatorio para no cumplir «la obligación tributaria», pues ese aspecto no se evidenciaba en los antecedentes administrativos.Radicado: 54001-23-33-000-2018-00263-01(27825)

Demandante: CI Ferka Export SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Adujo desconocer providencias que haga inaplicable la disposición legal que soporta la actuación administrativa, por lo que no podía concluirse una violación al debido proceso por parte de la entidad, la cual solo recurrió al plazo y procedimiento que le otorgaba la ley para el proceso, bajo argumentos jurisprudenciales que no correspondían a sentencias de unificación (SU). Argumentó que atender la literalidad de las disposiciones legales era desarrollo del preámbulo y d ellos artículos 1º., 2º. Y 150 de la Constitución, en cuanto propugna por la calidad de los mandatos jurídicos y de la eficacia del principio de certeza y seguridad jurídica.

A esos efectos, i nvocó sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre la interpretación de los textos legales a la luz de los artículos 27 y 28 del C Civil relativa a la regla de interpretación gramatical, en enfatizando su aplicación en este caso, por haber a su juicio, coincidencia entre el lenguaje usual y el legal , de manera que se

relativa a la regla de interpretación gramatical, en enfatizando su aplicación en este caso, por haber a su juicio, coincidencia entre el lenguaje usual y el legal , de manera que se reducen los espacios de incertidumbre y discusión en la interpretación de la norma, no habiendo lugar a que las palabras de la ley puedan generar ambigüedad o diversidad de significados. Agregó que el abandono del tenor literal para buscar su espíritu tendría como límite el artículo 27 del CC que da prevalencia al lenguaje de las normas, cuando es claro e inequívoco.

Manifestó que “la utilización de los métodos tradicion ales de interpretación en casos concretos s erá admisible a condición de que los resultados hermenéuticos sean compatibles con las restricciones formales y materiales de validez que impone la constitución”; y que la interpretación gramatical no es incompati ble con la constitución, en la medida que su aplicación en modo alguno pueda ser entendida como una licencia para dejar de aplicar los preceptos constitucionales, a partir de uso exclusivo de la norma de rango legal (art. 4.° CP).

Planteó que tribunal debió analizar si se utilizó la inspección tributaria y el emplazamiento para corregir como maniobra dilatoria o por el contrario se adelantó una actividad procesal en aras de determinar el tributo en equidad y justicia , sin desmedro de las garantías de su contraparte. Señaladamente, enunció los precedentes entre los años 2002 y 2012 de la Sección Cuarta que afirman la acumulación de términos suspensivos cuando el emplazamiento sea subsiguiente a la inspección , sin perjuicio de ello, nuevamente reprodujo que estas no son sentencias de unificación, sino criterios auxiliares de la

la Sección Cuarta que afirman la acumulación de términos suspensivos cuando el emplazamiento sea subsiguiente a la inspección , sin perjuicio de ello, nuevamente reprodujo que estas no son sentencias de unificación, sino criterios auxiliares de la actividad judicial y que los funcionarios deben actuar de conformidad con el ordenamiento jurídico. Adicionalmente, aseveró que la previsibilidad de las decisiones judiciales otorga certeza sobre el contenido material de los derechos y las obligaciones y para ello la interpretación debe ser estable y consistente y, de todas formas, la fuente principal es la ley, siendo la jurisprudencia secundaria dentro de estas fuentes.

Pronunciamientos finales

No hubo pronunciamientos finales de la demanda nte ni del ministerio público (índice 11 de Samai).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1Juzga la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia del tribunal que anuló los actos administrativos que le modificaron a la sociedad el impuesto sobre la renta del período 2013 y sancionó al revisor fiscal y al representante legal. En los términos de impugnación de la apelante única, corresponde establecerse siRadicado: 54001-23-33-000-2018-00263-01(27825)

Demandante: CI Ferka Export SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 el emplazamiento para corregir decretado con posterioridad a la culminación de la inspección tributaria tuvo la virtualidad de suspender por un mes adicional el término para notificar el requerimiento especial.

www.consejodeestado.gov.co 8 el emplazamiento para corregir decretado con posterioridad a la culminación de la inspección tributaria tuvo la virtualidad de suspender por un mes adicional el término para notificar el requerimiento especial.

A juicio de la actora, el criterio de la Sección Cuarta desde el 2014 consistió en que la inspección tributaria decretada oficiosamente, suspende el término para proferir el requerimiento especial por un lapso de tres meses, pero la expedición de un emplazamiento para corregir no adiciona un tiem po suspensivo para emitir y notificar el aludido acto preparatorio, en tanto la jurisprudencia precisó que tras la inspección, tenía la autoridad los medios probatorios para la proposición de las glosas y no para el simple señalamiento de indicios de inexa ctitud, por lo que el em