CE - 012333000201900075011SENTENCIA20231018143422

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICACIÓN: 73001-23-33-000-2019-00075-01 (0491-2021)

DEMANDANTE: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

DEMANDADO: María Ignacia Pulido Vásquez

Tema: Lesividad. Reconocimiento pensión gracia. Tiempos de servicio docente en plaza del orden nacional . Condena en costas de primera instancia y devolución de sumas percibidas de buena

fe. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia proferida el ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) , instauró demanda en contra de la señora MARÍA IGNACIA PULIDO VÁSQUEZ en

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) , instauró demanda en contra de la señora MARÍA IGNACIA PULIDO VÁSQUEZ en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (lesividad), con el fin de que se acceda a las siguientes,

PRETENSIONES2

Que se declare la nulidad de la Resolución 28129 del 31 de diciembre de 1997, por medio de la cual, reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia a favor de la demandada. De igual manera, de la Resolución 13789 del 11 de mayo de 2005 que reliquidó la pensión y dio cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela emitido el 19 de agosto de 2004 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá.

1 En adelante UGPP. 2 Folio 105 C1.2

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Que a título de restablecimiento del derecho se condene a restituir a la entidad de manera indexada, la suma correspondiente a las mesadas pensionales pagadas sin tener derecho y condenar a la demandada en costas.

HECHOS3

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

manera indexada, la suma correspondiente a las mesadas pensionales pagadas sin tener derecho y condenar a la demandada en costas.

HECHOS3

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

Que la demandada nació el 3 de julio de 1946 y durante su vida laboral tuvo una vinculación en calidad de docente nacional , desde el 1. ° de marzo de 1972 hasta el 30 de diciembre de 2004.

Que el último cargo desempeñado fue como docente en el Instituto Técnico Agroindustrial de Cajamarca. Que mediante la Resolución 28129 del 31 de diciembre de 1997, la extinta Cajanal reconoció la pensión gracia en una cuantía de $275.938,18, a partir del 3 de julio de 1996.

Que, en acatamiento del fallo de tutela proferido el 19 de agosto de 2004, emitió la Resolución 13789 del 11 de mayo de 2005 mediante la cua l, reliquidó la pensión con la inclusión de todos los factores salariales elevándola así en una cuantía de $309.051,61 a partir del 3 de julio de 1996.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 1.° de abril de 2019, notificado a la señora María Ignacia Pulido Vásquez el 12 de junio del mismo año4. La solicitud de medida cautelar fue negada en auto del 10 de febrero de 20205, decisión que fue confirmada mediante providencia del 14 de julio de 2020 por e l Tribunal Administrativo del Tolima al resolver el recurso de rep osición6. Por su parte, la

medida cautelar fue negada en auto del 10 de febrero de 20205, decisión que fue confirmada mediante providencia del 14 de julio de 2020 por e l Tribunal Administrativo del Tolima al resolver el recurso de rep osición6. Por su parte, la demandada presentó memorial de contestación7 y consideró negar las pretensiones al indicar que cumple con los requisitos para el reconocimiento de la pensión.

Propuso las excepciones de buena fe y el cumplimiento de los requisitos legales.

En la audiencia inicial8, fijó el litigio estableciendo el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión , ordenó incorporar las pruebas allegadas y negó las deprecadas por la UGPP . Ordenó emitir sentencia anticipada y corrió traslado para alegatos.

3 Folios 105 a 108 C1. 4 Folios 164 a 165 C2. 5 Folios 128 a 132 del cuaderno medida cautelar. 6 Folios 146 a 148, Ibidem. 7 Folios 229 a 235 C2. 8 Folios 210 a 213 C2.3

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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN9

El Tribunal Administrativo de l Tolima, dictó sentencia el 8 de octubre de 2020, a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, esto es,

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN9

El Tribunal Administrativo de l Tolima, dictó sentencia el 8 de octubre de 2020, a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, esto es, declaró la nulidad del acto reprochado y negó la devolución de los dineros percibidos de buena fe.

