CE - 012333000201800734011SENTENCIA20230224142929

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00734-01 (26666)

Demandante: Agropecuaria Azteca S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 68001-23-33-000-2018-00734-01 (26666)

Demandante: AGROPECUARIA AZTECA S.A. Y OTROS

Demandado: DIAN

Temas: Renta 2013. Ingresos. Costos. Pruebas

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 16 de diciembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que en la parte resolutiva dispuso:

«PRIMERO. DENEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por la SOCIEDAD AGROPECUARIA AZTECA S.A. contra la DIAN, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS en esta instancia procesal a la parte demandante las cuales serán liquidadas por Secretaría de la Corporación.»

ANTECEDENTES

parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS en esta instancia procesal a la parte demandante las cuales serán liquidadas por Secretaría de la Corporación.»

ANTECEDENTES

El 15 de abril de 2014, Agropecuaria Azteca S.A.1 presentó la declaración de renta por el año 2013, en la que registró saldo a pagar de $92.725.0002.

El 16 de julio de 2016, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga profirió el Requerimiento Especial 042382016000062, en el que propuso modificar la liquidación privada en el sentido de: i) adicionar ingresos en $34.726.000, ii) desconocer costos y deducciones por $16.231.238.000, iii) determinar un saldo a pagar por impuesto de $4.159.216.000 e, iv) imponer sanción por inexactitud de $6.506.386.0003.

El 7 de abril de 2017, l a División de Gestión de Liquidación de la dirección seccional señalada expidió la Liquidación Oficial de Revisión 042412017000028, la cual modificó la declaración de renta de 2013 en el sentido propuesto por el requerimiento especial, aunque, por favorabilidad, liquidó la sanción por inexactitud en $4.066.491.0004. Además, impuso al Representante Legal y a la Revisora Fiscal de la sociedad, la sanción prevista en el artículo 658-1 del ET, por $110.048.000, a cada uno.

1 «OBJETO SOCIAL: COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y VETERINARIOS, COMPRA Y

sanción prevista en el artículo 658-1 del ET, por $110.048.000, a cada uno.

1 «OBJETO SOCIAL: COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y VETERINARIOS, COMPRA Y VENTA DE GANADO Y SUBPRODUCTOS, EXPORTACIÓN DE GANADO BOVINO EN CANAL REFRIGERADO Y EN PIE, COMERCIALIZACIÓN DE PIELES Y SUBPRODUCTOS DE GANADO, COMERCIO AL POR MAYOR NACIONAL, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN GENERAL, GANADERÍA Y AVICULTURA, COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CARNES DE ANIMALES Y DE PRODUCTOS ELABORADOS CON ELLAS… » 2 Fl. 16 c.a. 3 Fls. 1723-1733 c.a. 4 Fls. 1993-2010 c.a.Radicado: 68001-23-33-000-2018-00734-01 (26666)

Demandante: Agropecuaria Azteca S.A.

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2 Previa interposición del recurso de reconsideración, la Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN expidió la Resolución 992232018000029 del 16 de abril de 2018, en la que confirmó el acto liquidatorio5.

DEMANDA

Agropecuaria Azteca S.A., el representante legal Jairo Blanco Guerrero y la revisora fiscal Xiomara Cárdenas García, quienes actúan mediante apoderado6, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138

Agropecuaria Azteca S.A., el representante legal Jairo Blanco Guerrero y la revisora fiscal Xiomara Cárdenas García, quienes actúan mediante apoderado6, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, formularon las siguientes pretensiones:

«PRIMERA: Que se declare la Nulidad de la LIQUIDACIÓN OFICIAL N° 042412017000028 del 07 de abril de 2017 proferida por la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUCARAMANGA, mediante la cual modificó la Liquidación Privada de Impuesto de Renta por el año gravable 2013.

SEGUNDA: Que se declare Nulidad de la Resolución N° 9922320180000 del 16 de abril de 2018 notificada el 25 de abril de 2018, proferida por la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS JURIDICOS –DIRECCION DE GESTIÓN JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA S NACIONALES, por medio del cual se resolvió el recurso de Reconsideración.

TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior y a título de Restablecimiento del Derecho, se declare la firmeza de la Declaración Privada de Impuesto de Renta del año 2013 realizada por la AGROPECUARIA AZTECA S.A.

