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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 23001 23 33 000 2018 00421 01 (0947-2020) Demandante: Nubia del Carmen Escobar Suárez Demandado: Gobernación del departamento de Córdoba

Temas: Prescripción. Sanción moratoria por pago tardío de cesantías definitivas

AUTO INTERLOCUTORIO ____________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda nte, contra el auto del 13 de noviembre de 2019, proferido por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio del cual se declaró probada la excepción de prescripción.

1. Antecedentes

1.1. Pretensiones de la demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Adm inistrativo y de lo Contencioso Administrativo,1 la señora Nubia del Carmen Escobar Suárez , mediante apoderada, presentó demanda en orden a que se declare la nulidad del Oficio 004695 del 21 de noviembre de 2017, a través del cual la Secretaría de Educación del

Contencioso Administrativo,1 la señora Nubia del Carmen Escobar Suárez , mediante apoderada, presentó demanda en orden a que se declare la nulidad del Oficio 004695 del 21 de noviembre de 2017, a través del cual la Secretaría de Educación del departamento de Córdoba le negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria originada por la cancelación tardía de sus cesantías definitivas.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) reconocer y pagar a su favor «los intereses moratorios» que se causaron porque le cancelaron sus cesantías definitivas de manera tardía, de conformidad con la Ley 1071 de 2006; ii) indexar los valores que resulten de la sentencia y conceder los intereses

1 En adelante CPACA.2

Radicación: 23001 23 33 000 2018 00421 01 (0947-2020) Demandante: Nubia del Carmen Escobar Suárez a que haya lugar; iii) dar cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192 y siguientes del CPACA; y iv) condenar en costas a la parte demandada.

1.2. El auto apelado

El Tribunal Administrativo de Córdoba, a través de auto del 13 de noviembre de 2019,2 proferido durante el desarrollo de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, declaró probada la excepción de prescripción, planteada por la entidad demandada, y dispuso la terminación del proceso, por las siguientes razones:

1. El término de prescripción debe contabilizarse a partir del momento en que se hizo exigible el pago de las cesantías, es decir, desde que la accionante las

demandada, y dispuso la terminación del proceso, por las siguientes razones:

1. El término de prescripción debe contabilizarse a partir del momento en que se hizo exigible el pago de las cesantías, es decir, desde que la accionante las solicitó y transcurrieron los 65 o 70 días respectivos, dependiendo de si se aplica el Código Contencioso Administrativo o el CPACA.

1. Con fundamento en la sentencia del 15 de febrero de 2018, proferida por el Consejo de Estado, dentro del expediente 27001 23 33 000 2013 00188 01 (0810-14), la prescripción de la sanción moratoria se cuenta desde que esta se hizo exigible, mas no desde el pago de las cesantías.

En esas condiciones, se tiene que la actora laboró hasta el 19 de agosto de 2008, y deprecó el reconocimie nto y pago de la sanción moratoria el 19 de octubre de 2012, petición que reiteró el 5 de junio de 2014. De igual manera, está acreditado que sus cesantías le fueron reconocidas a través de la Resolución 003150 del 6 de noviembre de 2015, y le fueron pagadas el 25 de abril de 2016.

Así las cosas , la sanción moratoria empezó a causarse a partir de la presentación de la primera petición de reconocimiento de las cesantías, es decir, desde el 19 de octubre de 2012, en vigencia del CPACA, por lo cual los 70 días correspondientes (15 días para expedir el acto; 10 días para la ejecutoria; y 45 días para realizar el pago) vencieron el 1.° de febrero de 2013.

días correspondientes (15 días para expedir el acto; 10 días para la ejecutoria; y 45 días para realizar el pago) vencieron el 1.° de febrero de 2013.

Según lo anterior, la sanción moratoria se causó desde el 2 de febrero de 2013 y la señora Nubia Escobar Suárez tenía hasta el 2 de febrero de 2016 para

2 Folios 76 a 79 y 85A.3

Radicación: 23001 23 33 000 2018 00421 01 (0947-2020) Demandante: Nubia del Carmen Escobar Suárez presentar la demanda o interrumpir el término de prescripción. Empero, solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria el 13 de octubre de 2017 y radicó la demanda el 16 de mayo de 2018, cuando ya se había configurado la prescripción.

