CE - 012333000201800720011SENTENCIASENTENCIA20231116182851

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00720-01 (27813)

Demandante: IGT Games S.A.S.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 76001-23-33-000-2018-00720-01 (27813) Demandante IGT GAMES S.A.S. Demandado MUNICIPIO DE PALMIRA Tema Impuesto a los juegos de suerte y azar. Derogatoria del tributo por la Ley 643 de 2001. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia del 1 de septiembre del 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que dispuso1: “PRIMERO. DECLARASE la nulidad de la Liquidación Oficial de Aforo No. 1150.47.17482 del 4 de septiembre de 2017 y de la Resolución No. 1150.47.19848 del 22 de febrero de 2018, por medio de las cuales la Secretaría de Hacienda Municipal de Palmira, impuso sanción (sic) IGT GAMES S.A.S., por no declarar el impuesto aplicable a los juegos de suerte y azar, en la modalidad de juegos novedosos, para los períodos gravables comprendidos entre los meses

IGT GAMES S.A.S., por no declarar el impuesto aplicable a los juegos de suerte y azar, en la modalidad de juegos novedosos, para los períodos gravables comprendidos entre los meses de enero a noviembre del año 2016; acorde con lo explicado en esta providencia. SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que IGT GAMES S.A.S., no está obligada a pagar los valores liquidados a título de sanción en los actos anulados. TERCERO. ORDÉNASE al Municipio de Palmira, reconocer y pagar a favor de IGT GAMES SAS, las expensas y gastos en que haya incurrido en esta instancia y en la medida de su comprobación. Liquídense por la Secretaría de esta Corporación. FÍJASE el valor de las agencias en derec ho, a ser incluidas en dicha liquidación, el valor de un (1) salario mínimo mensual legal vigente. (…)”. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA La Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Palmira, Valle del Cauca, profirió la Liquidación Oficial de Aforo Nro. 1150.47.17482 del 4 de septiembre de 2017, mediante la cual determinó el impuesto a los juegos de suerte y azar a cargo de IGT Games S.A.S. por los períodos comprendidos entre enero a noviembre de 2016. La sociedad interpuso recurso de reconsideración contra dicho acto, pero la entidad territorial la confirmó mediante la Resolución Nro. 1150.47.19848 del 22 de febrero de 2018. ANTECEDENTES PROCESALES Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

de 2018. ANTECEDENTES PROCESALES Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la demandante formuló las siguientes pretensiones:

1 Samai. Índice 3. PDF de la sentencia. Páginas 11 y 12.Radicado: 76001-23-33-000-2018-00720-01 (27813)

Demandante: IGT Games S.A.S.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “3.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: • Resolución No. 1150.47.17482 del 4 de septiembre de 2017 por medio de la cual la Secretaria de Hacienda de Palmira profiere Liquidación Oficial de Aforo del impuesto de los juegos de suerte y azar teniendo como sujeto pasivo de este impuesto a IGT GAMES respecto de los periodos de enero a noviembre del año 2016. • Resolución No. 1150.47.1 9848 de 22 de febrero de 2018 , por medio de la cual la Secretaria de Hacienda de Palmira, decide recurso de reconsideración presentado por IGT GAMES y confirma en su totalidad la Liquidación Oficial de Aforo No. 1150.47.17482 del 4 de septiembre de 2017, expedida por la misma entidad. 3.2. Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se declare que mi poderdante no es sujeto pasivo del impuesto a los juegos de suerte y azar y en consecuencia no está obligado a pagar suma alguna por concepto de dicho

3.2. Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se declare que mi poderdante no es sujeto pasivo del impuesto a los juegos de suerte y azar y en consecuencia no está obligado a pagar suma alguna por concepto de dicho impuesto, correspondiente a los meses de enero a noviembre del año 2016. A los anteriores efectos, invocó como violados los artículos 29, 95 y 363 de la Constitución; 643, 683, 715 y 716 del Estatuto Tributario; 1, 2, 3, 7, 8, 49 y 60 de la Ley 643 de 2001; y 42 y 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El concepto de la violación de estas disposiciones se resume así:

