CE - 012333000201900039011SENTENCIA20231128160412

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 63001-23-33-000-2019-00039-01 (1442-2021)

Demandante: Oscar Rodríguez Vélez Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación como docente nacional. La incorporación no cambia la naturaleza de la relación legal y reglamentaria. Condena en costas en primera instancia.

CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el cinco (5) de marzo de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo del Quindío, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor OSCAR RODRÍGUEZ VÉLEZ instauró demanda en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones, (i) RDP 021760 del 25 de mayo de 2017 y (ii) RDP 030744 del 31 de julio de 2017; por medio de las cuales se negó el reconocimiento de la pensión gracia y se desató desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto contra el primer acto administrativo enunciado.

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer y

1 Índice 2 de SAMAI, archivo denominado « 2ED_001DEMANDAPODER», págs. 1-2.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00039-01 (1442-2021)

pagar al accionante la mencionada prestación en cuantía equivalente al 75% del promedio salarial mensual devengado en el año anterior a la consolidación del estatus pensional, con efectividad desde ese mismo instante ocurrido el 3 de febrero de 2010 y con el debido ajuste de valor sobre las sumas adeudadas por este concepto.

Que la autoridad demandada sea condenada en co stas y dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.

HECHOS2

concepto.

Que la autoridad demandada sea condenada en co stas y dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente manera:

Que el señor Oscar Rodríguez Vélez nació el 28 de abril de 1949 . Que en su vida laboral estuvo vinculado al magisterio inicialmente desde el 12 de marzo de 1970 hasta el 31 de mayo de 1976 , esto por un nombramiento efectuado por el gobernador del Quindío mediante Decreto 119 del 5 de marzo de 1970 , a fin de desempeñarse como profesor en el municipio de Armenia.

Posteriormente tuvo una vinculación de carácter nacional como educador oficial desde el 1 de junio de 1976 hasta el 21 de abril de 19963 derivada de la Resolución 4133 del 15 de junio de 1976 expedida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Luego dicho v ínculo mutó a departamental por mandato de la Ley 60 de 1993, en razón a que el departamento de Quindío fue certificado, según Resolución 6001 del 20 de diciembre de 1995 proferida por el MEN. Más adelante indicó que la naturaleza de tal relación laboral se tornó municipal en virtud de la certificación esta vez expedida en favor del municipio de Armenia (Resolución 2828 del 30 de julio de 1997). Como consecuencia de la descentralización los tiempos de servicios laborados desde el 22 de abril de 1996 hasta 28 de abril de 2014 son de carácter territorial y por tanto aptos para el reconocimiento de la pensión gracia.

1997). Como consecuencia de la descentralización los tiempos de servicios laborados desde el 22 de abril de 1996 hasta 28 de abril de 2014 son de carácter territorial y por tanto aptos para el reconocimiento de la pensión gracia.

Que el 3 de febrero de 2017, la parte actora solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia, a lo cual dicha entidad expidió la Resolución RDP 021760 del 25 de mayo de 2017 con la que negó la prestación.

Que la accionante presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, el cual fue resuelto a través de las Res olución RDP 030744 del 31 de julio de 2017, siendo confirmada la decisión inicial.

2 Índice 2 de SAMAI, archivo denominado « 2ED_001DEMANDAPODER», págs. 2-4. 3 Ver hecho 4° de la demanda.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00039-01 (1442-2021)

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 28 de marzo de 20194 y notificada a la UGPP5, quien, mediante memorial de contestación, manifestó que al demandante no le asiste el derecho reclamado, dado que no cuenta con los veinte años en la docencia oficial de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizado, teniendo en cuenta que para acceder a la prestación solicitada no es posibl e computar tiempos de servicio del orden nacional.

docencia oficial de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizado, teniendo en cuenta que para acceder a la prestación solicitada no es posibl e computar tiempos de servicio del orden nacional.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) falta de requisitos, (ii) inexistencia de la obligación, (iii) cobro de lo no debido y (iv) prescripción.