1. El departamento de Córdoba se encuentra en proceso de reestructura ción de pasivos, pero no ha operado la suspensión del término de prescripción conforme al numeral 13 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999, pues no se probó que la demandante h aya suscrito el acuerdo de reestructuración , esto es, que se hubiera incluido la sanción moratoria como acreencia cierta en el proceso mencionado, tesis que sostuvieron las Secciones Segunda y Quinta del Consejo de Estado, en sentencias del 17 de agosto de 20173 y 7 de diciembre de 2017,4 respectivamente.

1. La actora indicó que no había presentado la demanda porque no existía un criterio unificado sobre cuál era la jurisdicción que debía conocer el asunto; sin

respectivamente.

1. La actora indicó que no había presentado la demanda porque no existía un criterio unificado sobre cuál era la jurisdicción que debía conocer el asunto; sin embargo, tal circunstancia no era óbice para que ejerciera el derecho de acción, ya que podía presen tar la demanda ante la jurisdicción que estimara competente y esta le diera el trámite respectivo . Además, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante providencia del 16 de febrero de 2017, unificó jurisprudencia y concluyó que la jurisdicción de lo con tencioso administrativo debe conocer de estos asuntos , pero la accionante radicó la solicitud de conciliación extrajudicial y la demanda el 14 de febrero de 2018 y el 16 de mayo de 2018, respectivamente.

1.3. El recurso de apelación

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado sustituto de la parte demandante interpuso recurso de apelación,5 el cual sustentó así:

1. Cuando la señora Nubia del Carmen Escobar Suárez acreditaba su derecho y podía reclamarlo, la Gobernación de Córdoba ya se encontraba en acuerdo de

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de agosto de 2017, expediente 08001 23 33 000 2012 00429 01 (2223-14), M.P., William Hernández Gómez. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de tutela del 7 de diciembre de 2017, expediente 11001 03 15 000 2017 02088 01, M.P., Rocío Araújo Oñate.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de tutela del 7 de diciembre de 2017, expediente 11001 03 15 000 2017 02088 01, M.P., Rocío Araújo Oñate. 5 Folio 85A.4

Radicación: 23001 23 33 000 2018 00421 01 (0947-2020) Demandante: Nubia del Carmen Escobar Suárez reestructuración de pasivos. Por lo tanto, no era posible que la actora hiciera parte de dicho proceso.

1. De conformidad con la Ley 550 de 1999, el proceso de reestructuración de pasivos suspende los términos de caducidad y prescripción respecto de las obligaciones a cargo de la entidad intervenida.

1. Para la época en que se solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, había discrepancias en cuanto a la jurisdicción que debía decidir esos asuntos. Inicialmente, el Consejo Superior de la Judicatura consideró que la jurisdicción ordinaria la boral era la competente, pero luego unificó su jurisprudencia para señalar que era la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta circunstancia le causó perjuicios a la demandante y afectó sus derechos fundamentales a la defensa y a la confianza legítima, este último definido en la Sentencia C -131 de 2004, teniendo en cuenta que ella no debe soportar los cambios jurisprudenciales que se dieron.

1. El artículo «13» de La Ley 550 de 1999 prohíbe, de manera expresa, la iniciación de procesos ejecutivos o el decreto de embargos sobre los activos de la entidad

soportar los cambios jurisprudenciales que se dieron.

1. El artículo «13» de La Ley 550 de 1999 prohíbe, de manera expresa, la iniciación de procesos ejecutivos o el decreto de embargos sobre los activos de la entidad en proceso de reestructuración de pasivos ; y los que se encuentren en curso deben suspenderse inmediatamente. Por lo tanto, la señora Nubia del Carmen Escobar Suárez no podía iniciar ninguna acción ejecutiva , pues no estaba obligada a lo imposible.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Consiste en determinar si la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se presentó dentro del término de tres (3) años de que trata el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral, a efectos de establecer si se debe confirmar o revocar el auto del 13 de noviembre de 2019, proferido por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio del cual se declaró probada la excepción de prescripción y se dispuso la terminación del proceso.5

Radicación: 23001 23 33 000 2018 00421 01 (0947-2020) Demandante: Nubia del Carmen Escobar Suárez Para efectos metodológicos, el estudio del presente asunto se realizará en el siguiente orden: i) La sanción moratoria por el pago inopo rtuno de cesantías definitivas y ii) solución del caso concreto.

2.2. La sanción moratoria por el pago inoportuno de cesantías definitivas

La Ley 6 de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de

2.2. La sanción moratoria por el pago inoportuno de cesantías definitivas

La Ley 6 de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo», en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros nacionales de carácter permanente.

El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías» , en su artículo 6, señaló que para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo e l tiempo servido, si fuere menor a ese lapso.

Ahora bien, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó los siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de c esantía a empleados públicos y trabajadores oficiales»6, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria» ;7 con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales

finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas al Fondo; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

6 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968. 7 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.6

Radicación: 23001 23 33 000 2018 00421 01 (0947-2020) Demandante: Nubia del Carmen Escobar Suárez Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el año del retiro, así como el recono cimiento de intereses anuales del 9 %, a ser liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada empleado.

El Decreto 432 de 1998 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones», mantuvo el objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías8, y, dentro de sus funciones, las de

transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones», mantuvo el objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías8, y, dentro de sus funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la protección contra la pérdida de su valor adquisitivo 9. Además, en los artículos 6 y 7 ibidem, fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a título de intereses sobre las cesantías.

Ahora bien, la Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince (15) días para que la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de los servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la solicitud que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de que la solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario, dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen, pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente indicado.

El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de cuarenta y cinco días hábil es para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora y

El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de cuarenta y cinco días hábil es para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se haga

8 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998. 9 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.7

Radicación: 23001 23 33 000 2018 00421 01 (0947-2020) Demandante: Nubia del Carmen Escobar Suárez efectivo el pago.

Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada en la aludida ley, en especial, los siguientes:

[…] la vida diaria enseña que una persona espe cialmente en relación a los servidores públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los funcionarios que están en la obligación de hacer esos trám ites. Este hecho origina además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las solicitudes, prácticamente al mejor postor.

la obligación de hacer esos trám ites. Este hecho origina además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las solicitudes, prácticamente al mejor postor.

Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin ningún reconocimiento para el trabajador10.

La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago de las cesantías definitivas y parciales 11 de los servidore s públicos, en sus artículos 4 y 5 determinó lo siguiente:

Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o p arciales del servidor público,

10 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995. 11 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro parcial de cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: /- 1. Para la compra y adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente. / - 2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus hijos».8

Radicación: 23001 23 33 000 2018 00421 01 (0947-2020) Demandante: Nubia del Carmen Escobar Suárez para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo

Nacional de Ahorro.

Demandante: Nubia del Carmen Escobar Suárez para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo

Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2, los destinatarios de la Ley 1071 de 2006, son:

Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro. (Se resalta).

2.3. Análisis de la Sala. El caso concreto

Antes de adoptar la decisión que corresponda, la Sala estima necesario traer a colación los siguientes hechos:

1. El 19 de octubre de 2012, la señora Nubia del Carmen Escobar Suárez solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas por los años 1999 a 2008, más los intereses moratorios correspondientes.12

1. El 19 de octubre de 2012, la señora Nubia del Carmen Escobar Suárez solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas por los años 1999 a 2008, más los intereses moratorios correspondientes.12

1. El 5 de junio de 2014, la señora Escobar Suárez le solicitó a la Gobernación de Córdoba resolver de fondo la petición radicada el 19 de octubre de 2012.13

1. El 6 de noviembre de 2015, el secretario de educación del departamento de Córdoba expidió la Resolución 003150, por medio de la cual reconoció y ordenó el pago de $ 5.985.124 COP a favor de la señora Escobar Suárez, por concepto

de cesantías definitivas y sus intereses, así:

Que la señora NUBIA DEL CARMEN ESCOBAR SUÁREZ […] laboró como docente de tiempo completo en la Institución Educativa “MARÍA INMACULADA” en el Municipio de Ayapel en calidad de provisional, nombrado (sic) mediante Decreto N° (sic) 012 de

12 Folios 12 y 13. 13 Folios 14 y 15.9

Radicación: 23001 23 33 000 2018 00421 01 (0947-2020) Demandante: Nubia del Carmen Escobar Suárez noviembre 05 de 2001 por el Municipio de Ayapel e incorporado a la planta de cargos del departamento de Córdoba sin solución de continuidad desde el 01 de enero de 2003 hasta el 19 de agosto del 2008.

[…]

Que según constancia del 24 de junio de 2014 contenida en el Oficio N° (sic) Cenero de 2003 hasta el 19 de agosto del 2008.

[…]

Que según constancia del 24 de junio de 2014 contenida en el Oficio N° (sic) CFPSM-1244 suscrita por la líder de la Oficina del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, doctora IRIS SOFÍA PORTILLO ÁLVAREZ certifica que la señora NUBIA DEL CARMEN ESCOBAR SUÁREZ , no estuvo afiliada al fondo durante el periodo que laboró en la entidad como provisional.

Que por ser docente provisional de vinculación municipal le recae al Departamento asumir la carga prestacional reclamada durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2003 al 19 de agosto de 2008.

Que según certificado laboral de f echa 15 de julio de 2014 y suscrito por el Secretario de Educación Departamental doctor WILLIAM TAPIA ESPITIA , la señora NUBIA DEL CARMEN ESCOBAR SUÁREZ , laboró para el Departamento de Córdoba desde enero 2003 al 19 de agosto de 2008.

Que la Directora Técnica con Funciones de Información Financiera de la Secretaría de Hacienda departamental Dra. CRISTINA OLASCUAGA ZADETH , del 05 de septiembre de 2014 CERTIFICA que la señora NUBIA DEL CARMEN ESCOBAR SUÁREZ no le aparece ( sic) pagos registrados por cesantías parciales ni definitivas comprendidas en los años 1998 al 2014.

[…]

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO : Reconocer y ordenar el pago de las cesantías definitivas e intereses de la misma a favor de la señora NUBIA DEL CARMEN ESC OBAR SUÁREZ

[…]

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO : Reconocer y ordenar el pago de las cesantías definitivas e intereses de la misma a favor de la señora NUBIA DEL CARMEN ESC OBAR SUÁREZ […] la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO (sic) PESOS ($ 5.985.124.oo) por concepto de cesantías definitivas e intereses a las cesantías por haber laborado como docente en el municipio de Ayapel de conformidad en lo expuesto en la parte considerativa de esta resolución.

[…].14

1. El 23 de noviembre de 2015, la Resolución 003150 del 6 de noviembre de 2015 le fue notificada a la demandante, de manera personal.15

1. El 13 de octubre de 2017, la señora Nubia del Carmen Escobar Suárez solicitó a) el reconocimiento y pago de $ 41.794.875 COP por concepto de sanción moratoria causada debido a la cancelación tardía de sus cesantías definitivas,

14 Folios 16 y 17. 15 Índice 17.10

Radicación: 23001 23 33 000 2018 00421 01 (0947-2020) Demandante: Nubia del Carmen Escobar Suárez las cuales le fueron sufragadas el 30 de marzo de 2016 ;16 y b) el pago de los intereses legales, comerciales y moratorios.17

1. El 21 de noviembre de 2017, el secretario de educación del departamento de Córdoba emitió el Oficio 004695, por el cual dio respuesta a la petición del 13

intereses legales, comerciales y moratorios.17

1. El 21 de noviembre de 2017, el secretario de educación del departamento de Córdoba emitió el Oficio 004695, por el cual dio respuesta a la petición del 13 de octubre de 2017, en el sentido de negar lo solicitado , por las siguientes

razones:

Mediante Resolución No. (sic) 1378 el (sic) 21 de Mayo de 2008, el Departamento de Córdoba, fue admitido en la Promoción de un Proceso de Reestructuración de Pasivos en el marco de la Ley 550 de 1999, acto que fue publicado con el propósito de que aquellas personas naturales o jurídicas que se creyeran con derecho a que sus acreencias fueran incluidas en el Inventario de Acreedores concurrieran a participar en el proceso. De este modo se publicó un listado preliminar, en el cual se determinaron las acreencias a cargo del Departamento con el fin que ( sic) los Acreedores y ( sic) presentaran las respectivas observaciones en la reunión de determinación de acreencias y derechos de voto.

