CE - 012333000201800722011SENTENCIA20231027171843

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00722-01 (25698)

Demandante: Ecopetrol S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 68001-23-33-000-2018-00722-01 (25698)

Demandante: Ecopetrol S.A.

Demandado: Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de

Barrancabermeja

Temas: ICA. 2015. Exención sobre actividades de exploración y explotación de petróleo. Regalías recibidas. Territorialidad. Medios de prueba.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 18 de enero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó pretensiones y la condenó en costas (índice 2)1.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Con la Liquidación Oficial de Revisión nro. 159, del 03 de abril de 2017 (ff. 107 a 118 vto.), la demandada modificó la declaración del ICA (impuesto de industria y comercio ,

Con la Liquidación Oficial de Revisión nro. 159, del 03 de abril de 2017 (ff. 107 a 118 vto.), la demandada modificó la declaración del ICA (impuesto de industria y comercio , avisos y tableros ) presentada por la actora por el año gravable 2015 , en el sentido de incrementar los ingresos gravados, a consecuencia de rechazar parte de las deducciones denunciadas y de los ingresos declarados como percibidos en otras jurisdicciones, motivo por el que además impuso sanción por inexactitud (ff. 89 a 93). La decisión fue confirmada en la Resolución nro. 132, del 12 de abril de 2018 (ff. 148 a 176 vto.).

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes p retensiones (ff. 2 y 3):

Primera: Que son nulos los siguientes actos administrativos proferidos por la Secretaría de Hacienda de Barrancabermeja, Santander, por haber sido expedidos con violación a las normas nacionales y locales a

las que hubieren tenido que sujetarse:

• Liquidación Oficial de Revisión nro. 159, del 03 de abril de 2017, de la declaración del impuesto de industria y comercio del año gravable 2015.

1 Todas las menciones de «índices» aluden al historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai.Radicado: 68001-23-33-000-2018-00722-01 (25698)

Demandante: Ecopetrol S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 • Resolución nro. 132 , del 12 de abril de 2018 , por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración presentado por Ecopetrol contra la L iquidación Oficial de Revisión nro. 159, del 03 de abril de 2017.

Segunda: Que, como consecuencia de lo anterior, se declare en firme la declaraci ón privada por el año gravable 2015, presentada el 18 de abril de 2016, con formulario nro. 1206006873.

Tercera: Que se condene en costas por los gastos del proceso y agencias en derecho incurridas por mi poderdante, atendiendo las normas procesales y lim itaciones establecidas en los artículos 188 del CPACA, que remite a los artículos 363, 365 y 366 del Código General del Proceso.

A los anteriores efectos, invocó como normas violadas los artículos 29 de la Constitución; 16 del CP (Código de Petróleos, Decreto 1056 de 1953); 195 a 197 y 259.2 del Decreto 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal); 647, 711 y 746 del ET (Estatuto Tributario);

16 del CP (Código de Petróleos, Decreto 1056 de 1953); 195 a 197 y 259.2 del Decreto 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal); 647, 711 y 746 del ET (Estatuto Tributario); 27 de la Ley 141 de 1994; 137 del CPACA; y 26, 30, 32 y 39 del Acuerdo 29 de 2005 , bajo el siguiente concepto de violación (ff. 12 a 49):

Sostuvo que su contraparte violó el debido proceso y su derecho de defensa por la falta de correspondencia que planteó que existía entre el requerimiento especial y el acto final de liquidación, en la medida en que la prueba de las regalías pagadas y del «ICA teórico» en todos los municipios y distritos exigida como requisito para la aplicación de la exención establecida en la letra c. del ordinal 2.° del artículo 259 del Decreto 1333 de 1986 no se contempló en el acto previo pero sí en el definitivo.

Para controvertir el fondo de la decisión, a legó que los actos acusados infringían la exención de tributos territoriales dispuesta en los artículos 16 del CP y 27 de la Ley 141 de 1994 que amparaba la explotación de recursos naturales no renovables. Planteó que, siendo su actividad lucrativa la explotación de petróleo , estaría desgravada de l ICA en todas las localidades, sin perjuicio de lo cual había declarado y pagado el impuesto en la jurisdicción de su contraparte teniendo en cuenta las diversas interpretaciones jurídicas existentes sobre el alcance de la exención y su política corporativa de responsabilidad social con las regiones del país . Sostuvo que, bajo la letra e. del Acuerdo 29 de 2005,

jurisdicción de su contraparte teniendo en cuenta las diversas interpretaciones jurídicas existentes sobre el alcance de la exención y su política corporativa de responsabilidad social con las regiones del país . Sostuvo que, bajo la letra e. del Acuerdo 29 de 2005, concordante con la letra c. del ordinal 2.° del artículo 259 del Decreto 1333 de 1986 , también estaría exonerada del ICA en el periodo debatido porque las regalías que pagó, asignadas a la demandada, excedían el impuesto que tendría a cargo.

