CE - 012333000201800337011SENTENCIA20231201153708

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 66001 23 33 000 2018 00337 01 (2353-2020)

Demandante: Indira Rocha Suárez

Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial

Tema: Remuneración abogado asesor de Tribunal Judicial. Aplicación de la Sentencia de Unificación de 2 de noviembre de 2023.

MODIFICA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Indira Rocha Suarez instauró demanda en contra de la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se inaplique bajo la excepción de inconstitucionalidad la expresión “grado 23”, utilizada para denominar el cargo de abogado asesor, contenida, entre otros, en los Acuerdos PSAA12-9220 del 2 de febrero de 2012, PSAA12-9524 del 21 de junio de 2012, así como sus prórrogas, y PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que crearon y prorrogaron de manera permanente dicha plaza.

Que se declare la nulidad del Oficio DESAJPE17-1190 del 12 de diciembre de 2017, mediante el cual se negó la reliquidación con efectos retroactivos de las diferencias2

Radicado: 66001 23 33 000 2018 00337 01 (2353-2020)

salariales y prestacionales existentes entre el “grado 23”, que se le han venido cancelando a la demandante y el cargo “ abogado asesor de Tribunal Judicial”, conforme a los decretos de asignación salarial y prestacional para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial; y del acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo, con ocasión del recurso de apelación interpuesto el 22 de diciembre de 2017 contra el Oficio DESAJPE17-1190 del 12 de diciembre de 2017.

A título de restablecimiento del derecho , se reconozca que el cargo de abogado

diciembre de 2017 contra el Oficio DESAJPE17-1190 del 12 de diciembre de 2017.

A título de restablecimiento del derecho , se reconozca que el cargo de abogado asesor que ha desempeñado la actora no ostenta ninguna denominación o grado adicional al de “abogado asesor” de Tribunal Judicial, conforme lo contemplado por el Gobierno Nacional a través de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018, así como los que lo modifiquen o sustituyan.

Que la remuneración salarial mensual del cargo de “ abogado asesor” debe liquidarse conforme lo preceptuado por el Gobierno Nacional a través del artículo 4º de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 y el artículo 1º de los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018, así como los que lo modifiquen o sustituyan.

Que se ordene a la entidad demandada reconocer, liquidar y pagar, con efectos retroactivos, las diferencias salariales y prestacionales (bonificaciones, primas, vacaciones, cesantías y demás), existentes entre el “ grado 23” y el cargo de “abogado asesor de Tribunal Judicial”, conforme a los decretos de asignación salarial y prestacional para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial expedidos por el Gobierno Nacional, durante el tiempo de vinculación, en el cargo de abogado asesor.

Que se reconozca que los salarios y prestaciones sociales que a futuro cause la

salarial y prestacional para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial expedidos por el Gobierno Nacional, durante el tiempo de vinculación, en el cargo de abogado asesor.

Que se reconozca que los salarios y prestaciones sociales que a futuro cause la demandante, en el cargo de abogado asesor grado 23, deben regirse por lo contemplado en los Decretos que para el efecto expida el Gobierno Nacional, siempre bajo la denominación de abogado asesor de Tribunal Judicial.

Que las sumas que resulten a favor de la demandante sean indexadas según el IPC, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011; que se cancelen los intereses que se generen a partir de la fecha de la sentencia.

Que se condene en costas y agencias en derecho a la demandada, de conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:3

Radicado: 66001 23 33 000 2018 00337 01 (2353-2020)

Que el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución, señala que es el Gobierno Nacional quien debe fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Que el Congreso de la República expidió la Ley 4.ª de 1992 en la que se dispuso que el Gobierno Nacional, fijaría el régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial.