Los días 17 y 18 de septiembre de 2008, se llevó a cabo la reunión de determinación de acreencias y derechos de voto con los acree dores que estaban relacionados a la fecha, en la que se determinaron los derechos a voto a cada acreedor, reunión en la cual, los acreedores que no estaban incluidos pudieran presentar la respectiva observación ante el promotor o en su defecto presentar las respectivas objeciones ante la Superintendencia de Sociedades.

A la reunión de determinación de derechos de acreencias y voto se presentaron objeciones por varios acreedores ante la Superintendencia de Sociedades en

respectivas objeciones ante la Superintendencia de Sociedades.

A la reunión de determinación de derechos de acreencias y voto se presentaron objeciones por varios acreedores ante la Superintendencia de Sociedades en atención al artículo 26 de la Ley 550 de 1999, con efectos suspensivos de los términos para suscribir el respectivo Acuerdo. Términos procesales que se activaron el 07 de octubre de 2009, hasta que la Superintendencia de Sociedades dejó ejecutoriado el último fallo por las objeciones presentadas por los Acreedores.

En el término de suspensión de la votación del acuerdo, es decir del 18 de septiembre de 2008 hasta el 07 de octubre de 2009, la administración departamental continuó recibiendo acreencias causadas antes del inicio de la promoción al acuerdo, con el propósito que (sic) el día de la votación se pusieran en consideración de los acreedores con derecho de voto para que decidieran su inclusión al inventario de acreencias, en atención Parágrafo (sic) 2° del artículo 23 de la Ley 550 de 1999. Sin embargo, la señora Nubia Del Carmen Escobar Suárez no se presentó en el Proceso de Reestructuración de Pasivos en el marco de la Ley 550 de 1999, a pesar de que sus cesantías correspondientes al periodo causado entre el año 2001 y 2008 significa ello que a la fecha ya era acreedora.

Como se puede observar, los términos procesales establecidos en la Ley 550 de 1999 para la presentación de acreencias se ampliaron por efecto de la suspensión del proceso por las objeciones presentadas ante la Superintendencia, es decir, la Gobernación de Córdoba, siempre respetó el debido proceso y el acceso a los

1999 para la presentación de acreencias se ampliaron por efecto de la suspensión del proceso por las objeciones presentadas ante la Superintendencia, es decir, la Gobernación de Córdoba, siempre respetó el debido proceso y el acceso a los acreedores para la presentación de sus acreencias, estamos hablando desde el 21 de mayo de 2008 hasta el 20 de Noviembre de 2009, término en el cual las

16 Folios 37 y 38. 17 Folios 19 a 21.11

Radicación: 23001 23 33 000 2018 00421 01 (0947-2020) Demandante: Nubia del Carmen Escobar Suárez acreencias que no fueron presentadas al Departamento quedarían por fuera de la negociación y votación con los efectos jurídicos del Parágrafo 2° del artículo 23 de la Ley 550 de 1999, que establece su pago una vez se haya cumplido el acuerdo.

Por las razones expuestas, le informamos que su petición no puede ser respondida favorablemente, ya que su acreencia no fue presentada en los términos previstos en la Ley 550 de 1999, y por lo que al Departamento de Córdoba le está prohibido realizar reconocimiento de cual quier clase de intereses moratorios, incluyendo sanción moratoria.

[…].18

1. El 14 de febrero de 2018, la señora Nubia del Carmen Escobar Suárez presentó la solicitud de conciliación prejudicial, ante la Procuraduría 33 Judicial II para Asuntos Administrativos. Sin embargo, la actuación se declaró fallida, por lo cual se expidió la respectiva constancia, 16 de abril de 2018.19

la solicitud de conciliación prejudicial, ante la Procuraduría 33 Judicial II para Asuntos Ad