1. Violación de los artículos 49 y 60 de la Ley 643 de 2001.

Indicó que la sociedad no es sujeto pasivo del impuesto a los juegos de suerte y azar, por lo que no debía presentar declaraciones en el Municipio de Palmira. Transcribió los artículos 1 y 2 de la Ley 643 de 2001 y explicó que todos los juegos de suerte y azar deben regirse por lo dispuesto en dicha norma, independientemente del municipio en donde se operen o exploten, y que la ley define la regulación aplicable a cada modalidad de juego. Comentó que el juego Baloto se encuadra en la categoría de juegos novedosos regulados y su explotación corresponde a COLJUEGOS, que distribuye los recursos a las entidades territoriales, según lo previsto en los artículos 39 y 40 de la citada Ley 643. Anotó que dicha norma prevé que los juegos referidos solo pueden

regulados y su explotación corresponde a COLJUEGOS, que distribuye los recursos a las entidades territoriales, según lo previsto en los artículos 39 y 40 de la citada Ley 643. Anotó que dicha norma prevé que los juegos referidos solo pueden gravarse con los tributos expresamente autorizados en la Ley 643 de 2001 y no con impuestos o gravámenes creados bajo la vigencia de normas posteriores. Resaltó que el artículo 49 ibidem prohíbe de forma expresa a los municipios, departamentos y distritos, gravar los juegos de suerte y azar, incluyendo los novedosos, con impuestos, tasas o contribuciones fiscales o parafiscales distintos a los establecidos por el legislador. Advirtió que la actuación administrativa se basó en lo establecido en el Acuerdo Nro. 071 de 2010, en las leyes 69 de 1946 y 33 de 1968, y en el Decreto 1333 de 1986. Sin embargo, estas últimas normas fueron derogadas por la Ley 643 de 2001, sobre lo cual trajo en cita la Sentencia C -584 de 2001 de la Corte Constitucional y el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 que de manera expresa ratificó la derogatoria de las normas que fundamentan la liquidación oficial impugnada. Recalcó que la sociedad no está obligada a declarar ni a pagar el impuesto a los juegos de suerte y azar, ante el decaimiento del acuerdo municipal proferido por la demandada que se encuentra motivado en normas derogadas y carece de fuerza ejecutoria. Aclaró que, en caso de considerarse que las disposiciones están vigentes, la aplicación de normas de carácter nacional o territorial a los juegos novedosos está

demandada que se encuentra motivado en normas derogadas y carece de fuerza ejecutoria. Aclaró que, en caso de considerarse que las disposiciones están vigentes, la aplicación de normas de carácter nacional o territorial a los juegos novedosos está limitada. Relató que, con anterioridad a la Ley 643 de 2001, esta tipología no existía ni estaba regulada, por lo cual su operación y funcionamiento solo están sometidosRadicado: 76001-23-33-000-2018-00720-01 (27813)

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a los tributos autorizados en la misma y no a gravámenes anteriores que se imponían a juegos distintos a ellos. A partir de la Sentencia C-577 de 2004 de la Corte Constitucional , concluyó que al legislador no le está ve dado derogar normas que sustentan el cobro de tributos municipales o departamentales, tal como lo hizo la Ley 643 de 2001 y que, aun si dicha norma no tuviera esa facultad, ello tendría incidencia solamente frente a los entes territoriales propietarios del impuesto, tasa o contribución , cuando existe acuerdo u ordenanza que lo haya adoptado. Precisó que, en este caso, si bien existe un acuerdo municipal que contempla el cobro del impuesto a los juegos de suerte y azar, este es posterior a la Ley 643 de 2001, lo cual implica que es violatorio de los artículos 49 y 60 ibidem, haciendo improcedente el cobro del tributo y la sanción. Agregó que los actos acusados ignoraron el artículo 60 de la Ley 643 de 2001, que

2001, lo cual implica que es violatorio de los artículos 49 y 60 ibidem, haciendo improcedente el cobro del tributo y la sanción. Agregó que los actos acusados ignoraron el artículo 60 de la Ley 643 de 2001, que prevé l a exclusividad y prevalencia del régimen propio de los monopolios y que refuerza la prohibición del artículo 49 ibidem. De igual forma, reiteró que el impuesto que se pretendía cobrar fue establecido mediante el Acuerdo Nro. 071 de 2010, el cual es posterior a la ley referida. Precisó que la Sentencia C-1191 de 2001 de la Corte Constitucional indicó que las actividades constitutivas de monopolio podían ser gravadas siempre que fuera con tributos aplicables previamente a la prohibición de la Ley 643 de 2001, limitándose el ejercicio del poder impositivo de las autoridades locales hacia el futuro. Además, se refirió al poder tributario derivado de los municipios y departamentos y sostuvo que es indispensable, para el cobro de un tributo territorial, la expedición de una norma municipal o departamental que debe ser previa.2 Cuestionó la posición del municipio demandado frente al hecho de que la existencia del impuesto a los juegos de suerte y azar antes de que se profiriera la Ley 643 conlleve a afirmar que existía un régimen tributa rio vigente, aun cuando se haya acogido mediante acuerdo municipal posterior, pues, reiteró, es indispensable la adopción de la norma local en forma previa.

2. Violación de los artículos 1, 2, 3, 7 y 8 de la Ley 643 de 2001.

Transcribió la sentencia de 17 de octubre de 2014 del Juzgado Administrativo de

adopción de la norma local en forma previa.

2. Violación de los artículos 1, 2, 3, 7 y 8 de la Ley 643 de 2001.

Transcribió la sentencia de 17 de octubre de 2014 del Juzgado Administrativo de Descongestión Escritural de Pereira, exp. 2010 -00096, para recalcar que la explotación de los monopolios rentísticos es regulada exclusivamente por la Ley 643 de 2001, de tal forma que cualquier gravamen o impu esto que se pretenda imponer a esa actividad debe ser creado o autorizado por la ley o entidad determinada por la norma. Trajo a colación un caso similar resuelto por el Tribunal Administrativo de Nariño en sentencia del 6 de febrero de 2018, en el marco d el proceso 2015-4292.

3. Violación de los artículos 95 y 363 de la Constitución; y artículo 683 del

Estatuto Tributario. Adujo que el municipio desconoce los principios de equidad y justicia tributaria , previstos en la Constitución, así como el espíritu de justicia, contenido en el Estatuto Tributario, porque le exige más que la carga prevista por la ley , toda vez que la sociedad actora no es sujeto pasivo del tributo. Comentó que el juego novedoso Baloto en línea es de propiedad de COLJUEGOS y que la sociedad se limita a ser el operador (intermediario), pero no beneficiario económico de su explotación, situación desconocida por la Administración.

2 Citó la sentencia 12593 de 2003 del Consejo de Estado.Radicado: 76001-23-33-000-2018-00720-01 (27813)

Demandante: IGT Games S.A.S.

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2 Citó la sentencia 12593 de 2003 del Consejo de Estado.Radicado: 76001-23-33-000-2018-00720-01 (27813)

Demandante: IGT Games S.A.S.

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acotó que el Estado es el único titular de la explotación del monopolio, por lo que la remuneración del contrato de concesión no es un beneficio directo de la explotación del juego de suerte y azar, sino de la prestación de un servicio, lo cual refuerza que la actora no es sujeto pasivo del tributo.

4. Violación del artículo 29 de la Constitución Política, de los artículos 643, 715, 716 y 643 del Estatuto Tributario Nacional, de los artículos 42 y 137 de la Ley 1437 de 2011.

Manifestó que los actos acusados adolecen de falsa y falta de motivación porque se fundamentan en normas derogadas. Citó en apoyo la sentencia de l 18 de mayo de 2006, exp. 14778, C.P. María Inés Ortiz Barbosa. Precisó que la liquidación oficial de aforo no fue expedida por la autoridad administrativa competente, por lo cual no puede servir de base de la sanción, y que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración adolece de falsa motivación pues no cuantifica el tributo. Agregó que la liquidación oficial hace un recuento de las actuaciones, pero no se pronuncia de fondo para sustentar su proceder contra la sociedad, lo cual vulnera el derech o de defensa, y que dicho acto tomó el valor

pues no cuantifica el tributo. Agregó que la liquidación oficial hace un recuento de las actuaciones, pero no se pronuncia de fondo para sustentar su proceder contra la sociedad, lo cual vulnera el derech o de defensa, y que dicho acto tomó el valor de las ventas brutas sin IVA de los períodos del 2016 para cuantificar el tributo, que corresponden a las del nivel nacional y no municipal. Trajo en cita las sentencias del 17 de febrero de 2000, exp. 5501, C.P. Manuel Urueta Ayola del Consejo de Estado y SU-917 de 2010 de la Corte Constitucional. Oposición de la demanda El Municipio de Palmira controvirtió las pretensiones de la demanda por lo siguiente: Preliminarmente, propuso la excepción de fondo que denominó «LEGALIDAD DE LOS ACTOS DEMANDADOS» . Explicó que la Administración no sustentó el cobro del tributo en el Acuerdo Nro. 071 de 2010, sino en las leyes 69 de 1946, 33 de 1968 y 643 de 2001, así como en el Decreto 1333 de 1986 y la Sentencia C-537 de 1995 de la Corte Constitucional. Advirtió que las referencias a la norma municipal se efectuaron por aspectos procesales y para preservar el debido proceso. Anotó que, con la cesión del cobro del impuesto a los entes territoriales efectuada por la Ley 33 de 1968, el principio de legalidad del tributo se encontraba satisfecho, pues los municipios solo deben definir sus elementos cuando la ley no lo ha hecho, sin que sea necesaria su reiteración a través de acuerdo municipal, por lo cual en nada incide que el Acuerdo Nro. 071 de 2010 sea posterior a la Ley 643 de 2001.

pues los municipios solo deben definir sus elementos cuando la ley no lo ha hecho, sin que sea necesaria su reiteración a través de acuerdo municipal, por lo cual en nada incide que el Acuerdo Nro. 071 de 2010 sea posterior a la Ley 643 de 2001. Señaló que el acuerdo municipal no se basa en las leyes 69 de 1946 y 33 de 1968, pues la exist encia de este corresponde con las necesidades del municipio en el ámbito de su amplia reglamentación interna y no en las leyes señaladas. Sobre la ratificación de la derogatoria de la Ley 643 de 2001 efectuada por el numeral 11 del artículo 376 de Ley 1819 de 2016, mencionó que dicha norma solo entró en vigor a partir de su promulgación y hacia el futuro, con lo cual no puede afectar situaciones jurídicas consolidadas frente a períodos ya causados e indicó que dicha disposición “es un ejemplo claro de lo que la Corte Constitucional denomina ‘mico legislativo’”3, pues apareció sorpresivamente y a última hora, sin cumplir los debates constitucionales, y que el juez debe hacer prevalecer la Carta Política sobre este, en el marco de la excepción de inconstitucionalidad.4

3 Samai, índice 3, PDF de la oposición a la demanda, página 8. 4 Citó la sentencia C-177 de 1996 de la Corte Constitucional.Radicado: 76001-23-33-000-2018-00720-01 (27813)

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que la derogatoria mencionada se refiere únicamente al numeral 1 del artículo 7 de la Ley 12 de 1932 , ya que esta última norma previó un período de vigencia limitado de los tributos creados por ella misma, hasta que se hubiesen amortizado los empréstitos, lo cual ocurrió en 1940. A partir de lo anterior, concluyó que esta disposición había dejado de producir efectos para 2016, lo cual no ocurrió con las restantes normas vigentes al expedirse la Ley 643 de 2001 5, de manera que la derogatoria de estas no podía ratificarse pues simplemente no habían desaparecido del tráfico jurídico. Enfatizó en que el Consejo de Estado expresó que la Ley 643 de 2001 no suprimió la Ley 69 de 1946 que reguló el impuesto a los juegos de suerte y azar. Reseñó las sentencias de constitucionalidad sobre el tema6 y manifestó que ninguna de ellas se refiere a una derogatoria de las leyes 69 de 1946, 33 de 1968 ni del Decreto 1333 de 1986. A partir del precedente jurisprudencial, argumentó que el régimen tributario previsto por las normas citadas no fue eliminado. Agregó que las leyes 69 de 1946 y 33 de 1968 y el Decreto 1333 de 1986 no son contrarias al espíritu de la reforma tributaria de 2016, la cual no tuvo como objetivo suprimir impuestos, sino aumentar su recaudo y contrarrestar la evasión y elusión

contrarias al espíritu de la reforma tributaria de 2016, la cual no tuvo como objetivo suprimir impuestos, sino aumentar su recaudo y contrarrestar la evasión y elusión fiscal. Insistió en que no es posible ratificar una derogatoria que no existía y, además, el numeral 11 del artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 solo apareció sorpresivamente en las horas finales del trámite del proyecto de ley, como se desprende de las gacetas. Frente a la categorización del Baloto como novedoso, sustentó que ninguna norma prohíbe el cobro del impuesto a los juegos de suerte y azar a esa tipología y que la alusión del demandante al artículo 40 de la Ley 643 de 2001 permite inferir que confunde derechos de explotación con impuestos o ignora que estos coexisten. Afirmó que la demandante no invocó la parte final del artículo 60 de la Ley 643 de 2001 que señala que esta norma debe aplicarse sin perjuicio del régimen tributario vigente compuesto por las leyes 69 de 1946 y 33 de 1968 y el Decreto 1333 de 1986. Ratificó que la Corte Co nstitucional y el Consejo de Estado han sostenido que las normas que soportan el impuesto a los juegos de suerte y azar están vigentes y es viable su cobro en virtud de la ley, sobre lo cual transcribió la Sentencia C-1191 de 2001 de la Corte Constitucional. Agregó que la Sentencia C-584 de 2001 culminó con decisión inhibitoria, por lo que no es aplicable, y que su contenido fue revaluado y aclarado en otras sentencias

2001 de la Corte Constitucional. Agregó que la Sentencia C-584 de 2001 culminó con decisión inhibitoria, por lo que no es aplicable, y que su contenido fue revaluado y aclarado en otras sentencias que sí hicieron tránsito a cosa juzgada, entre otras: C-537 de 1995, C-521 de 1997, C-169 de 2004, C-1191 de 2001, C-577 de 2004, C-332 de 2010 y C-615 de 2013 que se pronuncian sobre la vigencia del impuesto a los juegos de suerte y azar. Resaltó que el Consejo de Estado señaló 7 que el impuesto de juegos de suerte y azar se encontraba vigente para los períodos objeto de cobro (2012 a 2016). Sobre la violación del artículo 49 de la Ley 643 de 2001, estimó que la prohibición de gravar los monopolios de juegos de suerte y azar contenida en la Ley 643 de 2001 tiene dos excepciones. La primera consiste en el respeto por el régimen tributario vigente al momento de su promulgación, compuesto por las leyes 69 de 1946 y 33 de 1968, así como por el Decreto 1333 de 1986. La segunda, en que gravar es sinóni mo de crear, por lo que se prohibió a las entidades territoriales

5 Trajo a colación las sentencias del 11 de agosto de 2011, exp. 17785, C.P. William Giraldo Giraldo y del 25 de abril de 2016, rad. 11001 -03-15-000-2015-02768-01, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez del Consejo de Estado y C-577 de 2004 de la Corte Constitucional.

de abril de 2016, rad. 11001 -03-15-000-2015-02768-01, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez del Consejo de Estado y C-577 de 2004 de la Corte Constitucional. 6 Concretamente: C-537 de 1995, C-521 de 1997, C-1191 de 2001, C-577 de 2004, C-169 de 2004, C-332 de 2010 y C-615 de 2013. 7 Invocó la sentencia del 11 de agosto de 2011, exp. 17785, C.P. William Giraldo Giraldo.Radicado: 76001-23-33-000-2018-00720-01 (27813)

Demandante: IGT Games S.A.S.