Que, en cumplimiento de lo anterior, el Presidente de la República, expide anualmente los Decretos en materia salarial y prestacional para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial en los que se establece la remuneración mensual

Que, en cumplimiento de lo anterior, el Presidente de la República, expide anualmente los Decretos en materia salarial y prestacional para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial en los que se establece la remuneración mensual para el abogado asesor de Tribunal Judicial y se indica que para los cargos cuya denominación no esté señalada se regirá por una escala, dentro de la que se encuentra el grado 23.º

Que no obstante estar definido el cargo de abogado asesor dentro de los pertenecientes a los Tribunales Judiciales, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, creó en los Tribunales Judiciales del país de manera transitoria y posteriormente de forma permanente un cargo de abogado asesor bajo la denominación grado 23, cuando los decretos expedidos por el Presidente, fueron enfáticos en señalar que única y exclusivamente se puede acudir a esa escala salarial cuando la remuneración del cargo no se encuentre señalada.

Que las diferencias salariales que se presentan entre el cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial y el rotulado grado 23, ostentan una desigualdad salarial, lo que genera un saldo a favor de la demandante por la indebida liquidación mensual realizada, ya que siempre debió tomarse el valor de la escala salarial establecida para el cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial y no el del grado 23.

Que la demandante ha estado vinculada a la Rama Judicial desempeñando el cargo de abogado asesor “grado 23” del 3 de febrero de 2012 al 5 de agosto de 2014; del 6 de agosto al 31 de diciembre de 2014; del 2 de febrero de 2015 al 11 de septiembre

de abogado asesor “grado 23” del 3 de febrero de 2012 al 5 de agosto de 2014; del 6 de agosto al 31 de diciembre de 2014; del 2 de febrero de 2015 al 11 de septiembre de 2016; del 19 de diciembre de 2016 al 5 de febrero de 2017 y del 7 de febrero de 2017 a la fecha y, por ende, le son aplicables en su integridad los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018.

Que, en virtud de lo anterior, el 31 de octubre de 2017 solicitó de la parte demandada, inaplicar bajo la excepción de inconstitucionalidad, la expresión grado 23 contenida en los Acuerdos PSAA12-9220 del 2 de febrero de 2012, PSAA129524 del 21 de junio de 2012 , así como sus prórrogas, y PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, que le otorgan al cargo de abogado asesor de los despachos del Tribunal Administrativo de Risaralda, una remuneración diferente a los empleados que ocupan el cargo de abogado asesor de Tribunal a nivel nacional.4

Radicado: 66001 23 33 000 2018 00337 01 (2353-2020)

Que, a esa reclamación, se le dio respuesta negativa, a través del Oficio DESAJPE17-1190 del 12 de diciembre de 2017, frente al cual se interpuso recurso de apelación, sin que hasta la fecha se haya dado respuesta al mismo.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

DESAJPE17-1190 del 12 de diciembre de 2017, frente al cual se interpuso recurso de apelación, sin que hasta la fecha se haya dado respuesta al mismo.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 23 de noviembre de 2018 y notificada a la entidad accionada, quien solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, expresando que cada uno de los cargos que conforman la planta de personal de la Rama Judicial tienen definido su régimen salarial y prestacional en los decretos correspondientes, expedidos anualmente por el Gobierno Nacional; que esas escalas son incompatibles entre sí y se imponen como de obligatoria observación y cumplimiento para quienes ejecutan el presupuesto público.

Que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creó el cargo de abogado asesor grado 23, que corresponde a la denominación y grado tal cual fue concebido, que la administración no ideó ese empleo como nominado, esto es, sin escala y sin grado, lo que sí implicaría que se le aplicara la tabla de remuneración propia para los cargos nominados de los Tribunales Judiciales.