Como sustento de ello, advirtió que, del material allegado al plenario, pudo constatarse que la señora María Pulido no tenía derecho a di sfrutar la pensión gracia reconocida, pues se desempeñó como docente con una vinculación nacional en las instituciones educativas Colegio San José de Dolores y Santa Lucía de Purificación, sin que demostrara una vinculación territorial o nacionalizada previo al 31 de diciembre de 1980, tal como lo prevé la Ley 91 de 1989.

Que de acuerdo con el certificado allegado por la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima, en el que consta que se vinculó como docente en los núcleos educativos de San José de Dolores y Técnico Santa Lucía de Purificación con carácter nacional, del que se presume su veracidad y sobre el cual no fue desvirtuada según los artículos 167 del Código General del Proceso y 306 del CPACA.

También sustenta el tipo de vinculación nacional, el hecho de que fue trasladado mediante la Resolución 4108 de 1978, pues del Núcleo San Isidro de Acacías pasó al Departamento del Tolima, siendo el único competente el Ministerio Nacional para autorizar dicho traslado por hacer parte de la jurisdicción entre los dos territorios.

Sostuvo que, de acuerdo con los certificados de pagos allegados, evidencia que los

al Departamento del Tolima, siendo el único competente el Ministerio Nacional para autorizar dicho traslado por hacer parte de la jurisdicción entre los dos territorios.

Sostuvo que, de acuerdo con los certificados de pagos allegados, evidencia que los descuentos de nómina los destinaban a Caja nal, misma que se efectuaba n a los empleados nacionales a partir de la Ley 4 de 1966 y que posteriormente estos docentes, fueron vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al momento de la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989.

Advirtió que no procedía la devolución de los dineros percibidos, porque la conducta de la demandada no podía considerarse como fraudulenta, maliciosa o deshonesta, pues según lo previsto en el literal c, numeral 1.° del artículo 164 del CPACA, la buena fe es una presunción de carácter constitucional, mientras que la mala fe debe ser probada por quien la alega y como no quedó demostrada tal condición, no procedía el restablecimiento solicitado por la UGPP.

9 Folios 241 a 246 C2.4

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EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada10 interpuso recurso, en el que solicita revocar la decisión, al considerar que tanto en la contestación de la demanda, como en el escrito de los

EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada10 interpuso recurso, en el que solicita revocar la decisión, al considerar que tanto en la contestación de la demanda, como en el escrito de los alegatos de conclusión, precisó que conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado11, no resulta acertado com o prueba idónea o cierta , los certificados de tiempo de servicio que reposan en el expediente administrativo de la señora María Pulido, toda vez que debe constatarse con otras pruebas.

Señaló que en virtud de la Ley 39 de 1903, la señora María Ignacia Pulido se desempeñó como docente de primaria así: Escuela San Isidro Mesetas – Meta (Resolución 1195/72 -1/03/21972 a 28/02/1978, total de 5 años, 10 meses, 28 días); Colegio San José de Dolores - Tolima (Resolución 1185/78 – 12/06/1978 a 17/07/1979, total 1 año, 1 mes, 6 días); Institución Educativa Técnico Santa Lucía de Purificación – Tolima (Resolución 9641/79 – 18/07/1979 a 21/01/1991, total de 11 años, 6 meses y 4 días y Resolución 002/1991 – 22/01/1991 a 23/11/1997, total de 6 años,10 meses, 4 días); Institución Técnica Agroindustrial – Tolima (26/11/1997 a 16/01/2005, total, 7 años, 1 mes, 21 días).

Advirtió que, para demostrar la vinculación de los docentes, debe probarse con los actos de nombramiento y posesión, además del certificado de los recursos con los

a 16/01/2005, total, 7 años, 1 mes, 21 días).

Advirtió que, para demostrar la vinculación de los docentes, debe probarse con los actos de nombramiento y posesión, además del certificado de los recursos con los que fueron pagados sus salarios, siendo estos elementos idóneos, pero que para el caso, no fueron decretados. Que el procurador judicial también las solicitó, pero el a quo hizo caso omiso, por lo que dejó en consideración de esta Corporación la facultad oficiosa prevista en el artículo 237 del CPACA.

Concluyó que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional12, ante las contradicciones argumentativas y falencias en la valoración probatoria de un fallo judicial, es deber del superior buscar la verdad para garantizar la prevalencia de los derechos, por lo que el juzgador deberá de actuar oficiosamente ante la duda.