En la audiencia inicial6 el Tribunal advirtió que las excepciones serían resueltas en la sentencia, fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló que no existía ánimo conciliatorio, se efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011 ; advirtiéndose que toda vez que existían documentales pendientes por recaudar, una vez estos fueron allegados se correría a las partes para que se pronunciaran sobre estas y vencido el término se daría traslado común a las partes por el término de diez días para que alegaran de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7

El Tribunal Administrativo del Quindío mediante sentencia del 5 de marzo de 2020 negó las pretensiones de la demanda, argumentando que, aunque el actor posee un vínculo territorial anterior a 1980, lo cierto es que los tiempos de servicio prestados a partir del año 1973, son derivados de una relación legal y reglamentaria del orden na cional y, por lo tanto, no son computables para acceder al derecho reclamado.

Que aun cuando quedó acreditado que en virtud del proceso de descentralización de la educación y lo dispuesto en la Ley 60 de 1993 la Nación trasladó las

reclamado.

Que aun cuando quedó acreditado que en virtud del proceso de descentralización de la educación y lo dispuesto en la Ley 60 de 1993 la Nación trasladó las competencias para administrar los recursos del Situado Fiscal hoy Sistema General de Participaciones y el personal docente de las plazas nacionales al Departamento del Quindío, y luego éste a su vez al Municipio de Armenia, contrario a lo señalado por el apoderado de la parte de mandante, ello no lleva a l a interpretación de que dicha circunstancia cambió al naturaleza del cargo que desempeñó el actor de nacional a territorial.

En efecto, indicó que la descentralización de funciones a las entidades territoriales

4 Índice 2 de SAMAI, archivo denominado «8ED_008AUTOADMITEDEMANDACORREOS» 5 Índice 2 de SAMAI, archivo denominado «12ED_012CONSTANCIAENVIONOTIFICACIONES» 6 Índice 2 de SAMAI, archivo denominado «26ED_027ACTAAUDIENCIAINICIAL» 7 Índice 2 de SAMAI, archivo denominado «51ED_052SENTENCIANOTIFICACION»Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00039-01 (1442-2021)

por parte de la Nación solo lo fue para administrar a la prestación del servicio educativo, creando un nuevo centro de imputación de competencias y responsabilidad y como consecuencia, no le asiste razón a la parte demandante en cuanto a que a la naturaleza del cargo del actor mutó de nacional a territorial, pues

educativo, creando un nuevo centro de imputación de competencias y responsabilidad y como consecuencia, no le asiste razón a la parte demandante en cuanto a que a la naturaleza del cargo del actor mutó de nacional a territorial, pues ello no fue consagrado en la Ley 60 de 1993.

De otro lado, manifestó que era errado el argumento del apoderado de la parte demandante según el cual la relación laboral del actor pasó de ser nacion al territorial, solo por el hecho que los recursos del Situado Fiscal o Sistema General de Participaciones son nacionales, en la medida que lo realmente relevante frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada.

Por lo anterior, concluyó que no era posible admitir que para obtener el derecho se discuta la mutación del vínculo, cuando se determinaron límites para la adquisición del mismo, razones que consideró suficientes para denegar las pretensiones de la demanda.

Finalmente, al no advertir la causación de las costas dentro del proceso se abstuvo de efectuar una condena al respecto.

EL RECURSO DE APELACIÓN8

La parte demandante en su escrito de apelación solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, para lo cual sostuvo que, de conformidad con la normativa aplicable a estos asuntos, así como con los actos administrativos que dieron cabal ejecución al proceso de desce ntralización en el departamento del Quindío, no cabría la menor duda de que el vínculo laboral de l accionante, si bien en un principio fue nacional, mutó a territorial a partir del 22 de abril de 1996.