Argumentó que, aun si se juzgase que le era exigible autoliquidar y pagar el ICA debatido, la demandada erró al gravar los ingresos obtenidos por la venta de la mezcla que declaró como deducción, porque los habría obtenido en otros municipios. Explicó que, aunque se equivocó al reportarlos inicialmente en la contabilidad como ventas a una zona franca sita en el territorio de la demandada, pronto corrigió ese error contable pues, realmente, se trataba de ventas de crudo extraído en otras jurisdicciones. Además censuró que su contraparte tuviera como única prueba viable para demostrar la obtención de ingresos en otras localidades las declaraciones del ICA que hubiere presentado en tales municipios, máxime cuando en algunos estuvo exonerada del tributo, habida cuenta de las regalías pagadas. Afirmó haber acreditado la extraterritorialidad de los ingresos con otros medios de prueba, como los registros contables y la certificación de su coordinadora de operación tributaria. Por ende, se opuso a l rechazo de los montos detraídos de la base imponible basado exclusivamente en las cifras que no constaban como gravadas en declaraciones presentadas en otras jurisdicciones.

tributaria. Por ende, se opuso a l rechazo de los montos detraídos de la base imponible basado exclusivamente en las cifras que no constaban como gravadas en declaraciones presentadas en otras jurisdicciones.

También reprochó que no se le permitiera excluir de la base gravable los ingresos por marcación de combustible que, por error, declaró como gravados, pese a que se trataba de una recuperación de costos que no realizaba el hecho generador del impuesto.Radicado: 68001-23-33-000-2018-00722-01 (25698)

Demandante: Ecopetrol S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Por lo expuesto, se opuso a la imposición de la sanción por inexactitud, pues adujo no haber incurrido en la conducta infractora tipificada en el artículo 647 del ET, sin perjuicio de lo cual advirtió que, si lo hubiera hecho, se le debía exonerar de la consecuencia punitiva por estar incursa en un error exculpatorio, relativo a la comprensión del derecho que rige la exoneración del ICA para el sector de hidrocarburos y el aspecto espacial del hecho generador del impuesto.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (ff. 520 a 532), para lo cual afirmó que la liquidación oficial demandada se ciñó a las glosas propuestas en el requerimiento especial, tras considerar los planteamientos hecho en la contestación al requerimiento especial.

Sobre el fondo, alegó que la exención prevista en el artículo 16 del CP no abarcaba la

especial, tras considerar los planteamientos hecho en la contestación al requerimiento especial.

Sobre el fondo, alegó que la exención prevista en el artículo 16 del CP no abarcaba la refinación de hidrocarburos, actividad que s ería adicional al proceso de explotación de l petróleo exento de los impuestos territoriales . Agregó que tampoco procedía reconocer la exoneración establecida en la letra c. del ordinal 2.° del artículo 259 del Decreto 1333 de 1986, porque la demandante no acreditó que el monto de las regalías asignadas a cada municipio o distrito superara el ICA que tendría a cargo en el periodo. Adujo que los ingresos que gravó por las ventas a la zona franca ubicada en su territorio estaban soportados en la contabilidad de la actora y en las afirmaciones de sus repres entantes en la mesa de trabajo desarrollada en el procedimiento de fiscalización , pruebas a las que, en su criterio, no se le podría restar valor probatorio a partir del certificado del revisor fiscal que la actora aportó después del emplazamiento para corregir, que no cumpliría los requisitos previstos para asignarle el valor de prueba contable . Agregó que, como su contraparte no acreditó haber percibido esos ingresos fuera de la jurisdicción, estarían gravados. También, defendió el rechazo de parte de los ingresos que declaró la actora como extraterritoriales, porque esta omitió probar que desarrolló la actividad gravada en otras jurisdicciones y que pagó el ICA correspondiente, aún más cuando en la jurisdicción de Barrancabermeja está ubicada la sede fabril. Por otra parte, sostuvo que la marcación de combustible era un servicio gravado con el ICA, al margen de que su precio sea para recuperar costos.

de Barrancabermeja está ubicada la sede fabril. Por otra parte, sostuvo que la marcación de combustible era un servicio gravado con el ICA, al margen de que su precio sea para recuperar costos.

Finalmente, defendió la imposición de la sanción por inexactitud, habida cuenta de que en el denuncio revisado se reportaron aminoraciones de la base gravable no probadas.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la actora (índice 2). J uzgó qu e no se violó el debido proceso porque toda la actuación administrativa estuvo referida a la improcedencia de los ingresos que declaró la actora como percibidos en otras jurisdicciones. Estimó que la desgravación de impuestos territoriales para la explotación de recursos naturales no renovables abarcaba las primeras actividades de la cadena de producción (i.e. la exploración y la explotación), pero que la actividad de la actora no estaba amparada en esa exención porque consistía en la comercialización de «combustibles y sus derivados». Además, señaló que tratándose de ventas que se perfeccionaron en la jurisdicción demandada, estaban gravadas con el ICA . También, juzgó que, como la demandante no probó la extraterritorialidad de los ingresos discutidos, procedía adicionarlos a la base gravable. Dado el aval a las modificaciones hechas a la autoliquidación revisada, declaró la juridicidad de la sanción por inexactitud impuesta.Radicado: 68001-23-33-000-2018-00722-01 (25698)

Demandante: Ecopetrol S.A.

autoliquidación revisada, declaró la juridicidad de la sanción por inexactitud impuesta.Radicado: 68001-23-33-000-2018-00722-01 (25698)

Demandante: Ecopetrol S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Recurso de apelación

La demandante apeló la decisión del tribunal (índice 2), para lo cual insistió en que la liquidación oficial violó la regla de correspondencia porque no se contrajo a las glosas propuestas en el requerimiento especial, sino que introdujo un planteamiento nuevo conforme al cual para acreditar la exención prevista en la letra c. del ordinal 2.° del artículo 259 del Decreto 1333 de 1986, debían probarse las regalías pagadas y el «ICA teórico» en cada municipio y distrito, lo cual le impidió aportar esas pruebas desde la respuesta al acto preparatorio para ejercer su derecho de defensa. Censuró que, para dirimir la litis, el tribunal entendiera que desarrolló una actividad comercial consistente en la venta de combustible, pues no estaba en discusión que su actividad era de tipo industrial, ya que en los actos acusados se aceptó que los bienes comercializados eran producidos por ella misma. Basándose en la sentencia de esta Sección del 17 de septiembre de 2022 (exp. 24004, CP: Julio Roberto Piza), insistió en que los ingresos de la litis estaban cobijados por la desgravación dispuesta en el artículo 259 citado, porque probó que el monto de las regalías pagadas en la jurisdicción demandada superó el ICA a su cargo.

por la desgravación dispuesta en el artículo 259 citado, porque probó que el monto de las regalías pagadas en la jurisdicción demandada superó el ICA a su cargo.

Reiteró que estaba probado que el ingreso que declaró como una deducción fue percibido en otros municipios, pues se obtuvo por la venta de la mezcla discutida, que no fue tratada en la refinería ubicada en el territorio de la demanda, sino que se transportó hasta la planta de exportación de Coveñas para realizar el drenaje de agua libre, tomar las muestras de calidad y bombea rla al puerto par a su exportación o a la refinería de Cartagena. Expuso que, aunque inicialmente contabilizó ese ingreso a título de venta a una zona franca ubicada en la jurisdicción de la demandada, se debió a un error contable que corrigió. Aseguró que con esa corrección no pretendía negar el valor probatorio de su contabilidad, sino reflejar la realidad de las operaciones, siguiendo la reglas para enmendar los yerros en los registros contables de periodos anteriores (a rtículo 106 del Decreto 2649 de 1993). Además, reprochó que el a quo avalara la adición de los ingresos que percibió en otras municipalidades. Señaló que esa modificación a la declaración se fundó en la diferencia que determinó su contraparte entre los ingresos declarados en la declaración y lo denunciado como gravado en las demás localidades, pero reprochó que no se tomaron en cuenta todas las declaraciones del ICA presentadas por el periodo en cuestión, las particularidades de los formularios dispuestos para la autoliquidación del impuesto (pues algunos municipios solo permiten reportar el ingreso gravado) y que no se observara que solo tuvo qu e declarar en aquellas jurisdicciones en las que pagó