CUARTA: Que se declare que el señor JAIRO BLANCO GUERRERO, representante legal y la señora XIOMARA CÁRDENAS GARCÍA, revisora fiscal no están obligados a cancelar la sanción impuesta.

CUARTA: Que se declare que el señor JAIRO BLANCO GUERRERO, representante legal y la señora XIOMARA CÁRDENAS GARCÍA, revisora fiscal no están obligados a cancelar la sanción impuesta.

QUINTA: Subsidiariamente y en cas o de no prosperar las demás, se declare la Nulidad parcial de la Liquidación Oficial No. 042412017000028 del 07 de abril de 2017 en cuanto a la sanción por inexactitud.

SEXTA: Se condene en costas».

Invocó como disposiciones violadas, las siguientes:

• Artículos 26, 29, 83 y 95-9 de la Constitución Política • Artículos 107, 363, 617, 618, 683, 684-1 y 742 a 745 del Estatuto Tributario

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Los actos demandados están falsamente motivados, pues sus razones no coinciden con las pruebas recaudadas, se sustentan en el desconocimiento de la contabilidad y el incumplimiento de terceros de las obligaciones tributarias, lo cual vulneró el debido proceso y el espíritu de justicia.

Las erogaciones de compra y transporte de ganado cumplen los requisitos del artículo 107 del ET, y su desconocimiento implica enriquecimiento injustificado a favor del Estado.

5 Fls. 2067-2075 c.a. 6 De conformidad con el poder que acompaña a la demanda (fls. 1-2 c.p.).Radicado: 68001-23-33-000-2018-00734-01 (26666)

Demandante: Agropecuaria Azteca S.A.

6 De conformidad con el poder que acompaña a la demanda (fls. 1-2 c.p.).Radicado: 68001-23-33-000-2018-00734-01 (26666)

Demandante: Agropecuaria Azteca S.A.

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3 No procede la adición de ingresos por $34.726.469, originados en operaciones con los proveedores Procesadora de Carnes Santander S.A. ($ 31.152.054) y Carlos Mauricio Zuluaga Diez ($3. 574.415), quien registró información exógena falsa y con errores, ya que no existen facturas de dicho proveedor por los valores reportados, que debieron ser verificados por la DIAN . Además, como la Administración presume ingresos por las facturas aportadas por Procesadora de Carnes Santander S.A., se debe aceptar el costo de tal concepto.

La DIAN desconoce costos por $532.000.000, correspondientes a las cuentas de transportes, fletes y acarreos, porque no están soportados con facturas o documentos equivalentes. No obstante, con demanda se presentan los documentos que soportan tales erogaciones, los cuales reúnen los requisitos de ley.

No procede el rechazo de costos por $6.440.093.697, relacionados con operaciones realizadas con la Cooperativa Nacional de Productos Agrícolas, pues está demostrado que en el objeto social de la misma incluye la prestación del servicio de transporte , y la DIAN confunde la actividad de cría, levante y engorde de ganado con su comercialización, lo cual no requiere de inmuebles u oficinas, ya que las transacciones

que en el objeto social de la misma incluye la prestación del servicio de transporte , y la DIAN confunde la actividad de cría, levante y engorde de ganado con su comercialización, lo cual no requiere de inmuebles u oficinas, ya que las transacciones se pueden adelantar por internet.

Si la Administración aceptó los ingresos declarados por la citada cooperativa, también debe aceptar los costos asociados en que incurrió la contribuyente, por lo que no se deben rechazar las erogaciones con fundamento en l a falta de información sobre los vehículos que prestaron el servicio, destino de la mercancía y valor, o por incumplimiento por el transportador de normas de transporte de ganado o aduaneras.

Respecto a las diferencias en el total pagado y lo recibido por la Cooperativa, algunos cheques se giraron a terceros por instrucción de esa entidad , sobre lo que no existe restricción legal y, en la respuesta al requerimiento especial se aportaron comprobantes de egreso que demuestran si el pago se hizo en cheque o en efectivo.

No hay lugar a desconocer costos por $9.259.143.587, incurridos en operaciones con Diomar Emilio Sánchez Trigos , ya que e n la contabilidad se soportaron las transacciones con ese tercero y, en todo caso, el incremento de los ingresos del mencionado proveedor no es una irregularidad atribuible a la demandante.

No hay lugar a imponer sanción por inexactitud, pues no se incurrió en las conductas previstas en el artículo 647 del ET, y tampoco procede imponer la sanción del artículo 658-1 Ib. al representante legal y a la revisora fiscal, ya que en el requerimiento especial no se aludió a dicha sanción, no se analizaron las conductas y

658-1 Ib. al representante legal y a la revisora fiscal, ya que en el requerimiento especial no se aludió a dicha sanción, no se analizaron las conductas y responsabilidades de los mismos , ni tampoco se configuran los presupuestos de la norma sancionatoria, en tanto no se han omitido ingresos , ni se declararon deducciones o pérdidas inexistentes.

OPOSICIÓN

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en lo siguiente:

La adición de ingresos se fundamentó en información exógena de terceros, cruces de información y costos reportados en la contabilidad de la demandante.Radicado: 68001-23-33-000-2018-00734-01 (26666)

Demandante: Agropecuaria Azteca S.A.

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En relación con las operaciones con la Procesadora de Carnes Santander S.A., se evidenció la existencia de las facturas del tercero por $28.613.162, no registradas en la contabilidad de la actora, de las cuales, en aplicación del artículo 760 del ET , se determinó un ingreso omitido de $31.152.054. Asimismo, se estableció omisión en el registro de compras $3.283.100, según la información exógena reportada por el proveedor Carlos Mauricio Zuluaga Diez y, por ende, se fijó un ingreso de $3.574.415.

El desconocimiento de c ostos por $532.000.000 obedeció a que l os documentos de la demandante señalan que el servicio prestado por proveedores corresponde a fletes

El desconocimiento de c ostos por $532.000.000 obedeció a que l os documentos de la demandante señalan que el servicio prestado por proveedores corresponde a fletes internacionales, sin indicar qu é se transporta, la ruta que cubre, las placas y el conductor del servicio y sin aportar pruebas que permitan corroborar las operaciones y acreditar el cumplimiento de requisitos para la prestación del servicio de transporte internacional, lo que es indispensable para establecer la realidad de la operación o si el servicio cumple los requisitos del artículo 107 del ET.

En la contabilidad la sociedad registró costos con la Cooperativa Nacional de Productos Agrícolas por compra de carne en canal, ganado en pie y servicio de transporte/fletes, por $6.485.676.150, de los cuales se desconocen $6.440.093.697, pues se probó que no se presentaron transacciones con ese proveedor, que funciona en una casa de familia y no tiene infraestructura física y logística frente al volumen de las transacciones informadas. La cooperativa no aportó soportes de la forma de pago utilizada por la demandante (cheque, efectivo, transferencia bancaria, número de cuenta de bancos), ni allegó guías de transporte, rutas, relación de los vehículos que prestaron el servicio de transporte , descripción de la cantidad de kilos transportados , ni los soportes de los inmuebles donde se desarrollan las actividades de ganader ía o el cumplimiento de protocolos fitosanitarios.

En la información suministrada por la cooperativa de las transacciones efectuadas con la demandante existen diferencias con los pagos informados por esta última, y entre el número de pagos en cheque y en efectivo, aunado a que se evidenció que solo dos cheques, en cuantía de $45.582.453, se emitieron a nombre de ese tercero.

el número de pagos en cheque y en efectivo, aunado a que se evidenció que solo dos cheques, en cuantía de $45.582.453, se emitieron a nombre de ese tercero.

Se rechazan costos de operaciones con Diomar Emilio Sánchez Trigos, por concepto de compra de ganado en pie en la suma de $9.259.143.587, por cuanto no se acreditó la realidad de la operación, pues el presunto proveedor solo aportó notas de contabilidad que corresponden a la contabilidad de la actora y no se presentaron los soportes exigidos para comercialización y transporte de ganado en el territorio nacional.

Se probó omisión de ingresos e inclusión de costos y deducciones improcedentes y hay lugar a imponer sanción por inexactitud , previa aplicación d el principio de favorabilidad. Procede imponer la sanción del artículo 658-1 del ET al representante legal y a la revisora fiscal de la contribuyente, porque suscribieron la declaración de renta debatida, y la información contable que la soporta no se ajusta a la realidad.

SENTENCIA

El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:Radicado: 68001-23-33-000-2018-00734-01 (26666)

Demandante: Agropecuaria Azteca S.A.

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5 Procede la adición de ingresos de $34.726.469, porque en las operaciones de compra con Carlos Mauricio Zuluaga Diez, la contribuyente registró en la contabilidad

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5 Procede la adición de ingresos de $34.726.469, porque en las operaciones de compra con Carlos Mauricio Zuluaga Diez, la contribuyente registró en la contabilidad $952.146.000, que difiere con la reportada en información exógena por $955.429.100.

Se comprobó la omisión de ingresos en operaciones con la Procesadora de Carnes Santander S.A., quien reportó las facturas 30895, 3166814 y 3166915 por $6.638.920, $11.597.400 y $10.376.842 respectivamente, que no se registraron en la contabilidad de la contribuyente

Sobre el rechazo de costos por $532.000.000, la sociedad no acreditó la realidad de las operaciones, ante las inconsistencias en la especificación del servicio de transporte internacional y el incumplimiento de requisitos legales de dicha actividad.

Procede el rechazo de costos por $6.440.093.697, al existir diferencias en los pagos realizados a la Cooperativa Nacional de Productos Agrícolas, pues si bien frente a los cheques girados está permitido realizar el pago a terceros diferentes del beneficiario directo de la relación, la contribuyente debía acreditar la trazabilidad de las operaciones que sustentaron los costos reportados, la forma en que s e efectuaron dichos pagos y, a través de qué medio se realizaron. La contribuyente no demostró la realidad de las operaciones registradas, porque no se suministró la relación de los vehículos utilizados por la Cooperativa para la prestación del servicio de transporte, ni se desvirtuó que no contaba con la infraestructura y la logística necesaria para desarrollar dicha actividad, frente a ese volumen de transacciones.

vehículos utilizados por la Cooperativa para la prestación del servicio de transporte, ni se desvirtuó que no contaba con la infraestructura y la logística necesaria para desarrollar dicha actividad, frente a ese volumen de transacciones.

El rechazo de costos por $9.259.143.587 por compras realizadas a Diomar Emilio Sánchez Trigos, está soportado en las pruebas recaudadas, que mostraron hechos diferentes a los registrados en la contabilidad de la contribuyente. Si bien se aportó la declaración del tercero mencionado , ello no basta para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados , por tratarse de una prueba indirecta de las transacciones realizadas.

Al configurarse la omisión de ingresos , no estar soportadas las deducciones y registrarse datos equivocados en la declaración, se derivó un menor saldo a pagar y, por ende, se encuentra ajustada a derecho la imposición de la sanción por inexactitud.

Procede la sanción impuesta en el artículo 658 -1 del ET al representante legal de la demandante Jairo Blanco Guerrero , pues suscribió la declaración de renta del año 2013, en la que se omitieron ingresos por compras y se incluyeron costos o deducciones inexistentes. En cuanto a Xiomara Cárdenas García, revisora fiscal de la demandante, se precisa que suscribió con la DIAN un acuerdo de conciliación, el cual fue aprobado, por lo que el proceso terminó respecto a las pretensiones que le atañen.

RECURSO DE APELACIÓN

La demanda nte apeló la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander con fundamento en lo siguiente:

Los cargos desarrollados en la demanda fueron resueltos por el a quo a partir de

RECURSO DE APELACIÓN

La demanda nte apeló la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander con fundamento en lo siguiente:

Los cargos desarrollados en la demanda fueron resueltos por el a quo a partir de apreciaciones erradas, sin una valoración adecuada las pruebas que obran en el expediente y con desconocimiento del derecho al debido proceso.Radicado: 68001-23-33-000-2018-00734-01 (26666)

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6 No procede la adición de ingresos por operaciones con los proveedores Carlos Mauricio Zuluaga Diez y Procesadora de Carnes de Santander, toda vez que se solo se compró lo reportado en l a contabilidad de la contribuyente y se allegaron las pruebas que desvirtúan los hallazgos de la DIAN.

El a quo negó el valor probatorio de los documentos equivalentes que soportan costos por $532.000.000 , en los que se encuentra la descripción del costo, el valor y el nombre del tercero que presta el servicio de transporte , sin que proceda transferir al beneficiario del servicio de transporte la obligación de acreditar el cumplimiento de los requisitos legales de esa actividad, o pedir la información de l os vehículos del transportador, los nombres de los conductores, o las placas de los automotores.

Se deben reconocer costos por $6.440.093.697, toda vez que la Cooperativa Nacional Agropecuaria registra la actividad de transporte en el Certificado de Cámara de

transportador, los nombres de los conductores, o las placas de los automotores.

Se deben reconocer costos por $6.440.093.697, toda vez que la Cooperativa Nacional Agropecuaria registra la actividad de transporte en el Certificado de Cámara de Comercio y no está en discusión la veracidad de los pagos, que se constata con comprobantes de egreso, facturas, cheques girados y otros documentos equivalentes.

La información sobre la prestación del servicio de transporte de ese proveedor no está al alcance de la contribuyente, y no se debe desconocer dicho costo con fundamento en que la Cooperativa no cuenta con infraestructura ni la logística para prestar los servicios de transporte, ya que no se requiere de una oficina para ejecutarlo.

Aunque solo d os pagos mediante cheque se giraron a la Cooperativa, fue e sta empresa quien solicitó que se efectuaran los pagos a terceros para satisfacer sus gastos, sin que se deba endilgar la obligación de acreditar la trazabilidad de esas operaciones a la contribuyente y en la contabilidad están los registros contables sobre los terceros receptores de tales pagos.

Frente al rechazo de costos por $9.259.143.587, la demandante aportó su contabilidad y la de claración de renta del señor Sánchez Trigos en la que se acreditan las operaciones que ejecutó con el tercero.

La demandante no incurrió en los supuestos imponibles de la sanción por inexactitud, pues las operaciones registradas están soportadas . De otra parte , el Tribunal no analizó la conducta en la que supuestamente incurrió el rep resentante legal de la contribuyente y asumió que se configuró el hecho sancionable por las diferencias entre lo reportado por la sociedad y lo determinado por la DIAN.

analizó la conducta en la que supuestamente incurrió el rep resentante legal de la contribuyente y asumió que se configuró el hecho sancionable por las diferencias entre lo reportado por la sociedad y lo determinado por la DIAN.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Al ser innecesaria la práctica de pruebas en segunda instancia, no se dio traslado para alegar (art. 247 CPACA). El Ministerio Público no emitió concepto. Sobre el recurso de apelación, la parte demandada solicitó se confirme la sentencia de primera instancia y, al efecto, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide sobre la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 20 13, presentada por Agropecuaria Azteca S.A.Radicado: 68001-23-33-000-2018-00734-01 (26666)

Demandante: Agropecuaria Azteca S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7 En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, como única apelante, se debe estab lecer la procedencia de: i) la adición de ingresos por operaciones con terceros; ii) el desconocimiento de costos ; iii) la sanción por inexactitud y, iv) la sanción aplicada al representante legal de la contribuyente.

El artículo 746 del Estatuto Tributario establece la presunción de veracidad de las

inexactitud y, iv) la sanción aplicada al representante legal de la contribuyente.

El artículo 746 del Estatuto Tributario establece la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias, al señalar que «Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos, siempre y cuando sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija».

La Sala ha dicho que la anterior disposición establece una presunción legal, en tanto el contribuyente no está exento de demostrar los hecho s consignados en sus declaraciones tributarias, correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos7.

Lo anterior implica que dicha presunción admite prueba en contrario y que la autoridad fiscal, para asegurar el «efectivo cumplimiento de las normas sustanciales», puede desvirtuarla mediante el ejercicio de las facultades de fiscalización e investigación previstas en el artículo 684 del Estatuto Tributario8.

Así pues, es a la autoridad tributaria a la que le corresponde desvirtuar la veracidad de las declaraciones tributarias y de las respuestas a los requerimientos; y ante una comprobación especial o una exigencia legal, le corresponde realizarla a l contribuyente9.

Ahora bien, el artículo 742 del Estatuto Tributario señala que la determinación de tributos se debe fundar en los hechos que aparezcan probados en el expediente, y son admisibles los medios de prueba legalmente aceptados por la legislación fiscal y por la legislación civil 10; no obstante, el artículo 743 ib. señala que la idoneidad 11 de los mismos depende de las exigencias legales para demostrar determinados hechos.

admisibles los medios de prueba legalmente aceptados por la legislación fiscal y por la legislación civil 10; no obstante, el artículo 743 ib. señala que la idoneidad 11 de los mismos depende de las exigencias legales para demostrar determinados hechos.

En cuanto a la incorporación de pruebas al proceso, el artículo 744 ib. prevé que deben formar parte de la declaración, haber sido allegadas en desarrollo de la facultad de fiscalización e investigación o en cumplimiento del deber de información, haberse acompañado o solicitado en la respuesta al requerimiento especial o en su ampliación,

7 Entre otras, sentencias del 1º de marzo de 2012, Exp. 17568, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 7 de mayo de 2015, Exp. 20580, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; del 13 de agosto de 2015, Exp. 20822, C.P. Martha Teresa Ortiz de Rodríguez, del 25 de octubre de 2017, Exp. 20762 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 3 de mayo de 2018, Exp. 20727, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. 8 E.T. «Art. 684. Facultades de fiscalización e investigación. La Administración Tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. Para tal efecto podrá: a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario. b. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados. c. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios.

b. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados. c. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios. d. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados. e. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad. f. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación (…)». 9 Artículo 746 del ET. 10 Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso). 11 Aptitud legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho.Radicado: 68001-23-33-000-2018-00734-01 (26666)

Demandante: Agropecuaria Azteca S.A.

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8 haberse acompañado al memorial del recurso o pedido en este, o haberse practicado de oficio, entre otras circunstancias12.

Lo anterior supone que en la respuesta al requerimiento especial y con el recurso de reconsideración, el contribuyente puede controvertir las pruebas presentadas por la autoridad fiscal en desarrollo de las facultades de fiscalización e investigación, mediante la incorporación de los elementos demostrativos que considere pertinentes, los cuales deben ser valorad os por la a utoridad fiscal por constituir una garantía del

autoridad fiscal en desarrollo de las facultades de fiscalización e investigación, mediante la incorporación de los elementos demostrativos que considere pertinentes, los cuales deben ser valorad os por la a utoridad fiscal por constituir una garantía del debido proceso y de los derechos de defensa y de contradicción.

Además, la Sala dijo que13 «con la demanda se pueden presentar las pruebas necesarias para demostrar el derecho pretendido -como ocurre en este caso-, lo cual exige que el juez las valore y determine si cumplen la finalidad llevar certeza en relación con los hechos que se pretenden demostrar».

Adición de ingresos por omisión en el registro de compras

La DIAN, al analizar la contabilidad y demás documentos aportados por la actora y la información reportada por terceros proveedores en respuestas a requerimientos de información, determinó que la demandante omitió los siguientes valores:

Proveedor Valor registrado Valor determinado

Valor omitido

Causal Carlos Mauricio Zuluaga Diez $952.146.00014 $955.429.10015 $3.283.100 Información exógena del proveedor. Procesadora de Carnes de Santander S.A. $988.444.696 $1.017.057.858 $28.613.16216 El proveedor allegó las facturas 30895, 31668 y 31669, por valor de $6.638.920 $11.597.400 y $10.376.842, respectivamente, no reportadas por Agropecuaria Azteca S.A.

Teniendo en cuenta los valores de compras omitidas determinadas por la DIAN , en aplicación del artículo 760 del ET 17, se adicionaron ingresos presuntos por $34.726.46918.

S.A.

Teniendo en cuenta los valores de compras omitidas determinadas por la DIAN , en aplicación del artículo 760 del ET 17, se adicionaron ingresos presuntos por $34.726.46918.

Sobre la presunción del artículo 760 del ET, la Sala anotó que, « al tratarse de una presunción legal que admite prueba en contrario, como lo prevé el artículo 761 del ET, a la demandante le correspondía desvirtuar la omisión del registro de compras determinada por la Administración y que dio lugar a la aplicación de la presunción de ingresos por omisión del registro de compras19». En esa oportunidad la Sección fijó el criterio en torno a la citada presunción20, al expresar que

12 Sentencias del 4 de octubre de 2018, Exp 19778, del 5 de febrero de 2019, Exp. 20851, del 12 de febrero de 2019, Exp. 22156 y del 5 de marzo de 2020, Exp. 21687, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. 13 Sentencia del 14 de junio de 2018, Exp. 21061, C.P. Stella Jean