Que de conformidad con el certificado laboral, se verifica que a la señora Indira Rocha Suárez le fueron debidamente reconocidas y pagadas las remuneraciones que establecen cada uno de los decretos anuales y que con base en ellos han sido liquidados los salarios y prestaciones sociales durante su vinculación en el cargo de abogado asesor grado 23 del Tribunal Administrativo de Risaralda.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia proferida el dos (2) de

abogado asesor grado 23 del Tribunal Administrativo de Risaralda.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia proferida el dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve ( 2019), i) inaplicó los artículos 1 del Acuerdos PSAA12-9220 del 2 de febrero de 2012 y 88 del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015; ii) declaró la nulidad del Oficio DESAJPE17 -1190 del 12 de diciembre de 2017 y del acto ficto negativo; y iii) condenó a la Nación-Rama Judicial a pagar a favor de la demandante las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el cargo de Abogado Asesor de Tribunal Judicial y el grado 23” . Esta decisión, se fundamentó en lo siguiente:

Al Gobierno Nacional le compete fijar la escala salarial de los servidores públicos; y a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura le corresponde determinar la estructura y planta de personal de la Rama Judicial; lo que significa que cada autoridad tiene competencia legal y constitucional claramente delimitada, de tal manera que a los cargos creados para la Rama Judicial, por parte del Consejo5

Radicado: 66001 23 33 000 2018 00337 01 (2353-2020)

Superior de la Judicatura, les corresponde la escala de salarios fijada por el Gobierno Nacional.

El señalamiento de “grado 23” contenido en el artículo 1º del Acuerdo PSAA129220 del 2 de febrero de 2012 , referente al cargo de “abogado asesor” creado de forma transitoria en los despachos de Magistrados del Tribunales Administrativos

9220 del 2 de febrero de 2012 , referente al cargo de “abogado asesor” creado de forma transitoria en los despachos de Magistrados del Tribunales Administrativos de Risaralda, prorrogado sucesivamente mediante múltiples actos administrativos, y en el artículo 88 del Acuerdo PSAA15 -10402 del 29 de octubre de 2015 , y transformado en permanente en cada uno de los despachos de Magistrados de la misma Corporación, expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, sí entraña una disposición sobre la remuneración, en cuanto permite inferir que el cargo creado en el Acuerdo con la denominación "Abogado Asesor grado 23" no estaría enmarcado en el cargo de "abogado asesor" de "Tribunales Jud iciales", entre los que se encuentra el Tribunal Administrativo de Risaralda, y que prevén los Decretos salariales 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 expedidos por el Gobierno Nacional, modificado, en cuanto al reajuste salarial, por los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018, y, precisamente, con base en esa situación es que la entidad accionada acudió a la remuneración de $4.038.231, $4.177.147, $4.177.147, $4.500.334; $4.850.010 y $5.177.38610, en su orden, para los años 2012 a 2017, pese a que la misma fue contemplada solo en forma residual o supletoria en los Decretos 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 (artículo 6), para los cargos no señalados en la escala de remuneración.

o supletoria en los Decretos 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 (artículo 6), para los cargos no señalados en la escala de remuneración.

Los acuerdos atrás destacados fijaron una escala salarial que le competía al Gobierno Nacional, de ahí que deben ser inaplicados, por cuanto contrarían las disposiciones de competencia fijadas en los artículos 150 (numeral 19, literal e) de la Carta Política; y 1, 2 y 4 de la Ley 4ª de 1992, las cuales se concretaron a través de los Decretos 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, reajustados anualmente por los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018.

La asignación del grado 23 contenida en los actos administrativos enjuiciados, “no solo generó la aplicación de una norma residual de remuneración a la que no había lugar […], sino que además dio lugar a una remuneración inferior en el caso de la demandante, lo cual evidencia la violación del derecho constitucional a la igualdad, que se refleja en un trato desigual de la autoridad [en cuanto a la remuneración]”.

Que hay lugar al pago de las diferencias advertidas durante el término de vinculación de la actora y hasta que se dé cumplimiento a la sentencia.

RECURSO DE APELACIÓN

La entidad demandada solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y en su6

Radicado: 66001 23 33 000 2018 00337 01 (2353-2020)

lugar se nieguen las pretensiones de la demanda , expresando que el Consejo

Radicado: 66001 23 33 000 2018 00337 01 (2353-2020)

lugar se nieguen las pretensiones de la demanda , expresando que el Consejo Superior de la Judicatura es autónomo para tomar decisiones encaminadas al mejoramiento del funcionamiento de la administración de justicia, como la creación, modificación o supresión de cargos, previo seguimiento de las necesidades, en atención a que la potestad reglame ntaria y puede expedir reglamentos tanto organizativos como generales de tipo ejecutivo, independiente y normativo.