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co imponer un nuevo impuesto sobre los juegos de suerte y azar, pero no adelantar el cobro del tributo autorizado en la ley. Expuso el contenido de la Sentencia C -1191 de 2001 y, con fundamento en ella, señaló que cuando la Corte Constitucional habla de juegos y apuestas, se refiere a los concesionarios u operadores a los que el Estado les otorgó licencia para explotar dichas actividades. Y que, cuando enuncia que la actividad ya está gravada, e s porque fue sujeta a imposición a través de la ley, y no por un acto del municipio de Palmira. Recalcó que el ente territorial no impuso el gravamen a los juegos de suerte y azar, sino que este fue creado por el Congreso de la República, quien lo cedió a los municipios desde el 1 de enero de 1969.

Palmira. Recalcó que el ente territorial no impuso el gravamen a los juegos de suerte y azar, sino que este fue creado por el Congreso de la República, quien lo cedió a los municipios desde el 1 de enero de 1969. Advirtió que el impuesto que la sociedad adeuda no debe confundirse con los derechos de explotación que se pagan con destino al sector salud por la concesión u operación de juegos de suerte y azar, obligaciones que son independientes y coexisten como deberes para el sujeto pasivo del tributo. Citó en apoyo la sentencia C-597 de 1995 de la Corte Constitucional. Sostuvo que el impuesto de juegos de suerte y azar goza de protección en virtud de lo s artículos 294 y 362 de la Constitución y que los derechos de explotación están regulados en el artículo 336 ibidem. Y, con base en la jurisprudencia8, anotó que la existencia tanto del impuesto como de los derechos es válida. Explicó que el municipio sus tenta el tributo en las leyes que contienen sus elementos y no en el Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 071 de 2010). Frente a la violación del artículo 60 de la Ley 643 de 2001, reiteró que, al momento de la promulgación de dicha norma, el tributo estaba regulado por las leyes 69 de 1946, 33 de 1968 y el Decreto 1333 de 1986, las cuales habían sido declaradas compatibles con la Constitución. Además, adujo que el régimen tributario vigente para ese momento no se circunscribe a las normas de carácter municipal, como erróneamente lo afirma el demandante. Insistió en que el municipio de Palmira no creó un nuevo tributo después del inicio

tributario vigente para ese momento no se circunscribe a las normas de carácter municipal, como erróneamente lo afirma el demandante. Insistió en que el municipio de Palmira no creó un nuevo tributo después del inicio de la vigencia de la Ley 643 de 2001, pues el Acuerdo 071 de 2010 lo único que hizo fue reglamentar algo que ya estaba creado. Manifestó que cualquier tributo vigente para ese momento continúa inalterado, por lo que el impuesto a los juegos de suerte y azar podía ser cobrado aún sin la existencia del acuerdo municipal. Aclaró que el tributo objeto de debate es sui generis porque fue de carácter nacional hasta que se cedió a los municipios con la Ley 33 de 1968, con lo cual sus elementos fueron creados por la ley, siendo potestativo de cada ente territorial reglamentarlo una vez ocurrió la cesión. En cuanto a la violación d e los artículos 1, 2, 3, 7 y 8 de la Ley 643 de 2001, reiteró los argumentos previos y reseñó que la sentencia del Juez Administrativo de Descongestión Escritural del Circuito de Pereira contradice la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Aseguró que las afirmaciones del demandante desconocen la coexistencia de los derechos de explotación y el impuesto a los juegos de suerte y azar, aval ada por la jurisprudencia, y la preservación del régimen tributario vigente. Aseveró que la referencia del fallo invocando el Decreto 4142 de 2011 no aplica pues se refiere a las funciones de COLJUEGOS sobre los derechos de explotación. Cuestionó el fallo del Tribunal Administrativo de Nariño por cuanto, en su criterio,

invocando el Decreto 4142 de 2011 no aplica pues se refiere a las funciones de COLJUEGOS sobre los derechos de explotación. Cuestionó el fallo del Tribunal Administrativo de Nariño por cuanto, en su criterio, los derechos de explotación no constituyen un tributo sino una renta y,

8 Sobre el tema citó las sentencias del 26 de septiembre de 2000, exp. 12669, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, de 12 de abril de 2007, exp. 15382, C.P. María Inés Ortiz Barbosa del Consejo de Estado y C1191 de 2001 y C-332 de 2010 de la Corte ConstitucionalRadicado: 76001-23-33-000-2018-00720-01 (27813)

Demandante: IGT Games S.A.S.