Que, por lo tanto, a partir de la fecha mencionada, el señor Rodríguez Vélez dejó

en un principio fue nacional, mutó a territorial a partir del 22 de abril de 1996.

Que, por lo tanto, a partir de la fecha mencionada, el señor Rodríguez Vélez dejó de tener un vínculo nacional, pues los dineros con que se le pagaban sus acreencias no eran propiedad de la Nación, sino que fueron financiados con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, los cuales son p ropiedad de los entes territoriales.

Que en el caso objeto de estudio, existió una sustitución patronal, la cual operó por mandato de las Leyes 43 de 1975, 60 de 1993 y 715 de 2001, proceso a partir del cual la relación laboral entre los docentes y el Estado fue transformándose y pasó de un vínculo docente - Nación a un vínculo docente - departamento o docentemunicipio, según el caso.

8 Índice 2 de SAMAI, archivo denominado «053.2RecursoApelacion»Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00039-01 (1442-2021)

Que la sentencia recurrida no efectuó una valoración íntegra del material probatorio aportado al proceso; pues no estudió el acta mediante la cual el departamento de Quindío le entregó la planta de personal docente al municipio de Armenia, documentos que haber sido apreciado habrían generado en el juez la convicción de que por mandato de la Ley 60 de 1993 y las normas reglame ntarias, el vínculo laboral de la demandante mutó de nacional a departamental y luego a municipal.

documentos que haber sido apreciado habrían generado en el juez la convicción de que por mandato de la Ley 60 de 1993 y las normas reglame ntarias, el vínculo laboral de la demandante mutó de nacional a departamental y luego a municipal.

Que una vez acreditado el hecho de que el reclamante tiene más de 50 años y que cumplió 20 años de servicio si se contabilizan los tiempos de origen territorialnacionalizado prestados entre el 12 de marzo de 1970 hasta el 31 de mayo de 1976 (6 años, 2 meses y 19 días) y aquellos causados a partir del 2 de abril de 1996 de diciembre en adelante que son departamentales y municipales por efect o de la descentralización de la educación y los prestados entre el 29 de diciembre de 1998.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES

La parte demandante alegó de conclusión, reiterando los argumentos expuestos en el recurso de apelación y solicitó revocar la decisión de primera instancia.

La UGPP se pronunció respecto al recurso de apelación en los términos previstos en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, para lo cual señaló la improcedencia del cómputo de los periodos laborados con posterioridad al 1.° de enero de 1990, al haber desaparecido tácitamente la brecha salarial que buscaba eliminar el reconocimiento de la pensión gracia con la expedición de la Ley 91 de 1989.

POSICIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante

POSICIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.

Igualmente, se resolverá si las incorporaciones que tuvo el actor a la planta de personal docente al departamento del Quindío y al municipio de Armenia, en virtud del proceso de descentralización del servicio educativo implicaron un cambio en la naturaleza de la vinculación.

Para resolver este problema jurídico, la Sala hará referencia a: i) los aspectos generales de la pensión gracia aplicables al caso concreto, ii) las implicaciones deCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00039-01 (1442-2021)

la incorporación del personal docente a los entes territoriales en el proceso de descentralización de la educación y finalmente, iii) resolverá el caso concreto.

Marco normativo y jurisprudencial

a. Desarrollo concept ual de la pensión gracia y de los requisitos para su acceso

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar

a. Desarrollo concept ual de la pensión gracia y de los requisitos para su acceso

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«[l]os maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «[l]os veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, enCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00039-01 (1442-2021)

su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta compleme ntan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley» 9. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de

los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley» 9. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «[c]uando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiter ó el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir d el 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector púb lico nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

9 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00039-01 (1442-2021)

Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados , sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199710 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requ isitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 11 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo

planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a l os entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educ adores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 11 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00039-01 (1442-2021)

—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes loc ales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por

permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación d e la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el

del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y ba jo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo prop io ocurre en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00039-01 (1442-2021)

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022, 12 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,

jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efect