Que es la encargada de reglamentar lo concerniente a la carrera judicial, definir lo relacionado con las funciones y requisitos de los empleos de la Rama Judicial y determinar las plantas de personal de los despachos judiciales a nivel nacional.

Que en virtud de lo anterior, teniendo en cuenta las necesidades de las diferentes jurisdicciones y especialidades, determinó que el cargo que debía crear, inicialmente en descongestión y posteriormente de manera permanente en los Tribunales Administrativos y Superiores era el de abogado asesor grado 23, el cual no hace relación al cargo de abogado asesor innominado de la Ley 4.ª de 1992, sino que se le determinó un grado específico cuya remuneración es proporcional al grado de funciones y responsabilidades que demanda el perfil.

RECURSO DE APELACIÓN ADHESIVA

La parte demandante precisó que la protección obtenida bajo el medio de control no es obtener el reconocimiento de una mera expectativa de carácter particular; por el contrario, quiere que lo solicitado se extienda en buscar continuidad en la protección invocada en caso que la señora Indira Rocha Suárez continue en el cargo y de esta

es obtener el reconocimiento de una mera expectativa de carácter particular; por el contrario, quiere que lo solicitado se extienda en buscar continuidad en la protección invocada en caso que la señora Indira Rocha Suárez continue en el cargo y de esta manera no se tenga que ver obligada a instaurar en múltiples oportunidades el mismo proceso.

Que nada justifica la necesidad de instaurar un nuevo proceso para lograr una protección bajo la misma situación fáctica.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Por auto del veintinueve (29) de enero y cuatro (4) de junio de dos mil veintiuno (2021) se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y el recurso de apelación adhesiva presentado por la parte actora; posteriormente, a través del auto del veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021) se ordenó la presentación de los alegatos por escrito en el término de 10 días y, vencido este término se fijaron 10 días para el agente del Ministerio Público.

La parte demandante precisó que lo pretendido no es obtener el reconocimiento de una mera expectativa, sino que lo solicitado se extiende a buscar la continuidad en la protección invocada en caso de que la señora Indira Rocha Suárez continúe7

Radicado: 66001 23 33 000 2018 00337 01 (2353-2020)

en el cargo y además perduren con vigencia los acuerdos inaplicados por el a quo.

Pidió que se debe adicionar el fallo se primera instancia, para que los efectos de la sentencia “se extiendan hasta tanto la demandante se encuentre vinculada en el

en el cargo y además perduren con vigencia los acuerdos inaplicados por el a quo.

Pidió que se debe adicionar el fallo se primera instancia, para que los efectos de la sentencia “se extiendan hasta tanto la demandante se encuentre vinculada en el cargo de “abogado asesor grado 23” del Tribunal Administrativo de Risaralda o cualquier otro Tribunal judicial del país”.

La entidad demandada dentro de su escrito de alegatos, reiteró lo pronunciado en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación, para solicitar que sean denegadas las pretensiones de la demanda , recordó que desde la vigencia del Acuerdo PSAA15-10402 a la fecha, existe en los despachos de magistrado de los tribunales administrativos y superiores el cargo de abogado asesor grado 23 y no el de “abogado asesor” puesto que desde su creación ha sido muy clara su denominación, la cual no se asimila a la de la Ley 4 .ª de 1992 sino a la que estableció el Consejo Superior de la Judicatura , dentro de su autonomía administrativa brindada en la Constitución Política y en la ley estat utaria de administración de justicia.

EL MINISTERIO PÚBLICO

El señor Agente del Ministerio Público no presentó concepto dentro del presente proceso.

CONSIDERACIONES

La Subsección deberá resolver si el Consejo Superior de la Judicatura desbordó sus facultades legales, al fijarle el grado 23 al cargo de “abogado asesor” de Tribunal y asignarle una remuneración salarial y prestacional diferente a la establecida por el Gobierno Nacional, para el cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial.

facultades legales, al fijarle el grado 23 al cargo de “abogado asesor” de Tribunal y asignarle una remuneración salarial y prestacional diferente a la establecida por el Gobierno Nacional, para el cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial.

Además, deberá determinarse si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales por concepto de la aplicación de la escala salarial señalada para el cargo de “ abogado asesor” de Tribunal Judicial en los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018, así como los que lo modifiquen o sustituyan; y si a partir del 1.º de julio de 2022 debe continuar su remuneración como abogado asesor de tribunal.

Marco normativo y jurisprudencial8

Radicado: 66001 23 33 000 2018 00337 01 (2353-2020)

Para la resolución de los aspectos en controversia del caso, se dará aplicación a la Sentencia de Unificación SUJ-033-CE-S2-2023, del 2 de noviembre de 20231, en la cual la Sección Segunda del Consejo de Estado, fijó las pautas que en adelante se deben considerar en torno a los casos que por aspectos fácticos y jurídicos se enmarquen en iguales o similares circunstancias a las descritas en ese asunto.

Debe resaltarse que en dicha sentencia se precisó que “las consideraciones expuestas en esta providencia en relación con el tema objeto de unificación

enmarquen en iguales o similares circunstancias a las descritas en ese asunto.

Debe resaltarse que en dicha sentencia se precisó que “las consideraciones expuestas en esta providencia en relación con el tema objeto de unificación constituye precedente vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión, tanto en vía administrativa como jud icial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son retrospectivos”.

La siguiente fue la regla de unificación fijada en la referida sentencia:

«UNIFICAR la jurisprudencia en el sentido de señalar que “El Consejo Superior de la Judicatura carece de competencia para asignar a los cargos nominados2, grados, códigos y remuneración diferentes a los previstos en el Decreto 57 de 1993 y demás decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional en los que se regule el régimen salarial y prestacional de los empleados de la rama judicial. Esta potestad corresponde al presidente de la República en desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de los Tribunales Administrativos, es la fijada para el «abogado asesor» en los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional sobre la materia”».

La providencia en cita destacó que corresponde al Gobierno Nacional fijar anualmente el régimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial y, al Consejo Superior de la Judicatura le atañe crear los cargos y realizar las incorporaciones a las plantas de personal, en ejercicio de las competencias que le otorga tanto la Constitución Política como la Ley 270 de 1996.

al Consejo Superior de la Judicatura le atañe crear los cargos y realizar las incorporaciones a las plantas de personal, en ejercicio de las competencias que le otorga tanto la Constitución Política como la Ley 270 de 1996.

En este punto, la Sentencia de Unificación consideró lo siguiente:

“127. Lo dicho conduce a afirmar que el simple hecho de agregar “grado 23” al cargo de “abogado asesor” no hace desaparecer del universo jurídico que la denominación del cargo para su remuneración salarial -entendida como “el nombre indicativo de la función”3 ya había sido contemplada en el artículo 4.° de los Decretos dictados por el Gobierno Nacional 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, el cual, como se vio, establece una escala

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 2 de noviembre de 2023. Expediente 08001 -23-33-000-2018-00529-01 (3071 -2019). Demandante: Orlando José Jiménez Cerra. Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 2 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia numérica. 3 Tal como lo señaló el mismo Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA12-9663 de 28 de agosto de 2012.9

Radicado: 66001 23 33 000 2018 00337 01 (2353-2020)

gradual principal de remuneración para los cargos allí relacionados y por cuanto la dada en el artículo 6.° es supletoria, comoquiera que se aplica a

gradual principal de remuneración para los cargos allí relacionados y por cuanto la dada en el artículo 6.° es supletoria, comoquiera que se aplica a aquellos cargos “no contemplados en los artículos anteriores”4.