La parte demandante13 presentó escrito de apelación adhesiva en el que solicita revocar parcialmente la sentencia en el sentido de ordenar la devolución de los dineros, al considerar que está acreditado que la docente percibió sumas de dinero que no le correspondían porque se hizo acreedora de una pensión, sin que tuviera el derecho, tal como lo certificó el FOPEP.

Que la anterior situación evidencia un detrimento patrimonial y desequilibrio al sistema de seguridad social , además de un enriquecimiento ilícito a favor de la señora María Ignacia Pulido de Vásquez, configurándose su mala fe.

10 Folios 253 a 260 C2. 11 SU del 21 de junio de 2018. 12 SU-768 de 2014. 13 Folios 324.5

10 Folios 253 a 260 C2. 11 SU del 21 de junio de 2018. 12 SU-768 de 2014. 13 Folios 324.5

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Además manifiesta inconformidad con la decisión de no condena r en costas, al manifestar que la UGPP debió iniciar una serie de actuaciones procesales para obtener la nulidad de los actos demandados y acudir a una firma de abogados para que ejerciera el derecho a la densa y postulación, situación que atendió a una serie de cargos procesales, sin embargo esta situación no fue analizada en virtud de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP; como sustento de ello, transcribió apartes de sentencia emitida por el Consejo de Estado sobre el análisis del carácter objetivo cuando la parte resulta vencida en el proceso para la procedencia de la condena en costas.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Ambas partes presentaron alegatos de conclusión en los cuales ratificaron los argumentos de la demanda, su contestación y el recurso de apelación.14

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto 15, mediante el cual solicitó confirmar la sentencia proferida por el a quo, al considerar que, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de unificación del Consejo de

El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto 15, mediante el cual solicitó confirmar la sentencia proferida por el a quo, al considerar que, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de unificación del Consejo de Estado, del 21 de junio de 2018, la prueba de calidad de docente puede acreditarse con los decretos de nombramie nto o en su defecto con los certificados de la autoridad nominadora que dan cuenta del tipo de vinculación.

Sostuvo que sería preciso haber contado con los actos de nombramiento, posesión y diferentes certificados que demostraran plenamente la vinculación de la demandada, sin embargo, el a quo consideró que con las certificaciones arrimadas al plenario resultaba razonable inferir la vinculación nacional de la docente, por lo que no podía ser beneficiaria de la pensión gracia.

Adicionalmente, dispuso que no resulta posible verificar con el certificado de pagos efectuados a la docente, si el origen de los recursos provenía del situado fiscal o del sistema general de participaciones.

En cuanto a la devolución de las sumas pagadas a la accionada, se entiende que en ello no medió mala fe de la docente y la UGPP no acredit ó alguna maniobra fraudulenta de su parte, por lo que no están configurados los presupuestos del artículo 164 del CPACA.

14 Ver índices 12 y 13 de la plataforma SAMAI. 15 Folio 14 de SAMAI.6

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección , es el de determinar si alguno de los períodos de labor de la demandada como docente oficial lo fue bajo una vinculación del orden territorial y nacionalizada que pueda n considerarse para consolidar la pensión gracia. Analizar si están dados los presupuestos para ordenar la devolución de los dineros percibidos por la señora María Ignacia Pulido Vásquez , igualmente deberá determinarse si era procedente la condena en costas en primera instancia contra la parte demandada.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que: «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta

vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que: «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados,

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo7

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo7

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6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»16. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, sin embargo, no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente previstos para el efecto.

Por su parte, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con

sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos,

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(…)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modifica do, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria

gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a part ir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público

16 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.8

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nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Por otro lado, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos cita dos, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su

gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos cita dos, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199717 señaló,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vin culados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del do cente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 18 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones,

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resul ta

17Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 18 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.9

18 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.9

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factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas. v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministeri o de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer

el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original).

En atención a lo descrito hasta est e punto, se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es

reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y b ajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo pro pio ocurre en virtud de una delegación mediante la cual dichas autoridades posesionan a los educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.10

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Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022 19 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o

literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anteriores providenc ias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón po