CE - 012333000201900025011SENTENCIA20231121121216

Radicado: 88001-23-33-000-2019-00025-01 (26680)

Demandante: Alba Patricia Sánchez Arango

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 88001-23-33-000-2019-00025-01 (26680)

Demandante: Alba Patricia Sánchez Arango

Demandada: UGPP

Temas: Aportes al SPS . Enero a diciembre de 2014. IBC de los trabajadores independientes. Sanción por omisión.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 19 de febrero de 202 1, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que resolvió (índice 2 de Samai):

Primero. Deniéguese las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en precedencia.

Segundo. No hay lugar a condena en costas.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante la Resolución nro. RDO-2017-02969, del 23 de agosto de 2017 (ff. 75 a 83 vto.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante la Resolución nro. RDO-2017-02969, del 23 de agosto de 2017 (ff. 75 a 83 vto. cp1), la UGPP profirió liquidación oficial a la actora por omisión en la afiliación y/o vinculación y pago de los aportes al Sistema de Protección Social (en adelante SPS) en los subsistemas de salud y pensiones durante el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2014 e impuso sanción por la conducta de omisión. Tras recurrirse el anterior acto administrativo, a través de la Resolución nro. RDC-2018-01067, del 17 de septiembre de 2018, la demandada aceptó parcialmente los costos y gastos solicitados por la actora ; sin embargo, únicamente modificó el IBC vinculado al mes de enero y confirmó la base imponible de los períodos restantes. En consecuencia, el monto definitivo de los aportes a los subsistemas de salud y pensiones fue de $56.162.000 , más una sanción de $112.324.400 (ff. 93 a 106 cp1).

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones (ff. 183 a 184 cp1):Radicado: 88001-23-33-000-2019-00025-01 (26680)

Demandante: Alba Patricia Sánchez Arango

183 a 184 cp1):Radicado: 88001-23-33-000-2019-00025-01 (26680)

Demandante: Alba Patricia Sánchez Arango

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

1. Que se declare la nulidad de la Resolución Liquidación Oficial nro. RDO-2017-02969, del 23 de agosto de 2017, en la que determina la UGPP … la omisión en la afiliación y/o vinculación … por concepto de aportes al (SPS) en los subsistemas de salud y pensione s por los períodos de enero a diciembre de 2014 …; además le impone sanción por no declarar por la conducta de omisión ….

2. Que se declare la nulidad de la Resolución nro. RDC -2018-01067, del 17 de septiembre de 2018, mediante la cual la UGPP resuelve el recurso de reconsideración, acepta unos costos y cobra aportes al SPS en los subsistemas de salud y pensión por los períodos de enero a diciembre del año gravable 2014 …; además, le impone sanción por no declarar por la conducta de omisión ….

3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, ordenar dejar las resoluciones sin efectos jurídicos.

4. Que en caso de no tener en cuenta las anteriores solicitudes, de forma subsidiaria y conforme a la aplicación recta de la ley y la justicia, se coteje la información de forma correcta sobre los ingresos, costos y gastos de la actividad económica … y realice las respectivas correcciones en la liquidación de aportes, ajustando los valores del Ingreso Base de Cotización al valor del ingreso realmente

costos y gastos de la actividad económica … y realice las respectivas correcciones en la liquidación de aportes, ajustando los valores del Ingreso Base de Cotización al valor del ingreso realmente devengado mensualmente en el año 2014.

5. Que se elimine la sanción de omisión … y se modifique la conducta de omisión a mora.

(…)

A los anteriores efectos, invocó como normas violadas los artículos 2.°, 6.°, 29 y 338 de la Constitución, 137 y 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011); 48 del Código de Comercio (C de Co); 107, 329 y 596 del ET (Estatuto Tributario); 15, 157 y 204 de la Ley 100 de 1993; 18 de la Ley 1122 de 2007; 178 y 179 de la Ley 1607 de 2012; 135 y 267 de la Ley 1753 de 2015; 244 de la Ley 1955 de 2019; 16 del Decreto 1406 de 1999; 1.° y 3.° del Decreto 3032 de 2013; 1.° del Decreto 3033 de 2013; y 2.2.1.1.1.3. del Decreto 780 de 2016. El concepto de violación planteado en la demanda (ff. 4 a 20 cp1) y su reforma (ff. 140 cp1 a 215 cp2) se sintetiza así:

Inicialmente, presentó un acápite denominado « fondo del asunto», donde expuso que el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 establece como causales de nulidad de los actos de

se sintetiza así:

Inicialmente, presentó un acápite denominado « fondo del asunto», donde expuso que el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 establece como causales de nulidad de los actos de carácter particular su expedición con infracción de las normas en las que debería fundarse, en forma irregular, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa y/o mediante falsa motivación, para seguidamente señalar que las resoluciones «adolecieron de vicios en su formación», pues no existió correspondencia entre su contenido y la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2014 de la actora, razón por la cual incurrieron en «falsa motivación». Respecto de esta causal de nulidad, realizó una exposición general de las normas aplicables y enfatizó en su entendimiento jurisprudencial1; con el propósito de señalar que su contraparte tomó una decisión que perseguía un fin distinto al previsto por el legislador, lo cual vulneraba el debido proceso y el derecho de defensa, pues estos no solo se concretaban en la oportunidad para presentar objeciones, sino también exigían «analizar las posibilidades financ ieras» de los aportantes, pues, para el caso, la demandante sufriría daños económicos irreparables . Además, los actos « aplicaron desproporcionalmente la facultad sancionadora de la unidad », porque no se tuvo en cuenta su real derecho a controvertir, aportar o solicitar las pruebas que conducirían al esclarecimiento de los hechos.

Arguyó que los actos administrativos incurrieron en «interpretación errónea de la ley y/o aplicación incorrecta de los preceptos jurídicos ». Sobre el particular, trajo a colación el

esclarecimiento de los hechos.

Arguyó que los actos administrativos incurrieron en «interpretación errónea de la ley y/o aplicación incorrecta de los preceptos jurídicos ». Sobre el particular, trajo a colación el

1 Sentencias del 15 y 22 de marzo de 2012 (exps. 16660 y 18444, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y Martha Teresa Briceño de Valencia).Radicado: 88001-23-33-000-2019-00025-01 (26680)

Demandante: Alba Patricia Sánchez Arango

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 entendimiento jurisprudencial adoptado en oportunidades anteriores 2 y expuso que la demandada fundamentó su facultad sancionatoria en el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, imponiendo sanciones inexistentes y « sin fundamento jurídico», pues no obstante ser la norma pertinente al caso, esta fue interpretada y aplicada de manera equivocada. En ese orden, señaló que, en virtud del principio de justicia, los principios constitucionales y el CPACA, debía declararse la nulidad de las resoluciones demandadas, con base en los siguientes cargos:

-Expedición con infracción a las normas en que debían fundarse . Afirmó que durante el año 2014 «no existió un sistema de presunción de ingresos para los independientes con contrato diferente al de prestación de servicios y/o rentistas de capital » porque esto no había sido reglamentado, tal como lo señala el Concepto nro. 164487 del 24 de septiembre de 2014 del Ministerio de Trabajo y conforme había sido previsto en los artículos 204 de

había sido reglamentado, tal como lo señala el Concepto nro. 164487 del 24 de septiembre de 2014 del Ministerio de Trabajo y conforme había sido previsto en los artículos 204 de la Ley 100 de 1993 y 18 de la Ley 1122 de 2007, disposición derogada por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, cuyo alcance «fue precisado por la unidad» mediante el Concepto nro. 201511200601631, del 11 de noviembre de 2015. Luego, afirmó que el artículo 244 de la Ley 1955 de 201 9 era la disposición aplicable para determinar un « sistema de presunción de ingresos, costos y gastos », porque tuvo vigencia al «inicio del proceso de fiscalización» y «las resoluciones demandadas fueron proferidas con posterioridad a la ley».

Seguidamente, la demandante expuso que, a partir del 09 de ju nio de 2015, fue creado un sistema de presunció n de ingresos para los rentistas de capital y trabajadores por cuenta propia «más favorable» a sus intereses, teniendo en cuenta que «podría deducir sus costos y gastos» y del resultado determinar el IBC equivalente al 40%. Sin embargo, la unidad no lo tuvo en cuenta, pues «arbitrariamente» consideró que los aportes debían calcularse sobre el total de los ingresos brutos percibidos, lo cual desconocía la jurisprudencia3 sobre la aplicación retroactiva de una modificación favorable al contribuyente en un mismo per íodo. En consecuencia, la exigencia de la Administración respecto de efectuar aportes por « el tope de 25 salario s mínimos» ignoró el principio de favorabilidad, dado que no realizó un «estudio verídico y exhaustivo » de su actividad

contribuyente en un mismo per íodo. En consecuencia, la exigencia de la Administración respecto de efectuar aportes por « el tope de 25 salario s mínimos» ignoró el principio de favorabilidad, dado que no realizó un «estudio verídico y exhaustivo » de su actividad generadora de renta, por lo que la sanción tampoco correspondía a la «realidad», pues «no era cierto que tuviera la calidad de omisa» en los aportes del SPS.

-Indebida conformación del IBC. Alegó que los actos constituyeron un sistema de presunción de ingresos «incorrecto», pues solo tuvieron en cuenta los ingresos reportados en su declaración de renta , mas no los « costos y gastos de la actividad económica» allí informados, aumentando «el IBC de todos los periodos ». Además, la cuantía de los ingresos mensuales tampoco correspondió a las cifras presentadas por la unidad, porque no siempre « existió la misma demanda en el comercio » de los productos alimenticios vendidos por la actora en San Andrés, pues los hoteles y establecimientos de comercio le compraban más en las épocas de temporada alta; lo cual fue soportado con las facturas expedidas en cada periodo (discriminadas por mes ), cuyo concepto era « venta de alimentos» y las cuales guardaban «relación y nexo de causalidad» con las actividades y la contabilidad de la actora, que era llevada en los términos del artículo 48 del C de Co . No obstante, el IBC fue calculado sobre el 100% del «supuesto valor mensualizado de los ingresos», sin establecer la norma aplicable para determinar «la base mínima o máxima» de cotización al SPS, olvidando que para quienes realicen una actividad económica

ingresos», sin establecer la norma aplicable para determinar «la base mínima o máxima» de cotización al SPS, olvidando que para quienes realicen una actividad económica

2 Sentencias del 29 de noviembre de 1994 (rad. T-536/94, MP: Antonio Barrera); del 12 de junio de 2000 (rad. T-694/00, MP: Eduardo Cifuentes); del 19 de julio de 2002 (rad. T-556/02, MP: Jaime Córdoba Triviño); del 26 de agosto de 2004 (rad. T-807/04, MP: Clara Inés Vargas); y del 31 de enero de 2005 (rad. T-056/05, MP: Jaime Araújo Rentería). 3 Sentencias del 10 de octubre de 1996 ( rad. C-527/96, MP: Jorge Arango Mejía); del 22 de enero de 1998 ( rad. C006/98, MP: Antonio Barrera); del 29 de julio de 2003 ( rad. C-625/03, MP: Clara Inés Vargas); del 0 1 de julio de 2009 (rad. C-430/09, MP: Juan Carlos Henao Pérez); y del 10 de octubre de 2012 (rad. C-785/12, MP: Jorge Iván Palacio).Radicado: 88001-23-33-000-2019-00025-01 (26680)

Demandante: Alba Patricia Sánchez Arango

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 diferente al contrato de prestación de servicios, el IBC se determina sobre los ingresos efectivamente percibidos, y en todo caso, la base de cotización máxima es el 40% del valor mensualizado, una vez depurado con costos y gastos.

4 diferente al contrato de prestación de servicios, el IBC se determina sobre los ingresos efectivamente percibidos, y en todo caso, la base de cotización máxima es el 40% del valor mensualizado, una vez depurado con costos y gastos.

Así pues, la actora no estaba obligada a efectuar aportes por el tope dado que sus utilidades por el año 2014 fueron bajas, al punto de reportar pérdidas, lo que la llevó más adelante a cancelar su actividad económica. Reprochó que la demandada no tuvo en cuenta «todos los soportes de costos y gastos operacionales» en los que necesariamente debía incurrir para el ejercicio de su actividad económica (cuya operatividad detalló) y que correspondían a insumos, arrendamientos, servicios públicos, nómina, transporte, costos financieros, pagos a contratistas, mercadeo y pérdidas de productos, lo cual fue debidamente contabilizado, lo que significa que estaban soportados con «comprobantes de egreso» y cumplían las formalidades para su aceptación. Precisó que tales expensas implican que las utilidades sean mínimas y que por ello no deban efectuarse los aportes. Seguidamente, relacionó costos y gastos por valor de $1.942.879.168 , cuyos soportes fueron presentados con la demanda y respecto de los cuales aseguró que cumplían los requisitos previstos en la ley . Por último , solicitó que , de encontrarse documentos «incompletos o ilegibles », oficiosamente se conminara a los sujetos responsables a expedirlos nuevamente, comoquiera que esto no le era atribuible a la demandante, pues sufragó un servicio de «buena fe» y «recibió una factura que se consideraba ajustada a la ley».

expedirlos nuevamente, comoquiera que esto no le era atribuible a la demandante, pues sufragó un servicio de «buena fe» y «recibió una factura que se consideraba ajustada a la ley».

Del mismo modo, precisó que, aunado a los costos y gastos, también debían excluirse del IBC las retenciones en la fuente practicadas – las cuales listó por valor de $41.431.380 – , porque tales sumas no entraron a su patrimonio y correspondían a un rubro «descontado». Reiteró que la cotización debía efectuarse sobre los ingresos «efectivamente percibidos», de ahí que estuviera relevada de cancelar suma alguna al SPS, pues el «total de costos y gastos» que señala en $1.951.385.020 fue superior a sus ingresos en todos los períodos del año gravable 2014 (presenta cuadro que así lo refleja). También reiteró que su contraparte valoró en forma « sesgada» su declaración de renta, porque no tuvo en cuenta la totalidad de la información allí contenida; además anotó que la declaración de renta «únicamente» determina la base gravable de dicho impuesto y no la de los independientes para con el SPS.

-Falsa motivación. Una vez explicado su alcance4, adujo que la Administración no analizó las «circunstancias de modo y lugar» que originaron sus ingresos, las «características del tipo de independiente» y la «información suministrada en la declaración de renta », por lo que el cálculo del IBC fue « incorrecto». Sobre el particular, la unidad ignoró que se cumplieron los requisitos normativos para ser clasificada como «trabajadora por cuenta propia», por lo que sus aportes al SPS debían descontar «todos sus costos y gastos ».

cumplieron los requisitos normativos para ser clasificada como «trabajadora por cuenta propia», por lo que sus aportes al SPS debían descontar «todos sus costos y gastos ». Además, reiteró que la unidad «no tuvo en cuenta» los soportes de sus erogaciones y de las retenciones, por lo que debía recalcular se la base imponible del tributo . Agregó que del texto del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 no se desprendía la metodología aplicada para la «presunción de ingresos» por parte de la UGPP ni la competencia para hacerlo.

-Transformación de la conducta sancionable de omisión a mora. Al respecto, señaló que, con base en los mismos estudios de la demandada, la conducta de omisión es el incumplimiento en la obligación de afiliar o afiliarse a alguno de los subsistemas u omitir reporte de novedad de ingreso a una administradora debiendo hacerse, mientras que la mora obedecía al retardo en el pago de los aportes al sistema . Luego de señalar que el

4 Sentencias del 16 de noviembre de 2010 ( rad. SU-917/10, MP: Jorge Iván Palacio); y del 15 de marzo de 2012 ( exp. 16660, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas).Radicado: 88001-23-33-000-2019-00025-01 (26680)

Demandante: Alba Patricia Sánchez Arango

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 pago era «la forma por excelencia para extinguir las obligaciones dinerarias», y que en el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 pago era «la forma por excelencia para extinguir las obligaciones dinerarias», y que en el SPS regía la presunción de continuidad5 por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, destacó que la demandada verificó con el Registro Único de Afiliados a la Protección Social (RUAF) la afiliación de la actora a los subsistemas de salud y pensión en una «fecha previa» al inicio de la vigencia fiscalizada (3 de agosto de 2001 y 01 de octubre de 2004 respectivamente), por lo que debía «desaparecer» la sanción por omisión, dado que no se cumplieron los presupuestos del artículo 1.° del Decreto 3033 de 2013 y, en su lugar, modificarse la conducta infractora a mora.

-Tener en cuenta el pago de aportes realizados. Para finalizar, precisó que, en observancia de los actos administrativos expedidos por el extremo pasivo , efectuó el pago de los aportes al SPS una vez calculados los «ingresos netos» para determinar su IBC. En ese orden de ideas, relacionó las respectivas «planillas de pago» y solicitó que fueran tenidas en cuenta para ajustar «los correspondientes valores».

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (índice 6 de Samai del tribunal)6. Al efecto, presentó los siguientes «argumentos de defensa », l uego de establecer los principios que rigen el sistema de seguridad social y la competencia que le fue atribuida para comprobar el correcto recaudo de los aportes:

Al efecto, presentó los siguientes «argumentos de defensa », l uego de establecer los principios que rigen el sistema de seguridad social y la competencia que le fue atribuida para comprobar el correcto recaudo de los aportes:

-Disposiciones quebrantadas y concepto de violación. Descartó la vulneración de las normas señaladas porque la actora no expresó «con exactitud la supuesta infracción». En lo que respecta al debido proceso 7, adujo que concedió las oportunidades de defensa y notificó los actos de forma correcta. A su turno, estimó que no hubo falsa motivación8, dada la sustentación de los actos y la ausencia de errores en su contenido . Sobre la «interpretación errónea», expuso que el proceso sancionador observó el «ius puniendi»9 y lo dispuesto en los artículos 179.2 y 180 de la Ley 1607 de 2012.

-Nulidad por infracción a las normas en que debieron fundarse los actos, indebida conformación del IBC y violación al debido proceso y el principio de legalidad. Señaló que, de acuerdo con los artículos 15, 19 y 57 de la Ley 100 de 1993 y 26.1 del Decreto 806 de 1998, la actora debía afiliarse a los subsistemas de salud y pensión por ser colombiana y tener capacidad de pago y el IBC correspondía a los ingresos efectivamente percibidos , con la posibilidad de deducir las expensas que cumplieran con los requisitos del artículo 107 del ET (arts. 1.° y 3.° del Decreto 510 de 2003 ). Ahora bien, la actora no atendió el requerimiento de información, lo que condujo a acudir a l os valores registrados en la

107 del ET (arts. 1.° y 3.° del Decreto 510 de 2003 ). Ahora bien, la actora no atendió el requerimiento de información, lo que condujo a acudir a l os valores registrados en la declaración de renta del año gravable 2014 e, incluso, señaló que los únicos medios probatorios aportados se hicieron con ocasión del recurso de reconsideración y consistieron en «los libros auxiliares de contabilidad, el RUT y su denuncio rentístico del año 2014».

Además, indicó que los ingresos imputados correspondieron a los declarados en renta y «fueron mensualizados en 12 meses ante la ausencia de pruebas », pues los soportes

5 Sentencia del 16 de septiembre de 2003 (rad. C-800/03, MP: Manuel José Cepeda Espinosa). 6 Del repositorio informático Samai. 7 I.e. derecho de defensa, tal y como dicha categoría fue precisada en las sentencias del 27 de enero de 2009 (rad. C025/09, MP: Rodrigo Escobar Gil); y del 20 de enero de 2017 (rad. T-018/17, MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). 8 Sentencias del 27 de septiembre de 2001 (exp. 1913-2000, CP: Jairo Villegas Arbeláez); del 16 de septiembre de 2010 (exp. 16772, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas); del 22 de marzo de 2012 (exp. 18444, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia); del 13 de junio de 2012 (exp. 18067, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez); y del 29 de abril de 2015 (exp. AC, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas).

de Valencia); del 13 de junio de 2012 (exp. 18067, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez); y del 29 de abril de 2015 (exp. AC, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas). 9 Sentencia del 26 de mayo de 2010 (rad. C-401/10, MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).Radicado: 88001-23-33-000-2019-00025-01 (26680)

Demandante: Alba Patricia Sánchez Arango

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 relacionados en la demanda no fueron allegados en sede administrativa, incumpliéndose la carga probatoria del artículo 167 del CGP. Frente al reconocimiento de costos y deducciones, era imperativ a la observancia a los artículos 617, 618 y 771.2 del ET 10; luego, señaló que a partir de dos precedentes judiciales adoptados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca11, «estaban obligados a afiliarse al régimen contributivo tanto en salud como en pensiones las personas naturales independientes que tuvieran capacidad de pago». Del mismo modo, destacó la postura adoptada en tales decisiones respecto de las competencias de la UGPP y las obligaciones de las personas naturales declarantes del impuesto de la renta ante el SPS.

Frente a los soportes de costos allegados en sede judicial, precisó que no cumplían lo dispuesto los artículos 771-2 y 114 del ET , calificó ciertas facturas como « ilegibles, duplicadas, que no correspondían a la vigencia investigada y/o estaban a nombre de un

dispuesto los artículos 771-2 y 114 del ET , calificó ciertas facturas como « ilegibles, duplicadas, que no correspondían a la vigencia investigada y/o estaban a nombre de un tercero diferente al aportante» y cuestionó el tratamiento contable efectuado al inventario. Por otra parte, distinguió entre sus facultades de fiscalización y las de la DIAN12, a fin de concluir que el proceso adelantado por la primera era «autónomo e independiente», pues pretendía la « adecuada, completa y oportuna liquidación de los aportes » al SPS, sin perjuicio de consultar la información consignada en la declaración de renta. Por último, descartó la aplicación de la Ley 1753 de 2015 «en virtud del principio de irretroactividad», pues «no era aplicable a hechos ocurridos con posterioridad a su expedición »13, sin que la excepción fuera extensible a tributos de periodo, porque las contribuciones parafiscales eran de causación inmediata14.

-Falsa motivación. Expuso que no debía «revisar el origen de las rentas » ni « las características de los demandantes» y que los ingresos reportados en la declaración del impuesto de renta (año 2014) sirvieron como «fuente» para determinar las condiciones de «aportante activo», «cotizante», «omisa» y el IBC, dada la «renuencia en la entrega de la información» solicitada por la unidad. Dijo que el estudio efectuado por la entidad a los medios probatorios aportados en sede administrativa no demostró que las erogaciones solicitadas cumplieran los requisitos del artículo 107 y 771.2 del ET, por lo que el rechazo fue justificado.

medios probatorios aportados en sede administrativa no demostró que las erogaciones solicitadas cumplieran los requisitos del artículo 107 y 771.2 del ET, por lo que el rechazo fue justificado.

-Transformación de la conducta de omisión a mora. Señaló que l a demandante «no presentó objeciones sobre la imposición y cálculo de la sanción » en sede administrativa. Además, como la conducta ocurrió desde el primer periodo fiscalizado, la multa «debía calcularse desde ese mes». Frente a la «improcedencia» de la sanción por la afiliación al subsistema de salud « el 03 de agosto de 2001 », expuso que la obtención de ingresos como «trabajadora independiente» la obligaba a afiliarse en calidad de cotizante «sin que la investigac ión arrojara pago alguno durante la vigencia investigada ». En materia de pensiones, precisó que la actora « contaba con la edad requerida para ser afiliada obligatoria y no estaba excluida de cotizar »; no obstante, la resolución que resolvió el recurso de reconsideración ajustó la conducta sancionable «únicamente frente al sistema de salud». Para finalizar, resaltó que la UGPP «observó el principio de favorabilidad» y las modificaciones efectuadas por la Ley 1819 de 2016.