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adicionalmente, la sentencia equipara los términos gravar y cobrar y el municipio se limitó a hacer lo segundo, pues lo primero lo realizó el Congreso de la República . Acotó que el Tribunal confundió el impuesto de industria y comercio con el de juegos de suerte y azar, al invocar precedente del Consejo de Estado. Hizo hincapié en la vigencia de las normas reguladoras del impuesto a los juegos de suerte y azar a partir de las sentencias C-615 de 2013 y de 25 de abril de 2016, rad. 11001-03-15-000-2015-02768-01, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez del Consejo de Estado. Citó la sentencia de 14 de diciembre de 2015, M.P. Víctor Adolfo

rad. 11001-03-15-000-2015-02768-01, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez del Consejo de Estado. Citó la sentencia de 14 de diciembre de 2015, M.P. Víctor Adolfo Hernández Díaz del Tribunal Administrativo de Nariño que avaló la procedencia del tributo. Afirmó que el Tribunal se apartó del precedente jurisprudencial vertical que tiene efectos erga omnes, lo cual puede derivar en el delito del prevari cato, por lo que el fallo reseñado por la actora no aplica en el debate. Frente a la violación de los artículos 95 y 363 de la Constitución y 683 del Estatuto Tributario, recalcó que el municipio no gravó la actividad de juegos de suerte y azar y no exigió ni más ni menos de lo que la ley autoriza a la sociedad, que sí era sujeto pasivo del tributo, a partir de la sentencia C -537 de 1995 , pues funge como concesionario u operador de las apuestas de Baloto, como se evidencia del contrato de concesión y el objeto social de la demandante. Con respecto a la falsa motivación y falta de motivación, señaló que la Subsecretaria de Ingresos y Tesorería del Municipio era competente para expedir la liquidación impugnada, a partir del artículo 285 del Decreto 108 de 2016. Precisó que, ante la ausencia de respuesta a la petición de las cifras relativas a las ventas brutas de Baloto, decidió realizar cruce de información de COLJUEGOS, a partir de la cual determinó el impuesto a cargo, solo considerando las ventas brutas en el municipio de Palmira. Insistió en que los actos están fundamentados y exigió la aplicación del precedente jurisprudencial. Sentencia apelada

la cual determinó el impuesto a cargo, solo considerando las ventas brutas en el municipio de Palmira. Insistió en que los actos están fundamentados y exigió la aplicación del precedente jurisprudencial. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de los actos acusados, con fundamento en los siguientes planteamientos: Luego de exponer el marco normativo aplicable a este caso, indicó que la Ley 643 de 2001 derogó las normas que regulaban el impuesto a los juegos de suerte y azar y prohibió gravar el monopolio rentístico de dicha actividad. Acotó que esa prohibición cobija los juegos novedosos, como aquellos que comprenden el objeto social de la actora. Frente a las sentencias de la Corte Constitucional invocadas por el municipio para sustentar la vigencia del tributo, adujo que estas se profirieron antes de la expedición de la Ley 643 de 2001, de manera que no son aplicables a este caso. Además, expuso que el Consejo de Estado, en sentencia del 30 de agosto de 2016, exp. 21834, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, determinó que la Ley 643 de 2001 derogó las normas que regulaban el impuesto de juegos permitidos. Y, en la sentencia del 11 de agosto de 20 11, exp. 17785, C.P. William Giraldo Giraldo, se definieron las modalidades de juegos de suerte y azar que están excluidas de la aplicación de la Ley 643, dentro de las cuales no están los juegos novedosos. Concluyó que la Secretaría de Hacienda de Palmir a no podía gravar el monopolio rentístico de suerte y azar y que los actos quebrantaron las normas en que debían fundarse.

Concluyó que la Secretaría de Hacienda de Palmir a no podía gravar el monopolio rentístico de suerte y azar y que los actos quebrantaron las normas en que debían fundarse. Condenó en costas al municipio porque consideró que se comprobaron y, por lo tanto, fijó las agencias del derecho en la suma de un sa lario mínimo legal vigente, de conformidad con el Acuerdo No. PSAA16 -10554 del 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.Radicado: 76001-23-33-000-