cuestión, las particularidades de los formularios dispuestos para la autoliquidación del impuesto (pues algunos municipios solo permiten reportar el ingreso gravado) y que no se observara que solo tuvo qu e declarar en aquellas jurisdicciones en las que pagó regalías superiores al ICA que tendría a cargo. También censuró que no se estimaran los demás medios de prueba que obran aportados, que daban cuenta del lugar donde se percibieron los ingresos que detrajo en la autoliquidación revisada, y que el tribunal no se pronunciara sobre la exclusión de los ingresos por la actividad de «marcación de combustible», pese a que demostró que no estaba gravada con el ICA, porque no se trata de un servicio, sino de una prestación legal a favor de la Nación por la que recibió el rembolso de los costos. Impugnó que tampoco hubo un pronunciamiento sobre la desgravación de los ingresos por la exportación y por el transporte de hidrocarburos, los cuales, en su criterio, no realizaban el hecho generador del ICA y estaban probados.

Por último, se opuso a la sanción por inexactitud, frente a lo cual señaló que su conducta no se adecuó al tipo infractor descrito en el artículo 647 del ET y que, de haberlo hecho, tendría causa en un error exculpatorio sobre la comprensión del derecho aplicable.

Pronunciamientos sobre el recurso

La demandada y del ministerio público guardaron silencio en esta etapa procesal.Radicado: 68001-23-33-000-2018-00722-01 (25698)

Demandante: Ecopetrol S.A.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos de impugnación planteados por la demandante , en calidad de apelante única , contra la sentencia del tribunal que negó sus pretensiones y la condenó en costas. Por tanto , corresponde establecer si se transgredió la regla de correspondencia entre los actos administrativos del procedimiento de revisión y si con ello se violó el derecho de defensa. De no ser así, se definirá si los ingresos en cuestión estaban desgravados del ICA en la jurisdicción de la demandada , considerando el monto pagado a título d e regalías; si procedía gravar los ingresos obtenidos por ventas efectuadas en otros municipios; y si la demandante probó la extraterritorialidad de los ingresos que declaró haber percibido en otras municipalidades. De ser el caso, se definirá si la autoridad tributaria debía excluir los ingresos por marcación de combustible que la actora erróneamente declaró como gravados; y si procedía la sanción por inexactitud impuesta.

Con todo, la Sala se abstendrá de emitir juicio sobre los cargos de apelación relativos a la desgravación de las exportaciones y del transporte de hidrocarburos porque se trata de planteamientos novedosos, en la medida en que no están relacionados con los cargos de violación formulados en el escrito de demanda. Sobre el particular cabe recalcar que las exigencias legales sobre la congruencia del fallo de segunda instancia (artículo 281

de planteamientos novedosos, en la medida en que no están relacionados con los cargos de violación formulados en el escrito de demanda. Sobre el particular cabe recalcar que las exigencias legales sobre la congruencia del fallo de segunda instancia (artículo 281 del CGP, Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012) impiden a bordar esas impugnaciones en la medida en que implican una violación de los derechos al debido proceso y a la defensa y contradicción de la contraparte2.

2Sobre la primera cuestión debatida, la apelante única alega que su contraparte violó la regla de correspondencia prevista en el artículo 711 del ET por que planteó en el acto de liquidación, sin haberlo hecho en el requerimiento especial, que, para comprobar la desgravación dispuesta en la letra c. del ordinal 2.° del artículo 259 del Decreto 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal, precepto en el que codificó el artículo 39 de la Ley 14 de 1983), era necesario que se acreditaran las regalías pagadas y el ICA que tendría a cargo en cada uno de los municipios y distritos del país, circunstancia que en su criterio frustró el adecuado ejercicio de su derecho a aportar esas pruebas desde la respuesta al acto previo. En el otro extremo, la demandada sostiene que no se afectó la exigencia de correspondencia entre los actos expedidos en el procedimiento , porque se trató de un mejor argumento desarrollado frente a los planteamientos formulados por la demandante al contestar el requerimiento especial; y añade que la liquidación oficial de revisión se ciñó a efectuar las modificaciones propuestas en el acto preparatorio. En esos términos,

mejor argumento desarrollado frente a los planteamientos formulados por la demandante al contestar el requerimiento especial; y añade que la liquidación oficial de revisión se ciñó a efectuar las modificaciones propuestas en el acto preparatorio. En esos términos, debe la Sala establecer si se infringió la regla de correspondencia y, por ende, el derecho de defensa de la actora.

2.1El artículo 711 del ET establece que las modificaciones a las declaraciones tributarias deben relacionarse con los datos denunciados por el declarante y corresponder a los hechos planteados en el requerimiento especial o en su ampliación, si la hubiera. Esto, a fin de garantizar el ejercicio del derecho de defensa del obligado tributario, para que efectúe las alegaciones, brind e las explicaciones y aport e las pruebas que estime pertinentes para controvertir la propuesta o la decisión de la autoridad de impue stos. Al pronunciarse sobre el alcance de esa exigencia, esta Sección ha estimado que la falta de correspondencia ocurre cuando la liquidación oficial se basa en « hechos» distintos a los presentados en el acto preparatorio, que se concretan en « glosas» diferentes a las

2 Sentencias del 26 de julio de 2012, exp. 18380, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; del 25 de noviembre de 2014, exp. 19031, CP: Jorge Octavio Ramírez; y del 19 de febrero y del 29 de abril de 2020, exps. 22748 y 23677, CP: Julio Roberto Piza, entre muchos otros.Radicado: 68001-23-33-000-2018-00722-01 (25698)

Demandante: Ecopetrol S.A.

otros.Radicado: 68001-23-33-000-2018-00722-01 (25698)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 conocidas por el administrado3. También se ha aclarado que nada impide que la autoridad de impuestos plantee en la liquidación oficial argumentos adicionales a los inicialmente formulados, siempre que se refieran a los mismos reproches i ndicados en el acto preparatorio, más si con ellos se atienden los argumentos expuestos por el contribuyente o se valoran los medios de prueba aportados.

2.2Partiendo de ese criterio, la Sala observa que, mediante el requerimiento especial la demandada propuso incrementar los ingresos gravados en su jurisdicción, entre otras razones, por el rechazo del monto de $4.908.719.894.000 declarado en el renglón de «ingreso fuera de Barrancabermeja actividad principal», que no estaría soportado en las declaraciones que presentó la actora en otros municipios y distritos (ff. 89 a 93). Para desvirtuar ese planteamiento, en contestación al requerimiento especial, la demandante indició que el hecho de que la autoridad tributaria «no evidencie el pago del ICA en otras jurisdicciones, no quiere decir que entonces esos ingresos fueron obtenidos del desarrollo de actividades en su territorio », ya que «gran parte de las actividades que desarrolla la compañía no se encuentran gravadas con ICA por expresa disposición legal», por cuanto «el pago del ICA en la actividad de explotación de hidrocarburos está condicionado a que

de actividades en su territorio », ya que «gran parte de las actividades que desarrolla la compañía no se encuentran gravadas con ICA por expresa disposición legal», por cuanto «el pago del ICA en la actividad de explotación de hidrocarburos está condicionado a que el valor de las regalías sean inferiores al cálcul o del impuesto» (ff. 95 a 105). En el acto de liquidación la demandada rechazó la cifra indica en el requerimiento especial, para lo cual explicó que era improcedente el alegato de la actora porque, para acreditar la extraterritorialidad de los réditos desgravados por disposición de la letra c. del ordinal 2.° del artículo 259 del Decreto 1333 de 1986, debía probar que las regalías asignadas a los municipios y distritos fueron superiores al ICA que tendría a cargo en esas jurisdicciones (ff. 107 a 118 vto).

2.3De lo expuesto se advierte que, contrariamente a lo indicado por la apelante única, la liquidación oficial no alteró el contenido de la glosa propuesta en el requerimiento especial. Al contrario. Como la actora afirmó que parte de los ingresos percibidos en otros municipios no estarían soportados en declaraciones presentadas en estos, habida cuenta de la desgravación prevista en la letra c. del ordinal 2.° del artículo 259 del Decreto 1333 de 1986, la autoridad tributaria puntualizó en el acto definitivo que no se habían probado esos ingresos exentos, para lo cual hacía falta comprobar las regalías asignadas a cada municipio y distrito junto con el ICA que se causaría por los ingresos obtenidos en es as jurisdicciones. Por ende, juzga la Sala que la demandada no incurrió en la irregularidad

municipio y distrito junto con el ICA que se causaría por los ingresos obtenidos en es as jurisdicciones. Por ende, juzga la Sala que la demandada no incurrió en la irregularidad procedimental que le atribuye la apelante únic a, pues los actos expedidos en el marco del procedimiento de revisión observaron la regla de correspondencia dispuesta en el artículo 711 del ET, sin afectar el derecho de defensa de su contraparte. No prospera el cargo de apelación.

3De otra parte , el tribunal concluyó que, como la actora desarrolló en la jurisdicción acusada una actividad comercial de venta de «combustibles y sus derivados », los ingresos que generó estaban gravados con el ICA porque la desgravación de impuestos territoriales prevista para la explotación de recursos naturales no renovables solo ampara las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. A esa sentencia se opuso la apelante única, argumentando que en el sub lite no estaba en discusión la calificación de su actividad como industrial, pues su contraparte aceptó que comercializó el crudo que ella misma explotó . Por ende, sostiene que correspondía aplicar la desgravación dispuesta en la letra c. del ordinal 2.° del artículo 259 del Decreto 1333 de 1986 dado que cumplió con la condición de pagar en el distrito demandado regalías superiores al valor de la cuota tributaria que fue liquidada en los actos demandados . En esos términos, le

3 Sentencias del 09 de diciembre de 2004, exp. 14307, CP: María Inés Ortiz Barbosa; del 05 de octubre de 2016 y del 13 de diciembre de 2017, exps. 19366 y 20858, CP: Jorge Octavio Ramírez; del 14 de junio de 2018, exp. 20821, CP: Milton Chaves García; y del 02 de diciembre de 2021, exp. 23424, CP: Julio Roberto Piza.Radicado: 68001-23-33-000-2018-00722-01 (25698)

Demandante: Ecopetrol S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 corresponde a la Sala definir si, en el caso concreto, la actora ejerció las actividades de exploración y explotación de petróleo durante el periodo cuestionado, y, de ser el caso, si los ingresos de esas labores estarían desgravados por estar amparados en letra c. del ordinal 2.° del artículo 259 del Decreto 1333 de 1986.

3.1De cara a resolver si la actora ejerció las actividades de exploración y explotación de petróleo durante el periodo cuestionado, la Sala precisa que de la formulación legal del hecho imponible del ICA se ocupó el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 (posteriormente codificado en el artículo 195 del Decreto 1333 de 1986 y re plicado en el artículo 26 del Acuerdo 29 de 2005). Según ese precepto, el impuesto grava, entre otras, las actividades industriales que se ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales ,

Acuerdo 29 de 2005). Según ese precepto, el impuesto grava, entre otras, las actividades industriales que se ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales , entendiéndose como tal «las dedicadas a la producción, extracción, fabricación, confección, preparació n, transformación, reparación, manufactura y ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes » (artículo 34 de la Ley 14 de 1983); las que, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley 49 de 1990 se localizarán y someterán a imposición «… en el municipio donde se encuentre ubicada la fábrica o planta industrial, teniendo como base gravable los ingresos brutos provenientes de la comercialización de la producción». Este precepto legal fue rep roducido por el artículo 30 del Acuerdo 29 de 2005 al señalar que se entienden percibidos en el distrito demandado, «como ingresos originados en la actividad industrial, los generados en la venta de bienes producidos en el mismo, sin consideración a su lugar de destino o a la modalidad que se adopte para su comercializaci ón». Sobre el particular, l a Sección ha precisado que la actividad industrial requiere la comercialización de lo producido, pues no se fabrica para conservar el producto, sino para ofrecerlo en el mercado, razón por la cual la venta de los bienes producidos constituye la etapa de culminación del proceso industrial4.

3.2En el sub lite, las partes concuerdan en que los ingresos en cuestión se percibieron en el desarrollo de u na actividad industrial, pues la demandante declaró como actividad principal la «extracción de petróleo c urdo» (f. 285), hecho no objetado en los actos

en el desarrollo de u na actividad industrial, pues la demandante declaró como actividad principal la «extracción de petróleo c urdo» (f. 285), hecho no objetado en los actos acusados. La autoridad tributaria se limitó a discutir la prueba de la extraterritorialidad de los ingresos obtenidos por la realización de la actividad industrial que se detrajeron de la base gravable. Así, en el requerimiento especial se planteó gravar con el ICA: (i) la suma de $328.693.639.000 declarada como deducción, al estimar que se trataba de réditos por ventas de crudo a una zona franca localizada en territorio del distrito de Barrancabermeja que no podía n calificarse como exportaciones; y (ii) el monto de $4.908.719.894.000 declarado como ingresos percibidos en otras jurisdicciones , al no estar probada su territorialidad mediante las declaraciones del ICA que se hubieren presentado en otras municipalidades (ff. 89 a 93). Basada en esa propuesta, la autoridad tributaria modificó la autoliquidación del impuesto de la actora (ff. 107 a 118 vto.), decisión que confirmó al decidir el recurso de reconsideración (ff. 148 a 176 vto.). Por consiguiente, le asiste razón