10 Sentencias del 28 de junio de 2010 (exp. 16791, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez); del 02 de agosto de 2017 (exp. 20701, CP: Jorge Octavio Ramírez). 11 Sentencias del 13 de julio de 2017 (exp. 110013337042-2014-00283-01, MP: Amparo Navarro López); y del 09 de

(exp. 20701, CP: Jorge Octavio Ramírez). 11 Sentencias del 13 de julio de 2017 (exp. 110013337042-2014-00283-01, MP: Amparo Navarro López); y del 09 de noviembre de 2018 (exp. 110013337039-2015-00032-01, MP: Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda). 12 Basándose en el contenido del Concepto DIAN nro. 100208221-000658, del 19 de marzo de 2019, el cual efectuó dicho análisis a partir del contenido de los artículos 684 del ET y 178 y 180 de la Ley 1607 de 2012. 13 Sentencias del 14 de junio de 2001 (rad. C-619/01, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra); y del 22 de noviembre de 2011 (rad. C-878/11, MP: Juan Carlos Henao Pérez). 14 Sentencia del 01 de julio de 2009 (rad. C-430/09, MP: Juan Carlos Henao Pérez).Radicado: 88001-23-33-000-2019-00025-01 (26680)

Demandante: Alba Patricia Sánchez Arango

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 -Tener en cuenta el pago de aportes realizado. Sobre este punto, explicó que, si los pagos fueron realizados en forma posterior a la consolidación de la conducta reprochada, los mismos se tendrían en cuenta dentro de la etapa de cobro. Por otra parte, ratificó que la introducción de nuevo m aterial probatorio por parte de la actora violaba su debido proceso15, pues la determinación de aportes se adelantó en vía administrativa a partir del

introducción de nuevo m aterial probatorio por parte de la actora violaba su debido proceso15, pues la determinación de aportes se adelantó en vía administrativa a partir del análisis del caudal probatorio allí recolectado , y que otorgó las garantías al conceder los términos legales para responder cada uno de los actos proferidos.

-Vulneración a los derechos del debido proceso, contradicción, defensa, confianza legítima y buena fe. Precisó que el requerimiento de información fue notificado en debida forma, porque fue remitido a la dirección informada en el Ru t y, dada la devolución del acto, su contenido fue comunicado mediante aviso, de ahí que era innecesario notificarlo «nuevamente». Además, como la entidad adelantó las acciones de determinación «respecto de los omisos e inexactos » dentro del término conferido por el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 (5 años), la postura de la actora debía rechazarse.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda (índice 21 de Samai del tribunal), pues la contribuyente no desvirtuó la legalidad de los actos demandados. Estableció el marco normativo y jurisprudencial sobre la naturaleza de las contribuciones parafiscales , el IBC de los trabajadores independientes y las competencias de la UGPP. Tras relacionar los medios probatorios allegados, los antecedentes de la actuación y la postura de las partes, consideró que los trabajadores independientes debían cotizar al SPS sobre los «ingresos efectivamente percibidos con las deducciones que prevé el artí culo 107 del ET »16 y que estos ingresos eran determinados, fundamentalmente, « a través de la información

consideró que los trabajadores independientes debían cotizar al SPS sobre los «ingresos efectivamente percibidos con las deducciones que prevé el artí culo 107 del ET »16 y que estos ingresos eran determinados, fundamentalmente, « a través de la información declarada ante la DIAN ». Por otra parte, según los ingresos declarados en renta ($1.873.563.000), la actora tenía capacidad de pago y cotización y dado que la fuente de esa información fue la declarada en el prenotado impuesto por la aportante , no era predicable «una presunción de ingresos».