128. En este caso en modo alguno se discute la facultad del Consejo Superior de la Judicatura para crear cargos en la Rama Judicial al tenor de las facultades dadas por la Ley 270 de 1996; sin embargo, es evidente que, con su actuar, la entidad demandada entró en claro desconocimiento de:

(i) Las facultades dadas al presidente de la República en la Ley 4ª de 1992, al agregarle el aparte “grado 23” al cargo denominado “abogado asesor”, toda vez que su consecuencia directa e inmediata fue afectar negativamente la remuneración salarial y prestacional del demandante al ignorar las pautas dadas en los Decretos presidenciales 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, que ya habían señalado cómo debían remunerarse los cargos de “abogado asesor”. (ii) El límite competencial del Consejo Superior de la Judicatura dado en el artículo 2575 de la Ley 270 de 1996. (iii) Los derechos salariales y prestacionales del demandante, al desconocer el salario que le correspondía al tenor de los decretos anuales expedidos por el presidente de la República, el cual, como se vio en los acápites anteriores, constituye un elemento esen cial del derecho al trabajo y a percibir la remuneración que en derecho corresponde por la labor desempeñada. (…)

130. De acuerdo con las pautas indicadas no puede mantenerse la legalidad

anteriores, constituye un elemento esen cial del derecho al trabajo y a percibir la remuneración que en derecho corresponde por la labor desempeñada. (…)

130. De acuerdo con las pautas indicadas no puede mantenerse la legalidad de los actos demandados aceptando la interpretación dada por el Consejo Superior de la Judicatura, según la cual, al agregar “grado 23” al cargo de “abogado asesor” creó una categorí a especial de empleo no regulada por el artículo 4.° de los decretos salariales anuales, con lo cual, debía remunerar ese empleo con la escala del artículo 6.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, y 194 de 2014.

131. Ese razonamiento desconoció que el cargo ya se encontraba dentro del listado de los nominados6 en los Decretos expedidos por el presidente de la República en uso de las competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, lo que generó que la labor del accionante, fuese remunerada con un salario inferior al que realmente le corresponde, situación que desco noce los cánones

4 Negrilla y subrayas de la Sala. 5 63 “ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones: […]

2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

[…]”.

atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales. […]”. 6 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia numérica.10

Radicado: 66001 23 33 000 2018 00337 01 (2353-2020)

constitucionales y legales que regulan las competencias otorgadas al presidente de la República para determinar el régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial, así como las mismas competencias del Consejo Superior de la Judicatura y, por ende, los derechos salariales y prestacionales del señor Orlando José Jiménez Cerra. (…)

133. En ese orden se concluye que si bien el Consejo Superior de la Judicatura cuenta con la facultad para crear cargos en la Rama Judicial en atención al artículo 257 7 de la Ley 270 de 1996, no obstante, no puede desconocer las facultades dadas al presidente de la República en la Ley 4ª de 1992 y con ello las pautas dadas en los Decretos presidenciales 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, que ya habían señalado cómo debían remunerarse los cargos de “abogado asesor”.

134. En este entendido, la remuneración de los cargos cuya denominación se encuentre expresamente establecida en los decretos anuales que fijan el régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial, debe atender a las escalas salariales allí señaladas. Fr ente a los mismos es ilegal, tanto

encuentre expresamente establecida en los decretos anuales que fijan el régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial, debe atender a las escalas salariales allí señaladas. Fr ente a los mismos es ilegal, tanto asignarles grados o códigos adicionales, como establecerles otro tipo de remuneración diferente, toda vez que ello va en contra del artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política que autorizó al Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, siempre y cuando se sujetara a los objetivos y criterios establecidos por el legislativo, que en este caso corresponde a la Ley 4 de 19928, a través de la cual se fijaron los criterios a los que debe ceñirse el Gobierno Nacional al determinar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, entre ellos, a los de la Rama Judicial”.

Concluyó que la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de Tribunales, se encuentra dentro del listado de los cargos nominados 9 en los Decretos expedidos por el presidente de la República en uso de las competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, por lo que su labor debe remunerarse de acuerdo con el artículo 4.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, sin que sea aceptable que el Consejo Superior de la Judicatura pueda variar la denominación con